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Las mismas tarifas recibiran los hospitales que las clinicas por atender a afiliados de Senasa
Santo Domingo, R.D.-Desde el mes de agosto los hospitales públicos recibirán una remuneración por los servicios prestados a los afiliados del Seguro Nacional de Salud (Senasa) del régimen contributivo equivalente a la que perciben las clínicas privadas, una medida que, según el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, fortalecerá la sostenibilidad financiera de la red estatal y eliminará los copagos para los asegurados del régimen contributivo.
- El funcionario explicó que la decisión fue comunicada por el director de Senasa, Edward Guzmán, y entrará en vigor el próximo mes.
«A partir de agosto se iguala la tarifa de Senasa contributivo a todos los hospitales del país, igual que Andeclip«, anunció Landrón.
«El que va con un seguro contributivo no tiene que pagar copago. Invitamos a todos los afiliados a seguir asistiendo a la red pública, donde no tendrán que pagar un centavo adicional», expresó el funcionario durante la presentación del balance de sus primeros seis meses al frente del SNS.
El doctor sostuvo que los hospitales públicos cuentan con la capacidad tecnológica y la infraestructura necesarias para ofrecer atención de calidad.
Agregó que más del 93 % de la población dominicana dispone de un seguro de salud y que alrededor de 7.3 millones de personas tienen cobertura total en la red pública mediante el régimen subsidiado.
Entre los principales anuncios de la jornada, Landrón informó que el Gobierno dispone de casi 1,000 millones de pesos para iniciar una primera etapa de intervención del Hospital Salvador B. Gautier, iniciando por la Emergencia y el área de consultas.
- Los trabajos contemplan la construcción de una nueva área de emergencia con más de 40 camas, nuevos consultorios y la incorporación de equipos de alta tecnología, entre ellos un tomógrafo, un resonador magnético y un angiógrafo para procedimientos especializados.
Asimismo, indicó que continúan las intervenciones en el Hospital Francisco Moscoso Puello y que el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras será objeto de nuevas licitaciones para mejorar áreas críticas.
Landrón anunció que el Hospital Traumatológico de Yaguate, en San Cristóbal, será inaugurado en noviembre próximo, como parte de la expansión de la Red Nacional de Trauma.
Aseguró que el fortalecimiento de esta red ha permitido elevar la supervivencia de los pacientes politraumatizados.
«Podemos decir a todo pulmón en el día de hoy que el que llega vivo a un hospital de la red trauma tiene más del 98 % (de probabilidad) de salir vivo de ese centro por las atenciones, los recursos humanos, el equipamiento y la facilicidad de los diferentes medicamentos que necesitan estos pacientes», afirmó.
También anunció la implementación de una plataforma de mapificación que permitirá conocer en tiempo real la disponibilidad de camas, especialistas y otros recursos hospitalarios para agilizar la atención de emergencias en todo el país.
Como parte de los preparativos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el SNS dispondrá de más de 500 médicos para brindar cobertura sanitaria a atletas, delegaciones y espectadores durante el evento deportivo, según comentó Landrón.
Durante su rendición de cuentas, Landrón informó que la Red Pública de Salud ofreció 25,395,290 servicios especializados entre enero y junio de 2026, la mayor producción registrada por el sistema hospitalario en un primer semestre.
«Es una cifra histórica. Más de 25 millones de servicios especializados ofrecidos a la población. No es un cuento ni es fácil lograrlo. Detrás de estos números hay historias de esperanza, pacientes que recibieron consultas, cirugías, diagnósticos oportunos y una atención que cambió el rumbo de sus vidas», expresó.
El funcionario atribuyó estos resultados al fortalecimiento de la gestión hospitalaria, el seguimiento de los indicadores de desempeño, el equipamiento de hospitales y centros de atención primaria y el trabajo coordinado con las nueve regionales de salud.
Landrón destacó, además, el fortalecimiento del primer nivel de atención para aumentar la capacidad resolutiva de los centros de salud y reducir las referencias hacia hospitales de mayor complejidad.
- En salud mental, informó que la red pública dispone actualmente de 47 Unidades de Intervención en Crisis y 300 camas especializadas, con la meta de alcanzar 500 camas antes de finalizar el año.
«Era un dolor de cabeza dónde llevar un paciente en crisis. Hoy estamos dando respuesta y seguiremos avanzando hasta tener estas unidades en todos los centros de salud«, señaló.
Disminuyen las muertes maternas e infantiles
El director del SNS también destacó avances en los indicadores de salud maternoinfantil.
Indicó que durante el primer trimestre de 2026 la mortalidad materna se redujo en 57.5 %, la mortalidad infantil en 21 % y la mortalidad neonatal en 18 %, mientras que la mortalidad infantil mantiene una disminución acumulada de 9 % en comparación con el mismo período del año pasado.
Asimismo, resaltó los resultados del programa Chequéate RD, impulsado por la primera dama Raquel Arbaje para la detección temprana de cáncer de mama, cervicouterino y de próstata.
- Según dijo, la iniciativa ha beneficiado a más de 136,000 personas mediante evaluaciones realizadas en hospitales y jornadas móviles en todo el país.
Al concluir su intervención, Landrón afirmó que su gestión continuará enfocada en fortalecer la red pública de salud, mejorar la calidad de la atención y garantizar servicios oportunos para la población.
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Suprema Corte mantiene condena de RD$2 millones contra Jean Alain Rodríguez a favor de Marino Zapete
La Primera Sala declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por el exprocurador al considerar que no acreditó el interés casacional exigido por la Ley 2-23
SANTO DOMINGO.– La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dejó vigente la condena que ordena al exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez pagar una indemnización de RD$2 millones al periodista Marino Zapete Corniel, por concepto de daños morales relacionados con la salida del aire de su programa El Jarabe de Zapete.
La decisión fue adoptada por el tribunal presidido por Justiniano Montero Montero e integrado por los magistrados Samuel Arias Arzeno, Édynson Alarcón y Miguelina Ureña Núñez, al declarar inadmisible el recurso de casación presentado por Rodríguez Sánchez.
La Suprema Corte determinó que el recurrente no acreditó la existencia de interés casacional, requisito establecido por la Ley núm. 2-23 sobre Recurso de Casación.
Como consecuencia, permanece vigente la sentencia dictada el 26 de agosto de 2024 por la Tercera Sala Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que revocó una decisión de primer grado y estableció la responsabilidad civil del exprocurador.
Condena incluye interés judicial
Además de los RD$2 millones por daños morales, la decisión contempla el pago de un interés judicial de 1.5 % mensual, computado desde la notificación de la sentencia hasta su ejecución total.
La Corte de Apelación había rechazado, sin embargo, la demanda interpuesta contra Maybeth Rodríguez Sánchez, hermana del exprocurador, y determinó que tampoco fueron demostrados los daños materiales reclamados por Zapete.
El origen del conflicto
El litigio tiene su origen en informaciones difundidas por Marino Zapete el 25 de septiembre de 2019, durante una emisión de El Jarabe de Zapete, transmitido entonces por Teleradio América.
El periodista abordó contratos suscritos entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y Grupo Asimra, SRL, relacionados con el suministro de cemento asfáltico AC-30.
Dos de esos contratos habían sido firmados en 2017 por Maybeth Rodríguez Sánchez en representación de la empresa.
Tras las informaciones divulgadas, Zapete solicitó que las contrataciones fueran investigadas. Maybeth Rodríguez respondió mediante una comunicación en la que negó ser o haber sido suplidora del Estado y posteriormente presentó una acusación penal privada por difamación contra el comunicador, acción de la que desistió en 2020.
Zapete sostuvo en su demanda que Jean Alain Rodríguez ejerció presiones para que se retractara de sus señalamientos y que, ante su negativa, posteriormente se produjo la salida del aire de su programa. El periodista atribuyó a esos hechos los daños reclamados judicialmente.
Demanda fue rechazada inicialmente
En 2022, el tribunal de primera instancia rechazó la demanda al considerar insuficientes las pruebas presentadas.
La decisión fue posteriormente revocada por la Corte de Apelación, que estableció responsabilidad civil a cargo de Jean Alain Rodríguez y fijó en RD$2 millones la indemnización por daños morales.
Rodríguez recurrió la sentencia en casación alegando, entre otros aspectos, violaciones a su derecho de defensa, deficiencias en la motivación y valoración de las pruebas y cuestionamientos relacionados con la participación de una magistrada en la decisión de apelación.
SCJ no encontró acreditado el interés casacional
Al examinar los requisitos de admisibilidad, la Primera Sala concluyó que Rodríguez Sánchez no demostró que la sentencia impugnada contradijera jurisprudencia establecida por esa jurisdicción, que existieran criterios contradictorios entre tribunales sobre el asunto planteado o que fuera necesario establecer doctrina respecto de normas jurídicas inéditas.
Por esas razones, el recurso fue declarado inadmisible, sin que la Suprema Corte modificara la condena impuesta por la Corte de Apelación.
La SCJ también examinó el cuestionamiento relacionado con la magistrada Maritza Elupina Capellán Araujo. Determinó que la jueza había integrado el tribunal durante el conocimiento del proceso y que no fue recusada durante el trámite correspondiente.
Asimismo, estableció que su ausencia como firmante de la sentencia definitiva respondió a un error material, circunstancia que, según la Primera Sala, no afectó la validez de la decisión recurrida.
Lenin Jhericop Núñez de León deberá cumplir la medida de coerción en Najayo Hombres; el caso se originó tras una negociación para adquirir un iPhone 15 Pro Max
SANTO DOMINGO.– Un tribunal del Distrito Nacional impuso este miércoles tres meses de prisión preventiva contra Lenin Jhericop Núñez de León, señalado como presunto responsable de la muerte de Emmanuel Contreras Medina, de 23 años, quien fue agredido en medio de una negociación relacionada con la compra de un teléfono celular.
La medida de coerción fue dictada por el juez Rigoberto Sena, quien dispuso que el imputado cumpla la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. La audiencia se desarrolló en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva bajo un amplio dispositivo de seguridad.
Una negociación por un iPhone terminó en tragedia
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el hecho ocurrió el pasado 1 de julio, en los alrededores de un play ubicado en el sector Los Praditos, Distrito Nacional.
El Ministerio Público sostiene que Núñez de León habría perseguido a Contreras Medina y posteriormente lo habría golpeado con un bate en la cabeza y la espalda.
El incidente habría tenido su origen en una confusa negociación para adquirir un iPhone 15 Pro Max, anunciado a través de Facebook Marketplace. Según el expediente, en la operación también intervino un tercer hombre que actualmente se encuentra prófugo.
Las autoridades sostienen, además, que después de la agresión el imputado habría tomado el teléfono celular que Emmanuel tenía entre sus pertenencias mientras permanecía tendido en el pavimento.
Emmanuel permaneció ingresado hasta su fallecimiento
Contreras Medina resultó gravemente herido y permaneció bajo cuidados intensivos hasta que falleció el 9 de septiembre en el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora.
La solicitud de medida de coerción fue presentada por los fiscales Vladimir Viloria y Kelvyn Colón Rodríguez. En la audiencia también participaron representantes de la Fiscalía del Distrito Nacional y de la Dirección General de Persecución.
Según los fiscales litigantes, el tribunal consideró suficientes los presupuestos presentados para imponer la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.
Defensa rechaza responsabilidad del imputado
La defensa cuestionó la medida de coerción. La abogada Dianiris Perderaux sostuvo previamente que en los hechos participaron varias personas y rechazó que su representado fuera responsable de provocar la muerte de Contreras Medina.
Por su parte, Hugo Contreras, padre de Emmanuel, manifestó satisfacción por la decisión judicial y agradeció el respaldo recibido por su familia. También expresó su esperanza de que el proceso continúe hasta esclarecer completamente el caso.
La imposición de prisión preventiva constituye una medida de coerción y no una declaración de culpabilidad. El proceso penal deberá continuar hasta que los tribunales determinen las responsabilidades correspondientes.
Los jueces revisan las decisiones dictadas en primera instancia mientras el órgano acusador busca aumentar las penas y obtener condenas contra imputados que fueron descargados
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La corte continúa este martes el conocimiento de los recursos de apelación relacionados con el caso Antipulpo, proceso mediante el cual condenados, el Ministerio Público y otras partes procuran la revisión de decisiones adoptadas en primera instancia.
Las audiencias se desarrollan los martes, en horario aproximado de 10:00 de la mañana a 4:30 de la tarde, como parte de una fase judicial que deberá determinar si las decisiones recurridas son confirmadas, modificadas o revocadas conforme a los argumentos y pruebas sometidos por las partes.
El Ministerio Público mantiene su pretensión de que sean incrementadas algunas de las condenas impuestas y que se establezca responsabilidad penal respecto de personas que resultaron descargadas en primera instancia.
El órgano persecutor ha sostenido durante el proceso que el entramado investigado habría ocasionado al Estado dominicano un perjuicio económico superior a RD$5,000 millones, planteamiento que corresponde a la tesis de la acusación.
Tribunal retoma audiencia tras aplazamiento
La corte está integrada por los magistrados Doris Pujols Ortiz, Rafael Báez e Indhira Montás Pimentel, quienes tienen a su cargo la revisión de los recursos interpuestos contra la sentencia.
La audiencia anterior fue aplazada a solicitud de la defensa de José Idelfonso Correa, luego de que fuera presentado un certificado médico indicando que se encontraba en recuperación tras una intervención quirúrgica.
Superado ese aplazamiento, el tribunal retoma el conocimiento de los recursos y continuará escuchando los planteamientos de las diferentes partes involucradas.
Ministerio Público mantiene petición de penas mayores
En representación del Ministerio Público participan Wilson Camacho, director general de Persecución; Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), así como los fiscales Ernesto Guzmán Alberto, Elizabeth Paredes y Yoneivy González.
La acusación busca que la jurisdicción de alzada modifique parcialmente las decisiones adoptadas en primera instancia.
Entre sus pretensiones se encuentra conseguir penas superiores para determinados condenados, además de revertir los descargos pronunciados respecto de otros procesados.
Las defensas, por su parte, ejercen los recursos y medios correspondientes para cuestionar aquellos aspectos de la sentencia que consideran desfavorables a sus representados.
Los principales procesados
Entre las personas que recibieron condenas en primera instancia figura Juan Alexis Medina Sánchez, a quien el Ministerio Público ha señalado como principal responsable del entramado investigado.
También fueron condenados Magaly Medina Sánchez; Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública; Antonio Germosén Andújar, excontralor general de la República, y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, exfiscalizador de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
La etapa de apelación no constituye un nuevo juicio desde cero, sino una revisión jurisdiccional de los aspectos de la sentencia que han sido impugnados por las partes, conforme a las reglas del proceso penal.
Un proceso que continúa abierto
El denominado caso Antipulpo ha sido uno de los procesos judiciales por presunta corrupción administrativa de mayor dimensión económica presentados en los últimos años en República Dominicana.
Sin embargo, el proceso todavía no ha concluido definitivamente.
La corte deberá ponderar individualmente los argumentos contenidos en los recursos, las respuestas de las demás partes y los fundamentos de la sentencia recurrida antes de adoptar sus decisiones.
Por tanto, será la jurisdicción de apelación la que determine cuáles condenas permanecen, cuáles podrían ser modificadas y qué decisión corresponde respecto de las personas descargadas cuya absolución fue recurrida por el Ministerio Público.