Opinión
Honduras: EU y mafias dominantes emprenden contra-ataque sangriento
Por Narciso Isa Conde
En el 2009 Honduras fue la primera víctima del contra-ataque estadounidense a la ascendente oleada de cambios por la segunda independencia continental iniciada con el proceso bolivariano liderado por el Comandante Chávez.
El primer intento de revertir ese proceso se ejecutó en Venezuela con el fracasado golpe militar del 2002 contra el Gobierno de Chávez.
El segundo se materializó a raíz de los cambios progresivos en Honduras, situada entre la Nicaragua Sandinista y El Salvador en tren de victoria del FMLN, justo en el centro del istmo centroamericano, zona de especial importancia geopolítica y militar para EEUU y su Comando Sur; evidente en el rol asignado a la Base Militar de Soto Cano, ubicada en Palmerola-Honduras, donde se orquestó el golpe contra el Gobierno Liberal de Zelaya.
Hay que reconocer que bajo el influjo de esa formidable oleada continental, que traducida en importantes victorias gubernamentales se extendió a Sur y Centroamérica, el Presidente Zelaya optó y anunció importantes reformas sociales y políticas, incorporó a Honduras a PETROCARIBE y al ALBA, fortaleció la alianza con Chávez y estableció relaciones con Cuba; al tiempo de organizar una consulta popular para llevar a cabo una Constituyente Soberana que permitiera iniciar transformaciones políticas y sociales de mayor profundidad.
Y esto desató la conspiración golpista tutelada por EEUU con una saña propia del coloniaje abusivo contra un país mucho más débil que Venezuela.
- Desenlaces distintos en la Venezuela del 2002 y Honduras del 2009.
El pueblo venezolano, con el respaldo de un amplio sector militar chavista, pudo hacer los que siete años después no logró el hondureño.
En Honduras no fue posible derrotar el golpe tanto por la falta de respaldo militar democrático a la formidable resistencia popular desatada, como por el cansancio y debilidades propias de su liderazgo político liberal (concentrado en la figura de Manuel Zelaya-Mel) y la actitud transaccional de los Estados que lo respaldaron.
Finalmente se negoció la salida a la crisis de gobernabilidad y se aceptó la permanencia del régimen a cambio de una apertura electoral temporal, de importantes espacios democráticos y de una significativa presencia legal del liderazgo y sus fuerzas democráticas al interior del país.
En ese nuevo contexto se dividió el poderoso FRENTE NACIONAL DE LA RESISTENCIA POPULAR-FNRP, que había escenificado junto a su pueblo, durante varios meses, unas de las luchas más estelares de la historia reciente de nuestra América.
Importantes sectores del mismo y la facción del Partido Liberal que se mantuvo leal al liderazgo democrático y al progresismo de Mel Zelaya constituyeron un nuevo partido bajo las siglas de LIBRE, que logró la supremacía en el campo de la oposición electoral, rompiendo el viejo bi-partidismo y debilitando sensiblemente al Partido Liberal que lo había traicionado.
Las izquierdas más independientes, integradas sobre todo por movimientos sociales y políticos-sociales radicales y por sectores revolucionarios de la izquierda tradicional, conservaron parte de su fuerza y significativos liderazgos sociales acumulados durante la resistencia al golpe; pero se vieron afectadas por la falta de unidad y su limitada incidencia electoral en comparación con LIBRE.
EEUU, la derecha y la extrema derecha lideradas por el Partido Nacional (oficialista-golpista-conservador) optaron entonces, desde el Estado y el Gobierno, desde el poder constituido, por limitar y revertir los avances de la diversidad social y política de la oposición progresista y de izquierda; a base de pura represión militar-policial sangrienta, incremento y concentración de su poder económico, gansterización de la dominación política e implementación de fraudes y trampas a granel.
El presidente Porfirio Lobo fue impuesto en el 2009 mediante un gran fraude.
Igual aconteció con la candidatura de Juan Orlando Hernández en el 2013.
El Partido Nacional y la gran burguesía transnacional y local -ambas articuladas al militarismo fascistoide, a las mafias internacionales y criollas asociadas a ellas y a su corrompida partidocracia-, asumiendo un neoliberalismo feroz, avanzaron a raíz del desenlace negociado de la crisis post-golpe hacia un control más férreo y absoluto de todos los poderes e instituciones del Estado, esto es, hacia la conformación de una dictadura constitucional de corte terrorista.
Así Honduras ha quedado controlada por 17 familias súper-enriquecidas y por unos 225 híper-millonarios, con fortunas superiores a los 150 millones de dólares; mientras el 71% de su población vive por debajo de los límites de la pobreza y un altísimo porcentaje en la franca indigencia.
Su población trabajadora se ha trasladado de más en más hacia los EEUU, la mayoría en condición de inmigrantes ilegales (con todas sus dramáticas consecuencias), aportando 3 mil millones de dólares anuales que son manejados a beneficio de las elites sociales.
Las remesas y el narcotráfico constituyen los pilares de su economía, superando con creces las exportaciones agrícolas y el turismo; situándose adicionalmente la minería destructiva a cargo del capital transnacional como una de las grandes y actuales amenazas contra sus fuentes de agua y su medio ambiente, y como tema de grandes e intensas controversias sociales.
Especial incidencia ha tenido el Estado narco-terrorista colombiano en la instrumentación del terror y en el desarrollo del paramilitarismo en ese hermano país, así como las narcos-mafias mexicanas y colombianas en la gansterización del poder establecido.
El tristemente famoso Cartel del Valle de Colombia se destaca en el patrocinio del negocio de las drogas y la violencia paramilitar, y se combina con las asesorías policiales y militares para potenciar la violencia estatal y para-estatal, y profundizar el carácter represivo de los cuerpos castrenses y policiales hondureños, responsables de una larga tradición de violaciones a los derechos humanos en estrecha complicidad con las derechas y ultraderechas políticas y sociales.
Y a esto se agrega la relevante presencia de tres grandes carteles mexicanos: el de Sinaloa, Jalisco (Nueva Generación) y los Z, junto a la fuerte articulación del presidente Juan Orlando Hernández y uno de sus hermanos al negocio de las drogas prohibidas.
Tan horripilante y anti-democrática situación -pese a los 26 periodistas y más de cincuenta dirigentes y activistas sociales asesinados/as- fue perversamente silenciada durante estos años por las grandes cadenas y medios de comunicación al servicio del gran capital; contrastando con la mendaz cruzada contra la verdad en el caso de Venezuela, sistemáticamente acusada de tener un régimen dictatorial.
Solo el brutal asesinato de la líder de grandes batallas sociales y políticas, Berta Cáceres -todavía impune- no pudo ser sepultado por las mentiras y los silencios envilecedores.
- Votaciones, nuevo fraude y auto-golpe.
Con ese cuadro grotesco se llegó a las recientes elecciones nacionales, precedida de la re-postulación ilegal e inconstitucional del nuevo dictadorzuelo JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ (JOH), engendro de la burguesía lacaya y la narco-corrupción.
El fraude estructural se puso en marcha y aun así fue desbordado por un pueblo al que se le presentó la opción de votar por LIBRE con la candidatura de un consecuente luchador anticorrupción, respaldado por Mel Zelaya, el ex-presidente victimizado; cuyo liderazgo ha sufrido mermas, pero no tantas como para no sobresalir sus valores positivos frente a esa derecha criminal.
Al fraude estructural -consistente en volcar todo el poder del Estado contra la oposición, incluido el control del sistema electoral- se le agregó un fraude de contingencias o coyuntural: interrupción del sistema electrónico, alteración en horas del conteo, actas y votos y contaminación total de los resultados a beneficio del candidato oficialista luego del evidente triunfo de la ALIANZA OPOSITORA y su candidato Salvador Nasrrala.
Esa hiriente realidad activó la indignación y la rebeldía popular.
La resistencia del 2009 resucitó en esas nuevas circunstancias, protagonizada esta vez por una nueva generación radicalizada y una amplia confluencia de fuerzas, (incluida su clase trabajadora, importante fuerzas campesinas e indígenas, comunidades enteras y gran parte de las capas medias), volcándose en calles y caminos contra el fraude y el poder constituido; ahora con más conciencia, organización e independencia.
Movilizaciones gigantescas, comunidades alzadas, cortes de ruta, trincheras, paralizaciones, “caceroleos” nocturnos (en constante reciclamiento), indican la voluntad popular de no ceder, de no dejarse condicionar por pactos inconsistentes y de no aceptar bajo ninguna circunstancia la permanencia de JOH ni de su régimen.
El tono de autonomía popular, de reconstitución de las fuerzas políticas y movimientos de vanguardia -sin rupturas dramáticas con el liderazgo electoral y sin negar la cooperación y coincidencias posibles con él- prima en esta explosión de la indignación acumulada, convertida en luchas callejeras ascendentes.
La vía extra-institucional –aun cargada de dificultades y riesgos- para desplazar el régimen toma cada vez más cuerpo por la fuerza de los hechos.
- Empantamiento de las propuestas dentro de una institucionalidad pervertida y más represión.
De todas maneras desde la incidencia de la oposición electoral dentro de ese cuadro institucional en crisis y desde los resultados electorales veraces obstruidos por el Tribunal Electoral al servicio del Partido Nacional y compartes, han surgido propuestas de reconteos, de compaginaciones de actas disponibles y establecimiento de mecanismos de vigilancia más o menos idóneos, que han sido obstruidos o viciados en tanto afectan al fraude ejecutado; contando a la vez con la ambigüedad de los organismos y poderes mundiales que intervienen en medio del impasse.
La verdad es que en tales circunstancias por esa vía no pueden salir resultados adversos al régimen establecido por más vueltas que se le dé al tema estrictamente institucional-electoral.
No hay manera de recuperar los resultados reales.
Por eso el reconteo amañado que se ha realizado recientemente ofrece resultados similares a los que se dieron inmediatamente después de la interrupción del sistema y de la adulteración de los boletines.
El Tribunal Electoral es de ellos y es el que re-contea y ofrece datos y resultados previamente alterados.
El Estado está bajo control del Partido Nacional y de las mafias políticas, militares y empresariales con el beneplácito de EEUU.
EEUU, su OEA y la Unión Europea (su gran aliada) juegan con esa situación, uno con más maquillajes que otros, apostando a la continuidad de esa institucionalidad decadente y forzando a un pacto que bloquee el cambio y/o mediatice la salida a favor de quienes detentan el poder.
La situación se le complicó cuando aparecieron las primeras señales de desobediencia militar-policial, cuando temporalmente el Batallón Cobra y tropas especiales de la Policía Nacional se negaron a salir a las calles reprimir; apuntando a que puede producirse un respaldo castrense más decisivo al inmenso rechazo de la sociedad al gobierno; precisamente lo que tanta falta hace, junto a una eventual paralización total del país, contemplada y en vía de preparación por la fuerzas del campo popular.
La represión actual ha sido definida como brutal y superior a las anteriores; mientras la resistencia que incluye innumerables levantamientos barriales, nuevos cortes de vía, fogatas, trincheras improvisadas, cerco a retenes policiales sigue creciendo y se organiza mejor.
Al escribir estas líneas, el número de muertes a cargo de policías y militares, asciende a 18 y los heridos y apresados se cuentan por montones.
Radio Progreso, una de las pocas voces libres, a cargo de los jesuitas, ha sido temporalmente silenciada con un tumbe de antena.
- Sigue la pelea y se enfrentan nuevas maniobras.
Aun en medio de un cuadro tan tétrico, desafiando un toque de queda que tuvo que ser reducido por el gobierno a pocas horas de la noche, los movimientos sociales y fuerzas políticas de las izquierdas transformadoras -sin esperar señales del liderazgo electoral (parcialmente envuelto en las negociaciones de cúpulas y reclamos de reconteos y muy presionado por la Embajada de EEUU)- han reconstruido el FRENTE NACIONAL DE LA RESISTENCIA POPULAR-FNRP, para junto al MOVIMIENTO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO-MEU y la JUVENTUDES ANTI-FRAUDES promover, articular y dirigir los combates de callejeros y los procesos de movilización y paralización destinados a destituir el Gobierno de JOH y hacer colapsar las instituciones estatales que contrala.
Eso explica que antes y durante el desarrollo de esta delicada situación algunos de los componentes de la intervención externa a cargo de la llamada Comunidad Internacional hayan sugerido nuevas elecciones bajo su control, pero en el marco de la institucionalidad que está siendo impugnada por el pueblo movilizado.
Tampoco esto merece confianza si previamente no sale de escena el Gobierno de JOH y el Partido Nacional y si no se respeta la soberanía del pueblo hondureño. Las trampas y mediatizaciones también se construyen de esa manera.
Y ese contexto la Embajada gringa está apostando a ganarse para cualquiera de sus formulas de contención y salida controlable al candidato ganador, Salvador Nasrrala; separándolo de Zelaya (si este no se decide a pactar) y contraponiéndolo a la resistencia popular que plantea echar abajo el poder constituido y desarrollar un poder constituyente popular y soberano.
El desenlace posible no está claro.
La amenaza de intervención militar estadounidense, si las cosas se salen del control imperial y la hegemonía del bloque dominante, es además una realidad a contemplar y a enfrentar desde una expresión masiva y plebiscitaria de ese pueblo hermano.
Tal posibilidad requiere de un gran respaldo de los pueblos del Continente y del mundo, incluido de los gobiernos y Estados soberanos, con una clara determinación de revertir la contraofensiva imperialista y derechista, que pese a haberse impuesto recientemente en Argentina y Brasil, y a presentar avances en Ecuador, muestras fuertes inconsistencias y nuevas y promisorias resistencias e insubordinaciones populares
La alternativa popular y soberana, y su plan para arrancar de raíz el mal, están en construcción en Honduras con una inmensa carga de heroísmo
En esa dirección debe volcarse la más amplia y diversa solidaridad mundial hacia nuestra Honduras indignada y rebelde. No le demos la espalda ni la tratemos con indiferencia. Por el contrario, despleguémosla con audacia y energía.
Por José Cabral
Por doquier se escucha la misma queja de que la sociedad dominicana ha desarrollado una cultura del engaño y el fraude.
Este problema tiene necesariamente que generar mucha preocupación y angustia, porque lo que ocurre nadie se atreve a negar que es una amenaza latente en contra de todos y cada uno de los dominicanos.
El país está atrapado por los cuatro puntos cardinales, cuyas consecuencias impactan a los de abajo, los del medio y los de arriba social y económicamente hablando.
Y esto hay que traerlo a colación porque si vamos a los tribunales en busca de justicia es el mismo escenario de la negación de derechos y justificación y estimulación de lo mal hecho.
No importa el circulo en que uno se mueva, el lenguaje es el mismo, la justificación de lo injustificable.
Es una cultura que no es fácil de erradicar, ya que los principales promotores del robo, el fraude e incluso de los asesinatos porque estimulan la vía de hecho, son los tribunales penales.
Son escenarios con un nivel de solemnidad que engañan al más inteligente y bonito, como el debate presidencial, cuyos participantes y aspirantes a dirigir el país, quienes debían estar presos en vez de aparecer por televisión para justificar sus aspiraciones, son los mejores exponentes de la «decencia nacional».
Es “cogío# que estamos, no parece haber escapatorias porque esas conductas los primeros en legitimarlas y justificarlas son los propios ciudadanos, los votantes, los perjudicados con unas acciones que dañan toda la nación.
La verdad que no se ve clara la salida a esta situación que genera una gran incertidumbre, ya que es muy poco lo que sirve.
Haga una reflexión y escoja el escenario que le parezca y comprobará que cualquiera se llena de pesimismo si es que usted ama el aspecto humano de la vida, de lo contrario tal vez no se alarme.
Por Isaías Ramos
El 14 de enero de este año, nuestra nación fue víctima de una de las peores ignominias que puede sufrir nuestra frágil democracia: la ruptura de nuestra Carta Magna. Con la promulgación de la Ley 1-24, que pretende instaurar la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se busca intimidar a la población y consolidar una tiranía que creíamos superada hace más de seis décadas.
Esta ley desafía abiertamente la Constitución que nos rige. Según el artículo 261, el sistema de inteligencia debe estar subordinado a instituciones independientes, como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, asegurando así su supervisión y alineación con el interés nacional. No obstante, el artículo 8 de la Ley 1-24 coloca la DNI directamente bajo el presidente, otorgándole un poder ilimitado que es tanto peligroso como inestable.
La historia nos ofrece lecciones claras sobre los peligros de un poder sin restricciones. Tácito, el historiador romano, advirtió: «El poder nunca es estable cuando es ilimitado». Este poder concentrado en una sola figura no solo va en contra de nuestras leyes fundamentales, sino que es una receta para el abuso y la corrupción.
Esta ley se levanta como un monstruo de múltiples cabezas que, de no ser detenido, destruirá los cimientos de esta débil democracia, llevándose consigo nuestra libertad y nuestros derechos más preciados: nuestra dignidad.
La implementación de esta ley podría llevarnos por un camino oscuro, similar al sufrido por ciudadanos en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde los servicios de inteligencia se han utilizado como herramientas para reprimir la disidencia y mantener a los líderes autoritarios en el poder.
La historia reciente de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida arbitrariamente, y de algunos dirigentes de la líder opositora María Corina Machado en un país bajo un régimen con leyes similares, nos sirve como un presagio sombrío de lo que podría suceder aquí. Sus experiencias de miedo, represión y violencia son un claro recordatorio de lo que está en juego.
Es imperativo que reconsideremos esta legislación y evaluemos sus impactos potenciales no solo en nuestra seguridad, sino en nuestra libertad.
El Frente Cívico y Social (FCS) comprende profundamente estas consecuencias y, por eso, instamos a la población a tomar una postura firme. Si esta ley no es derogada o modificada para alinearse con nuestros principios constitucionales antes de las elecciones del 19 de mayo, llamamos a la ciudadanía a abstenerse de votar o emitir un voto nulo. Esta acción de desobediencia civil no es solo un derecho, sino un deber cívico.
El sistema actual nos desmoraliza, nos lleva a vivir en un estado de desestabilización y crisis, causando miedo y terror que nos quitan el poder de razonar y pensar en lo verdaderamente importante.
De continuar indiferentes ante este enorme desafío, visualizamos un futuro donde el miedo y la represión se convertirán en la norma, y donde las libertades que tanto costaron conquistar serán solo un recuerdo lejano. Frente a este escenario, debemos recordar que aún tenemos la oportunidad de redirigir el rumbo de nuestra nación.
Defender nuestra libertad es ahora. No podemos permitir que las sombras de un pasado autoritario oscurezcan nuestro presente y nuestro futuro. Alcémonos con valor y compromiso, preparados para actuar y proteger lo que más valoramos. Solo así podremos superar las adversidades y fortalecer los pilares de nuestra democracia.
En el FCS estamos muy claros de que el futuro está en nuestras manos, y el momento de actuar es ahora. No esperemos más para defender nuestro sistema democrático y asegurar un mañana más prometedor y justo para todos. ¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 77 del Estatuto de Roma faculta a la CPI para imponer la condena de cadena perpetua, pero solo en aquellos casos en que se justifique debido a la extrema gravedad del crimen y las circunstancias individuales del condenado.
De otra manera, la pena máxima para los delitos del Estatuto de Roma es de 30 años de prisión. Algunas constituciones prohíben la cadena perpetua o el término de 30 años de prisión por considerar que estas penas no prevén una oportunidad para la rehabilitación, o que no son proporcionales con la naturaleza del crimen.
Sería difícil argumentar que los largos periodos de prisión son desproporcionados respecto a la mayoría de los crímenes de la competencia de la CPI, particularmente cuando la cadena perpetua debe ser justificada por la ̈extrema gravedad del crimen ̈. Tal condena solo se impondrá a aquellos que tengan el más alto nivel de responsabilidad en la comisión de los mas graves crímenes, tales como el genocidio.
Adicionalmente, el Estatuto de Roma prevé la posibilidad de la rehabilitación. Según el artículo 110, la Corte deberá revisar todas las condenas de prisión cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua para determinar si esta puede reducirse.
En el punto anterior la CPI considera estos aspectos como si la persona hubiese asistido a la Corte con la localización de cualquier bien objeto de una multa, decomiso u órdenes de reparación que pudiesen beneficiar a la víctima.
La CPI también podrá tomar en consideración ¨otros factores indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba, que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena¨
Por consiguiente una cadena perpetua podría reducirse a 25 años de prisión en algunos casos. Si la CPI decide no reducir la sentencia de la persona después de la primera revisión, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.
Durante las negociaciones sobre las penas de la CPI, muchos Estados estuvieron a favor de la aplicación de la pena de muerte en los casos extremos. El numero de Estados con pena de muerte es poco menor que el de aquellos que no tienen pena de muerte.
No existe la oportunidad para rehabilitación alguna cuando se impone la pena de muerte. Por ende la cadena perpetua con la posibilidad de reducirla a 25 años, es un compromiso razonable entre la pena de muerte y la prisión máxima de 30 años.
Los Estados deberán recordar que el artículo 80 del Estatuto de Roma expresamente establece que el Estatuto no afecta la aplicación por parte de los Estados de aquellas penas prescritas por su propio derecho interno , ni afecta la ley de aquellos Estados que no impongan las penas prescritas en el Estatuto de Roma.
Los Estados Partes no deben imponer las mismas penas por los mismos delitos en su jurisdicción, ni deberán aplicar las condenas de prisión a no ser que voluntariamente lo quieran hacer. En este caso, los Estados podrán también especificar las condiciones bajo las cuales aceptarían a las personas condenadas, inclusive la condición de no aplicar la cadena perpetua.
Por consiguiente, los Estados Partes que cuenten con las disposiciones constitucionales que prohíban la imposición de la cadena perpetua solo necesitaran permitir la excepción de entregar a la persona a la CPI, pese a que tal persona pueda ser condenada a cadena perpetua.
Los Estados Partes del Estatuto de Roma deberán entregar a la persona acusada a la CPI cuando ésta así lo solicite, aún si existe la posibilidad de que dicha persona sea condenada a cadena perpetua.
En el caso de muchos Estados, la potestad de la CPI para imponer la cadena perpetua no necesitará la aplicación de medidas legislativas particulares. Sin embargo, en algunos Estados la constitución explícitamente prohíbe la extradición de una persona a un Estado donde se aplica esta pena , o que declara la cadena perpetua como un castigo cruel. Estos Estados cuentan con dos opciones:
- a)Establecer claramente, en la norma que implemente el Estatuto, la distinción entre la extradición de una persona a otro Estado y la entrega de una persona a la Corte Penal Internacional.
Algunos Estados podrán realizar esta distinción en su legislación, lo cual les permitiría entregar personas a la CPI aunque existan una restricción a la ¨extradicion¨de personas a tribunales que impongan la pena de cadena perpetua. Esto les permitiría mantenerla prohibición de extraditar una persona a un tribunal extranjero, sin interferir con la habilidad de cooperar plenamente con la CPI.
- b)La reforma a la Constitución podría ser mínima, dirigida solo a la introducción de una excepción al principio. Podría especificarse que la cadena perpetua impuesta por la CPI de conformidad con el Estatuto de Roma para algunos de los crímenes allí enumerados no viola la Constitución.
Debería también mencionarse que el Estado puede entregar a la persona acusada a la CPI a pesar de que exista la posibilidad de la cadena perpetua. La enmienda constitucional podría también mencionar que la CPI puede reducir la condena después de 25 años, existiendo así la posibilidad de la rehabilitación.
Finalmente, la ventaja de una reforma constitucional que elimina cualquier posibilidad de un conflicto normativo, garantiza que los tribunales nacionales dicten sus fallos de conformidad con sus obligaciones legales establecidas en el Estatuto de Roma.