Opinión
Honduras: EU y mafias dominantes emprenden contra-ataque sangriento
Por Narciso Isa Conde
En el 2009 Honduras fue la primera víctima del contra-ataque estadounidense a la ascendente oleada de cambios por la segunda independencia continental iniciada con el proceso bolivariano liderado por el Comandante Chávez.
El primer intento de revertir ese proceso se ejecutó en Venezuela con el fracasado golpe militar del 2002 contra el Gobierno de Chávez.
El segundo se materializó a raíz de los cambios progresivos en Honduras, situada entre la Nicaragua Sandinista y El Salvador en tren de victoria del FMLN, justo en el centro del istmo centroamericano, zona de especial importancia geopolítica y militar para EEUU y su Comando Sur; evidente en el rol asignado a la Base Militar de Soto Cano, ubicada en Palmerola-Honduras, donde se orquestó el golpe contra el Gobierno Liberal de Zelaya.
Hay que reconocer que bajo el influjo de esa formidable oleada continental, que traducida en importantes victorias gubernamentales se extendió a Sur y Centroamérica, el Presidente Zelaya optó y anunció importantes reformas sociales y políticas, incorporó a Honduras a PETROCARIBE y al ALBA, fortaleció la alianza con Chávez y estableció relaciones con Cuba; al tiempo de organizar una consulta popular para llevar a cabo una Constituyente Soberana que permitiera iniciar transformaciones políticas y sociales de mayor profundidad.
Y esto desató la conspiración golpista tutelada por EEUU con una saña propia del coloniaje abusivo contra un país mucho más débil que Venezuela.
- Desenlaces distintos en la Venezuela del 2002 y Honduras del 2009.
El pueblo venezolano, con el respaldo de un amplio sector militar chavista, pudo hacer los que siete años después no logró el hondureño.
En Honduras no fue posible derrotar el golpe tanto por la falta de respaldo militar democrático a la formidable resistencia popular desatada, como por el cansancio y debilidades propias de su liderazgo político liberal (concentrado en la figura de Manuel Zelaya-Mel) y la actitud transaccional de los Estados que lo respaldaron.
Finalmente se negoció la salida a la crisis de gobernabilidad y se aceptó la permanencia del régimen a cambio de una apertura electoral temporal, de importantes espacios democráticos y de una significativa presencia legal del liderazgo y sus fuerzas democráticas al interior del país.
En ese nuevo contexto se dividió el poderoso FRENTE NACIONAL DE LA RESISTENCIA POPULAR-FNRP, que había escenificado junto a su pueblo, durante varios meses, unas de las luchas más estelares de la historia reciente de nuestra América.
Importantes sectores del mismo y la facción del Partido Liberal que se mantuvo leal al liderazgo democrático y al progresismo de Mel Zelaya constituyeron un nuevo partido bajo las siglas de LIBRE, que logró la supremacía en el campo de la oposición electoral, rompiendo el viejo bi-partidismo y debilitando sensiblemente al Partido Liberal que lo había traicionado.
Las izquierdas más independientes, integradas sobre todo por movimientos sociales y políticos-sociales radicales y por sectores revolucionarios de la izquierda tradicional, conservaron parte de su fuerza y significativos liderazgos sociales acumulados durante la resistencia al golpe; pero se vieron afectadas por la falta de unidad y su limitada incidencia electoral en comparación con LIBRE.
EEUU, la derecha y la extrema derecha lideradas por el Partido Nacional (oficialista-golpista-conservador) optaron entonces, desde el Estado y el Gobierno, desde el poder constituido, por limitar y revertir los avances de la diversidad social y política de la oposición progresista y de izquierda; a base de pura represión militar-policial sangrienta, incremento y concentración de su poder económico, gansterización de la dominación política e implementación de fraudes y trampas a granel.
El presidente Porfirio Lobo fue impuesto en el 2009 mediante un gran fraude.
Igual aconteció con la candidatura de Juan Orlando Hernández en el 2013.
El Partido Nacional y la gran burguesía transnacional y local -ambas articuladas al militarismo fascistoide, a las mafias internacionales y criollas asociadas a ellas y a su corrompida partidocracia-, asumiendo un neoliberalismo feroz, avanzaron a raíz del desenlace negociado de la crisis post-golpe hacia un control más férreo y absoluto de todos los poderes e instituciones del Estado, esto es, hacia la conformación de una dictadura constitucional de corte terrorista.
Así Honduras ha quedado controlada por 17 familias súper-enriquecidas y por unos 225 híper-millonarios, con fortunas superiores a los 150 millones de dólares; mientras el 71% de su población vive por debajo de los límites de la pobreza y un altísimo porcentaje en la franca indigencia.
Su población trabajadora se ha trasladado de más en más hacia los EEUU, la mayoría en condición de inmigrantes ilegales (con todas sus dramáticas consecuencias), aportando 3 mil millones de dólares anuales que son manejados a beneficio de las elites sociales.
Las remesas y el narcotráfico constituyen los pilares de su economía, superando con creces las exportaciones agrícolas y el turismo; situándose adicionalmente la minería destructiva a cargo del capital transnacional como una de las grandes y actuales amenazas contra sus fuentes de agua y su medio ambiente, y como tema de grandes e intensas controversias sociales.
Especial incidencia ha tenido el Estado narco-terrorista colombiano en la instrumentación del terror y en el desarrollo del paramilitarismo en ese hermano país, así como las narcos-mafias mexicanas y colombianas en la gansterización del poder establecido.
El tristemente famoso Cartel del Valle de Colombia se destaca en el patrocinio del negocio de las drogas y la violencia paramilitar, y se combina con las asesorías policiales y militares para potenciar la violencia estatal y para-estatal, y profundizar el carácter represivo de los cuerpos castrenses y policiales hondureños, responsables de una larga tradición de violaciones a los derechos humanos en estrecha complicidad con las derechas y ultraderechas políticas y sociales.
Y a esto se agrega la relevante presencia de tres grandes carteles mexicanos: el de Sinaloa, Jalisco (Nueva Generación) y los Z, junto a la fuerte articulación del presidente Juan Orlando Hernández y uno de sus hermanos al negocio de las drogas prohibidas.
Tan horripilante y anti-democrática situación -pese a los 26 periodistas y más de cincuenta dirigentes y activistas sociales asesinados/as- fue perversamente silenciada durante estos años por las grandes cadenas y medios de comunicación al servicio del gran capital; contrastando con la mendaz cruzada contra la verdad en el caso de Venezuela, sistemáticamente acusada de tener un régimen dictatorial.
Solo el brutal asesinato de la líder de grandes batallas sociales y políticas, Berta Cáceres -todavía impune- no pudo ser sepultado por las mentiras y los silencios envilecedores.
- Votaciones, nuevo fraude y auto-golpe.
Con ese cuadro grotesco se llegó a las recientes elecciones nacionales, precedida de la re-postulación ilegal e inconstitucional del nuevo dictadorzuelo JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ (JOH), engendro de la burguesía lacaya y la narco-corrupción.
El fraude estructural se puso en marcha y aun así fue desbordado por un pueblo al que se le presentó la opción de votar por LIBRE con la candidatura de un consecuente luchador anticorrupción, respaldado por Mel Zelaya, el ex-presidente victimizado; cuyo liderazgo ha sufrido mermas, pero no tantas como para no sobresalir sus valores positivos frente a esa derecha criminal.
Al fraude estructural -consistente en volcar todo el poder del Estado contra la oposición, incluido el control del sistema electoral- se le agregó un fraude de contingencias o coyuntural: interrupción del sistema electrónico, alteración en horas del conteo, actas y votos y contaminación total de los resultados a beneficio del candidato oficialista luego del evidente triunfo de la ALIANZA OPOSITORA y su candidato Salvador Nasrrala.
Esa hiriente realidad activó la indignación y la rebeldía popular.
La resistencia del 2009 resucitó en esas nuevas circunstancias, protagonizada esta vez por una nueva generación radicalizada y una amplia confluencia de fuerzas, (incluida su clase trabajadora, importante fuerzas campesinas e indígenas, comunidades enteras y gran parte de las capas medias), volcándose en calles y caminos contra el fraude y el poder constituido; ahora con más conciencia, organización e independencia.
Movilizaciones gigantescas, comunidades alzadas, cortes de ruta, trincheras, paralizaciones, “caceroleos” nocturnos (en constante reciclamiento), indican la voluntad popular de no ceder, de no dejarse condicionar por pactos inconsistentes y de no aceptar bajo ninguna circunstancia la permanencia de JOH ni de su régimen.
El tono de autonomía popular, de reconstitución de las fuerzas políticas y movimientos de vanguardia -sin rupturas dramáticas con el liderazgo electoral y sin negar la cooperación y coincidencias posibles con él- prima en esta explosión de la indignación acumulada, convertida en luchas callejeras ascendentes.
La vía extra-institucional –aun cargada de dificultades y riesgos- para desplazar el régimen toma cada vez más cuerpo por la fuerza de los hechos.
- Empantamiento de las propuestas dentro de una institucionalidad pervertida y más represión.
De todas maneras desde la incidencia de la oposición electoral dentro de ese cuadro institucional en crisis y desde los resultados electorales veraces obstruidos por el Tribunal Electoral al servicio del Partido Nacional y compartes, han surgido propuestas de reconteos, de compaginaciones de actas disponibles y establecimiento de mecanismos de vigilancia más o menos idóneos, que han sido obstruidos o viciados en tanto afectan al fraude ejecutado; contando a la vez con la ambigüedad de los organismos y poderes mundiales que intervienen en medio del impasse.
La verdad es que en tales circunstancias por esa vía no pueden salir resultados adversos al régimen establecido por más vueltas que se le dé al tema estrictamente institucional-electoral.
No hay manera de recuperar los resultados reales.
Por eso el reconteo amañado que se ha realizado recientemente ofrece resultados similares a los que se dieron inmediatamente después de la interrupción del sistema y de la adulteración de los boletines.
El Tribunal Electoral es de ellos y es el que re-contea y ofrece datos y resultados previamente alterados.
El Estado está bajo control del Partido Nacional y de las mafias políticas, militares y empresariales con el beneplácito de EEUU.
EEUU, su OEA y la Unión Europea (su gran aliada) juegan con esa situación, uno con más maquillajes que otros, apostando a la continuidad de esa institucionalidad decadente y forzando a un pacto que bloquee el cambio y/o mediatice la salida a favor de quienes detentan el poder.
La situación se le complicó cuando aparecieron las primeras señales de desobediencia militar-policial, cuando temporalmente el Batallón Cobra y tropas especiales de la Policía Nacional se negaron a salir a las calles reprimir; apuntando a que puede producirse un respaldo castrense más decisivo al inmenso rechazo de la sociedad al gobierno; precisamente lo que tanta falta hace, junto a una eventual paralización total del país, contemplada y en vía de preparación por la fuerzas del campo popular.
La represión actual ha sido definida como brutal y superior a las anteriores; mientras la resistencia que incluye innumerables levantamientos barriales, nuevos cortes de vía, fogatas, trincheras improvisadas, cerco a retenes policiales sigue creciendo y se organiza mejor.
Al escribir estas líneas, el número de muertes a cargo de policías y militares, asciende a 18 y los heridos y apresados se cuentan por montones.
Radio Progreso, una de las pocas voces libres, a cargo de los jesuitas, ha sido temporalmente silenciada con un tumbe de antena.
- Sigue la pelea y se enfrentan nuevas maniobras.
Aun en medio de un cuadro tan tétrico, desafiando un toque de queda que tuvo que ser reducido por el gobierno a pocas horas de la noche, los movimientos sociales y fuerzas políticas de las izquierdas transformadoras -sin esperar señales del liderazgo electoral (parcialmente envuelto en las negociaciones de cúpulas y reclamos de reconteos y muy presionado por la Embajada de EEUU)- han reconstruido el FRENTE NACIONAL DE LA RESISTENCIA POPULAR-FNRP, para junto al MOVIMIENTO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO-MEU y la JUVENTUDES ANTI-FRAUDES promover, articular y dirigir los combates de callejeros y los procesos de movilización y paralización destinados a destituir el Gobierno de JOH y hacer colapsar las instituciones estatales que contrala.
Eso explica que antes y durante el desarrollo de esta delicada situación algunos de los componentes de la intervención externa a cargo de la llamada Comunidad Internacional hayan sugerido nuevas elecciones bajo su control, pero en el marco de la institucionalidad que está siendo impugnada por el pueblo movilizado.
Tampoco esto merece confianza si previamente no sale de escena el Gobierno de JOH y el Partido Nacional y si no se respeta la soberanía del pueblo hondureño. Las trampas y mediatizaciones también se construyen de esa manera.
Y ese contexto la Embajada gringa está apostando a ganarse para cualquiera de sus formulas de contención y salida controlable al candidato ganador, Salvador Nasrrala; separándolo de Zelaya (si este no se decide a pactar) y contraponiéndolo a la resistencia popular que plantea echar abajo el poder constituido y desarrollar un poder constituyente popular y soberano.
El desenlace posible no está claro.
La amenaza de intervención militar estadounidense, si las cosas se salen del control imperial y la hegemonía del bloque dominante, es además una realidad a contemplar y a enfrentar desde una expresión masiva y plebiscitaria de ese pueblo hermano.
Tal posibilidad requiere de un gran respaldo de los pueblos del Continente y del mundo, incluido de los gobiernos y Estados soberanos, con una clara determinación de revertir la contraofensiva imperialista y derechista, que pese a haberse impuesto recientemente en Argentina y Brasil, y a presentar avances en Ecuador, muestras fuertes inconsistencias y nuevas y promisorias resistencias e insubordinaciones populares
La alternativa popular y soberana, y su plan para arrancar de raíz el mal, están en construcción en Honduras con una inmensa carga de heroísmo
En esa dirección debe volcarse la más amplia y diversa solidaridad mundial hacia nuestra Honduras indignada y rebelde. No le demos la espalda ni la tratemos con indiferencia. Por el contrario, despleguémosla con audacia y energía.
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?