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Arrancó en la Suprema Corte de Justicia Juicio Contra Supuestos Sobornados por Odebrecht.
Por Elba García
Es completamente normal que un imputado de un delito o crimen proclame que no tiene nada que ver con los hechos y que es totalmente inocente de los cargos en su contra.
Ahí precisamente entra el papel del Ministerio Público con la aportación de las pruebas necesarias o podría decirse imprescindibles para lograr una sanción por una violación de las leyes penales de la República Dominicana.
En el caso Odebrecht, la Procuraduría General de la República tiene alrededor de dos años con el desarrollo de supuestas investigaciones que pueda llevar a los imputados a responder por los ilícitos cometidos.
Sin embargo, desde el inicio de este caso, que es el más importante en términos de corrupción de todos los ocurridos en el país, se ha argumentado que las investigaciones al respecto llevadas a cabo por el Ministerio Público son muy pobres y que en consecuencia ese mal manejo del expediente podría dejar como resultado la libertad de los imputados por falta de pruebas.
Pero tal y como lo ha planteado este periódico, el juicio que se inicia hoy tal vez no tenga los resultados esperados, porque desde su inicio arrancó mal, ya que se ha planteado que no están todos los que son, ni son todos los que están, lo cual le quita legitimidad al proceso.
El propio Ministro Público no ha querido manejar con sinceridad el encausamiento de los imputados, dado que mucha gente sabe que sacó a los que más tienen responsabilidad en un caso con aspectos como son el soborno y la sobrevaluación, cuya última estafa no ha querido investigar el órgano del Estado responsable de perseguir el crimen y el delito.
Ese detalle por si solo hace poco creíble la acusación formulada por la Procuraduría General de la República, pero las dudas son mayores cuando no ha habido el interés de la Fiscalía de incluir en ese expediente una serie de personajes del Gobierno que están involucrados hasta los tuétanos en el caso.
Por esta razón, entre otras, el juicio de fondo que comienza hoy en la Suprema Corte de Justicia, sobre todo porque se ha demostrado hasta la saciedad que la Procuraduría General de la República no ha cumplido con su misión y no se ha ajustado al enunciado consignado en el ordenamiento jurídico de que la ley es igual para todos.
No son pocos los que consideran este juicio como una comedia más de las tantas a que tiene acostumbro el sistema de justicia al pueblo dominicano, principalmente porque la corrupción, máxime el robo en contra del Estado es realmente generalizado y siempre queda arropado por el manto de la impunidad que se ha convertido en una cultura en el país.
Aún surja una condena en contra de los imputados en el juicio que se inicia hoy, difícilmente el sistema de justicia del país recobre su credibilidad, porque se ha buscado aplicar la ley solo a una parte de los responsables de los sobornos, en los que hay involucrados otros legisladores y funcionarios del Gobierno.
La pregunta que se impone es por qué el Ministerio Público conjuntamente con la Cámara de Cuentas se han resistido a desarrollar una investigación sobre las sobrevaluaciones y cuál es la razón de que no se hayan formulado acusaciones sobre los evidentes responsables de estos crímenes en contra del Estado, cuyas cantidades envueltas son respetables y podrían servir para mejorar los sistemas de salud, de educación y de justicia en la República Dominicana.
La conclusión de este periódico, a la luz de las deficiencias y de los errores cometidos por el Ministerio Público, es preguntarse nuevamente como lo ha planteado muchas veces: ¿A caso se trata de ineptitud, negligencia o complicidad lo que ha primado en la investigación y formulación de cargos en contra de todos los que debieron estar?
De usted, amigo lector, la respuesta de un drama que nos atañe a todos, absolutamente a todos y cada uno de los dominicanos.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.