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Opinión

Huchi y las metas de Marcha Verde

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Por Narciso Isa Conde

Huchi lora, con sobrados méritos anticorrupción para hablar desde la tribuna de marcha verde, en ocasión de la reciente concentración frente al palacio nacional, fue invitado a leer una de sus interesantes -y muchas veces impactantes- décimas.

Previamente solicitó a la concurrencia, que antes de leerla, le pusiera atención a una denuncia “muy importante” sobre una provocación montada por el nieto del tirano trujillo, nutrida de una fuerte dosis de racismo-antihaitiano, de nazi-trujillismo, con participación de personas violentas vinculadas a la delincuencia. algo inaceptable dentro de la limpia trayectoria de marcha verde.

Hasta ahí todo bien.

Pero resulta que en su extensa exposición y en el texto de su décima, huchi afirmó que la meta de marcha verde en su lucha por el fin de la corrupción y la impunidad se circunscribe a lograr “una justicia independiente”; por demás pactada con este régimen, como ha sugerido sistemáticamente.

Y eso no es así y, por demás, resulta inaceptable.

Porque reduce un problema mayor a una reforma, que aunque justa, ha sido persistentemente obstruida por las características corrupta y corruptora de la institucionalidad plasmada en la constitución del 2010.

Y porque, además, para alcanzarla sugiere presionar por un pacto con un gobierno que lo prostituye todo; cuando esencialmente se trata de superar este gobierno y la institucionalidad pervertida y corrompida que tutela. (véase la historia de los pactos, incluido el eléctrico).

Cierre de los cambios institucionales progresivos en el marco de esta institucionalidad pervertida.

Ese bloqueo institucional infranqueable incluye todas las instituciones estatales electas (controladas por Danilo y la cúpula del pld), a todas las seleccionadas por las electas y a las creadas por decretos y leyes (poder ejecutivo, empresas y organismos centralizados y descentralizados del estado congreso, consejo de la magistratura, sistema electoral, régimen de partidos, altas cortes, cámara de cuentas, tribunal electoral, jce, banco central…).

Además, cuenta con la férrea complicidad de los llamados “poderes fáticos” (o de hecho), secuestrados por cúpulas mafiosas y aliados, o bajo control del cogollo del pld (policía nacional, fuerzas armadas, DNCD, CONEP, cámara minera, cámara americana…).

Reducir el trascendente reclamo del fin de la impunidad a la ilusión de una reforma del poder judicial -a través del corrupto congreso nacional dominado por el pld y por lo peor de la partidocracia (a su conversión en asamblea revisora de la constitución con esos fines)- ignorando la dictadura institucional mafiosa que bloquea todo lo que atente contra el poder mafioso, equivale a seguir sembrando falsas expectativas, aferrándose tozudamente a un concepción institucionalista que solo ha conducido -y seguirá conduciendo- al fracaso de los cambios planteados y al reciclaje del poder en descomposición.

Equivale a pretender transformaciones sustantivas dentro de una institucionalidad y un orden constitucional putrefacto que estamos obligados/as a reemplazar mediante el ejercicio de la democracia de calle y el despliegue de un proceso constituyente, que anule el poder constituido y desemboque en una constituyente popular y soberana.

Prolongar demasiado esa pretensión infundada -ya evidente en el destino fallido de esa y otras propuestas similares formuladas a este gobierno y este estado a lo largo del 2017- podría afectar sensiblemente la credibilidad conquistada por marcha verde y su sintonía con el pueblo verde movilizado.

• Una concepción en vía de superación, que algunos sectores prestantes de mv se resisten a abandonar.

y lo peor es que discursos “propositivos” de ese tipo han sido sensiblemente superados por otras ideas alternativas tanto en los debates y acuerdos de la comisión de análisis y contenido (y otras) como en los de organismos de decisión de marcha verde (asambleas, encuentro nacional verde, coordinadora nacional); aunque luego éstas han sido lamentablemente disminuidas, excluidas o mutiladas en grados Diversos en pronunciamientos como ese… y hasta en declaraciones y proclamas a cargo de portavoces de instancias ejecutivas y de propaganda del movimiento verde.

Resoluciones y textos consensuados o votados por amplia mayoría contrastan con esa decadente visión reduccionistas e institucionalista. y de eso doy constancias y puedo presentar pruebas, luego de haber participado activamente en esos mecanismos de elaboración y decisión a lo largo del 2017 y en lo que va del 2018.

Para muestras unos botoncitos.

Estos son tres de los párrafos del análisis que sustentó el plan de acción de mv, aprobados en todas las mesas del ii encuentro nacional de marcha verde:

“en su impactante ascenso, marcha verde ha puesto en evidencia la determinación del gobierno del presidente Danilo medina del partido de la liberación dominicana (PLD) y aliados de continuar rechazando la demanda nacional de justicia y de intentar perpetuar -mediante un control total de los tres poderes del estado- el actual sistema de robo e impunidad que contribuye a empobrecer a gran parte del pueblo y a despojarlo de medios de subsistencia, bienestar social, derechos esenciales y democracia real.”

“…. Esta realidad determina que marcha verde se encuentre hoy ante el desafío de construir -junto a los millones de hombres y mujeres de corazón verde del territorio nacional y de la diáspora dominicana- una nueva fase de lucha en la que se plante la bandera del fin de la impunidad en cada rincón de la patria, con la firme determinación de desplazar de una vez y para siempre toda la podredumbre política e institucional.” …..

“Esto implica reflexionar y debatir tanto las opciones de reformas legales e institucionales dentro del actual marco constitucional, como también lo relacionado con la transición a otro orden institucional y la necesidad de una constituyente participativa y soberana; procurando construir las soluciones mas acertadas…” (La coyuntura actual, trayectoria y perspectiva de marcha verde (pags 2 y 3/ plan de lucha para el próximo periodo/ 3-9-2017)

Y este es uno de los párrafos contemplados en el plan de acción aprobado sobre la forma de construcción del programa para el fin de la impunidad:

“las asambleas presentarán sus aportes al programa verde del fin de la impunidad, que finalmente recoja las reformas y transformaciones institucionales, políticas, económicas y sociales indispensables para alcanzar el fin de la impunidad y la corrupción; incluidas las consideraciones que se tenga sobre la democracia necesaria, el rol de poder constituyente y de asamblea constituyente, y otras opciones de cambios o reformas.” (plan de lucha para el próximo periodo pag 7 /santo domingo 3-09-2017)

Pero hay más.

El ii encuentro nacional verde ratificó la propuesta del juicio político a danilo con el propósito de convertirlo en un juicio de toda la sociedad a su inaceptable condición de actual jefe de la mafia gubernamental y del régimen de impunidad.

y hay más aún.

El programa para el fin de la impunidad no está concluido, pero ya los 6 foros verdes realizados hasta la fecha sugirieron incluir lo relativo al cierre de las corrompidas vías institucionales asumiendo mayoritariamente la propuesta de la constituyente popular y soberana o constituyente por elección popular.

Así también incluyó cambios estructurales y coyunturales de carácter político, económico, social y cultural que atacan raíces del modelo neoliberal y, sobre todo, los graves y diversos males agravados por la corrupción y la impunidad (daños ambientales, minería destructiva, violencia de género impune, transporte caótico, carencia de seguridad ciudadana, mafia de los combustible, mafia importadora, mafia eléctrica, deterioro de la salud y la educación, marginación y empobrecimiento de la juventud, carteles de la construcción, sistema de justicia, sistema electoral…)

Esto, sin desistir de reclamos inmediatos, exigencias de reformas específicas y demandas que presionen contra esta dictadura institucional mientras esté vigente; todo esto en estrecha relación con los cambios estructurales de mayor profundidad y la constituyente como norte.

Igual la reciente coordinación nacional de marcha verde aprobó esa visión y esas propuestas, incluida la constituyente popular y soberana (con ese nombre que la diferencia del actual congreso actuando como la asamblea revisora de la constitución); enfatizando que del poder constituido jamás podría surgir un poder constituyente, como el que se necesita para ponerle fin a la corrupción y a la impunidad de carácter estructural que padece la sociedad dominicana y degrada al sistema establecido en forma alarmante.

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Opinión

La Semana Santa: Un Espacio de tiempo Apropiado para Pensar en Valores.

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Por José Cabral

La Semana Santa, la cual es utilizada para invertir ese tiempo en asuntos que generalmente no son los más recomendables, debían servir en esta época  de crisis de valores para pensar en aquellas cosas que pueden repercutir en favor de nuestros hijos, nietos, la familia en sentido general y toda la sociedad.

Ello así, porque la República Dominicana prácticamente ha tocado fondo en lo que respecta a los valores, no sólo cívicos y democráticos, sino también morales y éticos.

La cercanía de las elecciones para escoger las autoridades nacionales, dígase presidente, vicepresidente, diputados y senadores, manda que los paradigmas que prevalecen ahora puedan ser cambiados para que de alguna manera nos acerquemos a una democracia más acorde con una nación civilizada.

Las pasadas elecciones municipales enviaron un mensaje muy contundente en lo que respecta a que por lo menos los gobiernos municipales han sido escogidos afectados de una peligrosa ilegitimidad, es decir, que no representan a la mayoría de los munícipes, lo cual podría implicar un profundo problema de gobernabilidad.

A este fenómeno se le ha dado una y mil explicaciones, pero el asunto radica en que la sociedad dominicana se rige por valores profundamente antidemocráticos, tal vez como una expresión fiel de su herencia histórico-cultural, la cual se fundamenta en el machismo, el caudillismo, el patriarcado, el jefismo y el amiguismo.

Estas distorsiones ahora también son alimentadas por el fenómeno del clientelismo, es decir, que porcentajes importantes de votantes acuden a depositar su voto no sobre la base de que haya mayores garantías para sus hijos, la familia y la sociedad, sino con la exigencia de que primera se les entregue los suyos.

Entonces, esta crisis de valores tiene que ser una razón más que suficiente para que reflexionemos cómo vamos a afrontar una distorsión que podría llevar al abismo a la sociedad dominicana.

La Semana Santa aparte de ser un momento importante para fortalecer los lazos afectivos familiares, también debe servir para que reflexionemos con mucha profundidad sobre el destino que nos espera si continuamos por este derrotero.

Una consecuencia evidente esta crisis tiene que ver con el colapso de prácticamente todos los partidos políticos dominicanos, los cuales hoy atraviesan por una falta de credibilidad que muy difícilmente en algunos años puedan permanecer con vida.

Naturalmente, entre los dominicanos ya es una cultura que se espere la desgracia total para entonces pensar en las que pueden ser las soluciones.

La sociedad dominicana, dentro de cuyo contexto hay que incluir al Estado, está gravemente amenazada por la falta de credibilidad de las instituciones que deben servir de soporte a la democracia, pero nadie parece tomar el asunto en serio.

La Semana Santa podría ser un espacio de tiempo para que se asuma con seriedad una crisis que tiene una diversidad de aristas que no se ven a simple vista, pero que corroen el sistema de una forma muy acelerada.

Ya hemos llegado a tener autoridades ilegitimas a nivel de los gobiernos locales, ahora falta ver cuál será el comportamiento del ciudadano frente a las elecciones presidenciales y congresuales, porque podría ser que ahí sí la puerca tuerza el rabo.

Aprovechemos la Semana Mayor para escrudiñar como asumir el reto, ya que la democracia nacional está agonizante, cuyas debilidades deben repartirse entre todos los actores que han propiciado la actual situación.

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Opinión

Momento de reconciliarnos con nuestro lema nacional.

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Por Isaías Ramos

En estos tiempos tan inciertos y complicados que vive la nación dominicana, una nación cuyo espíritu danza al ritmo del merengue y cuya fortaleza se ha forjado en la fe y el valor, nos encontramos ante una encrucijada que pone a prueba nuestra esencia. Una élite política ha oscurecido las esperanzas de muchos, sembrando un sentimiento de amargura en gran parte de nuestra población. Mientras tanto, las continuas crisis de nuestros vecinos nos recuerdan el valor de la estabilidad y la importancia de la unidad.

Recordemos las palabras de Juan Pablo Duarte, el padre de nuestra independencia: «Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor». Estas palabras resuenan con una verdad inquebrantable, especialmente en estos tiempos de incertidumbre. La nación se ve sacudida no solo por los vaivenes internos, sino también por las crisis que azotan a nuestros vecinos, recordándonos la fragilidad de nuestra estabilidad y la importancia de la unidad.

La Semana Santa se nos presenta como una pausa reflexiva, un momento sagrado para mirar hacia dentro y preguntarnos: ¿Hemos sido fieles al legado de quienes nos precedieron? En el silencio de estas jornadas, hallamos un espacio para la introspección, para volver a conectar con esos valores eternos de fe en Dios, amor patrio y libertad que nos legaron nuestros fundadores.

¿Cómo podemos, entonces, trascender la amargura y el descontento que parecen nublar nuestro horizonte? La respuesta yace en el poder transformador de la fe en Dios y en el amor incondicional por nuestra tierra. Al igual que en las luchas pasadas por nuestra independencia y soberanía, la fe en algo más grande que nosotros mismos fue el faro que guió a nuestros héroes. En esta Semana Santa, miramos hacia la cruz no solo como símbolo de sacrificio, sino como un recordatorio de la esperanza y la renovación.

La historia nos sirve de espejo, mostrándonos las huellas de aquellos que nos precedieron y las encrucijadas donde otros han tropezado. Las lecciones de naciones hermanas como Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua resuenan como ecos de advertencia y guía. Nos recuerdan la importancia de permanecer fieles a nuestros principios y los peligros de desviarnos del camino.

Imaginemos, por un momento, una República Dominicana renacida, donde el temor, la inseguridad y la corrupción sean meras sombras del pasado. Una nación donde cada ciudadano, movido por el temor reverente a Dios y el amor a su patria, contribuya a forjar un futuro lleno de esperanza y oportunidades. Este es el futuro que podemos construir juntos.

Que esta Semana Santa marque el inicio de un compromiso renovado, no solo con nuestras creencias personales, sino también con el legado que deseamos dejar. La cruz de Cristo, más allá de su significado religioso, simboliza la intersección entre nuestro pasado y nuestro futuro, entre nuestros errores y nuestra redención.

Así, en este momento sagrado, desde el Frente Cívico y Social hacemos un llamado a cada corazón dominicano: despertemos a la grandeza de nuestra herencia, a la fortaleza que reside en nuestra unidad y fe en Dios. Juntos, podemos transitar este camino hacia la redención, abrazando los desafíos como oportunidades para reafirmar nuestra identidad y propósito.

Que la Semana Santa sea el umbral que crucemos hacia un nuevo capítulo de nuestra historia, uno lleno de luz, paz y prosperidad.

¡Despierta, RD!

 

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Opinión

Implementación de leyes y procedimientos con la Corte Penal Internacional

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Por Rommel Santos Díaz

En términos generales los Estados Partes del Estatuto de Roma deberán contar con leyes y procedimientos que les permitan cumplir con todas las solicitudes de asistencia de la IPC. Estas leyes y procedimientos necesitan ser suficientemente flexibles para permitir el cumplimiento de los Estados Partes de cualquier especificación contenida en la solicitud, tal como el modo de ejecución de una solicitud en particular, o el procedimiento a seguir. Este podría incluir requisitos tales como la confidencialidad, u otras formas de protección de la información, así como la urgencia de la solicitud.

Todos los Estados deberán establecer un método efectivo de comunicación con la Corte para que resuelva cualquier problema que pueda surgir en relación con las solicitudes de asistencia de la Corte. Por ejemplo, alguien que trabajara en la Embajada del Estado en La Haya debería ser designado como contacto con la Secretaría de la Corte, para que así se puedan identificar posibles dificultades de manera incipiente. Como mínimo, se debería designar una persona contacto que mantenga archivos actualizados de todas las comunicaciones con la Corte y sus distintos órganos.

Cuando los Estados Partes del Estatuto de Roma debían cumplir con requisitos particulares para ejecutar las solicitudes de la Corte Penal Internacional, deberán hacérselo saber a la Corte cuanto antes, luego de la ratificación. Si no lo hacen deberán estar preparados para hacerlo cuando la Corte solicite tal información.Los Estados Partes podrían también necesitar leyes que permitan a las personas especificadas por la Corte para presenciar y asistir en el proceso de ejecución, luego de el Estado Parte   Consultado

. Estas personas incluirán a personal de la CPI, tales como el Fiscal y Fiscales Adjuntos. Podrían también incluir al Abogado Defensor, en el caso de una persona investigada por la CPI, cuando sea una orden o solicitud de cooperación de la Sala de Cuestiones Preliminares de conformidad con el artículo 57 del Estatuto.

En líneas generales, los artículos 94 y 95 del Estatuto de Roma facultan a los Estados para aplazar la ejecución de las solicitudes en ciertas situaciones. El artículo 94 describe la situación en que la solicitud interfiera con una investigación o enjuiciamiento en curso de un asunto distinto.

En el caso anterior el Estado requerido  podrá consultarlo ante la Corte Penal Internacional  y acordar un periodo de tiempo de prórroga  para la ejecución. Este periodo no excederá  de lo necesario para concluir la investigación o el enjuiciamiento de que se trate la ejecución de la solicitud. El Estado requerido podrá también prestar asistencia con sujeción a ciertas condiciones, en el caso en que decida prestar la asistencia de inmediato.

El artículo 95 describe el caso en que la solicitud de asistencia se aplace por estar pendiente la impugnación de admisibilidad de la causa. La Corte Penal Internacional es competente para decidir todos los asuntos jurisdiccionales que le conciernen.

Sin embargo, el Estado requerido podrá suspender la ejecución de una solicitud por estar pendiente una decisión de la Corte, a no ser que la Corte haya resuelto expresamente que el Fiscal puede recolectar prueba antes de que la Corte decida sobre la admisibilidad del asunto. En otras palabras, podría ser confuso ante tal situación si quien investigara el asunto sería la CPI o una autoridad nacional estatal.

Finalmente, por las razones anteriores los Estados podrán esperar hasta que se determine definitivamente la competencia de la Corte Penal Internacional, antes de que la ejecución de la solicitud sea obligatoria, según la parte 9 del Estatuto, salvo que la Corte disponga lo contrario.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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