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Opinión

Historia dominicana: Mitos y deformaciones

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Por Oscar López Reyes

La proporción del saber histórico de los dominicanos ondula en el anclaje temporal de la escasez y la superficialidad, que raya en el bochorno y el escándalo, en el incesante requerir de una urgente transformación curricular, pedagógico, textual y contextual de su instrucción y aprendizaje. Los que conocen la historia a profundidad pueden ser contados con los dedos: una flor y nata consagrada y altamente familiarizada con las bibliotecas especializadas y el diálogo socrático.

El ramal poblacional mayoritario guarda referencias vagas y orales de sus raíces socio-culturales, la herencia indígena, africana y española; el descubrimiento de la isla de Santo Domingo, la ocupación haitiana, la guerra de independencia, la anexión a España y la gesta restauradora, las invasiones militares norteamericanas y la revolución constitucionalista de 1965.

Por igual, rememoran básicamente los nombres de los padres fundadores de la República: Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, y los próceres de la patria, como Gregorio Luperón, Manuel Aurelio Tavárez Justo (Manolo) y Francisco Alberto Caamaño Deñó. También, de los gobernantes autocráticos Pedro Santana, Ulises Heureaux (Lilís) y Rafael Leónidas Trujillo Molina.

Profesores de casi todos los países de América Latina que participamos en el Congreso Panamericano sobre la Enseñanza de la Historia (1, 8, 15 y 22 de agosto de 2024, en Santo Domingo, en la modalidad virtual), verificamos una constante en la enseñanza de América Latina: deformaciones, mitos e inexactitudes en las narraciones cronológicas de los textos oficiales impuestos por las clases dominantes y las potencias hegemónicas.

Paralelamente han impactado en la negatividad la estrechez de recursos didácticos, como libros de texto, y tecnológicos; la deficiencia formativa de docentes, la desmesurada memorización, el exiguo entendimiento, el bajo hábito de lectura, la evaluación numérica, casi nula investigación y la simplificación expositiva en las aulas, en una disciplina signada por la extensividad en el tiempo y la complejidad por la multiplicidad de informaciones sobre los procesos históricos.

Los relatos sobre los acuerdos relevantes y las contradicciones conflictivas; los cambios políticos, económicos y sociales; las creencias, tradiciones y otras facetas de la vida del pasado remoto y reciente empinaron en el citado evento auspiciado por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, a través de su Comisión de Historia, que preside el dominicano Filiberto Cruz Sánchez. Rutilaron dos exposiciones: la de Petronila Dotel Matos, integrante de la Comisión de Historia, y la de María Filomena González Canalda, maestra de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La profesora Dotel Matos recalcó que “Los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales nos siguen diciendo que los avances no son los esperados… siguen siendo preocupantes. Según el Plan Estratégico 2023-2024, solo el 9.8% de estudiantes logra un nivel satisfactorio de competencia en ciencias sociales en la evaluación diagnóstica de tercer grado de secundaria”.

Simétricamente, explicó que “Los maestros de Historia son cada día menos, solo una universidad de las más de 50 que existen en el país tiene la Historia como carrera, además no se comprende la importancia de analizarla desde las Ciencias Sociales a pesar de que las universidades están graduando profesores en esa área”.

En esa misma pendiente, la también profesora González Canalda describió nueve mitos que, a su juicio, están presentes en la historia oficial de la enseñanza preuniversitaria en República Dominicana: 1) Los supuestos cinco cacicazgos en que estaba dividida la isla a la llegada de los europeos”, 2) “El financiamiento del primer viaje de Cristóbal Colón…con la ayuda de la reina Isabel La Católica”, 3) “la Batalla de la Vega Real”, 4) “La composición étnica del pueblo dominicano”, que realza a los españoles y disminuye a los taínos y africanos, 5) “el degüello de Moca de 1805”, 6) “las medidas del gobierno de Jean Pierre Boyer”, 7) “la Guerra dominico-haitiana”, 8) “la usurpación de territorios dominicanos por la República de Haití”, y 9) “los logros de Rafael L. Trujillo durante su dictadura”.

Los dos temas merecen ser desmenuzados durante un seminario, con la intervención de opinantes de distintos horizontes, que formulen planteamientos significativos y urgen en estos procesos y sus actores. Tienen las palabras la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, la Academia Dominicana de Historia, el Instituto Duartiano, la Escuela de Historia de la UASD, el Archivo General de la Nación y la Sociedad Dominicana de Bibliófilos.

En el registro y estudio de los más disímiles aconteceres de los ciclos temporales, la historia se asienta como una de las disciplinas sociales y científicas más ancestrales, y la que está llamada a ser una clarinada para promover los símbolos patrios y la identidad nacional en la creación de la conciencia ciudadana y el pensamiento reflexivo y crítico.

Y para triturar la penetración cultural por intermedio del neocolonialismo, tenemos que comprender cómo fue forjada la nación y cuáles han sido nuestros orígenes étnicos y los personajes heroicos. Nos convoca a aprender de las experiencias y lecciones pretéritas y a redescubrir nuestras fortalezas para contextualizar y apuntalar nuevas perspectivas hacia una colectividad más robusta en valores patrióticos y democráticos. O sea, la conciencia histórica encarna como una senda para la participación y la acción en el presente.

La conciencia histórica, han dicho historiadores y filósofos, ha sido una herramienta para la educación democrática y la forja de ciudadanos libres. Para el alemán Jörn Rüsen (Duisburgo, 19 de octubre de 1938) “crea una relación activa con su pasado mediante una experiencia temporal, que debe ser percibida e interpretada antes de volverse elemento de orientación y motivación en la vida humana”.

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El autor: directivo de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, miembro de número del Instituto Duartiano y miembro colaborador de la Academia Dominicana de la Historia.

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Opinión

La inmunidad de altos funcionarios

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Por Rommel Santos Diaz

A  fin de garantizar el desarrollo de sus actividades, determinados funcionarios estatales gozan de una prerrogativa por medio de la cual no puede ser sometido a un proceso penal  si previamente el Congreso, u otra instancia no otorga su autorización.

La inmunidad, como lo ha señalado la doctrina, es una institución que fue establecida  con un objetivo concreto, cual es el de poner freno a las intenciones políticas de interrumpir el normal desarrollo de las actividades de una importante autoridad pública.

De acuerdo al Estatuto de Roma, esta prerrogativa de los altos funcionarios no constituye un impedimento para que pueda juzgarse a estas personas. Así lo establece el Art. 27 del Estatuto  de Roma.

El artículo 27 del Estatuto de Roma establece que el mismo será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial.

En particular el cargo oficial, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno , miembro  de un gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.

Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleven el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho  interno o al derecho internacional, no obstan para que la Corte Penal Internacional  ejerza su competencia sobre ella.

La prerrogativa de la inmunidad se encuentra prevista en algunos casos en las normas constitucionales  o en las leyes. En este último caso, cualquier posible contradicción con el Estatuto de Roma puede solucionarse con la reforma de la legislación respectiva.

Sin embargo, cuando la inmunidad se encuentra  prevista en la constitución el asunto se complica,  ya que por su naturaleza , es una norma que exige para su modificación un proceso más rígido.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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Opinión

Treinta años de leyes. Casi dos generaciones esperando.

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Dr. Isaías Ramos

Durante casi treinta años, la República Dominicana ha recibido una advertencia tras otra sobre la calidad de su educación y la formación de sus ciudadanos.

Han cambiado gobiernos, programas, funcionarios y discursos.

Lo que demasiado poco ha cambiado son los resultados.

Cada vez que llega una nueva evaluación repetimos el mismo ritual: alarma, titulares, explicaciones, promesas. Después pasa la noticia y continuamos.

Así llevamos demasiado tiempo.

La Ley General de Educación 66-97 definió con extraordinaria claridad el ciudadano que debía formar la escuela dominicana.

Su artículo 5 ordena formar personas libres, críticas y creativas; ciudadanos amantes de su familia y de su patria, conscientes de sus deberes, derechos y libertades, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana. También manda fortalecer la identidad nacional y educar en valores morales y éticos, solidaridad, trabajo productivo y servicio comunitario.

Desde 2010, la Constitución reforzó ese mandato: formación social y cívica, enseñanza constitucional, valores patrios y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.

El mandato nunca faltó.

Después llegaron las advertencias.

El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA, ha mostrado reiteradamente graves dificultades de nuestros jóvenes para comprender, razonar y aplicar conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias.

El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS, reveló profundas debilidades en conocimientos y competencias cívicas.

Nuestras propias Pruebas Nacionales también han mostrado desempeños modestos al concluir la secundaria.

Y la Encuesta de Cultura Democrática volvió a encender alarmas sobre dimensiones esenciales de nuestra cultura ciudadana.

No fueron hechos aislados.

Fueron advertencias acumuladas durante años.

Es justo reconocer avances. Entre PISA 2018 y 2022 el país mejoró significativamente en matemáticas, lectura y ciencias. Pero en 2025 esos avances no continuaron: los resultados fueron estadísticamente similares a los de 2022.

Después de mejorar, nos estancamos.

Y ahí surge la pregunta que la nación merece responder:

¿cómo es posible que, después de tantos diagnósticos, no hayamos tenido la voluntad política, la determinación institucional y la continuidad necesarias para implementar plenamente los fines educativos que nosotros mismos convertimos en ley y mandato constitucional?

No faltaron normas.

No faltaron pruebas.

No faltaron diagnósticos.

Faltaron voluntad política, determinación institucional y continuidad para convertir la educación y la formación ciudadana en una verdadera causa nacional.

Y eso tiene un costo humano.

Ya no hablamos solamente de porcentajes y rankings.

Hablamos de casi dos generaciones de dominicanos que atravesaron el sistema mientras sabíamos que no estábamos formando las competencias académicas y ciudadanas que necesitaban para dirigir sus vidas y, algún día, conducir la República.

¿Quién responde por ellos?

¿Dónde está el gran programa nacional para recuperar y fortalecer a quienes ya salieron de las aulas con brechas académicas y cívicas que el propio sistema había identificado?

En 2025, el Consejo Nacional de Educación aprobó la Ordenanza 02-2025 para incorporar explícitamente la Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana. Hoy vuelve a discutirse legislativamente la obligatoriedad de esa formación.

Bienvenidas sean esas iniciativas.

Pero debemos hacernos una pregunta más profunda:

¿cuántas veces tendremos que escribir la misma obligación antes de convertirla en conducta?

Porque el verdadero problema dominicano no parece ser la ausencia de normas, sino la distancia entre lo que proclamamos y lo que cumplimos.

Ahí la calle compite contra el aula.

Le enseñamos al niño a respetar la ley, pero observa que violarla puede no tener consecuencias.

Le hablamos de mérito mientras contempla favoritismo.

Le exigimos puntualidad mientras normalizamos la impuntualidad.

Le hablamos de responsabilidad mientras ve autoridades incumplir sus propias reglas.

Y debemos comprender algo esencial:

cada autoridad también educa.

Cuando quien ejerce poder incumple una norma sin consecuencias, está impartiendo una clase de educación cívica en sentido contrario.

Por eso no necesitamos simplemente otra asignatura.

Necesitamos una Revolución Cívica que abarque escuela, familia, iglesias, comunidad, empresa y Estado; que alcance también a quienes ya dejaron las aulas; que convierta el cumplimiento en hábito, el mérito en estímulo, el buen ejemplo en norma y la responsabilidad en valor nacional.

No se trata de buscar culpables eternos.

Se trata de asumir una responsabilidad histórica y corregir el rumbo.

Porque ninguna Constitución puede proteger una República cuyos ciudadanos aprenden a ignorarla.

Casi dos generaciones han atravesado ya este proceso.

Y serán esas mismas generaciones las que, tarde o temprano, recibirán la conducción del país.

Todavía estamos a tiempo de cambiar la enseñanza.

Pero el tiempo no es infinito.

La pregunta que debemos responder como nación es ésta:

¿seguiremos administrando el deterioro, o tendremos finalmente el carácter, la voluntad, la determinación y la fidelidad a nuestra Constitución necesarios para formar ciudadanos capaces de construir, respetar y defender la República que prometimos ser?

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Opinión

Ser enemigo de un periodista

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Por Oscar López Reyes

Demetrio, Higinio y Marcelo, exfuncionarios estatales imbuidos de un hinchado poder político, no prestaron oídos del precavido refrán: “A chica boca, chica sopa” y, cual volcán, cada uno por su lado se arrojó -como si tuvieran en misiones espaciales en diferentes temporadas y universos cósmicos- a hostigar y a perseguir a un periodista respetuoso y cumplidor. La maledicencia, agazapada en villanías, les hizo olvidar que para participar en foros había que tener los bozos limpios.

Ninguno de los tres judicializables estuvo en la mirilla del tranquilo Gael Otero, a quien jamás dejaron de incordiarlo inmisericordemente, sin motivo aparente. Empero, sin este reportero/articulista buscarlos, en sus manos se posaron -como si fueran enviados por un molesto extraterrestre- datos incriminatorios sobre sus acosadores, que lo dejaron perplejo. ¿Cuál fue su reacción?

Los hechos y personajes a ser descritos son reales, ocurridos en Santo Domingo, República Dominicana, en años recientes, aunque sus protagonistas pudieran llamarse Piernavieja (abogado), Pieldelobo (administrador de empresas) y Viejobueno (ingeniero). Sus verdaderos patronímicos son Demetrio Gabilondo, Higinio Quintana y Marcelo Mosquera, el trío diabólico que, visiblemente con el sistema límbico y el tronco encefálico dislocados, asediaron y se pusieron a la caza de Gael, como si fuera un ladrón. ”El cazador cazado”, ¡qué ironía!

Primero. Demetrio: en el examen de tesis de grado, un miembro del jurado al estudiante de periodismo Gael le asignó 98 y otro 95, que ponderaron la metodología en el abordaje, la capacidad investigativa y el pensamiento crítico. El tercer juez docente, Demetrio, emitió su veredicto sin consultar a sus dos colegas: un 40. Cuando el ya graduado aspiró a ser maestro, en un examen le colocó un 0 y en el año que presentó un proyecto para crear una unidad académica en la universidad estatal, lo boicoteó, a la clara. Posteriormente, este abogado lo importunaba en reuniones de las lides gremiales. ¿Y por qué…?, se preguntaba Gael.

Sorpresa: Un domingo en la mañana, mientras Gael chequeaba su agenda en la redacción del periódico Hoy, su director Virgilio Alcántara le entregó un documento que había recibido, con acusaciones comprometedoras contra Demetrio. Le instruyó enfáticamente para que profundizara en la investigación. Si no inquirí estos papeles, si este caballero me ha pisoteado insistentemente -reflexionó Gael- y ahora tengo esta encomienda del director del matutino, por qué no hacer mi trabajo y focalizar el tema con superficialidad.

La indagatoria duró más de una semana, y los hallazgos encontrados fueron demoledores. Escribió tres amplios reportajes y el director del rotativo los publicó en tres primeras páginas. El escándalo no pudo ser más vergonzoso, en el pico de la gravedad. El consejo directivo de la institución donde laboraba el jurista sesionó de emergencia, con el documento original y los reportajes en la mesa. La cancelación de Demetrio fue inevitable. ¡Vaya!

Marcelo: En los años 2018-19, a Gael pretendió trazarle pautas, sin ser su jefe; humillarlo e imponérsele, sin razón, en el organismo gubernamental en la cual ambos ofrecían sus servicios profesionales. Narcisista indecoroso y arrogante, Marcelo escudriñaba fallas en el accionar de Gael, para reportarlo ante la máxima autoridad. Cuando este difundía algún texto periodístico, lo separaba, subrayaba puntos específicos y lo llevaba al mando superior, su amigo de muchos años, con recomendaciones despiadadas. Jamás aceptó conciliación, aun comprobándose que incurría en irrefutables conflictos de intereses.

Asombro: Un colega y amigo del periodista Gael sintió estupor al enterarse del drama –a través de un tercero- y decidió rastrear las andanzas de Marcelo en la administración pública, así como sus actuales relaciones y comportamiento. Descubrió que como director administrativo-financiero hacía negocios con otras instituciones públicas. Siendo así, la única alternativa de la alta gerencia fue su despido. ¡Qué pena! ¿Acaso funge ahora con las mismas funciones en otra dependencia estatal?

Higinio: Después que, con el tráfico de influencia política, truculentamente este ingeniero se enriqueció con la adjudicación de contratos a sobreprecios –y con desvíos de fondos públicos desde un organismo público hacia una corporación en la cual era un testaferro- fuera del gobierno –¡Qué viva Odebrecht!- se dedica actualmente a querer socavar las imágenes de personas honradas, desde un digital en el cual se proclama, sin asearse los colmillos, “comunicador”. ¡Qué tupé!

Espanto: El legajo de documentos acumulados por indignados de organizaciones de interés social sirvió para instrumentar un expediente, depositado en la Procuraduría General de la República para que se añadiera a otro más grande divulgado públicamente, vinculada a la gestión 2012-1016. En una cama supercómoda, el imputado Higinio languidece, dando sus últimos suspiros, y pocos saben que fue por su doble osadía: sustraer, usurpar como “comunicador” y atacar para aparentar… ¡Desvergonzado!, ¿sí o no?

Demetrio, Higinio y Marcelo vituperaban a Gael sin conocer sus facultades divinas: cada vez que este emprendía un proyecto y otros hacían lo mismo, avanzaba con tanta prontitud que los paños y lienzos de sus competidores eran tirados en barrancos. Idénticamente, meses después de que un elocuente lo encaraba con alevosía, ese alevoso moría súbitamente, como aconteció con dos de los tres judicializables. El otro de similar estirpe quedó entrampado en la peor hoguera, porque sufre más que Juana de Arco.

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El autor: periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.

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13 de septiembre de 2026

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