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Honduras: piden 77 años de cárcel para ex primera dama

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El 4 de septiembre se dictará sentencia contra la esposa de Porfirio Lobo

La fiscalía de Honduras solicitó el martes una pena de 77 años de cárcel para la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, esposa del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), tras haber sido hallada culpable por 11 delitos relacionados con actos de corrupción.

El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva, confirmó la información a The Associated Press y comentó que el próximo 4 de septiembre se llevará a cabo otra audiencia en la que se dictará la sentencia para Bonilla de Lobo.

El tribunal tenía previsto dictar sentencia este martes, pero de última hora decidió sólo escuchar la petición de la fiscalía y reprogramar para la próxima semana la decisión final de cuántos años permanecerá en prisión.

El pasado 20 de agosto, la ex primera dama fue declarada responsable por tres delitos de apropiación indebida continuada y ocho delitos de fraude.

El tribunal de sentencia escuchó el martes a la fiscalía, que solicitó ocho años de cárcel por cada delito de fraude y 13 por los tres de apropiación indebida, que en total suman 77 años de reclusión. Además solicitó que se pague una cantidad equivalente al 10% de lo apropiado de manera ilícita, lo que correspondería a más de un millón de lempiras (unos 40 mil dólares).

Vea también: Esposa de expresidente Porfirio Lobo es declarada culpable por corrupción

La defensa solicitó la pena mínima de 11 años y tres meses de prisión.

Bonilla de Lobo no llegó a la audiencia y se excusó con el tribunal de sentencia aduciendo que estaba mal de salud. Sin embargo, el expresidente Lobo sí estuvo presente y al salir acusó a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y a la fiscalía de ensañarse con él y su familia, asegurando que lo que dicen de su esposa es falso.

“Lo que dicen ellos no es cierto y lo vimos en el juicio; se están ensañando”, comentó a medios locales.

Para el otro involucrado en el caso, Saúl Escobar, ex secretario privado del Despacho de la Primera Dama, la fiscalía pidió 64 años por los ocho delitos de fraude por los que fue declarado culpable.

A ambos se les vincula en el caso denominado “Caja chica de la dama”, que fue divulgado inicialmente por la MACCIH de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Según el Ministerio Público, la esposa del exmandatario se apoderó de más de 12 millones de lempiras (unos 480.000 dólares), que tomó de una cuenta a nombre del Despacho de la Primera Dama y Casa Presidencial y depositó en su cuenta personal cuatro días antes de que terminase el gobierno de su esposo.

El MP también señala que se apropiaron de 16 millones de lempiras (unos 650.000 dólares) que sacaron a través de más de 70 cheques emitidos a nueve empresas de fachada entre 2011 y 2015.

La investigación, que duró cuatro meses, concluyó con la captura de la ex primera dama en febrero de 2018, fecha desde la cual guarda prisión en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social.

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Candidato de Trump a fiscal general defiende la gestión del caso Epstein ante el Senado

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Washington, (EFE).- El fiscal general interino de EE.UU., Todd Blanche, nominado por el presidente, Donald Trump, para ocupar el cargo de manera permanente, defendió este miércoles la gestión del Departamento de Justicia en la divulgación de los papeles del caso de Jeffrey Epstein, durante su sesión de confirmación ante el Senado.

Ante las críticas de senadores demócratas sobre la censura de algunos documentos, Blanche reconoció que si bien hubo problemas en la publicación de miles de pruebas contra el fallecido delincuente sexual, estos fueron abordados y corregidos.
«Se realizaron grandes esfuerzos en aplicar las censuras adecuadas, se cometieron errores y, por tanto, aproximadamente el 1 % de las censuras tuvieron que corregirse después de que publicáramos los archivos de Epstein», indicó el que fuera abogado personal de Trump.

Subrayó que «no hay investigaciones cerradas» y que, aunque no existen de momento pruebas nuevas, revisarán la nueva información que surja.

«Si nos enteramos hoy, la semana que viene o el mes que viene de que existe un individuo al que podamos investigar, imputar y procesar a raíz de los archivos de Epstein, tengan por seguro que lo haremos», prometió Blanche, quien agregó que «jamás» dejarán de escuchar a las víctimas.

También insistió en que los papeles del caso Epstein fueron publicados gracias al compromiso de la Administración Trump con la transparencia.

La polémica sobre el caso del financiero y examigo de Trump, estalló después de que el Departamento de Justicia informara hace un año que no publicaría más información sobre el pederasta y asegurara que este no contaba con una lista de clientes famosos a los que chantajeaba, como afirman varias teorías conspirativas.

Aunque en un principio se mostró furioso con quienes pedían la publicación de todos los documentos, el mandatario rectificó y firmó la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein tras comprobar el fuerte apoyo del Congreso.

Primero como fiscal general adjunto y luego como titular interino tras la salida de Pam Bondi en abril, Blanche ha estado involucrado en la gestión del caso y la publicación de estos papeles, en los que el mandatario aparece mencionado más de mil veces.

También fue el encargado de encabezar un interrogatorio en prisión con Ghislaine Maxwell, expareja y principal colaboradora de Epstein.

Blanche también fue interrogado sobre el polémico fondo multimillonario para compensar a sus aliados de Trump que fueron investigados durante el Gobierno de su predecesor, Joe Biden.

«El fondo para investigar el uso partidista de las instituciones ha muerto. No va a seguir adelante», aseguró el fiscal general interino.

Tras la sesión de este miércoles, el Comité Judicial del Senado deliberará si recomendar su candidatura para un voto en el pleno.

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Más de 113 millones de personas en riesgo por el peor día de la ola de calor en Estados Unidos

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Agencia EFE

Estados Unidos vive este miércoles el peor día de la ola de calor con más de 113 millones de personas en riesgo «mayor» o «extremo», especialmente en el norte y el noreste del país, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).

La autoridad meteorológica advirtió en su último boletín de «calor y humedad anómalos» en el norte y medio oeste de EE.UU., que se extenderá hacia el noreste en los próximos días y dejará temperaturas de entre 32 y 38 grados centígrados.

Además, emitió este miércoles un aviso de calor «mayor» que afecta a las 113,8 millones de personas que residen en una amplia franja de terreno desde las Dakotas hasta Virginia, incluyendo a metrópolis como Chicago o Nueva York. Puntos aislados de California y Florida también están afectados.

Casi dos millones de personas, en las Dakotas, viven esta jornada bajo aviso «extremo«, que extiende el peligro a las infraestructuras y durante la noche.

El organismo prevé que las condiciones de calor abandone los núcleos más poblados a partir del jueves, día en que ambos avisos afectarán a 95 millones de habitantes, mientras que esa cifra se reducirá a 66 millones el viernes y a 33 millones el sábado, principalmente en el sureste del país.

Aparte del calor, regiones de Texas, Nuevo México y Montana se encuentran hoy bajo alerta por inundaciones, a causa de fuertes tormentas.

En Texas, el NWS advierte de «acumulaciones totales de entre 6 y 8 pulgadas (entre 15 y 20 centímetros), con la posibilidad de superar las 10 pulgadas (25 centímetros) en algunas zonas durante los próximos días«, con riesgo de «peligrosas inundaciones repentinas».

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Corte Suprema mantiene la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos

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Agencia EFE

Estados Unidos.-La Corte Suprema de Estados Unidos consideró este martes ilegal la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, para limitar la ciudadanía de personas nacidas en territorio estadounidense como hijos de padres indocumentados o con visados temporales, un derecho que la corte considera consagrado en la Constitución.

El dictamen reconoce que «los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están ‘sujetos a la jurisdicción'» por lo que «son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda».

La decisión fue adoptada por cinco votos a favor y cuatro en contra de los magistrados que componen la corte y mantiene una interpretación de la Constitución que durante más de 150 años considera estadounidense a casi cualquier persona —existen excepciones como los hijos de funcionarios diplomáticos— que nazca dentro de la nación.

Otros tres jueces considerados conservadores disintieron del voto de la mayoría al no reconocer la ciudadanía por nacimiento «totalmente» automática.

Trump había prometido en campaña limitar la ciudadanía automática para hijos de migrantes irregulares, una medida que firmó el mismo día en que asumió su segundo mandato, el 20 de enero de 2025 y que inauguró un periodo de restrictivas políticas antimigratorias.

Trump acudió el pasado mes de abril a la sesión pública de la Corte Suprema en la que se debatió la legalidad de la orden, la primera vez que un mandatario estadounidense en ejercicio presencia argumentos orales ante el alto tribunal.

El mandatario estadounidense ha argumentado que la Decimocuarta Enmienda se ha malinterpretado y ha asegurado que EE. UU. es el único país que otorga el derecho de ciudadanía de manera automática cuando en su suelo, un argumento falso, puesto que una treintena de países en todo el mundo también reconocen ese derecho.

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