Opinión
Honduras: EU y mafias dominantes emprenden contra-ataque sangriento
Por Narciso Isa Conde
En el 2009 Honduras fue la primera víctima del contra-ataque estadounidense a la ascendente oleada de cambios por la segunda independencia continental iniciada con el proceso bolivariano liderado por el Comandante Chávez.
El primer intento de revertir ese proceso se ejecutó en Venezuela con el fracasado golpe militar del 2002 contra el Gobierno de Chávez.
El segundo se materializó a raíz de los cambios progresivos en Honduras, situada entre la Nicaragua Sandinista y El Salvador en tren de victoria del FMLN, justo en el centro del istmo centroamericano, zona de especial importancia geopolítica y militar para EEUU y su Comando Sur; evidente en el rol asignado a la Base Militar de Soto Cano, ubicada en Palmerola-Honduras, donde se orquestó el golpe contra el Gobierno Liberal de Zelaya.
Hay que reconocer que bajo el influjo de esa formidable oleada continental, que traducida en importantes victorias gubernamentales se extendió a Sur y Centroamérica, el Presidente Zelaya optó y anunció importantes reformas sociales y políticas, incorporó a Honduras a PETROCARIBE y al ALBA, fortaleció la alianza con Chávez y estableció relaciones con Cuba; al tiempo de organizar una consulta popular para llevar a cabo una Constituyente Soberana que permitiera iniciar transformaciones políticas y sociales de mayor profundidad.
Y esto desató la conspiración golpista tutelada por EEUU con una saña propia del coloniaje abusivo contra un país mucho más débil que Venezuela.
- Desenlaces distintos en la Venezuela del 2002 y Honduras del 2009.
El pueblo venezolano, con el respaldo de un amplio sector militar chavista, pudo hacer los que siete años después no logró el hondureño.
En Honduras no fue posible derrotar el golpe tanto por la falta de respaldo militar democrático a la formidable resistencia popular desatada, como por el cansancio y debilidades propias de su liderazgo político liberal (concentrado en la figura de Manuel Zelaya-Mel) y la actitud transaccional de los Estados que lo respaldaron.
Finalmente se negoció la salida a la crisis de gobernabilidad y se aceptó la permanencia del régimen a cambio de una apertura electoral temporal, de importantes espacios democráticos y de una significativa presencia legal del liderazgo y sus fuerzas democráticas al interior del país.
En ese nuevo contexto se dividió el poderoso FRENTE NACIONAL DE LA RESISTENCIA POPULAR-FNRP, que había escenificado junto a su pueblo, durante varios meses, unas de las luchas más estelares de la historia reciente de nuestra América.
Importantes sectores del mismo y la facción del Partido Liberal que se mantuvo leal al liderazgo democrático y al progresismo de Mel Zelaya constituyeron un nuevo partido bajo las siglas de LIBRE, que logró la supremacía en el campo de la oposición electoral, rompiendo el viejo bi-partidismo y debilitando sensiblemente al Partido Liberal que lo había traicionado.
Las izquierdas más independientes, integradas sobre todo por movimientos sociales y políticos-sociales radicales y por sectores revolucionarios de la izquierda tradicional, conservaron parte de su fuerza y significativos liderazgos sociales acumulados durante la resistencia al golpe; pero se vieron afectadas por la falta de unidad y su limitada incidencia electoral en comparación con LIBRE.
EEUU, la derecha y la extrema derecha lideradas por el Partido Nacional (oficialista-golpista-conservador) optaron entonces, desde el Estado y el Gobierno, desde el poder constituido, por limitar y revertir los avances de la diversidad social y política de la oposición progresista y de izquierda; a base de pura represión militar-policial sangrienta, incremento y concentración de su poder económico, gansterización de la dominación política e implementación de fraudes y trampas a granel.
El presidente Porfirio Lobo fue impuesto en el 2009 mediante un gran fraude.
Igual aconteció con la candidatura de Juan Orlando Hernández en el 2013.
El Partido Nacional y la gran burguesía transnacional y local -ambas articuladas al militarismo fascistoide, a las mafias internacionales y criollas asociadas a ellas y a su corrompida partidocracia-, asumiendo un neoliberalismo feroz, avanzaron a raíz del desenlace negociado de la crisis post-golpe hacia un control más férreo y absoluto de todos los poderes e instituciones del Estado, esto es, hacia la conformación de una dictadura constitucional de corte terrorista.
Así Honduras ha quedado controlada por 17 familias súper-enriquecidas y por unos 225 híper-millonarios, con fortunas superiores a los 150 millones de dólares; mientras el 71% de su población vive por debajo de los límites de la pobreza y un altísimo porcentaje en la franca indigencia.
Su población trabajadora se ha trasladado de más en más hacia los EEUU, la mayoría en condición de inmigrantes ilegales (con todas sus dramáticas consecuencias), aportando 3 mil millones de dólares anuales que son manejados a beneficio de las elites sociales.
Las remesas y el narcotráfico constituyen los pilares de su economía, superando con creces las exportaciones agrícolas y el turismo; situándose adicionalmente la minería destructiva a cargo del capital transnacional como una de las grandes y actuales amenazas contra sus fuentes de agua y su medio ambiente, y como tema de grandes e intensas controversias sociales.
Especial incidencia ha tenido el Estado narco-terrorista colombiano en la instrumentación del terror y en el desarrollo del paramilitarismo en ese hermano país, así como las narcos-mafias mexicanas y colombianas en la gansterización del poder establecido.
El tristemente famoso Cartel del Valle de Colombia se destaca en el patrocinio del negocio de las drogas y la violencia paramilitar, y se combina con las asesorías policiales y militares para potenciar la violencia estatal y para-estatal, y profundizar el carácter represivo de los cuerpos castrenses y policiales hondureños, responsables de una larga tradición de violaciones a los derechos humanos en estrecha complicidad con las derechas y ultraderechas políticas y sociales.
Y a esto se agrega la relevante presencia de tres grandes carteles mexicanos: el de Sinaloa, Jalisco (Nueva Generación) y los Z, junto a la fuerte articulación del presidente Juan Orlando Hernández y uno de sus hermanos al negocio de las drogas prohibidas.
Tan horripilante y anti-democrática situación -pese a los 26 periodistas y más de cincuenta dirigentes y activistas sociales asesinados/as- fue perversamente silenciada durante estos años por las grandes cadenas y medios de comunicación al servicio del gran capital; contrastando con la mendaz cruzada contra la verdad en el caso de Venezuela, sistemáticamente acusada de tener un régimen dictatorial.
Solo el brutal asesinato de la líder de grandes batallas sociales y políticas, Berta Cáceres -todavía impune- no pudo ser sepultado por las mentiras y los silencios envilecedores.
- Votaciones, nuevo fraude y auto-golpe.
Con ese cuadro grotesco se llegó a las recientes elecciones nacionales, precedida de la re-postulación ilegal e inconstitucional del nuevo dictadorzuelo JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ (JOH), engendro de la burguesía lacaya y la narco-corrupción.
El fraude estructural se puso en marcha y aun así fue desbordado por un pueblo al que se le presentó la opción de votar por LIBRE con la candidatura de un consecuente luchador anticorrupción, respaldado por Mel Zelaya, el ex-presidente victimizado; cuyo liderazgo ha sufrido mermas, pero no tantas como para no sobresalir sus valores positivos frente a esa derecha criminal.
Al fraude estructural -consistente en volcar todo el poder del Estado contra la oposición, incluido el control del sistema electoral- se le agregó un fraude de contingencias o coyuntural: interrupción del sistema electrónico, alteración en horas del conteo, actas y votos y contaminación total de los resultados a beneficio del candidato oficialista luego del evidente triunfo de la ALIANZA OPOSITORA y su candidato Salvador Nasrrala.
Esa hiriente realidad activó la indignación y la rebeldía popular.
La resistencia del 2009 resucitó en esas nuevas circunstancias, protagonizada esta vez por una nueva generación radicalizada y una amplia confluencia de fuerzas, (incluida su clase trabajadora, importante fuerzas campesinas e indígenas, comunidades enteras y gran parte de las capas medias), volcándose en calles y caminos contra el fraude y el poder constituido; ahora con más conciencia, organización e independencia.
Movilizaciones gigantescas, comunidades alzadas, cortes de ruta, trincheras, paralizaciones, “caceroleos” nocturnos (en constante reciclamiento), indican la voluntad popular de no ceder, de no dejarse condicionar por pactos inconsistentes y de no aceptar bajo ninguna circunstancia la permanencia de JOH ni de su régimen.
El tono de autonomía popular, de reconstitución de las fuerzas políticas y movimientos de vanguardia -sin rupturas dramáticas con el liderazgo electoral y sin negar la cooperación y coincidencias posibles con él- prima en esta explosión de la indignación acumulada, convertida en luchas callejeras ascendentes.
La vía extra-institucional –aun cargada de dificultades y riesgos- para desplazar el régimen toma cada vez más cuerpo por la fuerza de los hechos.
- Empantamiento de las propuestas dentro de una institucionalidad pervertida y más represión.
De todas maneras desde la incidencia de la oposición electoral dentro de ese cuadro institucional en crisis y desde los resultados electorales veraces obstruidos por el Tribunal Electoral al servicio del Partido Nacional y compartes, han surgido propuestas de reconteos, de compaginaciones de actas disponibles y establecimiento de mecanismos de vigilancia más o menos idóneos, que han sido obstruidos o viciados en tanto afectan al fraude ejecutado; contando a la vez con la ambigüedad de los organismos y poderes mundiales que intervienen en medio del impasse.
La verdad es que en tales circunstancias por esa vía no pueden salir resultados adversos al régimen establecido por más vueltas que se le dé al tema estrictamente institucional-electoral.
No hay manera de recuperar los resultados reales.
Por eso el reconteo amañado que se ha realizado recientemente ofrece resultados similares a los que se dieron inmediatamente después de la interrupción del sistema y de la adulteración de los boletines.
El Tribunal Electoral es de ellos y es el que re-contea y ofrece datos y resultados previamente alterados.
El Estado está bajo control del Partido Nacional y de las mafias políticas, militares y empresariales con el beneplácito de EEUU.
EEUU, su OEA y la Unión Europea (su gran aliada) juegan con esa situación, uno con más maquillajes que otros, apostando a la continuidad de esa institucionalidad decadente y forzando a un pacto que bloquee el cambio y/o mediatice la salida a favor de quienes detentan el poder.
La situación se le complicó cuando aparecieron las primeras señales de desobediencia militar-policial, cuando temporalmente el Batallón Cobra y tropas especiales de la Policía Nacional se negaron a salir a las calles reprimir; apuntando a que puede producirse un respaldo castrense más decisivo al inmenso rechazo de la sociedad al gobierno; precisamente lo que tanta falta hace, junto a una eventual paralización total del país, contemplada y en vía de preparación por la fuerzas del campo popular.
La represión actual ha sido definida como brutal y superior a las anteriores; mientras la resistencia que incluye innumerables levantamientos barriales, nuevos cortes de vía, fogatas, trincheras improvisadas, cerco a retenes policiales sigue creciendo y se organiza mejor.
Al escribir estas líneas, el número de muertes a cargo de policías y militares, asciende a 18 y los heridos y apresados se cuentan por montones.
Radio Progreso, una de las pocas voces libres, a cargo de los jesuitas, ha sido temporalmente silenciada con un tumbe de antena.
- Sigue la pelea y se enfrentan nuevas maniobras.
Aun en medio de un cuadro tan tétrico, desafiando un toque de queda que tuvo que ser reducido por el gobierno a pocas horas de la noche, los movimientos sociales y fuerzas políticas de las izquierdas transformadoras -sin esperar señales del liderazgo electoral (parcialmente envuelto en las negociaciones de cúpulas y reclamos de reconteos y muy presionado por la Embajada de EEUU)- han reconstruido el FRENTE NACIONAL DE LA RESISTENCIA POPULAR-FNRP, para junto al MOVIMIENTO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO-MEU y la JUVENTUDES ANTI-FRAUDES promover, articular y dirigir los combates de callejeros y los procesos de movilización y paralización destinados a destituir el Gobierno de JOH y hacer colapsar las instituciones estatales que contrala.
Eso explica que antes y durante el desarrollo de esta delicada situación algunos de los componentes de la intervención externa a cargo de la llamada Comunidad Internacional hayan sugerido nuevas elecciones bajo su control, pero en el marco de la institucionalidad que está siendo impugnada por el pueblo movilizado.
Tampoco esto merece confianza si previamente no sale de escena el Gobierno de JOH y el Partido Nacional y si no se respeta la soberanía del pueblo hondureño. Las trampas y mediatizaciones también se construyen de esa manera.
Y ese contexto la Embajada gringa está apostando a ganarse para cualquiera de sus formulas de contención y salida controlable al candidato ganador, Salvador Nasrrala; separándolo de Zelaya (si este no se decide a pactar) y contraponiéndolo a la resistencia popular que plantea echar abajo el poder constituido y desarrollar un poder constituyente popular y soberano.
El desenlace posible no está claro.
La amenaza de intervención militar estadounidense, si las cosas se salen del control imperial y la hegemonía del bloque dominante, es además una realidad a contemplar y a enfrentar desde una expresión masiva y plebiscitaria de ese pueblo hermano.
Tal posibilidad requiere de un gran respaldo de los pueblos del Continente y del mundo, incluido de los gobiernos y Estados soberanos, con una clara determinación de revertir la contraofensiva imperialista y derechista, que pese a haberse impuesto recientemente en Argentina y Brasil, y a presentar avances en Ecuador, muestras fuertes inconsistencias y nuevas y promisorias resistencias e insubordinaciones populares
La alternativa popular y soberana, y su plan para arrancar de raíz el mal, están en construcción en Honduras con una inmensa carga de heroísmo
En esa dirección debe volcarse la más amplia y diversa solidaridad mundial hacia nuestra Honduras indignada y rebelde. No le demos la espalda ni la tratemos con indiferencia. Por el contrario, despleguémosla con audacia y energía.
Por José Cabral.
Es muy bonito escuchar por la televisión y todos los demás medios de comunicación el tema de los derechos fundamentales, cuya realidad envía un mensaje distinto.
En más de una ocasión he planteado el serio problema en que está atrapada la sociedad dominicana en el contexto del sistema de justicia nacional.
Lo primero es que nadie, absolutamente nadie, respeta como debe ser la justicia constitucional, ni siquiera las cortes que tienen la misión de velar por ella mediante los recursos extraordinarios para la preservación y respeto de la constitución.
El primer ejemplo de lo que ocurre con la violación de la Constitución y con el no respeto de los derechos fundamentales, tanto a nivel del derecho interno como del externo, es la actitud del Ministerio Público, el cual destina al zafacón las denuncias y querellas presentadas por aquellas personas humanas víctimas de robos, asaltos a mano armada y de una gran variedad de actos delincuenciales.
El asunto es tan grave que cuando las victiman reclaman resultados de sus querellas o denuncias el fiscal procede con un archivo definitivo en virtud de lo que dispone el artículo 181 del Código Procesal Penal, pero peor aun cuando el perjudicado decide someter un recurso de objeción ante el juez de Instrucción, el cual regularmente lo que hace es ratificar lo decidido por el Ministerio Público.
En este caso no importa la violación que cometa el fiscal que ha manejado el caso, lo cual se constituye en una violación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, consignados en los artículos 68 y 69 de la Constitución.
Pero la cuestión se complica cuando hay que acudir mediante un recurso contencioso administrativo por las constantes y graves violaciones de los derechos de los administrados, cuyo desempeño de los jueces de esta jurisdicción, hermanita de padre y madre del derecho constitucional, actúa como una caja de resonancia del Procuraduría General Administrativa y ahora abogado del Estado.
Es frustratorio e imperdonable lo que ocurre en esta jurisdicción de la justicia, pero todavía la cuestión es mucho más preocupante con la emisión de una serie de sentencias que violentan los más elementales principios del derecho constitucional.
Sin embargo, lo más deprimente es cuando se somete un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, cuyo fallo se produce cuando ya los justiciables han muerto o de revisión de una acción de amparo o de una decisión jurisdiccional ante el Tribunal Constitucional, en cuyos órganos se concreta la expresión de que justicia tardía es justicia denegada, dado que los casos son decididos hasta 2, 3 y hasta 4 años después de haberse sometido.
Voy seguir con el tema, pero lo que he dicho hasta este punto indica que la Constitución dominicana y el neo-constitucionalismo que tanto se pregona es una forma de que el país esté a la moda con esta corriente, pero que la realidad está más asociada con la herencia histórico cultural del pueblo dominicano, en la que prevalecen una serie de antivalores como el amiguismo, el machismo, el patriarcado y el caudillismo, entre otros.
Sólo el pueblo dominicano puede superar la sociedad de las cavernas en que nos tienen sumergidos los partidos políticos y otros actores de la democracia de papel que se ha impuesto en la República Dominicana.
Por Isaías Ramos
¿Puede el Congreso aprobar una ley que contradiga, en la práctica, una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional? Esa es la pregunta que hoy enfrenta la República Dominicana tras la aprobación en primera lectura en el Senado de un proyecto que eliminaría las candidaturas independientes.
Más allá de las diferencias políticas que puedan existir sobre el modelo electoral, lo que está en discusión es algo mucho más profundo: el respeto a la Constitución de la República Dominicana, a los derechos políticos de los ciudadanos y a las decisiones vinculantes del máximo órgano de control constitucional del país.
En diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales diversas disposiciones de la legislación electoral que imponían trabas desproporcionadas a las candidaturas independientes. La decisión procuró garantizar que el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos no quedara condicionado exclusivamente a la estructura de los partidos políticos.
Sin embargo, lo ocurrido en el Congreso parece avanzar en dirección contraria. La aprobación de un proyecto que, en la práctica, eliminaría las candidaturas independientes plantea un choque evidente entre la voluntad legislativa y una sentencia vinculante del máximo intérprete de la Constitución.
La gravedad del momento institucional se acentúa aún más cuando se observa que la decisión fue adoptada de manera prácticamente unánime por los senadores. Resulta legítimo preguntarse si todos los legisladores han reflexionado plenamente sobre el alcance constitucional de la decisión adoptada o si estamos ante una reacción política frente a una sentencia que algunos sectores preferirían ignorar.
Algunos constitucionalistas, como Eduardo Jorge Prats, han descrito esta reacción como una “rabieta institucional hiperpartidista disfrazada de defensa de los partidos”. Más allá de la dureza de esa expresión, la advertencia merece una reflexión seria. Cuando las decisiones de un tribunal constitucional comienzan a ser relativizadas o neutralizadas mediante decisiones políticas, el equilibrio institucional de una democracia empieza a resentirse.
La Constitución dominicana es clara en este punto. El artículo 6 establece que todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución. El artículo 68 dispone que corresponde al Estado garantizar la efectividad de los derechos fundamentales; no basta con reconocerlos en el texto constitucional, es necesario hacerlos posibles en la realidad. El artículo 73 establece la nulidad de pleno derecho de los actos contrarios a la Constitución. El artículo 74 consagra el carácter progresivo de los derechos fundamentales. Y el artículo 184 reconoce al Tribunal Constitucional como el órgano encargado de garantizar la supremacía de la Carta Magna.
A la luz de esos principios, la iniciativa aprobada en primera lectura adquiere una dimensión particularmente sensible para el orden constitucional. Lo que está en juego es una posible tensión institucional con el Tribunal Constitucional si una ley terminara reproduciendo, en la práctica, las mismas restricciones que el propio tribunal declaró inconstitucionales. Una situación así podría tener consecuencias graves para el orden constitucional.
El artículo 68 de la Constitución no es una disposición abstracta: es la garantía de que los derechos fundamentales tengan contenido real y efectivo. Cuando el Estado limita injustificadamente vías de participación política, no solo restringe un derecho; también debilita la confianza del ciudadano en las instituciones llamadas a protegerlo.
Este no es un debate sobre simpatías o antipatías hacia las candidaturas independientes, ni sobre la importancia de los partidos políticos. Los partidos son pilares fundamentales de la democracia. Pero reconocer su importancia no significa convertirlos en los únicos canales posibles de participación política. La democracia dominicana debe abrir puertas al ciudadano, no cerrarlas.
Si la Constitución reconoce derechos políticos a los ciudadanos, surge entonces una pregunta de fondo: ¿quién puede legítimamente restringirlos? Los derechos políticos pertenecen al pueblo dominicano. Los partidos son uno —pero no el único— de los canales para ejercerlos.
Las democracias se sostienen sobre un principio simple pero esencial: la Constitución es la norma suprema del Estado y todos los poderes públicos están sometidos a ella. Cuando ese principio comienza a relativizarse, la confianza institucional se erosiona y el sistema democrático se vuelve más frágil.
Nuestro deber como nación —y particularmente de quienes ejercen responsabilidades públicas— es proteger la Constitución incluso cuando hacerlo resulte incómodo o políticamente inconveniente. El respeto al orden constitucional no es una opción circunstancial: es la base misma sobre la cual descansa la estabilidad institucional de la República.
La estabilidad democrática que hoy disfruta la República Dominicana no es un accidente histórico. Tampoco ha sido un proceso perfecto: a lo largo del tiempo ha habido episodios de indiferencia frente a los deberes y mandatos constitucionales. Pero precisamente por esa experiencia acumulada sabemos que debilitar las reglas del juego institucional solo aumenta los riesgos para el orden democrático en un mundo marcado por crecientes tensiones geopolíticas y desafíos globales.
Desde el Foro Cívico y Social y el Frente Cívico y Social creemos firmemente que aún hay espacio para la reflexión institucional. Por ello hacemos un llamado respetuoso pero firme a los honorables senadores para que, antes de la segunda lectura de este proyecto, revisen con serenidad el alcance constitucional de la decisión que se está tomando.
También está en juego el mensaje institucional que el Congreso envía al país. Cuando un poder del Estado parece actuar en contradicción con la Constitución o con una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional, el mensaje hacia la ciudadanía y hacia las instituciones públicas es institucionalmente delicado.
En una democracia constitucional, los derechos políticos del ciudadano no dependen de la voluntad de los partidos ni de las mayorías circunstanciales del Congreso. Dependen de la Constitución. Porque cuando una democracia olvida que la Constitución es su límite, no se debilitan los partidos: se debilita la República.
Despierta RD!
(Primera entrega)
Por Oscar López Reyes
Las costumbres, creencias y valores tradicionales pierden incidencia colectiva o se están esfumando, igual que la rigidez en la gobernanza de la democracia representativa/liberal; se dispersan en el descrédito y desarticulan organizaciones socio-comunitarias y sus líderes más experimentados. La vieja ciudadanía y la identidad cultural se desgastan en su funcionalidad y legitimidad, y no por casuística.
Las instancias del poder típico y clásico han menguado, y las voces que antaño repercutían con resonancia se apagan en el anclaje del paisaje de la individualización, el aislamiento y la fatiga, porque en la globalización y el necrocapitalismo se satisfacen pírricamente los deseos y aspiraciones comunales. Al unísono, esta nueva dinámica ha reducido la lucha de clases y puesto en jaque el viejo discurso político y los lances episódicos y coyunturalistas.
Visualicemos 10 componentes claves de las añejas estructuras del dominio y los procesos neodemocráticos:
1.- Crisis paternal y profesoral. Los jefes del hogar y la escuela han perdido autoridad, haciendo descansar las influencias de infantes y adolescentes en amistades de estos y en los dispositivos electrónicos, que desconcentran y aíslan. Esos tutores no les fijan límites razonables, en una permisividad aupada por el temor al autoritarismo y a la culpabilidad (“crianza culposa”). La fragilidad en el mando de los docentes radica en el escaso respaldo familiar, el decaimiento de algunos padres hacia sus hijos y su desarmonía con las nuevas tecnologías.
2.- Los partidos de masas. Las organizaciones políticas legendarias/rutinarias de alta afiliación han devenido en flácidas estructuras orgánicas, con una militancia con una pobre formación ideológica. Sus características principales son la personalización de su liderazgo en la obsolescencia e inadaptación en un contexto societario en constante cambio, la búsqueda energúmena de cargos públicos y beneficios particulares, la incursión en actos delictivos, como la corrupción, la descomposición, la escasa lealtad y las exigencias monetarias. Esos agravios se han traducido en inercia, estancamiento y en endeble suficiencia de esos partidos para movilizar a los conglomerados.
3.- Los partidos de izquierda. La atomización y decadencia del sistema de agrupaciones de izquierda tiene su raíz en el enclaustramiento a los principios invariables de la Revolución Bolchevique comandada por los reverenciados ideólogos comunistas Vladimir Lenin, León Trotsky y José Stalin (Rusia, 1917), que conduce a la negación de los cambios, o sea, a la resistencia inconsciente a la readecuación a los nuevos tiempos hegemonizados por el marketing y las alternativas populistas nacionalistas. El progresismo no aprovecha la crisis de la plutocracia librecambista, se estanca y retrocede porque tampoco satisface las aspiraciones de la mayoría. Con su dogmatismo divisionista, la izquierda no se amolda a las conversiones, ni responde a desafíos contemporáneos, como la equilibrada, emergente y ascendente República Popular China.
4.- Los grupos estudiantiles. Recrean en la penumbra de la reminiscencia los movimientos estudiantiles de liceos secundarios y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) de las décadas 1960-1980, cuyos miembros y simpatizantes salían a las calles a movilizarse -con quemas de neumáticos y enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional- por reivindicaciones académicas y el respetado a las libertades públicas y los derechos humanos. Han sido empequeñecidos y diezmados por la hegemonía del modelo mercantilista neoliberal, la vigencia democrática, la minimización de la izquierda y el predominio del egocentrismo.
5.- Los gremios de empresas. La afiliación sindical está en declive por la disminución de las grandes industrias manufactureras y la automatización tecnológica, que reduce empleos, mejora calidad y aumenta la productividad; el anarcosindicalismo, la percepción de corrupción y la politización de los gremios. Ahora una laptop tonifica con más utilidad que un sindicato.
6.- La gobernanza estatal. La jurisdicción del presidente de la República mengua, por los reclamos de la opinión pública en sociedades democráticas, la vigencia del estado de derecho, las imposiciones de organismos internacionales y los grupos de intereses. Asimismo, la influencia y el poder de funcionarios del Estado se ha limitado (no eliminado) por la implementación de normativas contra sobornos en licitaciones y adquisiciones, la prohibición de doble cargo remunerado, los contubernios y negocios asociados, la reducción de gastos operativos y otros relativos a los procesos de transparencia, y por temores a las denuncias públicas (los desfalcos y peculados son más conocidos) y a los enjuiciamientos judiciales.
7.- La prensa tradicional. Eleva su grado de credibilidad y se reinventa en novedosas esferas, pero desperdicia audiencias y protagonismo por el advenimiento de la internet. También les perforan las redes sociales y la gratuidad de otras plataformas digitales, que son preferidas por los nuevos usuarios, especialmente los jóvenes.
8.- Los militares y policías. Los ciudadanos respetan cada vez menos a los cuerpos policiales y castrenses, que han erosionado su confianza por sus arbitrariedades, la prevaricación y gangrena, la complicidad con crímenes y su incompetencia para afrontar la desbordada delincuencia sistémica. Están siendo frenados por las denuncias ciudadanas y los rollizos esfuerzos de las autoridades oficiales, como las reformas institucionales.
9.- Las masonerías y los clubes culturales. Se estropean y desvanecen las entidades extremadamente cerradas, restringidas, desactualizadas, monótonas y sin presupuestos, como las logias masónicas y los clubes culturales. Por el contrario, las religiones se transforman y crece la espiritualidad, con prácticas como el yoga/meditación, adaptadas a estilos de convivencia flexibles, abiertos, individualistas y globalizados.
10.- Las ligas campesinas. Décadas atrás, comunidades rurales bullían de efervescencia, en intensas jornadas de lucha –que cobró vidas humanas- por la Reforma Agraria, motorizadas por núcleos de agricultores sin tierra. Hoy las ligas agrarias son debiluchas, y perecen. Ese declive brota dispersión e ineficacia para organizarse y proteger su producción, así como la emigración a las ciudades del país y el exterior. También han apaciguado el descalabro de la izquierda y el tráfico y lavado de dinero con la venta de predios.
Como se constata en las descripciones y razonamientos predichos, en la Nueva Era de trabajos digitales, computación cuántica e inteligencia artificial, líderes políticos, socio-comunitarios y organizaciones de pelajes dispares no se han remozado en perspectivas de las otras expresiones ciudadanas y paradigmas emergentes en el hogar, la escuela y los cantones geográficos. Su morfema léxico se fue a pique.
Inequívocamente, no han comprendido que las ideas y potestades ya no se imponen únicamente con la coacción o coerción, sino con el diálogo tolerante, la cercanía con discursos moderados e inclinando el pandero en otros espacios de socialización. Si persisten obstinadamente sin girar gradualmente hacia metas prioritarias y alcanzables en el corazón de esas mutaciones societales, las viejas estructuras organizacionales seguirán carcomidas en el aislamiento, por el derrotero de la desarticulación sin retorno. ¡Qué adversidad!, ¡qué lamento!, y ¡qué calamidad!
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El autor: Periodista, escritor y catedrático.
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