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Presidente de SCJ habla otra vez de avances y retos durante conferencia.

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Santo Domingo, R.D.-Fue inaugurado este miercoles la Segunda Conferencia Internacional de Comunicación Judicial, espacio de reflexión que reúne a a juristas, académicos y empresarios de la comunicación de relevancia nacional e internacional, para debatir y proponer mejores prácticas para la comunicación judicial en procura del fortalecimiento de los sistemas de justicia.

En ese escenario, Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ)  se atravió a repetir algo que no tiene nada que ver con la verdad de que desde el Poder Judicial se construyen la Justicia del Futuro con innovación, decisiones firmes basadas en datos, ética, apertura, lenguaje claro y una comunicación que fortalece la confianza pública.

Al valorar la Conferencia de Comunicación Judicial, Henry Molina consideró que no solo se trata de publicar datos, sino que la ciudadanía necesita entender el porqué de las decisiones y el sentido de las reformas.

Asimismo, explicó que el Poder Judicial está inmerso en una reforma profunda, participativa y sostenible, impulsada por juezas, jueces, servidores judiciales y ciudadanía, al tiempo de destacar la implementación del Portal de Acceso Digital, la Juriteca, la firma electrónica, la interoperabilidad, y el logro histórico del 80% de los tribunales al día.

Henry Molina, quien puso de relieve que en los últimos seis años se logró eliminar la mora estructural en la Suprema Corte de Justicia, y afirmó que el Plan Justicia del Futuro 2034 traza el camino hacia una justicia accesible, transparente y centrada en las personas.

En ese sentido, manifestó que los medios de comunicación y cada uno de los profesionales que los conforman son imprescindibles para que los procesos se comprendan y tender puentes con la sociedad para dar a conocer esas transformaciones.

El acto de apertura también estuvo encabezado por el magistrado Francisco Ortega Polanco, juez de la Segunda Sala de la SCJ y director nacional de la Cátedra Justicia y Comunicación “Dr. Adriano Miguel Tejada”, de la Escuela Nacional de la Judicatura, el experto español Juan Luis Cebrián, director internacional de la Cátedra (quien también participará como panelista); así como Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios.

De su lado, Juan Luis Cebrián afirmó que la libertad de expresión es un derecho de la ciudadanía, no de los periodistas ni de los medios de comunicación, y consideró que el gran desafío lo representa el uso de las nuevas tecnologías, al entender que afecta todo el sistema de convivencia, al cual no escapa el Judicial.

“Y la justicia se va a ver afectada. Pero al mismo tiempo, si la Justicia y la prensa utilizan la Inteligencia Artificial, si somos capaces de gobernarla, pues, lograremos que haya una justicia más independiente, rápida y comprensible, utilizando un lenguaje claro, y menos considerados en las sentencias”, explicó Cebrián.

Mientras que, Persio Maldonado, presidente de la Sociedad dominicana de Diarios ponderó el acercamiento con el Poder Judicial, al tiempo de reconocer que la tarea de juzgar es una labor extremadamente compleja, cuya demanda de sensibilidad y compresión de la condición humana la hace excepcional. En ese sentido, reiteró su compromiso con la construcción de un mejor país.

“En democracia solo hay transparencia cuando se permite que nos observen. Y tanto el Poder Judicial como nosotros necesitamos que eso suceda. Hoy igualmente compartimos un desafío transversal que es la tecnología para hacer mejor lo que hacemos; el Poder Judicial o el Sistema de Justicia a nivel general, en la estructura de la democracia es, sin dudas, el que tiene mayor impacto en la vida cotidiana de la ciudadanía en procura de la protección de sus derechos”, manifestó Maldonado.

Durante la conferencia inaugural, José Roberto Dutriz, ex presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), aseguró que mientras haya periodistas comprometidos, jueces independientes y ciudadanos que exigen la verdad, la democracia seguirá encontrando camino para fortalecerse.

“La democracia necesita información verificada para sobrevivir. En tiempos de desinformación masiva y polarización extrema, el rol del periodista y la claridad del sistema judicial se complementan, ambos ayudan a ordenar el caos informativo y a garantizar que la ciudadanía pueda tomar decisiones informadas”, aseguró Dutriz.

Entre los panelistas figuran: el doctor Juan Carlos Cortés, juez de la Corte Constitucional de Colombia; el periodista mexicano Jorge Ramos, Patria Frías Colón, jueza de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, Estados Unidos; Adolfo Javier de Unanue Tiscareño, director del Centro de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial del Instituto Técnico de Monterrey, México; la experta mexicana Fernanda Sobrino, Ezequiel Klass, subsecretario de Comunicación y Medios de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, Argentina; María Lucy Dávila Yévenes, directora de Comunicación del Poder Judicial de Chile, e Iliana Báez, directora de Comunicación del Poder Judicial de Puerto Rico.

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Fiscal acusado de sobornar testigo del caso Senasa recibe rechazo de solicitud de variación de prisión preventiva.

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Santo Domingo, R.D.-La solicitud del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, a quien el Ministerio Público señala de exigir y recibir soborno a un testigo del fraude en el Seguro Nacional de Senasa, de variar la prisión que se le impuso por una medida de coerción menos grave,  fue rechazada este miércoles por una jueza de la corte del Distrito Nacional.

La magistrada Nancy Joaquín Guzmán, de la Tercera Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional, ratificó los tres meses de cárcel en Najayo Hombres que se le impuso al miembro del Ministerio Público en mayo y que luego le confirmó en junio la Suprema Corte de Justicia.

  • El Ministerio Público, representado por el titular de Persecución, Wilson Camacho, junto al procurador de corte Eduardo Velázquez Muñoz y Andrés Mena, logró que el tribunal acogiera su petición de mantener la prisión al imputado.
  • Según Velázquez Muñoz, los presupuestos presentados por la defensa del imputado fueron insuficientes en base al peligro de fuga y la gravedad de los hechos que se le atribuyen.

Valdez Alcántara se le señala por exigir y recibir un soborno de 10,000 dólares por parte de Roberto Canaán Acta, exgerente de Atención al Usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Por el caso de corrupción en el Senasa, este jueves el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción, revisará también la prisión preventiva que se le impuso al exdirector de la ARS, Santiago Hazim y los otros cinco imputados que permanecen en la cárcel de Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra.

Asimismo, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.

Ada Ledesma Ubiera, está última quien estaba recluida en Najayo Mujeres, fue favorecida recientemente con una garantía económica y arresto domiciliario.

Los otros tres procesados por el presunto fraude son el empresario Eduardo Read EstrellaCinty Acosta Sención y Heidy Mariela Medina, quienes tienen arresto domiciliario desde el pasado mes de diciembre.

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Fiscales piden a tribunal rechazar solicitud de extinción de la acción penal a Jean Alain

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Santo Domingo, R.D.-Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recibió el pedido del Ministerio Público solicitó a las juezas del Segundo Tribunal para que  rechace la petición de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal acusado en un expediente por presunta corrupción administrativa.

Durante la audiencia, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, sostuvo que la extinción procesal constituye una sanción ante la inactividad o la conducta defectuosa de las partes. En ese sentido, argumentó que la dilatación en el tiempo del presente caso no es atribuible a faltas del órgano acusador, sino a la propia naturaleza y complejidad del expediente.

Ortiz afirmó que el artículo 146 del Código Procesal Penal, reformado por la Ley 97-25, establece los parámetros objetivos para determinar la razonabilidad de los plazos procesales, y destacó que el proceso maneja una cantidad de elementos probatorios sustancialmente superior a los 4,000 analizados en otros expedientes de corrupción.

«La extinción es una sanción procesal. ¿A quién se castiga? A la parte que ha actuado de manera contraria a las normas. El Ministerio Público no ha incurrido en negligencia ni en inactividad defectuosa que amerite la ‘muerte procesal’ de esta causa», aseveró la magistrada.

Para sustentar la postura del órgano persecutor, Ortiz citó la resolución jurisprudencial dictada por el mismo tribunal el 17 de marzo de 2025 en el expediente seguido contra Juan Alexis Medina Sánchez, a quien también se le rechazó una solicitud de extinción de la acción penal.

Por su parte, el fiscal Emmanuel Ramírez, de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, sostuvo que el alegado retardo del juicio responde a una deliberada estrategia dilatoria implementada por las defensas de los procesados a lo largo de la investigación y del proceso judicial.

Para fundamentar su postura, Ramírez detalló que solo una de las defensas presentó cinco recusaciones consecutivas contra los fiscales del caso con el objetivo de paralizar las investigaciones. El representante del Ministerio Público señaló que todas y cada una de esas recusaciones fueron rechazadas por los tribunales por carecer de fundamento jurídico, demostrando que su único propósito fue ralentizar el curso normal de la justicia.

El magistrado también abordó la magnitud del expediente para contextualizar la administración de los tiempos procesales, recordando que se trata de uno de los casos de corrupción administrativa más voluminosos en la historia judicial dominicana:

El Ministerio Público depositó en estrados las pruebas físicas relativas a las recusaciones rechazadas para que consten en el récord del tribunal al momento de decidir sobre la petición de la defensa.

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Memes y paradias no constituyen delitos en nuevo Codigo Penal.

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Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, afirmó que crear o publicar una caricatura, un meme, una parodia, una sátira, un video o una imagen con fines periodísticos, artísticos, humorísticos o como vehículo de crítica social no constituye un delito, debido a que ni el Código Penal aprobado ni su reforma lo tipifican o sancionan con penas de prisión o multa.

La procuradora sostuvo que el artículo 169 de la Constitución dominicana establece que el Ministerio Público es el órgano encargado de formular e implementar la política de persecución penal contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.

En ese sentido, la procuradora consideró pertinente esclarecer el tema que, según señaló, ha recibido una interpretación errónea por parte de algunos sectores que inciden en la opinión pública.

Asimismo, recordó que el derecho penal solo sanciona acciones u omisiones dolosas o culposas, y que el principio de legalidad penal exige que toda conducta sancionable esté descrita de manera expresa, precisa e inequívoca en la ley.

La titular del Ministerio Público advirtió además que es un error realizar interpretaciones extensivas o recurrir a la analogía en contra de una persona, ya que el derecho penal lo prohíbe de forma estricta, salvo que dicha interpretación favorezca al procesado.

Precisó que la alteración de videos o audios con fines ilícitos para perjudicar a un tercero no extiende sus efectos a la elaboración de memes, caricaturas o parodias desarrolladas dentro del ejercicio de la libre expresión y la creación artística, actividades que subrayó se encuentran plenamente protegidas por la Constitución.

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