Nacionales
Hipólito y Bautista expulsados del PRD
Fueron acusados de insubordinación; Orlando Jorge Mera y Geanilda Vásquez fueron suspendidos por dos años
El secretario general del PRD, Orlando Jorge Mera, rodeado de militantes perredeístas, denuncia que fue impedido de entrar al juicio disciplinario en la Casa Nacional.
Seguidores de los acusados formaron un tumulto frente a la sede del PRD.
Los abogados de la defensa presentaron varios incidentes pero les fueron rechazados y se retiraron de la audiencia.
El Consejo Nacional de Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) expulsó anoche, de manera definitiva, como dirigente y militante de esa organización al expresidente de la República Hipólito Mejía y al presidente en funciones de ese partido, Andrés Bautista, en un juicio disciplinario con pocos precedentes en la historia política del país.
El organismo suspendió de manera temporal, por dos años y con la posibilidad de revisar la sentencia cada seis meses, a Orlando Jorge Mera, secretario general, y Geanilda Vásquez, secretaria de Organización. Las suspensiones también fueron como militantes y dirigentes del partido opositor.
Las medidas que afectan a Mejía y a Bautista fueron tomadas en base a lo establecido en el literal h del artículo 52 de los estatutos del PRD, que prevé la expulsión definitiva de la organización en caso de faltas graves.
A solicitud del fiscal nacional del PRD, el diputado Geovanny Tejada, el Consejo de Disciplina también declaró el defecto de los acusados, dado que sus abogados no concluyeron la audiencia, debido a que decidieron retirarse luego que los miembros del organismo rechazaran la recusación que hicieron a todos los integrantes. El cuerpo de abogados de la defensa, encabezado por Enmanuel Esquea Guerrero, informó el retiro con el argumento de que se violó el derecho al debido proceso. Ninguno de los acusados estuvo presente en la audiencia.
El Consejo de Disciplina del PRD está presidido por Rafael Vásquez (Fiquito) e integrado por Digna Yan, Carmen Aleyda Cruz, Élsida Díaz Salcedo y María Sánchez. Los miembros de ese organismo también acogieron, en cuento a la forma, la querella que presentó el fiscal porque se hizo en el tiempo adecuado y de conformidad a los preceptos legales.
Base de la acusación
Tejada solicitó la expulsión de Mejía y Bautista y la suspensión de Orlando y Geanilda, según sus argumentos, porque violaron los artículos 51 y 55 de los estatutos generales del PRD en varios de sus literales. Entre las faltas documentadas por el fiscal, basadas en informaciones periodísticas y reportes noticiosos, figuran la de insubordinación a la autoridad calificada, fomento del grupismo y el divisionismo; desacatar resoluciones de organismos superiores, promover acciones dirigidas a alcanzar beneficio personal y grupal. Sostuvo que acciones como la reunión de la Comisión Política que propició Mejía en la que se suspendió a Vargas Maldonado viola el artículo 187 de los estatutos que prohíbe el grupismo.
Rechazaron todos los incidentes
El Consejo Nacional de Disciplina del PRD rechazó todos los incidentes que presentaron los abogados de los cuatro acusados al considerarlos improcedentes, mal fundados y carentes de base legal. Los abogados solicitaron al organismo que suspendiera la audiencia hasta que el Tribunal Superior Electoral (TSE) falle un recurso de nulidad que interpuso el grupo y que busca dejar sin efecto varias resoluciones del PRD en distintos procesos, lo cual también fue rechazado.
Crónica de una expulsión anunciada
El tumulto de miembros y dirigentes de todos los niveles del PRD por acceder a la Casa Nacional comenzó temprano, a pesar de que la cita era para las 9:00 de la mañana. Algunos diputados resultaron con sus trajes rotos y otros sufrieron empujones de agentes policiales y de la seguridad del PRD que a toda costa impidieron su entrada. Alrededor de las 9:30 llegaron Orlando y Geanilda, pero no pudieron entrar a la sala de audiencias debido a que insistían en ingresar con una veintena de dirigentes, solicitud que fue rechazada por el Consejo de Disciplina. Mientras que Esquea Guerrero insistió para que entraran solos. Luego de iniciada la audiencia, un tumulto rompió el cerco policial lo que obligó a los agentes a lanzar gases lacrimógenos que incluso alcanzaron a la exvicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch, razón por la que tuvo que recibir asistencia médica. Los efectos de las bombas lacrimógenas se mantuvieron por casi media hora, lo que al parecer provocó el desparpajo de la multitud. A partir de ahí en las afueras de la Casa Nacional del partido blanco el ambiente fue de tranquilidad. Pero en la medida en que afuera la situación se calmó, subió la temperatura en la sala de audiencia, especialmente para el dirigente Tony Peña Guaba, quien se paró de su asiento para anunciar que un grupo de dirigentes se iban a retirar porque “este es un juicio viciado”.
¡Vámonos! Proclamó, pero nadie lo siguió y de ñapa varios le vocearon: “te vas solo, Tony”. Finalmente, la sentencia fue emitida pasadas las 9:00 de la noche, después de más de 10 horas de iniciado el proceso.
No harán caso
El vocero de Hipólito Mejía, Héctor Guzmán, afirmó que ni aceptan, ni tiene validez, ni le harán caso a la expulsión. Catalogó la decisión como un show parecido al del programa radial la “Tremenda Corte, de Tres Patines”. Indicó que no recurrirán la decisión ante el TSE, debido a que el fiscal y el presidente del Consejo Disciplinario ya fueron recusados y esos recursos están pendientes de fallo.
Manifestó que a partir de esta semana inician un proceso a nivel nacional para promover una convención donde los perredeístas escojan sus autoridades en un proceso interno que deberá efectuarse este mismo año.
Decisión del TSE podría salvar a los expulsados
El recurso de nulidad pendiente de fallo por el Tribunal Superior Electoral y que busca anular varias resoluciones del PRD podría ser la única vía del grupo de dejar sin efecto las sanciones. Entre las medidas que la acción busca anular figuran la elección de Rafael Vásquez en el Consejo de Disciplina, la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de junio de 2012 y la segunda fase de la última convención del PRD efectuada en el 2010.
Hipólito recibió apoyo de dirigentes
En la sala de audiencia se observó a varios de los seguidores de Mejía entre ellos los esposos Vicente Sánchez Baret y Yadira Henríquez, César Sánchez, César Cedeño y los diputados Eugenio Cedeño y José Manuel Cabrera. La mayoría se retiró luego que los abogados anunciaron que no seguirían en la audiencia. Durante su ponencia, Enmanuel Esquea Guerrero presentó una sentencia que emitió el Partido Dominicano, propiedad de Rafael Leonidas Trujillo, que se emitió en un juicio similar en el 1955 contra un grupo de dirigentes de esa organización política. El abogado informó que presentó el escrito por si se necesitaba alguna referencia y para que constara en acta. En la historia post Trujillo, en el país no se conoce que un dirigente político haya sido sometido a un juicio disciplinario en su organización.
Cáncer
Fisca.l Las acciones de Mejía, el PRD debió detenerlas hace mucho tiempo porque “el cáncer hay que cortarlo con tiempo”.
Íntegra
Proceso. La sentencia íntegra de las sanciones será leída el viernes a las 4:00 de la tarde en el PRD.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.