Opinión
Historia dominicana: Mitos y deformaciones
Por Oscar López Reyes
La proporción del saber histórico de los dominicanos ondula en el anclaje temporal de la escasez y la superficialidad, que raya en el bochorno y el escándalo, en el incesante requerir de una urgente transformación curricular, pedagógico, textual y contextual de su instrucción y aprendizaje. Los que conocen la historia a profundidad pueden ser contados con los dedos: una flor y nata consagrada y altamente familiarizada con las bibliotecas especializadas y el diálogo socrático.
El ramal poblacional mayoritario guarda referencias vagas y orales de sus raíces socio-culturales, la herencia indígena, africana y española; el descubrimiento de la isla de Santo Domingo, la ocupación haitiana, la guerra de independencia, la anexión a España y la gesta restauradora, las invasiones militares norteamericanas y la revolución constitucionalista de 1965.
Por igual, rememoran básicamente los nombres de los padres fundadores de la República: Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, y los próceres de la patria, como Gregorio Luperón, Manuel Aurelio Tavárez Justo (Manolo) y Francisco Alberto Caamaño Deñó. También, de los gobernantes autocráticos Pedro Santana, Ulises Heureaux (Lilís) y Rafael Leónidas Trujillo Molina.
Profesores de casi todos los países de América Latina que participamos en el Congreso Panamericano sobre la Enseñanza de la Historia (1, 8, 15 y 22 de agosto de 2024, en Santo Domingo, en la modalidad virtual), verificamos una constante en la enseñanza de América Latina: deformaciones, mitos e inexactitudes en las narraciones cronológicas de los textos oficiales impuestos por las clases dominantes y las potencias hegemónicas.
Paralelamente han impactado en la negatividad la estrechez de recursos didácticos, como libros de texto, y tecnológicos; la deficiencia formativa de docentes, la desmesurada memorización, el exiguo entendimiento, el bajo hábito de lectura, la evaluación numérica, casi nula investigación y la simplificación expositiva en las aulas, en una disciplina signada por la extensividad en el tiempo y la complejidad por la multiplicidad de informaciones sobre los procesos históricos.
Los relatos sobre los acuerdos relevantes y las contradicciones conflictivas; los cambios políticos, económicos y sociales; las creencias, tradiciones y otras facetas de la vida del pasado remoto y reciente empinaron en el citado evento auspiciado por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, a través de su Comisión de Historia, que preside el dominicano Filiberto Cruz Sánchez. Rutilaron dos exposiciones: la de Petronila Dotel Matos, integrante de la Comisión de Historia, y la de María Filomena González Canalda, maestra de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
La profesora Dotel Matos recalcó que “Los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales nos siguen diciendo que los avances no son los esperados… siguen siendo preocupantes. Según el Plan Estratégico 2023-2024, solo el 9.8% de estudiantes logra un nivel satisfactorio de competencia en ciencias sociales en la evaluación diagnóstica de tercer grado de secundaria”.
Simétricamente, explicó que “Los maestros de Historia son cada día menos, solo una universidad de las más de 50 que existen en el país tiene la Historia como carrera, además no se comprende la importancia de analizarla desde las Ciencias Sociales a pesar de que las universidades están graduando profesores en esa área”.
En esa misma pendiente, la también profesora González Canalda describió nueve mitos que, a su juicio, están presentes en la historia oficial de la enseñanza preuniversitaria en República Dominicana: 1) Los supuestos cinco cacicazgos en que estaba dividida la isla a la llegada de los europeos”, 2) “El financiamiento del primer viaje de Cristóbal Colón…con la ayuda de la reina Isabel La Católica”, 3) “la Batalla de la Vega Real”, 4) “La composición étnica del pueblo dominicano”, que realza a los españoles y disminuye a los taínos y africanos, 5) “el degüello de Moca de 1805”, 6) “las medidas del gobierno de Jean Pierre Boyer”, 7) “la Guerra dominico-haitiana”, 8) “la usurpación de territorios dominicanos por la República de Haití”, y 9) “los logros de Rafael L. Trujillo durante su dictadura”.
Los dos temas merecen ser desmenuzados durante un seminario, con la intervención de opinantes de distintos horizontes, que formulen planteamientos significativos y urgen en estos procesos y sus actores. Tienen las palabras la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, la Academia Dominicana de Historia, el Instituto Duartiano, la Escuela de Historia de la UASD, el Archivo General de la Nación y la Sociedad Dominicana de Bibliófilos.
En el registro y estudio de los más disímiles aconteceres de los ciclos temporales, la historia se asienta como una de las disciplinas sociales y científicas más ancestrales, y la que está llamada a ser una clarinada para promover los símbolos patrios y la identidad nacional en la creación de la conciencia ciudadana y el pensamiento reflexivo y crítico.
Y para triturar la penetración cultural por intermedio del neocolonialismo, tenemos que comprender cómo fue forjada la nación y cuáles han sido nuestros orígenes étnicos y los personajes heroicos. Nos convoca a aprender de las experiencias y lecciones pretéritas y a redescubrir nuestras fortalezas para contextualizar y apuntalar nuevas perspectivas hacia una colectividad más robusta en valores patrióticos y democráticos. O sea, la conciencia histórica encarna como una senda para la participación y la acción en el presente.
La conciencia histórica, han dicho historiadores y filósofos, ha sido una herramienta para la educación democrática y la forja de ciudadanos libres. Para el alemán Jörn Rüsen (Duisburgo, 19 de octubre de 1938) “crea una relación activa con su pasado mediante una experiencia temporal, que debe ser percibida e interpretada antes de volverse elemento de orientación y motivación en la vida humana”.
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El autor: directivo de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, miembro de número del Instituto Duartiano y miembro colaborador de la Academia Dominicana de la Historia.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.