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Hipólito y Bautista expulsados del PRD
Fueron acusados de insubordinación; Orlando Jorge Mera y Geanilda Vásquez fueron suspendidos por dos años
El secretario general del PRD, Orlando Jorge Mera, rodeado de militantes perredeístas, denuncia que fue impedido de entrar al juicio disciplinario en la Casa Nacional.
Seguidores de los acusados formaron un tumulto frente a la sede del PRD.
Los abogados de la defensa presentaron varios incidentes pero les fueron rechazados y se retiraron de la audiencia.
El Consejo Nacional de Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) expulsó anoche, de manera definitiva, como dirigente y militante de esa organización al expresidente de la República Hipólito Mejía y al presidente en funciones de ese partido, Andrés Bautista, en un juicio disciplinario con pocos precedentes en la historia política del país.
El organismo suspendió de manera temporal, por dos años y con la posibilidad de revisar la sentencia cada seis meses, a Orlando Jorge Mera, secretario general, y Geanilda Vásquez, secretaria de Organización. Las suspensiones también fueron como militantes y dirigentes del partido opositor.
Las medidas que afectan a Mejía y a Bautista fueron tomadas en base a lo establecido en el literal h del artículo 52 de los estatutos del PRD, que prevé la expulsión definitiva de la organización en caso de faltas graves.
A solicitud del fiscal nacional del PRD, el diputado Geovanny Tejada, el Consejo de Disciplina también declaró el defecto de los acusados, dado que sus abogados no concluyeron la audiencia, debido a que decidieron retirarse luego que los miembros del organismo rechazaran la recusación que hicieron a todos los integrantes. El cuerpo de abogados de la defensa, encabezado por Enmanuel Esquea Guerrero, informó el retiro con el argumento de que se violó el derecho al debido proceso. Ninguno de los acusados estuvo presente en la audiencia.
El Consejo de Disciplina del PRD está presidido por Rafael Vásquez (Fiquito) e integrado por Digna Yan, Carmen Aleyda Cruz, Élsida Díaz Salcedo y María Sánchez. Los miembros de ese organismo también acogieron, en cuento a la forma, la querella que presentó el fiscal porque se hizo en el tiempo adecuado y de conformidad a los preceptos legales.
Base de la acusación
Tejada solicitó la expulsión de Mejía y Bautista y la suspensión de Orlando y Geanilda, según sus argumentos, porque violaron los artículos 51 y 55 de los estatutos generales del PRD en varios de sus literales. Entre las faltas documentadas por el fiscal, basadas en informaciones periodísticas y reportes noticiosos, figuran la de insubordinación a la autoridad calificada, fomento del grupismo y el divisionismo; desacatar resoluciones de organismos superiores, promover acciones dirigidas a alcanzar beneficio personal y grupal. Sostuvo que acciones como la reunión de la Comisión Política que propició Mejía en la que se suspendió a Vargas Maldonado viola el artículo 187 de los estatutos que prohíbe el grupismo.
Rechazaron todos los incidentes
El Consejo Nacional de Disciplina del PRD rechazó todos los incidentes que presentaron los abogados de los cuatro acusados al considerarlos improcedentes, mal fundados y carentes de base legal. Los abogados solicitaron al organismo que suspendiera la audiencia hasta que el Tribunal Superior Electoral (TSE) falle un recurso de nulidad que interpuso el grupo y que busca dejar sin efecto varias resoluciones del PRD en distintos procesos, lo cual también fue rechazado.
Crónica de una expulsión anunciada
El tumulto de miembros y dirigentes de todos los niveles del PRD por acceder a la Casa Nacional comenzó temprano, a pesar de que la cita era para las 9:00 de la mañana. Algunos diputados resultaron con sus trajes rotos y otros sufrieron empujones de agentes policiales y de la seguridad del PRD que a toda costa impidieron su entrada. Alrededor de las 9:30 llegaron Orlando y Geanilda, pero no pudieron entrar a la sala de audiencias debido a que insistían en ingresar con una veintena de dirigentes, solicitud que fue rechazada por el Consejo de Disciplina. Mientras que Esquea Guerrero insistió para que entraran solos. Luego de iniciada la audiencia, un tumulto rompió el cerco policial lo que obligó a los agentes a lanzar gases lacrimógenos que incluso alcanzaron a la exvicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch, razón por la que tuvo que recibir asistencia médica. Los efectos de las bombas lacrimógenas se mantuvieron por casi media hora, lo que al parecer provocó el desparpajo de la multitud. A partir de ahí en las afueras de la Casa Nacional del partido blanco el ambiente fue de tranquilidad. Pero en la medida en que afuera la situación se calmó, subió la temperatura en la sala de audiencia, especialmente para el dirigente Tony Peña Guaba, quien se paró de su asiento para anunciar que un grupo de dirigentes se iban a retirar porque “este es un juicio viciado”.
¡Vámonos! Proclamó, pero nadie lo siguió y de ñapa varios le vocearon: “te vas solo, Tony”. Finalmente, la sentencia fue emitida pasadas las 9:00 de la noche, después de más de 10 horas de iniciado el proceso.
No harán caso
El vocero de Hipólito Mejía, Héctor Guzmán, afirmó que ni aceptan, ni tiene validez, ni le harán caso a la expulsión. Catalogó la decisión como un show parecido al del programa radial la “Tremenda Corte, de Tres Patines”. Indicó que no recurrirán la decisión ante el TSE, debido a que el fiscal y el presidente del Consejo Disciplinario ya fueron recusados y esos recursos están pendientes de fallo.
Manifestó que a partir de esta semana inician un proceso a nivel nacional para promover una convención donde los perredeístas escojan sus autoridades en un proceso interno que deberá efectuarse este mismo año.
Decisión del TSE podría salvar a los expulsados
El recurso de nulidad pendiente de fallo por el Tribunal Superior Electoral y que busca anular varias resoluciones del PRD podría ser la única vía del grupo de dejar sin efecto las sanciones. Entre las medidas que la acción busca anular figuran la elección de Rafael Vásquez en el Consejo de Disciplina, la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de junio de 2012 y la segunda fase de la última convención del PRD efectuada en el 2010.
Hipólito recibió apoyo de dirigentes
En la sala de audiencia se observó a varios de los seguidores de Mejía entre ellos los esposos Vicente Sánchez Baret y Yadira Henríquez, César Sánchez, César Cedeño y los diputados Eugenio Cedeño y José Manuel Cabrera. La mayoría se retiró luego que los abogados anunciaron que no seguirían en la audiencia. Durante su ponencia, Enmanuel Esquea Guerrero presentó una sentencia que emitió el Partido Dominicano, propiedad de Rafael Leonidas Trujillo, que se emitió en un juicio similar en el 1955 contra un grupo de dirigentes de esa organización política. El abogado informó que presentó el escrito por si se necesitaba alguna referencia y para que constara en acta. En la historia post Trujillo, en el país no se conoce que un dirigente político haya sido sometido a un juicio disciplinario en su organización.
Cáncer
Fisca.l Las acciones de Mejía, el PRD debió detenerlas hace mucho tiempo porque “el cáncer hay que cortarlo con tiempo”.
Íntegra
Proceso. La sentencia íntegra de las sanciones será leída el viernes a las 4:00 de la tarde en el PRD.
Santo Domingo, R.D.-Eran presuntos miembros de una red criminal dedicada al narcotráfico dos hombres y una mujer que fueron encontrados muertos con múltiples impactos de balas en la carretera Federico Basilis de Jarabacoa y la ciudad de Santiago, según la La Policía Nacional.
informó que los dos hombres encontrados muertos con múltiples impactos de bala en la carretera Federico Basilis de Jarabacoa, eran presuntos miembros de una red criminal dedicada al narcotráfico, y se les vincula directamente con el reciente asesinato de una mujer en Santiago de los Caballeros.
Los fallecidos fueron identificados como Natanael Peña, alias “El Cha”, y un hombre conocido hasta el momento como “La Rata”.
Según el informe preliminar, estos hombres mantenían una disputa por el control de puntos de drogas con Margarita Díaz García, alias “La China”, quien fue ultimada recientemente en La Yagüita de Pastor, en Santiago.
Las autoridades señalan que Díaz García y su pareja, Roberto Hans Sánchez Tejada, alias “El Flaco”, operaban la distribución de sustancias en esa zona.
El cruce de información entre la Dirección de Investigación (Dicrim) de La Vega y Santiago conectó ambos casos. La Policía Científica confirmó que los casquillos recolectados en la escena del asesinato de «La China» en Santiago coinciden en todas sus características con los levantados donde hallaron a «El Cha» y «La Rata», en el sector La Virgen de Jarabacoa.
El análisis de cámaras de seguridad permitió a las autoridades identificar el vehículo utilizado en el ataque de Santiago: una yipeta Honda CR-V, rojo vino (placa G-763855). El vehículo había sido rentado por Ruddy Manuel Moran Almonte, alias “La Pólvora”, un reconocido delincuente de la zona.
Durante los operativos desplegados en Jarabacoa, la Policía retuvo la yipeta mencionada, la cual era conducida por Erika Martínez Peralta, de 26 años. Al ser interrogada, la joven confesó que «La Pólvora» le había ordenado abandonar el vehículo.
Martínez Peralta guió a unidades élites de la Policía hasta una villa en el sector El Pedregal, donde se escondían los prófugos. Al notar la presencia policial, los hombres armados huyeron hacia una zona boscosa cerca del río Baiguate. Durante la persecución cayó abatido Miguel Marine Rodríguez, alias “La Cabra”.
A «La Cabra» se le ocupó una pistola calibre 9 milímetros. Los análisis balísticos confirmaron que esa fue el arma utilizada tanto en el asesinato de «La China» en Santiago, como en la ejecución de «El Cha» y «La Rata» en Jarabacoa.
La información del GPS proporcionada por la empresa de alquiler de vehículos evidenció que el sistema registró que la yipeta hizo una parada a las 4:15 de la madrugada del 20 de mayo de 2026 en el sector La Virgen, en Jarabacoa. Este fue el lugar y la hora exacta en la que los sicarios ejecutaron y abandonaron los cuerpos de Natanael Peña y el apodado «La Rata».
Santo Domingo, R.D.-Fue aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados el proyecto que tiene el objetivo de reformar la Ley 16-92 del Código de Trabajo, el cual contiene diversas variaciones con respecto al documento actual.
Una de las alteraciones está centrada en la licencia por paternidad otorgada a los trabajadores. Para el Gobierno, el nuevo contenido que tendría la regulación laboral representa “un aumento del 100%”, ya que elevaría el periodo de dos a cuatro días.
“Hemos logrado consensos en aumento en un 100% de la licencia por paternidad a cargo de la empresa”, comunicó el 26 de agosto de 2024 el entonces ministro Luis Miguel De Camps, quien dirigió los diálogos realizados con empresarios y sectores sindicales antes de presentar la base del proyecto de ley que en la actualidad conoce el Congreso Nacional.
En las discusiones que han desarrollado durante más de un año, los legisladores habían acordado elevar la cantidad de días a siete, pero, finalmente, se limitaron a respaldar la recomendación enviada por el Poder Ejecutivo.
“Cuatro días laborables de licencia por paternidad con disfrute de salario para el caso de alumbramiento de la esposa o de la pareja debidamente registrada en la empresa”, dicta el nuevo texto que contendría el artículo 54 del documento.
Asimismo, algunos congresistas entendían necesario incluir a los hermanos en la lista de parientes que son considerados cuando el empleado requiera de una licencia por duelo establecida en cuatro días.
Esto significa que únicamente los familiares que aplican para ese caso son los abuelos, padres, hijos o la pareja del asalariado.
Por otro lado, los representantes de la cámara baja aprobaron también la realización de un cambio en la entrega de las propinas a los empleados de hoteles, restaurantes, cafés, barras y bares, “en general en los establecimientos comerciales donde se expande comida o bebida para su consumo en esos mismos lugares”.
Aunque se registraron intentos por parte de algunos senadores y diputados de eliminar ese apartado, la propuesta legislativa mantuvo el 10% de gratificación que debe entregar el empleador, recolectado de un tributo colocado a cuenta pagada por el consumidor. Esta bonificación no incluye al personal que integra el área gerencial y administrativa.
Según establece la pieza, los trabajadores y empleadores de los establecimientos podrán acordar que el repartimiento porcentual de la propina derive de criterios que “tomen en consideración la generación del porcentaje de propina en cada una de las áreas de servicios de los establecimientos, así como la posibilidad de incluir a quienes no asistieron a sus labores ese día”.
Uno de los temas más conflictivos dentro del proceso de debate que ha causado el tema de la reforma laboral es la cesantía, luego de que el sector empresarial haya manifestado en diversas ocasiones la intención que tienen de modificarla, a través de la colocación de un límite.
El proyecto legislativo también agrega una figura antes no contemplada para los procesos judiciales: El juez conciliador.
Este tendría la responsabilidad de proponer soluciones razonables, a través de reflexiones que considere oportunas, para intentar que el empleador y el asalariado logren un acuerdo cuando tengan conflictos reportados ante los juzgados.
Asimismo, los diputados colocaron un tope para establecer una duración máxima de 24 meses para el término de los procesos judiciales.
Momentos después de que la sociedad conociera sobre la aprobación del documento legislativo, alrededor de 80 colectivos comerciales se pronunciaron a través del Consejo Nacional de las Empresas Privadas (Conep) para expresar su rechazo, ya que “aspectos pueden incrementar costos laborales, generar incertidumbre jurídica y dificultad para generar nuevos empleos formales”.
Los diputados aún no han reaccionado a las debilidades, según aseguran los comerciantes, que contiene supuestamente el proyecto de ley.
Santiago, R.D. – Las labores en los tribunales del pais fueron paralizadas por jueces, juezas y servidores judiciales que denuncian “abandono”, sobrecarga laboral y el deterioro extremo en que aseguran opera actualmente el Poder Judicial.
Vestidos de negro, con pancartas en alto y lanzando consignas frente al Palacio de Justicia de Santiago, cientos de magistrados y empleados judiciales protagonizaron una jornada de protesta que suspendió miles de audiencias y dejó prácticamente paralizada gran parte de la administración de justicia en República Dominicana.
La manifestación, respaldada por más de 450 jueces y más de 2,000 servidores judiciales a nivel nacional, fue definida por sus organizadores como un “grito desesperado” ante años de reclamos ignorados por las autoridades del sistema judicial.
“Este es un día histórico y trascendental para la judicatura nacional”, declaró la magistrada Esther Carolina Reyes Aracena, jueza sustituta de presidente en funciones del Segundo Tribunal Colegiado de Santiago, al explicar que la protesta busca obligar a las autoridades a escuchar las denuncias acumuladas durante años.
Tras el acto, jueces y empleados se trasladaron a sus respectivos tribunales para realizar la cancelación simbólica de los roles de audiencia, oficializando así el paro nacional de 24 horas, que impactará directamente miles de procesos judiciales pendientes.
La jornada alcanzó su punto más fuerte con la lectura del “Manifiesto por la Dignidad de la Justicia”, pronunciado por el magistrado Rubén Uceta, quien lanzó duras críticas contra la gestión administrativa del Poder Judicial y denunció un escenario de “crisis institucional”.
“La justicia no puede sostenerse únicamente sobre vocación, sacrificio personal y compromiso individual. La justicia requiere condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales”, expresó el juez ante decenas de magistrados y servidores que respondían con aplausos y consignas.
El documento describe un sistema judicial golpeado por la falta de jueces, déficit de personal, bajos salarios, exceso de expedientes, renuncias masivas, inseguridad y deterioro de las infraestructuras judiciales.
Según denunciaron, la escasez de personal ha obligado a muchos empleados a asumir funciones equivalentes a las de dos, tres y hasta cuatro personas, mientras magistrados manejan cargas laborales que calificaron como “inhumanas”.
Los jueces también cuestionaron el manejo del presupuesto institucional, denunciando que, mientras tribunales operan en precariedad, se destinan millones de pesos a gastos considerados innecesarios.
Entre los ejemplos señalados, mencionaron el montaje de un árbol navideño valorado en cerca de 11 millones de pesos, así como gastos en publicidad, eventos, viajes, restaurantes e influencers.
“No a la industrialización de la justicia. No a la desigualdad salarial. No a la dilapidación de recursos en privilegios y campañas publicitarias”, proclamó Uceta durante la lectura del manifiesto.
“Ya no es tiempo de diagnósticos ni de planificación; es tiempo de decisiones concretas y ejecutables”, advirtieron.
El manifiesto dejó claro que la protesta no está dirigida contra una persona específica, sino contra “un modelo de gestión” que, según denunciaron, ha ignorado sistemáticamente los reclamos de jueces y servidores judiciales.