Nacionales
Hipólito y Bautista expulsados del PRD
Fueron acusados de insubordinación; Orlando Jorge Mera y Geanilda Vásquez fueron suspendidos por dos años
El secretario general del PRD, Orlando Jorge Mera, rodeado de militantes perredeístas, denuncia que fue impedido de entrar al juicio disciplinario en la Casa Nacional.
Seguidores de los acusados formaron un tumulto frente a la sede del PRD.
Los abogados de la defensa presentaron varios incidentes pero les fueron rechazados y se retiraron de la audiencia.
El Consejo Nacional de Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) expulsó anoche, de manera definitiva, como dirigente y militante de esa organización al expresidente de la República Hipólito Mejía y al presidente en funciones de ese partido, Andrés Bautista, en un juicio disciplinario con pocos precedentes en la historia política del país.
El organismo suspendió de manera temporal, por dos años y con la posibilidad de revisar la sentencia cada seis meses, a Orlando Jorge Mera, secretario general, y Geanilda Vásquez, secretaria de Organización. Las suspensiones también fueron como militantes y dirigentes del partido opositor.
Las medidas que afectan a Mejía y a Bautista fueron tomadas en base a lo establecido en el literal h del artículo 52 de los estatutos del PRD, que prevé la expulsión definitiva de la organización en caso de faltas graves.
A solicitud del fiscal nacional del PRD, el diputado Geovanny Tejada, el Consejo de Disciplina también declaró el defecto de los acusados, dado que sus abogados no concluyeron la audiencia, debido a que decidieron retirarse luego que los miembros del organismo rechazaran la recusación que hicieron a todos los integrantes. El cuerpo de abogados de la defensa, encabezado por Enmanuel Esquea Guerrero, informó el retiro con el argumento de que se violó el derecho al debido proceso. Ninguno de los acusados estuvo presente en la audiencia.
El Consejo de Disciplina del PRD está presidido por Rafael Vásquez (Fiquito) e integrado por Digna Yan, Carmen Aleyda Cruz, Élsida Díaz Salcedo y María Sánchez. Los miembros de ese organismo también acogieron, en cuento a la forma, la querella que presentó el fiscal porque se hizo en el tiempo adecuado y de conformidad a los preceptos legales.
Base de la acusación
Tejada solicitó la expulsión de Mejía y Bautista y la suspensión de Orlando y Geanilda, según sus argumentos, porque violaron los artículos 51 y 55 de los estatutos generales del PRD en varios de sus literales. Entre las faltas documentadas por el fiscal, basadas en informaciones periodísticas y reportes noticiosos, figuran la de insubordinación a la autoridad calificada, fomento del grupismo y el divisionismo; desacatar resoluciones de organismos superiores, promover acciones dirigidas a alcanzar beneficio personal y grupal. Sostuvo que acciones como la reunión de la Comisión Política que propició Mejía en la que se suspendió a Vargas Maldonado viola el artículo 187 de los estatutos que prohíbe el grupismo.
Rechazaron todos los incidentes
El Consejo Nacional de Disciplina del PRD rechazó todos los incidentes que presentaron los abogados de los cuatro acusados al considerarlos improcedentes, mal fundados y carentes de base legal. Los abogados solicitaron al organismo que suspendiera la audiencia hasta que el Tribunal Superior Electoral (TSE) falle un recurso de nulidad que interpuso el grupo y que busca dejar sin efecto varias resoluciones del PRD en distintos procesos, lo cual también fue rechazado.
Crónica de una expulsión anunciada
El tumulto de miembros y dirigentes de todos los niveles del PRD por acceder a la Casa Nacional comenzó temprano, a pesar de que la cita era para las 9:00 de la mañana. Algunos diputados resultaron con sus trajes rotos y otros sufrieron empujones de agentes policiales y de la seguridad del PRD que a toda costa impidieron su entrada. Alrededor de las 9:30 llegaron Orlando y Geanilda, pero no pudieron entrar a la sala de audiencias debido a que insistían en ingresar con una veintena de dirigentes, solicitud que fue rechazada por el Consejo de Disciplina. Mientras que Esquea Guerrero insistió para que entraran solos. Luego de iniciada la audiencia, un tumulto rompió el cerco policial lo que obligó a los agentes a lanzar gases lacrimógenos que incluso alcanzaron a la exvicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch, razón por la que tuvo que recibir asistencia médica. Los efectos de las bombas lacrimógenas se mantuvieron por casi media hora, lo que al parecer provocó el desparpajo de la multitud. A partir de ahí en las afueras de la Casa Nacional del partido blanco el ambiente fue de tranquilidad. Pero en la medida en que afuera la situación se calmó, subió la temperatura en la sala de audiencia, especialmente para el dirigente Tony Peña Guaba, quien se paró de su asiento para anunciar que un grupo de dirigentes se iban a retirar porque “este es un juicio viciado”.
¡Vámonos! Proclamó, pero nadie lo siguió y de ñapa varios le vocearon: “te vas solo, Tony”. Finalmente, la sentencia fue emitida pasadas las 9:00 de la noche, después de más de 10 horas de iniciado el proceso.
No harán caso
El vocero de Hipólito Mejía, Héctor Guzmán, afirmó que ni aceptan, ni tiene validez, ni le harán caso a la expulsión. Catalogó la decisión como un show parecido al del programa radial la “Tremenda Corte, de Tres Patines”. Indicó que no recurrirán la decisión ante el TSE, debido a que el fiscal y el presidente del Consejo Disciplinario ya fueron recusados y esos recursos están pendientes de fallo.
Manifestó que a partir de esta semana inician un proceso a nivel nacional para promover una convención donde los perredeístas escojan sus autoridades en un proceso interno que deberá efectuarse este mismo año.
Decisión del TSE podría salvar a los expulsados
El recurso de nulidad pendiente de fallo por el Tribunal Superior Electoral y que busca anular varias resoluciones del PRD podría ser la única vía del grupo de dejar sin efecto las sanciones. Entre las medidas que la acción busca anular figuran la elección de Rafael Vásquez en el Consejo de Disciplina, la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de junio de 2012 y la segunda fase de la última convención del PRD efectuada en el 2010.
Hipólito recibió apoyo de dirigentes
En la sala de audiencia se observó a varios de los seguidores de Mejía entre ellos los esposos Vicente Sánchez Baret y Yadira Henríquez, César Sánchez, César Cedeño y los diputados Eugenio Cedeño y José Manuel Cabrera. La mayoría se retiró luego que los abogados anunciaron que no seguirían en la audiencia. Durante su ponencia, Enmanuel Esquea Guerrero presentó una sentencia que emitió el Partido Dominicano, propiedad de Rafael Leonidas Trujillo, que se emitió en un juicio similar en el 1955 contra un grupo de dirigentes de esa organización política. El abogado informó que presentó el escrito por si se necesitaba alguna referencia y para que constara en acta. En la historia post Trujillo, en el país no se conoce que un dirigente político haya sido sometido a un juicio disciplinario en su organización.
Cáncer
Fisca.l Las acciones de Mejía, el PRD debió detenerlas hace mucho tiempo porque “el cáncer hay que cortarlo con tiempo”.
Íntegra
Proceso. La sentencia íntegra de las sanciones será leída el viernes a las 4:00 de la tarde en el PRD.
Nacionales
Pronto el Ministerio Público hablará de un segundo capítulo del caso Senasa, según Wilson Camacho.
Santo Domingo, R.D.-Luego de la ratificacion de la medida de coercion en contra de los imputados del caso Senasa, Wilson Camacho, voce del Ministerio Público volvió a señalar que la versión dos del escándalo de corrupción pronto será conocido.
“Estamos avanzando. Ustedes saben que es una investigación abierta y hay que cuidar los detalles para no afectar esa investigación, pero les aseguro que muy pronto nos estaremos viendo de nuevo hablando de la versión 2.0 de Operación Cobra”, dijo el magistrado.
Asimismo, volvió a prometer que toda persona que haya participado en ese entramado que desfalcó al Estado con alrededor de 15 mil millones de pesos “se presentará ante los tribunales, se los aseguro”.
Al fallar el fondo de la apelación, la corte desestimó los recursos de Santiago Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Franciscó Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speaklear Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Por vía de consecuencia, confirmó en todas sus partes la resolución impugnada, que impuso la medida de coerción consistente en prisión preventiva por un espacio de 18 meses.
La prisión la cumplen en las cárceles de Las Parras y Najayo Mujeres.
El pleno del tribunal, integrado por los magistrados Isis Muñoz (presidenta), Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, también decidió mantener en arresto domiciliario, presentación de garantías económicas e impedimento de salida del país para Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo.
Santo Domingo, R.D.-Los defensores en el caso Calamar del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, presentaron en el tribunal hoy sus argumentos finales con el objetivo de desmontar la acusación del Ministerio Público sobre supuestas irregularidades millonarias en expropiaciones de terrenos y pagos a contratistas.
El doctor Eduardo Núñez planteó a la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que la imputación carece de fundamento legal y material y que es materialmente imposible que Donald Guerrero haya cometido los delitos que se le imputan.
“Donald Guerrero es inocente, y los propios documentos del Estado acrediten una gestión transparente en el Ministerio de Hacienda”, acotó el abogado en sus argumentos planteados al tribunal.
Sostiene que se trata de documentos fabricados al margen de la ley, producidos sin permitir la contradicción ni la participación ni el derecho de defensa de las personas investigadas, en franca violación del artículo 69 de la Constitución.
Afirmó que dichos informes no responden a un ejercicio técnico ni imparcial, sino a un intento deliberado de crear documentos para justificar acciones que se querían llevar a cabo y dar apariencia de legalidad a una narrativa que no respondía a hechos reales, con el fin de venderle al país una historia que no se corresponde con la verdad.
El jurista explicó que en el período comprendido entre el año 2021 y 2024 se realizaron informes de auditoría sobre expropiaciones del Ministerio de Hacienda atribuidas a una Unidad Antifraude que no existe legalmente.
Esa auditoría, indicó, se llevó a cabo sin notificar, sin permitir participación y sin otorgar acceso a la información a las personas bajo escrutinio, en abierta violación de las normas básicas del debido proceso administrativo.
A juicio de la defensa, se trata de una actuación fabricada al margen del ordenamiento jurídico, utilizada durante más de cuatro años para respaldar decisiones administrativas y judiciales, aun cuando se conocía que el órgano que produjo el informe carecía de existencia jurídica.
Núñez recordó que no fue sino hasta el 14 de julio de 2025 cuando el Poder Ejecutivo creó formalmente la Unidad Antifraude mediante el Decreto 382-25, varios años después de que esa supuesta unidad realizará los trabajos que sirvieron de base al proceso penal.
Igualmente, indicó que el Decreto 382-25 es inconstitucional porque asigna facultades que afectan derechos fundamentales por medio de un decreto.
Manifestó que la acusación se sostiene sobre dos tipos de pagos que el Ministerio Público ha intentado presentar como irregulares, cuando en realidad corresponden a obligaciones legales acumuladas del Estado.
Santo Domingo, R.D.-Una pena máxima de 20 años de cárcel solicitó el Ministerio Público este jueves en sus conclusiones formales en el juicio de fondo que se sigue contra los implicados en el caso Coral, cuyo cabecilla es el general Adam Cáceres y 5 para el delator, Raúl Alejandro Girón Jiménez.
La fiscalía solicitó al tribunal imponer una condena de 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou (exdirector del CESTUR), Rafael Núñez de Aza, Rafael Camilo de los Santos Viola
En el caso del mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón, por su decisión fundamentada en la cooperación efectiva y el aporte de información clave para desmantelar la estructura, el Ministerio Público solicitó una pena reducida de 5 años de prisión y una multa de 200 salarios mínimos.
Mayor general Adán Cáceres se queja de violaciones a sus derechos fundamentales.
El Ministerio Público propuso que se tome en consideración el tiempo que el imputado ha cumplido bajo arresto domiciliario para dar la pena por cumplida en su totalidad o que el tiempo restante sea bajo la modalidad de pena suspendida, sujeta a reglas específicas.
Esto residir en un domicilio fijó aportado al tribunal, abstenerse del porte y tenencia de armas de fuego, presentarse mensualmente ante el juez de ejecución de la pena.