MIAMI, EEUU.- Las compañías aéreas American Airlines y LATAM han sido demandadas bajo la ley Helms-Burton por un despacho de abogados de Miami por operar en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
La demanda fue presentada en nombre de José Ramón López Regueiro, hijo de quien fue el propietario del aeropuerto habanero hasta su expropiación por la revolución cubana de 1959.
Una fuente de la firma Rivero Mestre LLP dijo a Efe que la demanda puede llegar a incluir a otras compañías que operan en dicha terminal aérea y han sido notificadas ya de la intención de Regueiro de buscar compensación.
Vehículo que el 20 de marzo de 2016 recorre el aeropuerto José Martí de La Habana (Cuba) llevando en su interior al entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
El título III de la Ley Helms-Burton de 1996, que el Gobierno de Donald Trump puso en vigor en mayo pasado después de haber permanecido en suspenso durante más de 20 años, faculta a los ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades en Cuba fueron confiscadas tras la revolución a demandar en tribunales de EE.UU. a las empresas que se beneficien de esos activos.
José Ramón López Regueiro, único heredero del empresario José López Vilaboy, quien también era dueño de Cubana de Aviación entre otras empresas y propiedades, dijo en una rueda de prensa que lleva 60 años esperando que «se haga justicia» por el «robo» del que fue víctima su familia después del triunfo de la revolución en 1959.
Lo que le mueve es eso, aunque también espera ser compensado económicamente, según respondió a una pregunta de Efe en una rueda de prensa celebrada en la sede del despacho de abogados Rivero Mestre, en Coral Gables (condado de Miami Dade).
El abogado Andrés Rivero indicó que, según estimaciones, el valor actual del aeropuerto habanero puede llegar a mil millones de dólares y su cliente, de acuerdo a la ley Helms-Burton, tiene derecho a solicitar una compensación por el total.
Pero, además, la compensación a pagar sería en este caso triple, como corresponde, según la Ley Helms-Burton, cuando la notificación enviada para advertir de que deben cesar sus actividades ilícitas en un plazo de 30 días no tiene respuesta de los notificados.
Esta demanda, que podría ampliarse más adelante a otras compañías que operan «ilícitamente» en el aeropuerto de La Habana -Rivero Mestre ha notificado a unas 50, incluidas las dos demandadas-, ha sido posible merced a que el título III de la Ley Helms-Burton de 1996, que estuvo en suspenso durante más de 20 años, fue puesto en vigor el pasado 2 de mayo por decisión del Gobierno de EE.UU.
Ese título faculta a los ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades en Cuba fueron confiscadas después del triunfo de la revolución en 1959 a demandar en tribunales de EE.UU. a las empresas que se beneficien de esos activos.
Desde su entrada en vigor son muchas las empresas demandadas, entre ellas las del sector turístico Carnival, Expedia, Booking, Trivago, Meliá, Barceló, Iberostar, Accor y Blue Diamond, así como el banco Société Générale, pero hasta ahora no ha habido fallos judiciales.
El abogado Rivero opinó que los tribunales federales de Miami se van a mover «con rapidez» en el trámite de estas demandas y calculó que en este caso concreto el proceso puede durar entre uno y dos años.
En respuesta a una pregunta de los periodistas dijo que solo dos de las aerolíneas notificadas respondieron en el plazo fijado, pero no para indicar que cesaban sus operaciones en el aeropuerto habanero sino para pedir más información a los abogados, por lo que su situación es la misma que la de las demás.
Rivero y el también abogado Manuel Vázquez rehusaron informar sobre las otras compañías notificadas, pero finalmente mencionaron entre las estadounidenses a Jet Blue y Delta.
«Todas son compañías no cubanas de sociedades capitalistas que tienen la capacidad de dejar de operar» en el aeropuerto José Martí para evitar la demanda, dijo Rivero.
También dijo el abogado miamense que incluso aunque el actual presidente de EE.UU., Donald Trump, u otro que le suceda en la Casa Blanca decidiese dejar en suspenso el título III de la ley Helms-Burton, las demandas ya presentadas seguirían su curso.
El demandante, que salió de Cuba a los seis años y hoy tiene 66 años, subrayó que a pesar de que era muy niño todavía recuerda los «21 registros» que sufrieron en su casa habanera por parte de agentes del Gobierno castrista que buscaban las escrituras de las propiedades familiares, incluido la del aeropuerto José Martí.
López Vilaboy no fue compensado por la expropiación por los dirigentes de la revolución de 1959, que dio lugar a un régimen que sesenta años después sigue gobernando Cuba.
Preguntado por los efectos negativos que estas demandas pueden tener en los ciudadanos cubanos, Andrés Rivero, dijo que la responsabilidad recae exclusivamente en quienes «robaron» propiedades de otros cubanos y en quienes ilegalmente hacen negocio con ellas.
Según John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, las autoridades estadounidenses han «certificado» 5.913 casos de ciudadanos y empresas que pueden acogerse al Título III por un total de 1.900 millones de dólares, que con los intereses desde hace más de 60 años ascenderían a 8.521 millones.
La demanda de López Regueiro no entra en las certificadas, en razón de que López Regueiro no se radicó en Estados Unidos cuando su familia dejó Cuba en los años 60 del siglo XX, sino en España y el demandante no se trasladó a este país hasta 2009.
Lisboa.- Varias decenas de personas protestaron este lunes en Lisboa contra el ataque de Estados Unidos en Venezuela y la captura el pasado sábado del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Concentración frente a la estatua de Simón Bolívar
Los manifestantes, en su mayoría portugueses, se concentraron delante de la estatua de Simón Bolívar, que se encuentra en la céntrica Avenida da Liberdade, con cánticos como «Venezuela no se rinde, la soberanía no se vende», «Venezuela no está sola» y «Venezuela soberana y bolivariana».
Entre los asistentes también se podían ver carteles con fotos de Maduro y mensajes pidiendo su liberación, pancartas en las que exigían la no intervención estadounidense, así como banderas venezolanas y cubanas.
Convocatoria y declaraciones del CPPC
La protesta fue convocada por varias organizaciones, entre ellas el Consejo Portugués para la Paz y la Cooperación (CPPC), contra «las amenazas y las agresiones de Estados Unidos», así como para pedir a la comunidad internacional y al Gobierno portugués que condenen sus acciones.
«El Gobierno portugués, al no condenar este acto, está violando lo establecido en nuestra Constitución, que establece que las relaciones entre los pueblos deben basarse en el respeto por la soberanía, la autodeterminación y la libre elección de su destino», dijo a EFE Isabel Camarinha, presidenta del CPPC.
Camarinha agregó que detrás de la acción de Washington «están los intereses del petróleo y las inmensas riquezas que quieren de Venezuela y otros países de América Latina y del Caribe». «Esta amenaza de Trump ahora se ha materializado en Venezuela, pero ya amenaza también a otros países de América Latina«, concluyó.
Las protestas internacionales en apoyo a Venezuela y en rechazo a la injerencia extranjera, particularmente de Estados Unidos, tienen antecedentes recurrentes desde hace más de una década.
Diversos sectores políticos, sociales y organizaciones civiles en Europa y América Latina han expresado históricamente su oposición a sanciones, bloqueos económicos y acciones militares que consideran violatorias de la soberanía venezolana.
Mientras el país despertaba con la noticia de la caída del régimen, una pregunta comenzó a resonar entre analistas y ciudadanos: ¿por qué figuras clave como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López permanecieron en libertad y no fueron arrestadas durante el operativo?
Según explicó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una entrevista concedida a la cadena CBS News, la decisión no fue producto de la improvisación, sino el resultado de una estrategia cuidadosamente planificada. El objetivo principal de la operación era capturar al hombre que, en palabras de Rubio, “afirmaba ser el presidente del país, sin serlo”, quien encabezaba la lista de prioridades para Washington.
Rubio precisó que tanto Nicolás Maduro como su esposa fueron arrestados en el marco de la operación, al estar señalados por delitos. Al ser consultado sobre si otras figuras del régimen, como Diosdado Cabello y Padrino López, continúan siendo buscadas por la justicia estadounidense, el funcionario respondió que la operación no contemplaba una intervención prolongada ni múltiples detenciones simultáneas.
“No vamos a entrar y simplemente capturarlos a todos. Imaginen la reacción internacional si hubiéramos tenido que permanecer allí varios días para arrestar a otras personas”, explicó Rubio. “Conseguimos lo prioritario. El número uno en la lista era el hombre que decía ser el presidente del país, y fue arrestado junto con su esposa, quien también está acusada”.
El secretario de Estado subrayó la complejidad logística del operativo, que incluyó el aterrizaje de helicópteros en una de las bases militares más resguardadas del país, la irrupción en la residencia de Maduro, su detención formal y su extracción del territorio venezolano en cuestión de minutos, todo sin bajas entre el personal estadounidense.
Para quienes veían en la operación una oportunidad para desmantelar por completo el círculo cercano del régimen, Rubio aclaró que la decisión respondió a un cálculo estratégico y a la necesidad de priorizar objetivos. “¿Esperaban que aterrizáramos en otras cinco bases militares?”, cuestionó. Según explicó, la misión fue diseñada para minimizar riesgos y asegurar el éxito del objetivo central: la captura de Nicolás Maduro.
Nueva York, Estados Unidos.-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró este lunes en su primera comparecencia ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) que sigue siendo el presidente del país suramericano y que se considera «un prisionero de guerra«.
«Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas», afirmó Maduro durante la vista, en la que tanto él como su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de los cargos que afrontan.