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Presidente de SCJ habla otra vez de avances y retos durante conferencia.

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Santo Domingo, R.D.-Fue inaugurado este miercoles la Segunda Conferencia Internacional de Comunicación Judicial, espacio de reflexión que reúne a a juristas, académicos y empresarios de la comunicación de relevancia nacional e internacional, para debatir y proponer mejores prácticas para la comunicación judicial en procura del fortalecimiento de los sistemas de justicia.

En ese escenario, Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ)  se atravió a repetir algo que no tiene nada que ver con la verdad de que desde el Poder Judicial se construyen la Justicia del Futuro con innovación, decisiones firmes basadas en datos, ética, apertura, lenguaje claro y una comunicación que fortalece la confianza pública.

Al valorar la Conferencia de Comunicación Judicial, Henry Molina consideró que no solo se trata de publicar datos, sino que la ciudadanía necesita entender el porqué de las decisiones y el sentido de las reformas.

Asimismo, explicó que el Poder Judicial está inmerso en una reforma profunda, participativa y sostenible, impulsada por juezas, jueces, servidores judiciales y ciudadanía, al tiempo de destacar la implementación del Portal de Acceso Digital, la Juriteca, la firma electrónica, la interoperabilidad, y el logro histórico del 80% de los tribunales al día.

Henry Molina, quien puso de relieve que en los últimos seis años se logró eliminar la mora estructural en la Suprema Corte de Justicia, y afirmó que el Plan Justicia del Futuro 2034 traza el camino hacia una justicia accesible, transparente y centrada en las personas.

En ese sentido, manifestó que los medios de comunicación y cada uno de los profesionales que los conforman son imprescindibles para que los procesos se comprendan y tender puentes con la sociedad para dar a conocer esas transformaciones.

El acto de apertura también estuvo encabezado por el magistrado Francisco Ortega Polanco, juez de la Segunda Sala de la SCJ y director nacional de la Cátedra Justicia y Comunicación “Dr. Adriano Miguel Tejada”, de la Escuela Nacional de la Judicatura, el experto español Juan Luis Cebrián, director internacional de la Cátedra (quien también participará como panelista); así como Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios.

De su lado, Juan Luis Cebrián afirmó que la libertad de expresión es un derecho de la ciudadanía, no de los periodistas ni de los medios de comunicación, y consideró que el gran desafío lo representa el uso de las nuevas tecnologías, al entender que afecta todo el sistema de convivencia, al cual no escapa el Judicial.

“Y la justicia se va a ver afectada. Pero al mismo tiempo, si la Justicia y la prensa utilizan la Inteligencia Artificial, si somos capaces de gobernarla, pues, lograremos que haya una justicia más independiente, rápida y comprensible, utilizando un lenguaje claro, y menos considerados en las sentencias”, explicó Cebrián.

Mientras que, Persio Maldonado, presidente de la Sociedad dominicana de Diarios ponderó el acercamiento con el Poder Judicial, al tiempo de reconocer que la tarea de juzgar es una labor extremadamente compleja, cuya demanda de sensibilidad y compresión de la condición humana la hace excepcional. En ese sentido, reiteró su compromiso con la construcción de un mejor país.

“En democracia solo hay transparencia cuando se permite que nos observen. Y tanto el Poder Judicial como nosotros necesitamos que eso suceda. Hoy igualmente compartimos un desafío transversal que es la tecnología para hacer mejor lo que hacemos; el Poder Judicial o el Sistema de Justicia a nivel general, en la estructura de la democracia es, sin dudas, el que tiene mayor impacto en la vida cotidiana de la ciudadanía en procura de la protección de sus derechos”, manifestó Maldonado.

Durante la conferencia inaugural, José Roberto Dutriz, ex presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), aseguró que mientras haya periodistas comprometidos, jueces independientes y ciudadanos que exigen la verdad, la democracia seguirá encontrando camino para fortalecerse.

“La democracia necesita información verificada para sobrevivir. En tiempos de desinformación masiva y polarización extrema, el rol del periodista y la claridad del sistema judicial se complementan, ambos ayudan a ordenar el caos informativo y a garantizar que la ciudadanía pueda tomar decisiones informadas”, aseguró Dutriz.

Entre los panelistas figuran: el doctor Juan Carlos Cortés, juez de la Corte Constitucional de Colombia; el periodista mexicano Jorge Ramos, Patria Frías Colón, jueza de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, Estados Unidos; Adolfo Javier de Unanue Tiscareño, director del Centro de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial del Instituto Técnico de Monterrey, México; la experta mexicana Fernanda Sobrino, Ezequiel Klass, subsecretario de Comunicación y Medios de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, Argentina; María Lucy Dávila Yévenes, directora de Comunicación del Poder Judicial de Chile, e Iliana Báez, directora de Comunicación del Poder Judicial de Puerto Rico.

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Jueza escuchó varios testigos del Ministerio Público contra Elizabeth Silverio y aplaza juicio

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SANTO DOMINGO.- La jueza de la Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.

La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.

Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

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Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.

Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.

Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.

Centro Kogland fue clausurado

El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.

La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.

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Aplazan para abril inicio de la audiencia preliminar del exjefe de la DEA en República Dominicana

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Santo Domingo, R.D.-El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia concedió un aplazamiento de la audiencia inicial en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado abusando del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.

La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.

En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.

La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.

Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.

La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.

Motivos para la prórroga

Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.

Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.

Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.

El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».

La acusación sostiene que  Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.

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Tribunal ratifica medida de coerción contra ejecutivas del colegio Da Vinci por muerte de Stephora

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Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación ratificó la medida de coerción impuesta contra varias ejecutivas del colegio Leonardo Da Vinci, en el proceso judicial por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció ahogada durante una excursión escolar.

El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.

Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.

A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.

El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.

Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.

Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.

La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.

De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.

“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.

Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.

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