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Hoy 16 de agosto es el 159 aniversario de la Restauración Dominicana
SANTO DOMINGO.- La República Dominicana celebra este 16 de agosto la reafirmación de la proclama de la independencia de 1844, la cual tuvo lugar desde 1863 hasta 1865 y cuyo proceso se conoce como el Día de la Restauración.
En ese momento tuvo lugar el emblemático Grito de Capotillo en el que se ondeó la bandera nacional a grito de ¡Dios, Patria y Libertad, República Dominicana! En ese momento se inició la guerra de la Restauración.
La Guerra de Restauración es considerada la segunda independencia nacional. Se trata conjuntamente de la más contundente prueba de identidad nacional, de definición y afianzamiento de la soberanía de la República Dominicana.
La Restauración fue un movimiento popular y nacionalista que mediante la guerra revolucionaria, devolvió a la República Dominicana su independencia, el 3 de marzo de 1865.
La base social de ese movimiento estaba constituida, fundamentalmente por campesinos, la gurgucia urbana. Estas clases enarbolaron la bandera del Republicanismo democrático como representantes del progreso económico Social y Político en su época histórica.
La Restauración fue además el mayor movimiento armado que conoció el país en toda su existencia, a partir incluso de los tiempos coloniales.
El 16 de agosto, los dominicanos conmemoran otro aniversario del inicio de los actos bélicos, que desataron la guerra domínico-española, por la restauración de la República Dominicana, que había sido proclamada el 27 de febrero de 1844, pero desde su fundación estuvo amenazada por las luchas intestinas de sus fundadores y otros que aún siendo acabados de llegar, ejercieron un protagonismo y una presión tan deliberante, que terminaron desplazando a los más sacrificados por la patria.
A estas luchas de intereses entre los dominicanos, se sumaron las constantes invasiones, amenazas y presiones de los haitianos, quienes alegaban que desde el tratado de Basilea en 1795, la isla era una sola e indivisible y por lo tanto se oponían a la independencia del territorio que ellos siempre habían reclamado y que habían gobernado desde el 9 de febrero de 1822, hasta el 27 de febrero de 1844.
Para finales del año 1864, ya el movimiento restaurador abarcaba todo el territorio dominicano, bajo el criterio de que la República todavía existía y bajo la consigna de “Libertad o Muerte” y “Guerra a Muerte Contra el Colonialismo Español y los Traidores a la Patria”
También presionaban e instigaban potencias como Francia, España, Inglaterra y el naciente imperio del norte, como llamara José Martí a los Estados Unidos de América. Estas potencias no tenían ningún interés real en el territorio dominicano, sino tenerlo como base para sus defensas o para atacar a otras potencias, por eso el desenfrenado interés por la estratégica bahía de Samaná.
En el caso de los haitianos, ya que ellos sólo querían esa parte de la isla para evitar que cayera en manos de alguna de esas potencias y en caso de verse atacados, dar a Quisqueya como botín de guerra, en un eventual acuerdo de paz.
En este estado de efervescencia, intranquilidad e inestabilidad social, política y económica, así como los constantes cambios de gobernantes y el revanchismo político, el país pasó sus primeros trece años de vida republicana, hasta que el 7 de julio de 1857, estalló un movimiento en todo el Cibao, que es conocido en la historia dominicana como la Revolución de Julio y terminó con el derrocamiento del segundo gobierno de Buenaventura Báez y abriendo el camino para el tercer y último gobierno de Pedro Santana.
El proceso de la anexión a España fue largo, ya que se acompañó de proyectos y gestiones como las que encabezaron Buenaventura Báez en 1846 y 1857, Mella y Felipe Alfaú en 1853.
Ya para 1860 la anexión a España comienza a germinar, a raíz de una larga exposición que escribió Pedro Santana a la reina Isabel II.
En esa carta Santana fundamenta la solicitud, señalando entre otras cosas, que el hecho de tener el mismo origen, religión y costumbres “nos inclinan a desear encontrar esa estabilidad en una más perfecta unión con la que fue nuestra madre patria que la que existe y seguramente nos presentará mejor oportunidad que las que ofrecen hoy las circunstancias”.
Como resultado de esta solicitud, llegó a Santo Domingo el general español Gutiérrez de Rubalcaba para estudiar la situación y rendir un informe, el cual fue favorable a la petición de anexión y Santana procedió a someter las bases en que debía apoyarse la anexión, las cuales especificaban lo siguiente:
1) El respeto a la libertad individual y al principio de no esclavitud.
2) Que el territorio dominicano fuera considerado como una provincia española y como tal, disfrutará de los derechos correspondientes.
3) La utilización del mayor número de hombres, especialmente los del ejército, que desde 1844 habían prestado importantes servicios a la patria.
4) La amortización del papel moneda circulante, como una de las primeras medidas.
5) El reconocimiento y validez de los actos gubernamentales, ocurridos en el país desde 1844.
Al comenzar el año 1861, los anexionistas se apoyaban en todo tipo de excusas para simular sus propósitos y mientras por un lado justificaban ante el gobierno español que la anexión se haría “conforme a los deseos que siempre habían manifestado los dominicanos”, por el otro lado se desarrollaba una política represiva, tratando de ahogar en sangre, cárceles y deportaciones, todo tipo de protesta que iban surgiendo en el país, y también se buscaba y se obtenía al precio que fuera, adhesión de los jefes militares y de grupos y personalidades influyentes.
Se colocaron personas de extrema confianza en los puestos claves, se escribieron circulares a funcionarios civiles y militares, así como a los cónsules y representantes diplomáticos acreditados en el país y se puso en funcionamiento la maquinaria propagandística para comunicarle al país, que ya la anexión era una realidad.
Para las primeras horas de la mañana del 18 de marzo de 1861, Pedro Santana, el primero y último presidente de la que hasta entonces había sido la República Dominicana, convocó al “pueblo” a la plaza de la catedral, hoy parque Colón, para darle oficialmente la “gran noticia” y bajar la bandera dominicana, para izar el pabellón español y entre las proclamas y argumentos en el acto de entrega, Santana proclamó lo siguiente:
“España nos protege, su pabellón nos cubre, sus armas impondrán a los extraños, reconoce nuestras libertades; Y juntos las defenderemos, formando un solo pueblo, una sola familia, como siempre fuimos; Juntos nos presentaremos ante los altares que la madre patria erigiera”.
La vuelta a la situación colonial se puso de manifiesto no sólo con la reincorporación del territorio a España, sino con el establecimiento de viejas modalidades coloniales, tales como instauración de las instituciones jurídicas hispánicas, un clima inquisitorial y de intolerancia religiosa, el predominio de los peninsulares y los prejuicios raciales frente a los nativos, entre otras barbaridades.
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JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
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Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.