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Heredero del propietario del aeropuerto de La Habana demanda a American Airlines y LATAM

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EFE

MIAMI, EEUU.- Las compañías aéreas American Airlines y LATAM han sido demandadas bajo la ley Helms-Burton por un despacho de abogados de Miami por operar en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.

La demanda fue presentada en nombre de José Ramón López Regueiro, hijo de quien fue el propietario del aeropuerto habanero hasta su expropiación por la revolución cubana de 1959.

Una fuente de la firma Rivero Mestre LLP  dijo a Efe que la demanda puede llegar a incluir a otras compañías que operan en dicha terminal aérea y han sido notificadas ya de la intención de Regueiro de buscar compensación.

Vehículo que el 20 de marzo de 2016 recorre el aeropuerto José Martí de La Habana (Cuba) llevando en su interior al entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama. 

El título III de la Ley Helms-Burton de 1996, que el Gobierno de Donald Trump puso en vigor en mayo pasado después de haber permanecido en suspenso durante más de 20 años, faculta a los ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades en Cuba fueron confiscadas tras la revolución a demandar en tribunales de EE.UU. a las empresas que se beneficien de esos activos.

José Ramón López Regueiro, único heredero del empresario José López Vilaboy, quien también era dueño de Cubana de Aviación entre otras empresas y propiedades, dijo en una rueda de prensa que lleva 60 años esperando que «se haga justicia» por el «robo» del que fue víctima su familia después del triunfo de la revolución en 1959.

Lo que le mueve es eso, aunque también espera ser compensado económicamente, según respondió a una pregunta de Efe en una rueda de prensa celebrada en la sede del despacho de abogados Rivero Mestre, en Coral Gables (condado de Miami Dade).

El abogado Andrés Rivero indicó que, según estimaciones, el valor actual del aeropuerto habanero puede llegar a mil millones de dólares y su cliente, de acuerdo a la ley Helms-Burton, tiene derecho a solicitar una compensación por el total.

Pero, además, la compensación a pagar sería en este caso triple, como corresponde, según la Ley Helms-Burton, cuando la notificación enviada para advertir de que deben cesar sus actividades ilícitas en un plazo de 30 días no tiene respuesta de los notificados.

Esta demanda, que podría ampliarse más adelante a otras compañías que operan «ilícitamente» en el aeropuerto de La Habana -Rivero Mestre ha notificado a unas 50, incluidas las dos demandadas-, ha sido posible merced a que el título III de la Ley Helms-Burton de 1996, que estuvo en suspenso durante más de 20 años, fue puesto en vigor el pasado 2 de mayo por decisión del Gobierno de EE.UU.

Ese título faculta a los ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades en Cuba fueron confiscadas después del triunfo de la revolución en 1959 a demandar en tribunales de EE.UU. a las empresas que se beneficien de esos activos.

Desde su entrada en vigor son muchas las empresas demandadas, entre ellas las del sector turístico Carnival, Expedia, Booking, Trivago, Meliá, Barceló, Iberostar, Accor y Blue Diamond, así como el banco Société Générale, pero hasta ahora no ha habido fallos judiciales.

El abogado Rivero opinó que los tribunales federales de Miami se van a mover «con rapidez» en el trámite de estas demandas y calculó que en este caso concreto el proceso puede durar entre uno y dos años.

En respuesta a una pregunta de los periodistas dijo que solo dos de las aerolíneas notificadas respondieron en el plazo fijado, pero no para indicar que cesaban sus operaciones en el aeropuerto habanero sino para pedir más información a los abogados, por lo que su situación es la misma que la de las demás.

Rivero y el también abogado Manuel Vázquez rehusaron informar sobre las otras compañías notificadas, pero finalmente mencionaron entre las estadounidenses a Jet Blue y Delta.

«Todas son compañías no cubanas de sociedades capitalistas que tienen la capacidad de dejar de operar» en el aeropuerto José Martí para evitar la demanda, dijo Rivero.

También dijo el abogado miamense que incluso aunque el actual presidente de EE.UU., Donald Trump, u otro que le suceda en la Casa Blanca decidiese dejar en suspenso el título III de la ley Helms-Burton, las demandas ya presentadas seguirían su curso.

El demandante, que salió de Cuba a los seis años y hoy tiene 66 años, subrayó que a pesar de que era muy niño todavía recuerda los «21 registros» que sufrieron en su casa habanera por parte de agentes del Gobierno castrista que buscaban las escrituras de las propiedades familiares, incluido la del aeropuerto José Martí.

López Vilaboy no fue compensado por la expropiación por los dirigentes de la revolución de 1959, que dio lugar a un régimen que sesenta años después sigue gobernando Cuba.

Preguntado por los efectos negativos que estas demandas pueden tener en los ciudadanos cubanos, Andrés Rivero, dijo que la responsabilidad recae exclusivamente en quienes «robaron» propiedades de otros cubanos y en quienes ilegalmente hacen negocio con ellas.

Según John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, las autoridades estadounidenses han «certificado» 5.913 casos de ciudadanos y empresas que pueden acogerse al Título III por un total de 1.900 millones de dólares, que con los intereses desde hace más de 60 años ascenderían a 8.521 millones.

La demanda de López Regueiro no entra en las certificadas, en razón de que López Regueiro no se radicó en Estados Unidos cuando su familia dejó Cuba en los años 60 del siglo XX, sino en España y el demandante no se trasladó a este país hasta 2009.

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RD entre los “grandes lugares de tránsito o producción de drogas ilícitas», afirma Biden

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Washington.- El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó que Bolivia y Venezuela no han cumplido durante los últimos doce meses con los acuerdos internacionales contra el narcotráfico e identificó a otra decena de países latinoamericanos como principales lugares de tránsito o producción de drogas.

En un memorando enviado al secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, el mandatario demócrata define a una veintena de países, en su mayoría latinoamericanos y caribeños, como “grandes lugares de tránsito o producción de drogas ilícitas».

En la lista figuran Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

Como contempla la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores, el presidente de EE.UU. debe informar cada año de los países que considera que son importantes productores de droga o de tránsito de estupefacientes en el mundo.

Para configurar la lista se tiene en cuenta una “combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten que las drogas o los precursores químicos circulen o sean producidos, incluso si un Gobierno ha llevado a cabo estrictas medidas de control antinarcóticos».

El memorando precisa que la presencia de un país en ese listado “no es necesariamente un reflejo de los esfuerzos antidroga de su Gobierno o del nivel de cooperación con Estados Unidos”, y subraya que no se trata de “una sanción».

Bolivia y Venezuela, junto con Birmania, son los tres únicos países de los que se destaca que “han fracasado manifiestamente durante los últimos 12 meses en adherirse a sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales contra el narcotráfico».

Pese a ello, Biden subraya que el apoyo a los programas de ayuda a esas tres naciones es “vital” para los intereses estadounidenses. Aunque el Ejecutivo de Bolivia ha tomado pasos “positivos” contra el cultivo de coca, según el mandatario queda trabajo por hacer.

El memorando añade que, según datos provisionales del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos hubo en 2023 unas 107.543 muertes por sobredosis, una caída del 3 % respecto a 2022.

Biden se congratuló de que sea el primer descenso anual en muertes por sobredosis desde 2018 y lo atribuyó a los esfuerzos de su Administración, pero quiso hacer hincapié también en que solucionar el problema se trata de un esfuerzo global que requiere una respuesta internacional coordinada.

Establecer una relación a largo plazo y robusta con aliados “cruciales” como México, en su opinión, es imperativo para combatir de forma eficaz la epidemia de fentanilo y desmantelar las organizaciones criminales que se lucran con esa droga.

“Continuaremos nuestra estrecha colaboración con México para evitar el desvío de precursores químicos y equipos relacionados con las drogas, mejorar la prohibición, las investigaciones y los resultados de la justicia penal y (…) avanzar en la integración fronteriza”, dijo su nota.

Biden calificó a Colombia de socio fuerte y destacó que sigue trabajando estrechamente con el país para reducir la producción de cocaína, y consideró igualmente a Perú como un socio comprometido en esa labor.

Su memorando incluye una amplia referencia a China, de quien dice que aunque en el último año ha tomado pasos significativos para reducir el flujo de precursores químicos hacia productores de drogas ilícitas, es necesario una acción de regulación sostenida para rebajar significativamente su rol como fuente de precursores químicos.

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La colección de monedas más cara del mundo sale a subasta después de un siglo

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Agencia Efe

Copenhague.- Copenhague acogerá a partir de mañana sábado la primera de una serie de subastas de la que podría ser la colección de monedas más cara del mundo, que había permanecido almacenada hasta ahora por voluntad de su fallecido dueño.

El magnate Lars Emil Bruun (1852-1923), que se hizo millonario exportando mantequilla a todo el mundo, acumuló durante más de seis décadas una amplia colección de medallas y monedas (cerca de 20.000) danesas, suecas y noruegas.

Impulsado por su pasión -fue cofundador de la Sociedad Numismática Danesa- e impresionado por los destrozos causados por la Primera Guerra Mundial, a su muerte dejó escrito en su testamento que sus monedas debían funcionar durante un siglo como una especie de reserva de emergencia de la colección nacional danesa.

«(…) Si esta fuese destruida de forma sustancial en un incendio o fuese robada o sufriese otro tipo de percance, mi colección debe ofrécersele al Estado como regalo», consta en su última voluntad.

En caso contrario, y transcurrido un siglo, la colección debía venderse en subasta pública y los beneficiados serían sus descendientes.

El plazo expiró el 21 de noviembre pasado y la colección, que ha estado depositada todo este tiempo en el castillo de Fredensborg (norte de Copenhague) y luego en un sótano del Banco Nacional, fue entregada a la casa de subastas estadounidense Stack’s Bowers, que la valora en unos 500 millones de coronas danesas (67 millones de euros).

En la primera subasta se ofrecerán más de 280 lotes que incluyen monedas de oro y plata de Dinamarca, Noruega y Suecia del siglo XV al XX, valoradas en unos 13 millones de dólares.

Se desconoce cuántos herederos se beneficiarán de la venta de la colección de Bruun, aunque en 2017 el diario Weekendavisen apuntó a dos hermanos residentes al norte de la capital danesa.

Uno de ellos, un hombre de entonces 64 años, reveló a ese medio que su ya fallecido padre había intentado cambiar el testamento de su antepasado en 1993 para venderle la colección al Estado antes de que pasaran los cien años, pero el Ministerio de Justicia rechazó la propuesta.

«Mi padre se interesó mucho por el tema, por todo el dinero que había ahí pero al que él no podía acercarse. Creo que hablaba demasiado de ello, yo he intentado hacer lo contrario», dijo en 2017 uno de los herederos de Bruun.

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Confiscadas 12,000 consolas con 47 millones de videojuegos piratas «retro» en Italia

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Agencia EFE

Roma.- La policía financiera italiana ha confiscado 12,000 videoconsolas, en las que se almacenaban ilegalmente más de 47 millones de videojuegos «piratas» con personajes de los años 80 y 90, que se vendían en centros comerciales de Turín, Milán, Venecia (norte) y Nápoles (sur), entre otras ciudades.

El material, con un valor de más de 47,5 millones de euros, fue incautado por agentes de la Guardia de Finanzas de Turín, a raíz de la investigación de la Fiscalía turinesa sobre la comercialización en todo el país de videoconsolas en las que se precargaban millones de videojuegos «pirateados» de las casas de software más conocidas del sector.

Los juegos estaban protagonizados por personajes conocidos del mundo de los videojuegos de los años 80 y 90, todos ellos protegidos por derechos de autor, y formaban parte del denominado fenómeno ‘retrogaming’, que está experimentando una fase de fuerte popularidad y expansión a nivel comercial, explicó la Guardia de Finanzas.

Las investigaciones llevadas a cabo desde finales de 2023 en localidades de las provincias de Turín, Vercelli, Milán, Bérgamo, Varese, Bolonia, Verona, Venecia, Nápoles, Caserta y Bari permitieron la identificación e incautación de dispositivos con los juegos precargados, todos muy populares en las dos últimas décadas del siglo pasado.

«Los dispositivos recordaban en forma y rasgos distintivos, sin poseer las licencias requeridas, a las icónicas ‘retroconsolas’ de los fabricantes oficiales, históricos fabricantes de videojuegos que en los últimos años han relanzado al mercado sus consolas producidas en las décadas pasadas, que a menudo reproducen a escala, con ciertas actualizaciones, las originales», se indica en un comunicado.

La investigación permitió reconstruir la cadena de distribución de las consolas, todas de origen chino, que se llevaba a cabo a través de los sitios de Internet de las empresas italianas presuntamente implicadas en el comercio ilícito o a través de la red física de puntos de venta de algunas de las mismas empresas.

Estos estaban situados en centros comerciales de las provincias de Turín, Milán, Varese, Bérgamo, Verona, Venecia, Bolonia, Nápoles y Caserta.

También fueron puestas a disposición judicial nueve personas por los delitos de comercialización de productos falsos, fraude en el ejercicio del comercio, receptación de mercancías robadas e infracción de derechos de autor, explicó la Guardia de Finanzas.

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