Nacionales
Hipólito y Bautista expulsados del PRD
Fueron acusados de insubordinación; Orlando Jorge Mera y Geanilda Vásquez fueron suspendidos por dos años
El secretario general del PRD, Orlando Jorge Mera, rodeado de militantes perredeístas, denuncia que fue impedido de entrar al juicio disciplinario en la Casa Nacional.
Seguidores de los acusados formaron un tumulto frente a la sede del PRD.
Los abogados de la defensa presentaron varios incidentes pero les fueron rechazados y se retiraron de la audiencia.
El Consejo Nacional de Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) expulsó anoche, de manera definitiva, como dirigente y militante de esa organización al expresidente de la República Hipólito Mejía y al presidente en funciones de ese partido, Andrés Bautista, en un juicio disciplinario con pocos precedentes en la historia política del país.
El organismo suspendió de manera temporal, por dos años y con la posibilidad de revisar la sentencia cada seis meses, a Orlando Jorge Mera, secretario general, y Geanilda Vásquez, secretaria de Organización. Las suspensiones también fueron como militantes y dirigentes del partido opositor.
Las medidas que afectan a Mejía y a Bautista fueron tomadas en base a lo establecido en el literal h del artículo 52 de los estatutos del PRD, que prevé la expulsión definitiva de la organización en caso de faltas graves.
A solicitud del fiscal nacional del PRD, el diputado Geovanny Tejada, el Consejo de Disciplina también declaró el defecto de los acusados, dado que sus abogados no concluyeron la audiencia, debido a que decidieron retirarse luego que los miembros del organismo rechazaran la recusación que hicieron a todos los integrantes. El cuerpo de abogados de la defensa, encabezado por Enmanuel Esquea Guerrero, informó el retiro con el argumento de que se violó el derecho al debido proceso. Ninguno de los acusados estuvo presente en la audiencia.
El Consejo de Disciplina del PRD está presidido por Rafael Vásquez (Fiquito) e integrado por Digna Yan, Carmen Aleyda Cruz, Élsida Díaz Salcedo y María Sánchez. Los miembros de ese organismo también acogieron, en cuento a la forma, la querella que presentó el fiscal porque se hizo en el tiempo adecuado y de conformidad a los preceptos legales.
Base de la acusación
Tejada solicitó la expulsión de Mejía y Bautista y la suspensión de Orlando y Geanilda, según sus argumentos, porque violaron los artículos 51 y 55 de los estatutos generales del PRD en varios de sus literales. Entre las faltas documentadas por el fiscal, basadas en informaciones periodísticas y reportes noticiosos, figuran la de insubordinación a la autoridad calificada, fomento del grupismo y el divisionismo; desacatar resoluciones de organismos superiores, promover acciones dirigidas a alcanzar beneficio personal y grupal. Sostuvo que acciones como la reunión de la Comisión Política que propició Mejía en la que se suspendió a Vargas Maldonado viola el artículo 187 de los estatutos que prohíbe el grupismo.
Rechazaron todos los incidentes
El Consejo Nacional de Disciplina del PRD rechazó todos los incidentes que presentaron los abogados de los cuatro acusados al considerarlos improcedentes, mal fundados y carentes de base legal. Los abogados solicitaron al organismo que suspendiera la audiencia hasta que el Tribunal Superior Electoral (TSE) falle un recurso de nulidad que interpuso el grupo y que busca dejar sin efecto varias resoluciones del PRD en distintos procesos, lo cual también fue rechazado.
Crónica de una expulsión anunciada
El tumulto de miembros y dirigentes de todos los niveles del PRD por acceder a la Casa Nacional comenzó temprano, a pesar de que la cita era para las 9:00 de la mañana. Algunos diputados resultaron con sus trajes rotos y otros sufrieron empujones de agentes policiales y de la seguridad del PRD que a toda costa impidieron su entrada. Alrededor de las 9:30 llegaron Orlando y Geanilda, pero no pudieron entrar a la sala de audiencias debido a que insistían en ingresar con una veintena de dirigentes, solicitud que fue rechazada por el Consejo de Disciplina. Mientras que Esquea Guerrero insistió para que entraran solos. Luego de iniciada la audiencia, un tumulto rompió el cerco policial lo que obligó a los agentes a lanzar gases lacrimógenos que incluso alcanzaron a la exvicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch, razón por la que tuvo que recibir asistencia médica. Los efectos de las bombas lacrimógenas se mantuvieron por casi media hora, lo que al parecer provocó el desparpajo de la multitud. A partir de ahí en las afueras de la Casa Nacional del partido blanco el ambiente fue de tranquilidad. Pero en la medida en que afuera la situación se calmó, subió la temperatura en la sala de audiencia, especialmente para el dirigente Tony Peña Guaba, quien se paró de su asiento para anunciar que un grupo de dirigentes se iban a retirar porque “este es un juicio viciado”.
¡Vámonos! Proclamó, pero nadie lo siguió y de ñapa varios le vocearon: “te vas solo, Tony”. Finalmente, la sentencia fue emitida pasadas las 9:00 de la noche, después de más de 10 horas de iniciado el proceso.
No harán caso
El vocero de Hipólito Mejía, Héctor Guzmán, afirmó que ni aceptan, ni tiene validez, ni le harán caso a la expulsión. Catalogó la decisión como un show parecido al del programa radial la “Tremenda Corte, de Tres Patines”. Indicó que no recurrirán la decisión ante el TSE, debido a que el fiscal y el presidente del Consejo Disciplinario ya fueron recusados y esos recursos están pendientes de fallo.
Manifestó que a partir de esta semana inician un proceso a nivel nacional para promover una convención donde los perredeístas escojan sus autoridades en un proceso interno que deberá efectuarse este mismo año.
Decisión del TSE podría salvar a los expulsados
El recurso de nulidad pendiente de fallo por el Tribunal Superior Electoral y que busca anular varias resoluciones del PRD podría ser la única vía del grupo de dejar sin efecto las sanciones. Entre las medidas que la acción busca anular figuran la elección de Rafael Vásquez en el Consejo de Disciplina, la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de junio de 2012 y la segunda fase de la última convención del PRD efectuada en el 2010.
Hipólito recibió apoyo de dirigentes
En la sala de audiencia se observó a varios de los seguidores de Mejía entre ellos los esposos Vicente Sánchez Baret y Yadira Henríquez, César Sánchez, César Cedeño y los diputados Eugenio Cedeño y José Manuel Cabrera. La mayoría se retiró luego que los abogados anunciaron que no seguirían en la audiencia. Durante su ponencia, Enmanuel Esquea Guerrero presentó una sentencia que emitió el Partido Dominicano, propiedad de Rafael Leonidas Trujillo, que se emitió en un juicio similar en el 1955 contra un grupo de dirigentes de esa organización política. El abogado informó que presentó el escrito por si se necesitaba alguna referencia y para que constara en acta. En la historia post Trujillo, en el país no se conoce que un dirigente político haya sido sometido a un juicio disciplinario en su organización.
Cáncer
Fisca.l Las acciones de Mejía, el PRD debió detenerlas hace mucho tiempo porque “el cáncer hay que cortarlo con tiempo”.
Íntegra
Proceso. La sentencia íntegra de las sanciones será leída el viernes a las 4:00 de la tarde en el PRD.
La embadora de los Estados Unidos en el país ha dado un giro inesperado en su discurso que redefinen el enfoque de la potencia del norte hacia la Republica Dominicana de la administracion Trump.
La intervención, marcada por un tono personal, abiertamente religioso y políticamente directo, envió varios mensajes clave con implicaciones en seguridad, comercio, presiones políticas y relación bilateral. Algunos de esos mensajes representan rupturas explícitas con la postura estadounidense reciente en temas sensibles como Haití y el escrutinio a grandes empresas con operaciones en el país.
Haití y las fronteras
Fiel a su estilo no convencional, la embajadora reveló que la administración Biden presionó a República Dominicana para mantener abierta la frontera con Haití en momentos de crisis, una postura que ella relacionó con la política de «fronteras abiertas» de Washington y que calificó como desacertada.
Debió ser reabierta al comercio bilateral, aunque se mantienen restricciones al tráfico de personas. El tema de la seguridad advino con el rápido desplome del orden en el vecino país.
El contraste ahora es marcado. EE. UU. está «100% alineado» con el gobierno del presidente Abinader en su política de seguridad fronteriza y en la valoración de la soberanía territorial como prioridad.
Es, en términos diplomáticos, una admisión de que el ciclo de fricciones bilaterales por la frontera, incluidas advertencias de agencias y comunicados de derechos humanos, queda clausurado por decisión política del nuevo gobierno estadounidense.
Durante el año precedente, informes, declaraciones de funcionarios de EE. UU. y coordinaciones con organismos multilaterales habían colocado a República Dominicana bajo presión por sus controles migratorios, particularmente en lo relativo a detenciones, deportaciones y trato a migrantes haitianos. En el discurso, ese capítulo desaparece.
Campos no mencionó ninguna preocupación humanitaria ni de derechos humanos ligada a Haití, ni al manejo interno dominicano de la movilidad fronteriza. Por el contrario, su énfasis fue exclusivamente de seguridad: reforzar vigilancia, contener amenazas transfronterizas, enfrentar redes delictivas y evitar desestabilización regional.
La embajadora incluso enmarcó la inestabilidad haitiana como una preocupación de seguridad tanto para RD como para EE. UU., no como un problema humanitario.
El énfasis deja ver un cambio de prioridades: la diplomacia norteamericana ya no condicionará su relación con Santo Domingo al tratamiento de población migrante y deja de lado un discurso que en administraciones anteriores era habitual.
Ese silencio no se limita al tema haitiano. Durante todo el discurso, Campos evitó referirse a asuntos de derechos humanos en sentido amplio. Lo más cercano fue la mención del regreso del país al nivel dos en el último informe del Departamento de Estado sobre trata de personas.
No es una novedad histórica, sino un retorno a una posición que el país ha ocupado varias veces en la última década. En el discurso de Campos, la mención aparece estratégicamente vinculada a los «valores compartidos» y a los otros pilares de la relación bilateral, no como un análisis técnico de la situación.
La pieza, centrada en seguridad, prosperidad económica, comercio y valores religiosos compartidos, se aparta del estilo tradicional del Departamento de Estado, que suele incluir al menos menciones formales a derechos fundamentales.
Se acabaron las sanciones
La omisión es significativa no tanto por lo que dice, sino por lo que ya no se dice. Bajo la nueva administración estadounidense, la agenda de derechos humanos pierde peso visible en la relación bilateral.
Eso se enlaza con otro mensaje directo del discurso: el aviso de que la embajada no permitirá la «politización de asuntos comerciales» ni «insinuaciones o acusaciones falsas» promovidas por «sectores activistas» dentro de Estados Unidos.
La frase, inusual en boca de un embajador, apunta claramente a grupos de presión, organizaciones sindicales y ONG que tradicionalmente han influido en la política comercial y laboral de EE. UU., sobre todo en relación con productos agrícolas y manufactura en países socios.
Bajo esa advertencia se lee una toma de distancia de la diplomacia estadounidense respecto a esos grupos, a los que identifica como actores que no deben interferir en la relación económica con República Dominicana.
Demostración del nuevo enfoque es el anuncio de su «primera visita oficial» como embajadora al Central Romana, principal proveedor de azúcar dominicano bajo cuota preferencial de EE. UU. y compañía que estuvo bajo sanciones laborales durante casi dos años.
El Departamento de Trabajo y el CBP de EE. UU. suspendieron las importaciones del azúcar producido por esa empresa por señalamientos de trabajo forzoso y violaciones a estándares laborales. Su inclusión en la llamada «lista de entidades» restringidas, desaprobada ampliamente en los círculos empresariales dominicanos, fue un caso emblemático del activismo laboral estadounidense.
Que la embajadora anuncie esa visita como su primer acto, y que la justifique como un gesto de transparencia y amistad, es un mensaje explícito al mercado y a los grupos de presión.
La nueva administración quiere dar por superado ese episodio y reposicionar a la empresa como un socio legítimo e importante del comercio bilateral.
La señal es doble. Para Washington, implica un viraje desde el escrutinio laboral hacia el apoyo económico a una empresa clave dentro de una cadena comercial estratégica. Para Santo Domingo, supone una validación política de que el conflicto comercial quedó atrás y que el principal comprador del azúcar dominicano respalda al productor local.
Es también un mensaje interno: Campos subraya que la Embajada trabajará para proteger intereses comerciales estadounidenses, pero lo hará «sin activismo» y sin ceder a presiones internas en su país.
Declaración de prioridades
En suma, el discurso de la embajadora Campos fue una declaración de prioridades, y esas prioridades redefinen el marco de la relación bilateral:
- Primero, cierre de tensiones por Haití y alineamiento total en seguridad fronteriza.
- Segundo, un desplazamiento explícito de la agenda de derechos humanos y del escrutinio migratorio.
- Tercero, un respaldo político al sector empresarial, incluyendo a empresas previamente cuestionadas, y una advertencia a grupos de presión estadounidenses.
- Cuarto, un énfasis sostenido en comercio, nearshoring, ciberseguridad y cadenas de suministro como ejes de la cooperación.
La nueva diplomacia estadounidense en Santo Domingo se presenta así más cercana, más política, más alineada con el Gobierno dominicano y menos condicionada por las agendas tradicionales de derechos humanos y activismo laboral.
Un mensaje claro de hacia dónde se mueve Washington en el Caribe y de qué espera de República Dominicana en este nuevo ciclo.
SANTO DOMINGO.- Fueron reelectos este martes por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tres miembros del Tribunal Superior Electoral, incluyendo a su presidente, y eligió a dos nuevos integrantes de esa alta corte.
En la reunión fueron seleccionados cinco jueces titulares y sus respectivos suplentes, para un total de 10, quienes serán juramentados, por un período de cuatro años, este jueves 4 de diciembre a las 6:00 de la tarde en el Palacio Nacional.
En cuanto a los cinco jueces que deben ser escogidos como titulares de la Suprema Corte de Justicia, la magistrada Nancy Salcedo, jueza de ese organismo, miembro y secretaria del CNM, indicó que, para estos fines, será convocada una nueva reunión en los próximos días.
Los jueces titulares del Tribunal Superior Electoral son su presidente Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, escogido a unanimidad; así como a Pedro Pablo Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz, quienes se mantienen como juez titutlares.
Los nuevos jueces son Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García. Los suplentes son Lourdes Teresa Salazar, Juan Cuevas, Juan Manuel Martín Garrido, Freddy Ángel Castro y Víctor Rafael Menieur.
Estos fueron elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura tras agotar la etapa de evaluación de los 41 postulantes preseleccionados para integrar el Tribunal Superior Electoral, en virtud de las funciones que le confieren los artículos 179 y 215 de la Constitución y el artículo 3 de la ley número 138-11, que rige el Consejo.
Santo Domingo.- La seguridad de las festividades navideñas quedó formalmente activada este miércoles con el despliegue de 27,794 efectivos policiales y militares, tras el lanzamiento del operativo “Garantía de Paz en Navidad 2.0”, encabezado por el presidente Luis Abinader, quien exhortó a las tropas a actuar con firmeza, profesionalidad y respeto a los derechos humanos.
El despliegue incluye 22,794 policías y más de 5,000 militares, que reforzarán calles, zonas comerciales, terminales, áreas residenciales y puntos turísticos en todo el territorio nacional. El acto se realizó en la explanada del Palacio de la Policía Nacional con la presencia de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta.
Abinader, al dirigirse a los agentes, pidió actuar con compromiso y cercanía con la ciudadanía.
“Trabajen en favor de la población dominicana, respetando los derechos humanos y protegiendo la paz. Confiamos en ustedes”, expresó el mandatario al despedir las brigadas.
Raful destacó que este operativo incorpora la promoción más numerosa hasta la fecha y aseguró que el enfoque principal será preventivo, con inteligencia territorial para anticiparse al delito.
“No esperamos a que ocurra el delito para reaccionar. El objetivo es disuadir, vigilar y proteger”, afirmó.
La funcionaria insistió en que la seguridad no recae solo en las autoridades, sino también en la responsabilidad ciudadana.
“Si cada quien no asume su parte, el esfuerzo se queda corto. La paz no se decreta, se construye entre todos”, dijo, llamando al respeto de horarios comerciales, a evitar conducir bajo los efectos del alcohol y a reducir ruidos en las comunidades.
El director de la Policía, Guzmán Peralta, aseguró que los miembros de las fuerzas del orden reforzarán la vigilancia en espacios públicos y privados durante la temporada.
“Estaremos donde se nos necesite. Que estas sean unas fiestas de paz y unión familiar”, manifestó.
El operativo se mantendrá activo durante toda la temporada navideña con el objetivo de prevenir delitos, accidentes y garantizar la sana convivencia, mientras el Gobierno apuesta por un cierre de año seguro y en orden para las familias dominicanas.