Opinión
Honduras: EU y mafias dominantes emprenden contra-ataque sangriento
Por Narciso Isa Conde
En el 2009 Honduras fue la primera víctima del contra-ataque estadounidense a la ascendente oleada de cambios por la segunda independencia continental iniciada con el proceso bolivariano liderado por el Comandante Chávez.
El primer intento de revertir ese proceso se ejecutó en Venezuela con el fracasado golpe militar del 2002 contra el Gobierno de Chávez.
El segundo se materializó a raíz de los cambios progresivos en Honduras, situada entre la Nicaragua Sandinista y El Salvador en tren de victoria del FMLN, justo en el centro del istmo centroamericano, zona de especial importancia geopolítica y militar para EEUU y su Comando Sur; evidente en el rol asignado a la Base Militar de Soto Cano, ubicada en Palmerola-Honduras, donde se orquestó el golpe contra el Gobierno Liberal de Zelaya.
Hay que reconocer que bajo el influjo de esa formidable oleada continental, que traducida en importantes victorias gubernamentales se extendió a Sur y Centroamérica, el Presidente Zelaya optó y anunció importantes reformas sociales y políticas, incorporó a Honduras a PETROCARIBE y al ALBA, fortaleció la alianza con Chávez y estableció relaciones con Cuba; al tiempo de organizar una consulta popular para llevar a cabo una Constituyente Soberana que permitiera iniciar transformaciones políticas y sociales de mayor profundidad.
Y esto desató la conspiración golpista tutelada por EEUU con una saña propia del coloniaje abusivo contra un país mucho más débil que Venezuela.
- Desenlaces distintos en la Venezuela del 2002 y Honduras del 2009.
El pueblo venezolano, con el respaldo de un amplio sector militar chavista, pudo hacer los que siete años después no logró el hondureño.
En Honduras no fue posible derrotar el golpe tanto por la falta de respaldo militar democrático a la formidable resistencia popular desatada, como por el cansancio y debilidades propias de su liderazgo político liberal (concentrado en la figura de Manuel Zelaya-Mel) y la actitud transaccional de los Estados que lo respaldaron.
Finalmente se negoció la salida a la crisis de gobernabilidad y se aceptó la permanencia del régimen a cambio de una apertura electoral temporal, de importantes espacios democráticos y de una significativa presencia legal del liderazgo y sus fuerzas democráticas al interior del país.
En ese nuevo contexto se dividió el poderoso FRENTE NACIONAL DE LA RESISTENCIA POPULAR-FNRP, que había escenificado junto a su pueblo, durante varios meses, unas de las luchas más estelares de la historia reciente de nuestra América.
Importantes sectores del mismo y la facción del Partido Liberal que se mantuvo leal al liderazgo democrático y al progresismo de Mel Zelaya constituyeron un nuevo partido bajo las siglas de LIBRE, que logró la supremacía en el campo de la oposición electoral, rompiendo el viejo bi-partidismo y debilitando sensiblemente al Partido Liberal que lo había traicionado.
Las izquierdas más independientes, integradas sobre todo por movimientos sociales y políticos-sociales radicales y por sectores revolucionarios de la izquierda tradicional, conservaron parte de su fuerza y significativos liderazgos sociales acumulados durante la resistencia al golpe; pero se vieron afectadas por la falta de unidad y su limitada incidencia electoral en comparación con LIBRE.
EEUU, la derecha y la extrema derecha lideradas por el Partido Nacional (oficialista-golpista-conservador) optaron entonces, desde el Estado y el Gobierno, desde el poder constituido, por limitar y revertir los avances de la diversidad social y política de la oposición progresista y de izquierda; a base de pura represión militar-policial sangrienta, incremento y concentración de su poder económico, gansterización de la dominación política e implementación de fraudes y trampas a granel.
El presidente Porfirio Lobo fue impuesto en el 2009 mediante un gran fraude.
Igual aconteció con la candidatura de Juan Orlando Hernández en el 2013.
El Partido Nacional y la gran burguesía transnacional y local -ambas articuladas al militarismo fascistoide, a las mafias internacionales y criollas asociadas a ellas y a su corrompida partidocracia-, asumiendo un neoliberalismo feroz, avanzaron a raíz del desenlace negociado de la crisis post-golpe hacia un control más férreo y absoluto de todos los poderes e instituciones del Estado, esto es, hacia la conformación de una dictadura constitucional de corte terrorista.
Así Honduras ha quedado controlada por 17 familias súper-enriquecidas y por unos 225 híper-millonarios, con fortunas superiores a los 150 millones de dólares; mientras el 71% de su población vive por debajo de los límites de la pobreza y un altísimo porcentaje en la franca indigencia.
Su población trabajadora se ha trasladado de más en más hacia los EEUU, la mayoría en condición de inmigrantes ilegales (con todas sus dramáticas consecuencias), aportando 3 mil millones de dólares anuales que son manejados a beneficio de las elites sociales.
Las remesas y el narcotráfico constituyen los pilares de su economía, superando con creces las exportaciones agrícolas y el turismo; situándose adicionalmente la minería destructiva a cargo del capital transnacional como una de las grandes y actuales amenazas contra sus fuentes de agua y su medio ambiente, y como tema de grandes e intensas controversias sociales.
Especial incidencia ha tenido el Estado narco-terrorista colombiano en la instrumentación del terror y en el desarrollo del paramilitarismo en ese hermano país, así como las narcos-mafias mexicanas y colombianas en la gansterización del poder establecido.
El tristemente famoso Cartel del Valle de Colombia se destaca en el patrocinio del negocio de las drogas y la violencia paramilitar, y se combina con las asesorías policiales y militares para potenciar la violencia estatal y para-estatal, y profundizar el carácter represivo de los cuerpos castrenses y policiales hondureños, responsables de una larga tradición de violaciones a los derechos humanos en estrecha complicidad con las derechas y ultraderechas políticas y sociales.
Y a esto se agrega la relevante presencia de tres grandes carteles mexicanos: el de Sinaloa, Jalisco (Nueva Generación) y los Z, junto a la fuerte articulación del presidente Juan Orlando Hernández y uno de sus hermanos al negocio de las drogas prohibidas.
Tan horripilante y anti-democrática situación -pese a los 26 periodistas y más de cincuenta dirigentes y activistas sociales asesinados/as- fue perversamente silenciada durante estos años por las grandes cadenas y medios de comunicación al servicio del gran capital; contrastando con la mendaz cruzada contra la verdad en el caso de Venezuela, sistemáticamente acusada de tener un régimen dictatorial.
Solo el brutal asesinato de la líder de grandes batallas sociales y políticas, Berta Cáceres -todavía impune- no pudo ser sepultado por las mentiras y los silencios envilecedores.
- Votaciones, nuevo fraude y auto-golpe.
Con ese cuadro grotesco se llegó a las recientes elecciones nacionales, precedida de la re-postulación ilegal e inconstitucional del nuevo dictadorzuelo JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ (JOH), engendro de la burguesía lacaya y la narco-corrupción.
El fraude estructural se puso en marcha y aun así fue desbordado por un pueblo al que se le presentó la opción de votar por LIBRE con la candidatura de un consecuente luchador anticorrupción, respaldado por Mel Zelaya, el ex-presidente victimizado; cuyo liderazgo ha sufrido mermas, pero no tantas como para no sobresalir sus valores positivos frente a esa derecha criminal.
Al fraude estructural -consistente en volcar todo el poder del Estado contra la oposición, incluido el control del sistema electoral- se le agregó un fraude de contingencias o coyuntural: interrupción del sistema electrónico, alteración en horas del conteo, actas y votos y contaminación total de los resultados a beneficio del candidato oficialista luego del evidente triunfo de la ALIANZA OPOSITORA y su candidato Salvador Nasrrala.
Esa hiriente realidad activó la indignación y la rebeldía popular.
La resistencia del 2009 resucitó en esas nuevas circunstancias, protagonizada esta vez por una nueva generación radicalizada y una amplia confluencia de fuerzas, (incluida su clase trabajadora, importante fuerzas campesinas e indígenas, comunidades enteras y gran parte de las capas medias), volcándose en calles y caminos contra el fraude y el poder constituido; ahora con más conciencia, organización e independencia.
Movilizaciones gigantescas, comunidades alzadas, cortes de ruta, trincheras, paralizaciones, “caceroleos” nocturnos (en constante reciclamiento), indican la voluntad popular de no ceder, de no dejarse condicionar por pactos inconsistentes y de no aceptar bajo ninguna circunstancia la permanencia de JOH ni de su régimen.
El tono de autonomía popular, de reconstitución de las fuerzas políticas y movimientos de vanguardia -sin rupturas dramáticas con el liderazgo electoral y sin negar la cooperación y coincidencias posibles con él- prima en esta explosión de la indignación acumulada, convertida en luchas callejeras ascendentes.
La vía extra-institucional –aun cargada de dificultades y riesgos- para desplazar el régimen toma cada vez más cuerpo por la fuerza de los hechos.
- Empantamiento de las propuestas dentro de una institucionalidad pervertida y más represión.
De todas maneras desde la incidencia de la oposición electoral dentro de ese cuadro institucional en crisis y desde los resultados electorales veraces obstruidos por el Tribunal Electoral al servicio del Partido Nacional y compartes, han surgido propuestas de reconteos, de compaginaciones de actas disponibles y establecimiento de mecanismos de vigilancia más o menos idóneos, que han sido obstruidos o viciados en tanto afectan al fraude ejecutado; contando a la vez con la ambigüedad de los organismos y poderes mundiales que intervienen en medio del impasse.
La verdad es que en tales circunstancias por esa vía no pueden salir resultados adversos al régimen establecido por más vueltas que se le dé al tema estrictamente institucional-electoral.
No hay manera de recuperar los resultados reales.
Por eso el reconteo amañado que se ha realizado recientemente ofrece resultados similares a los que se dieron inmediatamente después de la interrupción del sistema y de la adulteración de los boletines.
El Tribunal Electoral es de ellos y es el que re-contea y ofrece datos y resultados previamente alterados.
El Estado está bajo control del Partido Nacional y de las mafias políticas, militares y empresariales con el beneplácito de EEUU.
EEUU, su OEA y la Unión Europea (su gran aliada) juegan con esa situación, uno con más maquillajes que otros, apostando a la continuidad de esa institucionalidad decadente y forzando a un pacto que bloquee el cambio y/o mediatice la salida a favor de quienes detentan el poder.
La situación se le complicó cuando aparecieron las primeras señales de desobediencia militar-policial, cuando temporalmente el Batallón Cobra y tropas especiales de la Policía Nacional se negaron a salir a las calles reprimir; apuntando a que puede producirse un respaldo castrense más decisivo al inmenso rechazo de la sociedad al gobierno; precisamente lo que tanta falta hace, junto a una eventual paralización total del país, contemplada y en vía de preparación por la fuerzas del campo popular.
La represión actual ha sido definida como brutal y superior a las anteriores; mientras la resistencia que incluye innumerables levantamientos barriales, nuevos cortes de vía, fogatas, trincheras improvisadas, cerco a retenes policiales sigue creciendo y se organiza mejor.
Al escribir estas líneas, el número de muertes a cargo de policías y militares, asciende a 18 y los heridos y apresados se cuentan por montones.
Radio Progreso, una de las pocas voces libres, a cargo de los jesuitas, ha sido temporalmente silenciada con un tumbe de antena.
- Sigue la pelea y se enfrentan nuevas maniobras.
Aun en medio de un cuadro tan tétrico, desafiando un toque de queda que tuvo que ser reducido por el gobierno a pocas horas de la noche, los movimientos sociales y fuerzas políticas de las izquierdas transformadoras -sin esperar señales del liderazgo electoral (parcialmente envuelto en las negociaciones de cúpulas y reclamos de reconteos y muy presionado por la Embajada de EEUU)- han reconstruido el FRENTE NACIONAL DE LA RESISTENCIA POPULAR-FNRP, para junto al MOVIMIENTO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO-MEU y la JUVENTUDES ANTI-FRAUDES promover, articular y dirigir los combates de callejeros y los procesos de movilización y paralización destinados a destituir el Gobierno de JOH y hacer colapsar las instituciones estatales que contrala.
Eso explica que antes y durante el desarrollo de esta delicada situación algunos de los componentes de la intervención externa a cargo de la llamada Comunidad Internacional hayan sugerido nuevas elecciones bajo su control, pero en el marco de la institucionalidad que está siendo impugnada por el pueblo movilizado.
Tampoco esto merece confianza si previamente no sale de escena el Gobierno de JOH y el Partido Nacional y si no se respeta la soberanía del pueblo hondureño. Las trampas y mediatizaciones también se construyen de esa manera.
Y ese contexto la Embajada gringa está apostando a ganarse para cualquiera de sus formulas de contención y salida controlable al candidato ganador, Salvador Nasrrala; separándolo de Zelaya (si este no se decide a pactar) y contraponiéndolo a la resistencia popular que plantea echar abajo el poder constituido y desarrollar un poder constituyente popular y soberano.
El desenlace posible no está claro.
La amenaza de intervención militar estadounidense, si las cosas se salen del control imperial y la hegemonía del bloque dominante, es además una realidad a contemplar y a enfrentar desde una expresión masiva y plebiscitaria de ese pueblo hermano.
Tal posibilidad requiere de un gran respaldo de los pueblos del Continente y del mundo, incluido de los gobiernos y Estados soberanos, con una clara determinación de revertir la contraofensiva imperialista y derechista, que pese a haberse impuesto recientemente en Argentina y Brasil, y a presentar avances en Ecuador, muestras fuertes inconsistencias y nuevas y promisorias resistencias e insubordinaciones populares
La alternativa popular y soberana, y su plan para arrancar de raíz el mal, están en construcción en Honduras con una inmensa carga de heroísmo
En esa dirección debe volcarse la más amplia y diversa solidaridad mundial hacia nuestra Honduras indignada y rebelde. No le demos la espalda ni la tratemos con indiferencia. Por el contrario, despleguémosla con audacia y energía.
Por Rommel Santos Diaz
El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo en cuenta las siguientes circunstancias:
- a)La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional;
- b)La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma;
- c)Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia.
El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigación y la determinación se basará únicamente en lo señalado anteriormente, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.
Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento ya que:
- a)No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia de conformidad con el artículo 58 del Estatuto de Roma;
- b)La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma ; o
- c)El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen, notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 del Estatuto o al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el artículo 13 del Estatuto de Roma.
Por otro lado, a petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al artículo 14 del Estatuto de Roma o del Consejo de Seguridad de conformidad con el artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión del Fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con este mismo artículo y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión.
Además la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se basará únicamente en el párrafo 1 c) o 2 c) del artículo 13 del Estatuto de Roma. En este caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.
Finalmente, el Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas informaciones.
Por Isaías Ramos
Mil doscientos millones de pesos para señalización turística. A la vez, se denuncian escuelas de jornada extendida con carencias de agua, baños, aulas, comedores y espacios adecuados.
No son partidas presupuestarias jurídicamente intercambiables. Pero sí revelan algo más profundo: qué problemas reciben recursos y urgencia del Estado, y cuáles continúan esperando.
La pregunta es inevitable:
¿Para quién está funcionando nuestro crecimiento?
La República Dominicana ha crecido. Negarlo sería absurdo. Han aumentado el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones y el PIB. Pero durante más de tres décadas hemos confundido crecimiento con desarrollo, como si una cifra macroeconómica pudiera sustituir el bienestar de una familia.
Nuestra Constitución establece otra jerarquía. El artículo 8 dispone que la función esencial del Estado es proteger los derechos de la persona, respetar su dignidad y procurar su desarrollo dentro de un marco de justicia social y bienestar general. El artículo 217 ordena orientar el régimen económico hacia el desarrollo humano.
La Constitución no coloca al ciudadano al servicio de la economía. Coloca la economía al servicio del ciudadano.
El crecimiento es un medio, no el fin de la República. Podemos exhibir excelentes indicadores mientras demasiados dominicanos compran agua, pagan de su bolsillo educación y salud y viven en comunidades donde el progreso parece pasar de largo.
El modelo ha consolidado rasgos de rentismo, extractivismo y exclusión. Extraemos minerales, pero también obtenemos rentas del agua, las costas, el suelo y el paisaje. Facilitamos inversiones, concedemos incentivos y construimos infraestructura pública. Eso puede ser legítimo y necesario. La pregunta es qué recibe la nación a cambio.
Las playas muestran esa contradicción con claridad. El artículo 15 de la Constitución las reconoce como bienes de dominio público y de libre acceso. Sin embargo, en distintos lugares el ciudadano encuentra dificultades para acceder a costas rodeadas por proyectos que monetizan aquello que pertenece a todos.
La empresa construyó el hotel.
Pero no construyó el mar.
No creó la playa.
No produjo el paisaje.
Cuando un bien natural colectivo se convierte de hecho en atributo de exclusividad comercial, debemos preguntar quién captura la renta, quién asume los costos y qué pierde la nación.
El turismo no es enemigo del país. La empresa privada tampoco. Necesitamos inversión que genere empleos dignos, fortalezca proveedores nacionales, contribuya fiscalmente, transfiera conocimientos, respete el medioambiente y deje comunidades más prósperas.
No queremos menos crecimiento. Queremos crecimiento que produzca desarrollo.
No queremos menos inversión. Queremos inversión que fortalezca a la nación que la hace posible.
No todo incremento del PIB equivale a mayor bienestar ni necesariamente a mayor riqueza nacional neta. Si al crecer agotamos acuíferos, degradamos costas, acumulamos pasivos ambientales o convertimos privilegios temporales en derechos permanentes, podemos contabilizar como progreso la pérdida de nuestro patrimonio. Ninguna nación puede llamar desarrollo a aquello que mejora las cuentas de esta generación a costa de la siguiente.
El Estado no está ausente. Está selectivamente presente.
Construye carreteras, facilita inversiones, protege propiedades, concede incentivos y promueve destinos. Y debe hacerlo. El problema es que demasiadas veces no muestra la misma eficacia y urgencia para garantizar agua potable, educación, salud, seguridad, saneamiento y servicios públicos dignos.
Ese desequilibrio erosiona la esencia del Estado social y democrático de derecho.
No necesitamos escoger entre empresa y pueblo, ni entre inversión y justicia social. Esa es una falsa disyuntiva. Debemos medir el éxito nacional no solo por cuánto crece la economía, sino por cómo crece, quién recibe sus beneficios, quién asume sus costos y qué deja en el país.
Eso exige proteger el acceso público a los bienes comunes; condicionar los incentivos fiscales a resultados verificables; incorporar los costos ambientales; promover empleo formal, encadenamientos productivos y contribución fiscal; y someter las grandes decisiones al interés general.
Pero la transformación no corresponde únicamente al Estado. Requiere ciudadanos dispuestos a vigilar, participar, exigir cuentas y defender aquello que pertenece a todos.
La República Dominicana necesita más que corregir políticas aisladas. Necesita un proyecto de nación capaz de unificar esfuerzos, ordenar prioridades y fijar metas para saldar una deuda social acumulada durante décadas: un proyecto que convierta crecimiento en desarrollo, desarrollo en derechos y derechos en oportunidades reales.
Ese proyecto no supone renunciar al turismo, al capital ni a empresas prósperas. Supone ponerlos al servicio de algo superior: una economía al servicio de una nación.
Debemos reconocer una verdad incómoda: hemos sido mucho más persistentes construyendo crecimiento que construyendo desarrollo.
Es tiempo de recuperar la jerarquía constitucional:
Primero la persona.
Primero su dignidad.
Primero el bien común.
Y entonces el mercado, la inversión y el crecimiento como instrumentos para alcanzarlos.
Al final, la historia no nos preguntará cuánto creció la economía. Nos preguntará qué país dejamos.
Entonces tendremos que responder:
¿De qué sirvió crecer si, mientras crecíamos, fuimos perdiendo aquello que pertenecía a todos?
Ante esa pregunta, la indiferencia no debe ser una opción.
Por Oscar López Reyes
En 1976, en Barahona yo ganaba 100 pesos mensuales en dos trabajos –en el gobierno y en un medio de comunicación- cubría holgadamente los gastos de mi recién formada familia de cuatro miembros, y me sobraba dinero. Caminaba las calles del pueblo como un privilegiado, sin deudas ni estrés. Dormía como un lirón por el estilo de vida sobrio y albergaba una gran esperanza en el futuro.
Como en la mayoría de las casas, en la mía no había televisión, teléfono, nevera, aire acondicionado y mucho menos un vehículo de motor. Tampoco estufa, licuadora, inversor ni botellones de agua, porque por una tubería llegaba sin pagar un solo centavo, igual que la basura, y se pagaban chelitos por el consumo de luz. En el liceo no se cobraba.
En los patios de las dos casas alquiladas donde vivía, en las céntricas calles Colón casi esquina Duvergé y Jaime Mota casi esquina José María Cabral, había frondosos árboles de mangos y limoncillos (quenepas), y en la última anafres (hornillos para cocinar con carbón) y una letrina surtida con periódicos y fundas de papel –provenientes de colmados- para el aseo defecatorio.
Esos pliegos sanitarios representaban una muestra de progreso, porque en las afueras de la ciudad y en las lomas, como Chene, en Enriquillo, para la limpieza tras las necesidades fisiológicas se acudía, en los montes, a piedras, hojas verdes, tusas de maíz y troncos leñosos -en forma giratoria- que se ramificaban desde el suelo.
Entre 1973-1976 en colmados y almacenes –no existían supermercados- se compraban menos de 20 productos hogareños, con precios establecidos por la Dirección General de Control de Precios. Una libra de arroz costaba 8 centavos, una libra de habichuelas 7 centavos, una libra de azúcar 4 cheles, una libra de carne 10 cheles y una botella de aceite comestible valía 30 centavos.
A primera hora de la mañana y en la tardecita se vendía a 8 y 10 cheles una botella o litro de leche de vaca, bien pura, acabada de llegar en bidones desde fincas ganaderas de Amador Pons, Sarita Báez, Buchinche Pérez Espinosa, los hermanos Milongo y Napó (Napoleón) Pérez, los hermanos Dámaso y Zulema López (mis tíos) y otros.
Los gastos eran restringidos, y los regalos escasos, porque muy pocos celebraban cumpleaños o visitaban restaurantes. Predominaba el consumo de helados, principalmente los domingos, antes y después de las retretas del Parque Central.
Esos precios son recordados por mercaderes y amas de casa de la época, debido a que no existían estadísticas de la canasta básica de consumo en pesos dominicanos, en virtud de que, justamente en 1976, el Banco Central fue cuando inició la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH).
A la postre, la compra alimenticia mensual para ocho personas –porque había que separar manjares para los vecinos más cercanos y los padres de los esposos- ascendía a menos de 20 pesos mensuales. Otros gastos: Un par de zapatos de la fábrica gubernamental Fac Doc costaba 4 pesos, y cuando al prestamista “Viste Encuero”, muy conocido en el mercado público y los predios judiciales de Barahona, los días 25 –fecha de pago en el gobierno- le avanzaban 50 centavos de un crédito de 7 pesos, los aceptaba gustosamente.
En esos años, el peso dominicano tenía una paridad con el dólar estadounidense, o sea, uno por uno. Para las transacciones cotidianas, junto a las monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, la de un centavo circuló hasta 1987, con la efigie de Caonabo, cuyo poder adquisitivo fue anulado por la inflación, aunque no se conoce la emisión de una resolución definitiva del Banco Central que la despoje de su poder liberatorio.
Aquellos conmemorados, bien recordados y limpiecitos 100 pesos mensuales: 60 de la Corte de Apelación (no se registraba ninguna deducción de impuestos sobre la renta ni de seguridad social) y 40 pesos de Radio Barahona equivalen, a junio de 2026, a 125 mil 898 pesos con 56 centavos nominales, calculando el Índice de Precios al Consumidor, año por año, el valor del capital y el efecto inflacionario. A este último salario, la Dirección General de Impuestos Internos le reduce a 98 mil 400 pesos con 44 centavos, porque se le aplica un descuento de 27 mil 498 pesos con 12 por aportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).
¡Ah, consumismo y lujos!
¡Uy, prima del dólar!
¡Guau, globalización!
Entre 1973 y 1976 yo andaba despacio, a pie, relax y divertido, de un sitio a otro por las calles de Barahona como un afortunado, porque en la Corte de Apelación (juicios penales y civiles) me desempeñaba como mecanógrafo y mensajero ocasional, ya que estaba responsabilizado de buscar, el 25 de cada mes en las oficinas de Correo, los cheques de los jueces Federico Neftalio Cuello López (Nene), Doro Buenaventura Vásquez, Máximo Deñó, Rafael Dotel Recio y David Vicente Vidal Matos, y el procurador general de ese tribunal, Secundino Gómez Pérez (Jumito), máximas autoridades judiciales de la provincia.
El día 25, los magistrados arribaban a la Corte más temprano que nunca, caminando desde sus casas, sin parafernalias. Recuerdo cuando los secretarios de la Corte, Rafael Alfredo Pérez Rocha (Fellito Tinina), y la Procuraduría, Alejandro Rocha Peña (Mingolito), les entregaban a los jueces los emolumentos que devengaban: unos 250 pesos. Fungían como alguaciles Rafael Matos (Alito), Ignacio Mota y Luis Marino Arias. De unos 20 empleados de ese tribunal, solo sobreviven este último, hoy notario público; el extogado David Vidal, la entonces escribiente Teresa Peña y este servidor.
Yo era el menor de edad y el de más bajo salario: 60 pesos mensuales, el mínimo estatal, y cumplía el horario de 7:30 a.m. a 1:30 p. m. En la segunda jornada laboraba, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, como secretario auxiliar de Rodolfo Z. Lama Jaar, propietario de Radio Barahona, Radio Pedernales, Radio Jimaní y Radio Neyba. Redactaba cartas, anuncios y notas luctuosas, nutrido por mis primeras prácticas escriturales en los clubes culturales y en los murales de la Juventud Comunista (Pacoredo) del liceo secundario Federico Henríquez y Carvajal.
El 11 de febrero de 2026 -justo 50 años después, porque ingresé en el citado mes- volví a las oficinas de la Corte de Apelación de Barahona y la nostalgia me envolvió con los cambios experimentados: existía uno que otro escritorio de caoba, pero ni en sombra las máquinas mecánicas Olympia, Olivetti y Remington, y prácticamente todos los jueces y empleados de 1973-1976 viajaron a un espacio inhóspito. El salario mínimo es de 20 mil 500 pesos y los titulares de Corte de Apelación ganan desde 260 mil 859 hasta más de 362 mil 304 pesos.
Albricias: Aparecieron los datos de mi ingreso al Poder Judicial, y me expidieron la certificación pertinente. El juez presidente de la Cámara Penal de la Corte y juez coordinador del Departamento Judicial (Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia), Joselín Moreta Carrasco, me dispensó la más esplendorosa atención. Lo que no dijo el texto fue que fui cancelado -el más próspero premio de mi vida, porque tuve que emigrar forzosamente a Santo Domingo- por negarme a ingresar al Partido Reformista del gobernante presidente Joaquín Balaguer. ¡Qué vida Balaguer!
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.