Opinión
Honduras: EU y mafias dominantes emprenden contra-ataque sangriento
Por Narciso Isa Conde
En el 2009 Honduras fue la primera víctima del contra-ataque estadounidense a la ascendente oleada de cambios por la segunda independencia continental iniciada con el proceso bolivariano liderado por el Comandante Chávez.
El primer intento de revertir ese proceso se ejecutó en Venezuela con el fracasado golpe militar del 2002 contra el Gobierno de Chávez.
El segundo se materializó a raíz de los cambios progresivos en Honduras, situada entre la Nicaragua Sandinista y El Salvador en tren de victoria del FMLN, justo en el centro del istmo centroamericano, zona de especial importancia geopolítica y militar para EEUU y su Comando Sur; evidente en el rol asignado a la Base Militar de Soto Cano, ubicada en Palmerola-Honduras, donde se orquestó el golpe contra el Gobierno Liberal de Zelaya.
Hay que reconocer que bajo el influjo de esa formidable oleada continental, que traducida en importantes victorias gubernamentales se extendió a Sur y Centroamérica, el Presidente Zelaya optó y anunció importantes reformas sociales y políticas, incorporó a Honduras a PETROCARIBE y al ALBA, fortaleció la alianza con Chávez y estableció relaciones con Cuba; al tiempo de organizar una consulta popular para llevar a cabo una Constituyente Soberana que permitiera iniciar transformaciones políticas y sociales de mayor profundidad.
Y esto desató la conspiración golpista tutelada por EEUU con una saña propia del coloniaje abusivo contra un país mucho más débil que Venezuela.
- Desenlaces distintos en la Venezuela del 2002 y Honduras del 2009.
El pueblo venezolano, con el respaldo de un amplio sector militar chavista, pudo hacer los que siete años después no logró el hondureño.
En Honduras no fue posible derrotar el golpe tanto por la falta de respaldo militar democrático a la formidable resistencia popular desatada, como por el cansancio y debilidades propias de su liderazgo político liberal (concentrado en la figura de Manuel Zelaya-Mel) y la actitud transaccional de los Estados que lo respaldaron.
Finalmente se negoció la salida a la crisis de gobernabilidad y se aceptó la permanencia del régimen a cambio de una apertura electoral temporal, de importantes espacios democráticos y de una significativa presencia legal del liderazgo y sus fuerzas democráticas al interior del país.
En ese nuevo contexto se dividió el poderoso FRENTE NACIONAL DE LA RESISTENCIA POPULAR-FNRP, que había escenificado junto a su pueblo, durante varios meses, unas de las luchas más estelares de la historia reciente de nuestra América.
Importantes sectores del mismo y la facción del Partido Liberal que se mantuvo leal al liderazgo democrático y al progresismo de Mel Zelaya constituyeron un nuevo partido bajo las siglas de LIBRE, que logró la supremacía en el campo de la oposición electoral, rompiendo el viejo bi-partidismo y debilitando sensiblemente al Partido Liberal que lo había traicionado.
Las izquierdas más independientes, integradas sobre todo por movimientos sociales y políticos-sociales radicales y por sectores revolucionarios de la izquierda tradicional, conservaron parte de su fuerza y significativos liderazgos sociales acumulados durante la resistencia al golpe; pero se vieron afectadas por la falta de unidad y su limitada incidencia electoral en comparación con LIBRE.
EEUU, la derecha y la extrema derecha lideradas por el Partido Nacional (oficialista-golpista-conservador) optaron entonces, desde el Estado y el Gobierno, desde el poder constituido, por limitar y revertir los avances de la diversidad social y política de la oposición progresista y de izquierda; a base de pura represión militar-policial sangrienta, incremento y concentración de su poder económico, gansterización de la dominación política e implementación de fraudes y trampas a granel.
El presidente Porfirio Lobo fue impuesto en el 2009 mediante un gran fraude.
Igual aconteció con la candidatura de Juan Orlando Hernández en el 2013.
El Partido Nacional y la gran burguesía transnacional y local -ambas articuladas al militarismo fascistoide, a las mafias internacionales y criollas asociadas a ellas y a su corrompida partidocracia-, asumiendo un neoliberalismo feroz, avanzaron a raíz del desenlace negociado de la crisis post-golpe hacia un control más férreo y absoluto de todos los poderes e instituciones del Estado, esto es, hacia la conformación de una dictadura constitucional de corte terrorista.
Así Honduras ha quedado controlada por 17 familias súper-enriquecidas y por unos 225 híper-millonarios, con fortunas superiores a los 150 millones de dólares; mientras el 71% de su población vive por debajo de los límites de la pobreza y un altísimo porcentaje en la franca indigencia.
Su población trabajadora se ha trasladado de más en más hacia los EEUU, la mayoría en condición de inmigrantes ilegales (con todas sus dramáticas consecuencias), aportando 3 mil millones de dólares anuales que son manejados a beneficio de las elites sociales.
Las remesas y el narcotráfico constituyen los pilares de su economía, superando con creces las exportaciones agrícolas y el turismo; situándose adicionalmente la minería destructiva a cargo del capital transnacional como una de las grandes y actuales amenazas contra sus fuentes de agua y su medio ambiente, y como tema de grandes e intensas controversias sociales.
Especial incidencia ha tenido el Estado narco-terrorista colombiano en la instrumentación del terror y en el desarrollo del paramilitarismo en ese hermano país, así como las narcos-mafias mexicanas y colombianas en la gansterización del poder establecido.
El tristemente famoso Cartel del Valle de Colombia se destaca en el patrocinio del negocio de las drogas y la violencia paramilitar, y se combina con las asesorías policiales y militares para potenciar la violencia estatal y para-estatal, y profundizar el carácter represivo de los cuerpos castrenses y policiales hondureños, responsables de una larga tradición de violaciones a los derechos humanos en estrecha complicidad con las derechas y ultraderechas políticas y sociales.
Y a esto se agrega la relevante presencia de tres grandes carteles mexicanos: el de Sinaloa, Jalisco (Nueva Generación) y los Z, junto a la fuerte articulación del presidente Juan Orlando Hernández y uno de sus hermanos al negocio de las drogas prohibidas.
Tan horripilante y anti-democrática situación -pese a los 26 periodistas y más de cincuenta dirigentes y activistas sociales asesinados/as- fue perversamente silenciada durante estos años por las grandes cadenas y medios de comunicación al servicio del gran capital; contrastando con la mendaz cruzada contra la verdad en el caso de Venezuela, sistemáticamente acusada de tener un régimen dictatorial.
Solo el brutal asesinato de la líder de grandes batallas sociales y políticas, Berta Cáceres -todavía impune- no pudo ser sepultado por las mentiras y los silencios envilecedores.
- Votaciones, nuevo fraude y auto-golpe.
Con ese cuadro grotesco se llegó a las recientes elecciones nacionales, precedida de la re-postulación ilegal e inconstitucional del nuevo dictadorzuelo JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ (JOH), engendro de la burguesía lacaya y la narco-corrupción.
El fraude estructural se puso en marcha y aun así fue desbordado por un pueblo al que se le presentó la opción de votar por LIBRE con la candidatura de un consecuente luchador anticorrupción, respaldado por Mel Zelaya, el ex-presidente victimizado; cuyo liderazgo ha sufrido mermas, pero no tantas como para no sobresalir sus valores positivos frente a esa derecha criminal.
Al fraude estructural -consistente en volcar todo el poder del Estado contra la oposición, incluido el control del sistema electoral- se le agregó un fraude de contingencias o coyuntural: interrupción del sistema electrónico, alteración en horas del conteo, actas y votos y contaminación total de los resultados a beneficio del candidato oficialista luego del evidente triunfo de la ALIANZA OPOSITORA y su candidato Salvador Nasrrala.
Esa hiriente realidad activó la indignación y la rebeldía popular.
La resistencia del 2009 resucitó en esas nuevas circunstancias, protagonizada esta vez por una nueva generación radicalizada y una amplia confluencia de fuerzas, (incluida su clase trabajadora, importante fuerzas campesinas e indígenas, comunidades enteras y gran parte de las capas medias), volcándose en calles y caminos contra el fraude y el poder constituido; ahora con más conciencia, organización e independencia.
Movilizaciones gigantescas, comunidades alzadas, cortes de ruta, trincheras, paralizaciones, “caceroleos” nocturnos (en constante reciclamiento), indican la voluntad popular de no ceder, de no dejarse condicionar por pactos inconsistentes y de no aceptar bajo ninguna circunstancia la permanencia de JOH ni de su régimen.
El tono de autonomía popular, de reconstitución de las fuerzas políticas y movimientos de vanguardia -sin rupturas dramáticas con el liderazgo electoral y sin negar la cooperación y coincidencias posibles con él- prima en esta explosión de la indignación acumulada, convertida en luchas callejeras ascendentes.
La vía extra-institucional –aun cargada de dificultades y riesgos- para desplazar el régimen toma cada vez más cuerpo por la fuerza de los hechos.
- Empantamiento de las propuestas dentro de una institucionalidad pervertida y más represión.
De todas maneras desde la incidencia de la oposición electoral dentro de ese cuadro institucional en crisis y desde los resultados electorales veraces obstruidos por el Tribunal Electoral al servicio del Partido Nacional y compartes, han surgido propuestas de reconteos, de compaginaciones de actas disponibles y establecimiento de mecanismos de vigilancia más o menos idóneos, que han sido obstruidos o viciados en tanto afectan al fraude ejecutado; contando a la vez con la ambigüedad de los organismos y poderes mundiales que intervienen en medio del impasse.
La verdad es que en tales circunstancias por esa vía no pueden salir resultados adversos al régimen establecido por más vueltas que se le dé al tema estrictamente institucional-electoral.
No hay manera de recuperar los resultados reales.
Por eso el reconteo amañado que se ha realizado recientemente ofrece resultados similares a los que se dieron inmediatamente después de la interrupción del sistema y de la adulteración de los boletines.
El Tribunal Electoral es de ellos y es el que re-contea y ofrece datos y resultados previamente alterados.
El Estado está bajo control del Partido Nacional y de las mafias políticas, militares y empresariales con el beneplácito de EEUU.
EEUU, su OEA y la Unión Europea (su gran aliada) juegan con esa situación, uno con más maquillajes que otros, apostando a la continuidad de esa institucionalidad decadente y forzando a un pacto que bloquee el cambio y/o mediatice la salida a favor de quienes detentan el poder.
La situación se le complicó cuando aparecieron las primeras señales de desobediencia militar-policial, cuando temporalmente el Batallón Cobra y tropas especiales de la Policía Nacional se negaron a salir a las calles reprimir; apuntando a que puede producirse un respaldo castrense más decisivo al inmenso rechazo de la sociedad al gobierno; precisamente lo que tanta falta hace, junto a una eventual paralización total del país, contemplada y en vía de preparación por la fuerzas del campo popular.
La represión actual ha sido definida como brutal y superior a las anteriores; mientras la resistencia que incluye innumerables levantamientos barriales, nuevos cortes de vía, fogatas, trincheras improvisadas, cerco a retenes policiales sigue creciendo y se organiza mejor.
Al escribir estas líneas, el número de muertes a cargo de policías y militares, asciende a 18 y los heridos y apresados se cuentan por montones.
Radio Progreso, una de las pocas voces libres, a cargo de los jesuitas, ha sido temporalmente silenciada con un tumbe de antena.
- Sigue la pelea y se enfrentan nuevas maniobras.
Aun en medio de un cuadro tan tétrico, desafiando un toque de queda que tuvo que ser reducido por el gobierno a pocas horas de la noche, los movimientos sociales y fuerzas políticas de las izquierdas transformadoras -sin esperar señales del liderazgo electoral (parcialmente envuelto en las negociaciones de cúpulas y reclamos de reconteos y muy presionado por la Embajada de EEUU)- han reconstruido el FRENTE NACIONAL DE LA RESISTENCIA POPULAR-FNRP, para junto al MOVIMIENTO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO-MEU y la JUVENTUDES ANTI-FRAUDES promover, articular y dirigir los combates de callejeros y los procesos de movilización y paralización destinados a destituir el Gobierno de JOH y hacer colapsar las instituciones estatales que contrala.
Eso explica que antes y durante el desarrollo de esta delicada situación algunos de los componentes de la intervención externa a cargo de la llamada Comunidad Internacional hayan sugerido nuevas elecciones bajo su control, pero en el marco de la institucionalidad que está siendo impugnada por el pueblo movilizado.
Tampoco esto merece confianza si previamente no sale de escena el Gobierno de JOH y el Partido Nacional y si no se respeta la soberanía del pueblo hondureño. Las trampas y mediatizaciones también se construyen de esa manera.
Y ese contexto la Embajada gringa está apostando a ganarse para cualquiera de sus formulas de contención y salida controlable al candidato ganador, Salvador Nasrrala; separándolo de Zelaya (si este no se decide a pactar) y contraponiéndolo a la resistencia popular que plantea echar abajo el poder constituido y desarrollar un poder constituyente popular y soberano.
El desenlace posible no está claro.
La amenaza de intervención militar estadounidense, si las cosas se salen del control imperial y la hegemonía del bloque dominante, es además una realidad a contemplar y a enfrentar desde una expresión masiva y plebiscitaria de ese pueblo hermano.
Tal posibilidad requiere de un gran respaldo de los pueblos del Continente y del mundo, incluido de los gobiernos y Estados soberanos, con una clara determinación de revertir la contraofensiva imperialista y derechista, que pese a haberse impuesto recientemente en Argentina y Brasil, y a presentar avances en Ecuador, muestras fuertes inconsistencias y nuevas y promisorias resistencias e insubordinaciones populares
La alternativa popular y soberana, y su plan para arrancar de raíz el mal, están en construcción en Honduras con una inmensa carga de heroísmo
En esa dirección debe volcarse la más amplia y diversa solidaridad mundial hacia nuestra Honduras indignada y rebelde. No le demos la espalda ni la tratemos con indiferencia. Por el contrario, despleguémosla con audacia y energía.
Por Isaías Ramos
Si usted todavía duda, no le pido que me crea. Le pido algo más simple y más honesto: pida tres números.
- ¿Cuántos “intocables” han terminado condenados?
- ¿Cuánto dinero volvió —real y verificablemente— al erario?
- ¿Qué contratos lesivos fueron anulados y qué concesiones fueron revertidas?
Porque en una democracia funcional, la lucha anticorrupción no se mide por discursos. Se mide por consecuencias.
En 2021 se anunció una “Unidad Antifraude”. En diciembre de 2023 se relanzó. Y este año el decreto 382-25 la formaliza. En La Semanal se repiten cifras: colaboraciones, expedientes, alertas, procesos detenidos y “miles de millones” reportados como “protegidos”.
Prevenir e investigar es necesario. Nadie serio se opone a que el Estado tenga controles. El problema empieza cuando se pretende que la existencia del instrumento sea equivalente a la justicia producida por ese instrumento.
Actividad no es justicia. El país está atrapado en esa confusión.
Puede haber movimiento: monitoreos, reportes, remisiones. Pero la ciudadanía no vive de movimiento. Vive de resultados finales:
- Un informe no es una condena.
- Un expediente no es reparación.
- Una alerta no es devolución de lo robado.
- Un titular no es justicia.
Si el Gobierno quiere convencer al que duda, no tiene que hablar más fuerte. Tiene que mostrar el cierre: condenas, recuperación y corrección estructural.
Cuando la corrupción toca la salud, deja de ser “administrativa”: se vuelve humana.
En el caso SeNaSa (Operación Cobra), el Ministerio Público investiga un presunto desfalco de miles de millones en una institución creada para sostener un derecho fundamental. Pero, si usted aún duda, no piense en “miles de millones” como cifra. Piense en esto:
A las 6:12 a. m., en una sala de espera, una madre aprieta una carpeta con papeles arrugados: receta, informe, sello, copia de cédula. No llora; cuenta minutos. El médico ya lo dijo: “esto no puede esperar”.
En la ventanilla: “hay que subirlo al sistema”. En el call center: “espere en línea”. En la farmacia: “todavía no aparece… sin autorización no puedo despacharlo”.
La madre vuelve al hospital. Vuelve al teléfono. Vuelve a la oficina. Y cada día que vuelve, la palabra “urgente” se hace más pequeña.
En el documento dice: “Autorización pendiente”.
Pero en la vida real, lo pendiente no es un papel: es el tiempo.
Ahí la indignación deja de ser política y se vuelve moral: mientras una madre persigue una firma para sostener una vida, el país se entera —según investiga el Ministerio Público— de que la institución llamada a protegerla pudo haber sido saqueada desde adentro. Y, cuando eso ocurre, los números dejan de ser el centro: lo central es el daño tangible, físico y emocional, sobre gente real.
Y el contraste ya no es una metáfora. Domingo en la noche en el momento que se conocía la coerción, decenas de ciudadanos se concentraron fuera del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con pancartas y consignas, exigiendo prisión preventiva; la Policía los contuvo con vallas y un cordón de seguridad.
Horas después, el juez impuso prisión preventiva de 18 meses en Najayo a varios imputados, incluyendo a Santiago Hazim y otros acusados, y dictó arresto domiciliario y restricciones para tres imputados. Es un paso procesal. No es cierre. Y si la defensa apela, el reloj corre a favor de la dilación. Una medida de coerción no es sentencia, no devuelve dinero, no repara vidas.
La gran trampa es confundir movimiento con justicia. En una emergencia, nadie se tranquiliza porque le digan “ya abrimos un expediente”. Nadie recupera a un ser querido con una rueda de prensa.
Porque eso es lo que se repite, gobierno tras gobierno: se roba —se anuncia que se investiga— se administra el escándalo— y al final, todo sigue. La unidad, la comisión, el decreto: papelería. Impunidad con membrete.
El núcleo del problema es estructural. Cuando una unidad depende del poder político, aparece un freno natural justo cuando el expediente toca donde “no conviene”. Si el costo de llegar al final es demasiado alto, el proceso se queda en la mitad. Y un proceso a medias es, para el pueblo, impunidad con papelería.
Y aquí hay que decirlo sin rodeos: esto no es “un partido contra otro”. Es una partidocracia que ha convertido el Estado en botín y la justicia en trámite. Los colores cambian, pero el pacto de protección se mantiene. Por eso, el problema no se resuelve con marketing de transparencia. Se resuelve rompiendo la inmunidad del sistema, gobierne quien gobierne.
Si de verdad se quiere convertir “actividad” en confianza, hay un camino simple y auditable. Tres pruebas de sinceridad:
- Tablero público trimestral de consecuencias. Un portal único, sin retórica: acusaciones, sentencias, decomisos, recuperaciones efectivas y contratos anulados. Montos en tres columnas: “estimado”, “asegurado”, “recuperado”.
- Trazabilidad con plazos. Remisión → apertura → coerción → acusación → juicio → sentencia → recuperación. La impunidad se alimenta de la niebla; la justicia exige cronograma.
- Blindaje institucional real. Estabilidad técnica, protección a denunciantes y obligación de publicar resultados finales.
El pueblo dominicano no necesita más anuncios como sustituto de justicia. Necesita ver dinero devuelto. Necesita ver contratos anulados. Necesita ver sentencias.
El día que un país entiende que le han pedido paciencia demasiadas veces, deja de aplaudir anuncios y empieza a exigir consecuencias.
Ese día, el país no grita más: audita.
Despierta RD!
Por Oscar López Reyes
Roedores humanos de siete leguas, que encubren su codicia y deslealtad en los invisibles desajustes de su química cerebral, inescrupulosamente han pululado en las vísceras de los gobiernos de la Era Democrática, cuyos mandantes han popularizado frases que, en su mayoría, perduran como retóricas en los entresijos de la impunidad esencialmente judicial. A contrapelo, los corruptos cabalgan con el peor lastre: la inexorable condena de la sociedad, bifurcada desde el Ministerio Público y la difusión mediática.
La oración que más resuena, por la vigencia en el presente ciclo, es la del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona: “Tengo amigos, pero no cómplice”, que replica cuando altos funcionarios de su Gobierno han tenido que salir del tren administrativo, por su involucramiento en el peculado. Está en el candelero el insaciable ortopedista y traumatólogo Santiago Hazim, director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa, agosto de 2020-agosto de 2025), quien se cobija bajo rejas, imputado por el Ministerio Público de un desfalco inicialmente cuantificado en 15 mil millones de pesos. ¿Acaso sufría, sin darse cuenta, de una anomalía en la corteza prefrontal?
Antes de rememorar los estribillos de los presidentes de la Era Democrática, nos preguntamos si después de este salvajismo, el presidente Abinader Corona percutirá aún más el hacha de hierro batido, sin soltarla ni un instante, contra los envilecidos? ¿Se logrará, con la Inteligencia Artificial, detectar a tiempo el perfil delictivo-conductual de los aspirantes a cargos públicos?, ¿Quién acomete una inhumanidad como la adjudicada a un médico, más que un tonto-ingenuo padece de un trastorno antisocial de personalidad?, ¿cuántos más enfermos que Hazim -y con acusaciones menores- inundan las cárceles? y, ¿habrá, incuestionablemente, sanciones ejemplificantes para los miserables implicados en semejante defraudación?
“Tente quieto”, les dirían los abogados a los incriminados, para significarles que no estamos en China ni en Cuba, y que en la República Dominicana las leyes están preparadas para que los que tengan arraigo (dinero, propiedades, etc.) escapen del castigo penitenciario. En diciembre de 2025, la justicia del gigante asiático dispuso el fusilamiento del exbanquero Bai Tianhui (una sola bala de punta hueca en la nunca), por aceptar 156 millones de dólares en sobornos, y el Tribunal Supremo Popular de la mayor isla del Caribe sentenció a cadena perpetua a su exministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, por cohecho y otros delitos.
En otro tercio o ángulo, la democracia disfrutada en la República Dominicana, también en el 2025 han sido dados pasos crecidos para actualizar y superar falencias del sistema de justicia, con la aprobación de la nueva legislación de Contrataciones Públicas (Ley 47-25), el novedoso Código Penal (Ley 74-25) y la modificación del Código Procesal Penal (Ley 97-25). Estas piezas amplían la fiscalización y el control en la administración pública, y la sancionabilidad penal a los infractores, en la búsqueda del escarmiento, la prevención de transgresiones y el cuidado de la dignidad humana.
Pasma con estupor el señorío de la hábil inteligencia, el cauteloso disimulo, la capacidad de manipulación, el encubrimiento y el engaño -en el poder de la influencia y la presión- tanto de extragobiernos o fácticos (no elegibles popularmente, como asociaciones empresariales y sin fines de lucro, iglesias, medios de comunicación, gremios profesionales y laborales, etc.), como de ciertas esferas de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Actos de esos conspicuos derivan -sin mover los labios ni sus tranzas de rostros anchos- en acomodamientos domiciliarios a quienes han perpetrado actos atroces, como los de Senasa.
Conscientes de la proliferación epidérmica de funcionarios con fisonomía corruptible -con cabezas peliagudas, colas largas y patas cortos- así como de ciudadanos de pelaje gris oscuro, los mandatarios dominicanos elegidos democráticamente en el período 1962-2025 han tirado gritos de reconocimiento de la plaga, compasión y advertencia:
1.- Juan Bosch y Gaviño: Propagó y observó con rigor los principios ético-morales. Aceptó la renuncia de su secretario de Industria y Comercio, Diego Bordas Hernández, luego de una bien sustentada denuncia de que favoreció con un contrato a una empresa de su propiedad. Hito: A los 7 meses, Bosch se convirtió en el primer presidente en ser DERROCADO por sus medidas contra privilegios y malversaciones.
2.- Joaquín Balaguer: “… si existiera corrupción, esta siempre se detendría en la puerta de mi despacho”, y “busco, con la linterna de Diógenes, a un hombre honesto”. Caracterización: Permisivo ante el enriquecimiento ilícito generalizado, con dos ñapas penales idiosincráticas: Aduanas e Hydro-Quebec. Novedad: PROGENITOR de la corrupción y la impunidad.
3.- Antonio Guzmán Fernández: Propuso reducir la discrecionalidad de los fondos públicos y los favores en la administración pública. Rasgos: Rígido en la honestidad. Hubo escasas denuncias sobre timadores, y no avaladas. Ocurrencia: primer presidente en SUICIDARSE por descubrimiento de corrupción.
4.- Salvador Jorge Blanco: “Manos limpias” en el Gobierno fue su consigna de campaña electoral. Signo: Temeroso, manipulable y complaciente. Instrucciones punitivas resaltantes: Corde, CDA e Inespre. Originalidad: El primer presidente dominicano en ser sometido a la Justicia y guardar PRISION por supuesta sobrevaluación en compras de mercancías militares.
5.- Leonel Fernández Reyna: Prometió Tolerancia Cero con sustracción de bienes gubernamentales y que no habrá padrinos para los corruptos. Trazo: permisivo hasta la saciedad. Instrumentaciones tribunalicias típicas: Peme, Super Tucanos, Sun Land, Indrhi y CDE. Suceso: El registro primario de los más GIGANTESCOS escándalos de sobornos y estafas, con 66 auditorías no investigadas, presentadas por la Cámara de Cuentas a la Procuraduría General de la República.
6.- Hipólito Mejía Domínguez: “Los ladrones son el mayor problema del país”. Brotaron como expedientes clásicos el Plan Renove y el subsidio del GLP. Marca: Relajamiento del poder. Acontecimiento: El primer presidente en denunciar un fraude por 55 mil millones (Baninter), que se tradujo en su EXCLUSION de la presidencia de la República para otro mandato.
7.- Danilo Medina Sánchez: “El que se equivoque deberá pagar”. Síntoma: Hacerse de la vista gorda ante quienes, con el dolo, acumularon voluminosas riquezas, y terminaron en sumarios inconfundibles: Odebrecht, “Peaje sombra” y operaciones Antipulpo, Coral, Caracol, Medusa y Calamar. Cualidad: romper RÉCORD de sometimientos judiciales a parientes y partidarios.
8.- Luis Abinader Corona: “Tengo amigos, pero no cómplice”. Señal: Consistente y flexible, según tareas y razonamientos. Causas peculiares: Senasa, Intrant, Inabie y Lotería. Hecho: Primer presidente en separar de funciones gubernamentales a más de 40 cercanos colaboradores políticos (solicitud de renuncia y desvinculación) y tramitar ENJUICIAMIENTOS judiciales por la comisión de irregularidades gerenciales.
Asentado que la apropiación indebida viaja como una infección sistémica por todos los torrentes sanguíneos del Estado en conductores disímiles, y por los señalamientos precedentes, colegimos que ha sido aupada por la afectividad a parientes, amistades y correligionarios; la creencia ciega en la honorabilidad de compañeros de batallas, la satisfacción exagerada de compromisos electorales y el clientelismo. Uno de los mencionados, que ha resucitado como un inocente gallito de peleas, llegó a pedirle al Ministerio Público que archivara expedientes con graves imputaciones, emulando al buen pastor con sus ovejas.
En esa mecha ardiente radica la diferenciación entre los ocho jefes de Estado singularizados: su postura frente a las defraudaciones, impertérrita como Bosch y Guzmán. Quiénes con salmos, bendiciones, silbidos amorosos y sacramentos, que otean con urbanidad en el globular de Judas Iscariote, caminan en la confabulación más perniciosa. Quiénes agachan, no destapan, guardan en indultos y no acuden a la justicia, por cobardía o para supuestamente no “desconsiderar” a sujetos vinculados a héroes, mártires o figuras públicas, se desvían por la tangente y comprometen su responsabilidad jurídica e histórica.
Para cumplir con la solemne misión de resguardar el patrimonio público, garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, propender al máximo bienestar colectivo y honrar su memoria histórica con la grandeza de su reputación, a los mandatarios le conviene borrar la ternura empática y receptiva individualizada, y junto a sus subordinados pronunciar un solo idioma: la actuación ética y transparente. Y, para perpetuar esa notoriedad, están compelidos a someter a la Justicia a los hijos de Jesucristo -si cometen felonías- para así homenajear a Jesucristo en su condena a los pecados y en la redención de los marginados.
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El autor: Escritor, gremialista, catedrático y columnista de El Nacional y decenas de digitales.
Por Narciso Isa Conde
Fíjense que voy hablar de “Trump y la locura”, no de la locura de Trump, porque Donald Trump, presidente de EE. UU., bajo control del “poder profundo”, y específicamente del Complejo Militar-Industrial-Cibernético de esa superpotencia decadente, no está loco. Tampoco está senil,
A él le pasan otras cosas: es un ferviente y apasionado partidario de la post-verdad y los shows mediáticos, tiene un ego millones de veces más grande que su torre y que villa veraniega y ama la trampa; es un neofascista medular, milita en la supremacía blanca y en la eternidad del dominio colonial y neocolonial de EE. UU. y, en consecuencia, ante su inevitable declive, ha tenido que abrazar el remozamiento febril de la Doctrina Monroe y las nuevas derechas.
En parte son cosas de su psiquis, en parte de su crianza y socialización, en parte de sus “éxitos” en las influyentes prácticas de las subculturas de los “realitys shows” y la especulación en su formación. Pero, sobre todo, de la conversión del capitalismo y el imperialismo estadounidense en lumpen capitalismo y lumpen-imperialismo mundial, y del impacto desquiciante de su pérdida de hegemonía en la psiquis colectiva de las elites del sistema de dominación.
Trump no es solo él, es un engendro de un poderío en descomposición, algo que aloca a su poder profundo y a gran parte de su “clase” política.
La locura existe, pero es de la cúpula sistémica desesperada ante su decadencia global, ante la emergencia de los BRICS, del Sur Global, del auge de las luchas por la autodeterminación de los pueblos colonizados y neo colonizados, del mundo multipolar y de una mayoría global que no responde a sus nefastos designios.
Pero la locura no es tanta como para, derrotados en muchas partes del mundo, no proceder a concentrar sus fuerzas destructivas en su antiguo “patio trasero” en rebeldía; y es mucha para declarar que el petróleo, las tierras y los valiosos recursos naturales de Venezuela, y más allá de Venezuela, los de todas nuestra América latino-caribeña, son suyos.
La misión auto-asignada desde locura sistémica senil, en medio de su profunda crisis interna, de su declive en el propio Hemisferio Occidental y en este continente, de los jaguares criollos que pueden despertar y de la solidaridad extra-continental de la mayoría global que rechaza sus catastróficos designios, está condenada al fracaso.
Pero son muchos y terribles los daños que sus zarpazos imperiales pueden ocasionar. Y a ese palo podrido genocida Abinader nos quiere amarrar. ¡Basta ya!