Opinión
Huchi y las metas de Marcha Verde
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8 años agoon
Por Narciso Isa Conde
Huchi lora, con sobrados méritos anticorrupción para hablar desde la tribuna de marcha verde, en ocasión de la reciente concentración frente al palacio nacional, fue invitado a leer una de sus interesantes -y muchas veces impactantes- décimas.
Previamente solicitó a la concurrencia, que antes de leerla, le pusiera atención a una denuncia “muy importante” sobre una provocación montada por el nieto del tirano trujillo, nutrida de una fuerte dosis de racismo-antihaitiano, de nazi-trujillismo, con participación de personas violentas vinculadas a la delincuencia. algo inaceptable dentro de la limpia trayectoria de marcha verde.
Hasta ahí todo bien.
Pero resulta que en su extensa exposición y en el texto de su décima, huchi afirmó que la meta de marcha verde en su lucha por el fin de la corrupción y la impunidad se circunscribe a lograr “una justicia independiente”; por demás pactada con este régimen, como ha sugerido sistemáticamente.
Y eso no es así y, por demás, resulta inaceptable.
Porque reduce un problema mayor a una reforma, que aunque justa, ha sido persistentemente obstruida por las características corrupta y corruptora de la institucionalidad plasmada en la constitución del 2010.
Y porque, además, para alcanzarla sugiere presionar por un pacto con un gobierno que lo prostituye todo; cuando esencialmente se trata de superar este gobierno y la institucionalidad pervertida y corrompida que tutela. (véase la historia de los pactos, incluido el eléctrico).
Cierre de los cambios institucionales progresivos en el marco de esta institucionalidad pervertida.
Ese bloqueo institucional infranqueable incluye todas las instituciones estatales electas (controladas por Danilo y la cúpula del pld), a todas las seleccionadas por las electas y a las creadas por decretos y leyes (poder ejecutivo, empresas y organismos centralizados y descentralizados del estado congreso, consejo de la magistratura, sistema electoral, régimen de partidos, altas cortes, cámara de cuentas, tribunal electoral, jce, banco central…).
Además, cuenta con la férrea complicidad de los llamados “poderes fáticos” (o de hecho), secuestrados por cúpulas mafiosas y aliados, o bajo control del cogollo del pld (policía nacional, fuerzas armadas, DNCD, CONEP, cámara minera, cámara americana…).
Reducir el trascendente reclamo del fin de la impunidad a la ilusión de una reforma del poder judicial -a través del corrupto congreso nacional dominado por el pld y por lo peor de la partidocracia (a su conversión en asamblea revisora de la constitución con esos fines)- ignorando la dictadura institucional mafiosa que bloquea todo lo que atente contra el poder mafioso, equivale a seguir sembrando falsas expectativas, aferrándose tozudamente a un concepción institucionalista que solo ha conducido -y seguirá conduciendo- al fracaso de los cambios planteados y al reciclaje del poder en descomposición.
Equivale a pretender transformaciones sustantivas dentro de una institucionalidad y un orden constitucional putrefacto que estamos obligados/as a reemplazar mediante el ejercicio de la democracia de calle y el despliegue de un proceso constituyente, que anule el poder constituido y desemboque en una constituyente popular y soberana.
Prolongar demasiado esa pretensión infundada -ya evidente en el destino fallido de esa y otras propuestas similares formuladas a este gobierno y este estado a lo largo del 2017- podría afectar sensiblemente la credibilidad conquistada por marcha verde y su sintonía con el pueblo verde movilizado.
• Una concepción en vía de superación, que algunos sectores prestantes de mv se resisten a abandonar.
y lo peor es que discursos “propositivos” de ese tipo han sido sensiblemente superados por otras ideas alternativas tanto en los debates y acuerdos de la comisión de análisis y contenido (y otras) como en los de organismos de decisión de marcha verde (asambleas, encuentro nacional verde, coordinadora nacional); aunque luego éstas han sido lamentablemente disminuidas, excluidas o mutiladas en grados Diversos en pronunciamientos como ese… y hasta en declaraciones y proclamas a cargo de portavoces de instancias ejecutivas y de propaganda del movimiento verde.
Resoluciones y textos consensuados o votados por amplia mayoría contrastan con esa decadente visión reduccionistas e institucionalista. y de eso doy constancias y puedo presentar pruebas, luego de haber participado activamente en esos mecanismos de elaboración y decisión a lo largo del 2017 y en lo que va del 2018.
Para muestras unos botoncitos.
Estos son tres de los párrafos del análisis que sustentó el plan de acción de mv, aprobados en todas las mesas del ii encuentro nacional de marcha verde:
“en su impactante ascenso, marcha verde ha puesto en evidencia la determinación del gobierno del presidente Danilo medina del partido de la liberación dominicana (PLD) y aliados de continuar rechazando la demanda nacional de justicia y de intentar perpetuar -mediante un control total de los tres poderes del estado- el actual sistema de robo e impunidad que contribuye a empobrecer a gran parte del pueblo y a despojarlo de medios de subsistencia, bienestar social, derechos esenciales y democracia real.”
“…. Esta realidad determina que marcha verde se encuentre hoy ante el desafío de construir -junto a los millones de hombres y mujeres de corazón verde del territorio nacional y de la diáspora dominicana- una nueva fase de lucha en la que se plante la bandera del fin de la impunidad en cada rincón de la patria, con la firme determinación de desplazar de una vez y para siempre toda la podredumbre política e institucional.” …..
“Esto implica reflexionar y debatir tanto las opciones de reformas legales e institucionales dentro del actual marco constitucional, como también lo relacionado con la transición a otro orden institucional y la necesidad de una constituyente participativa y soberana; procurando construir las soluciones mas acertadas…” (La coyuntura actual, trayectoria y perspectiva de marcha verde (pags 2 y 3/ plan de lucha para el próximo periodo/ 3-9-2017)
Y este es uno de los párrafos contemplados en el plan de acción aprobado sobre la forma de construcción del programa para el fin de la impunidad:
“las asambleas presentarán sus aportes al programa verde del fin de la impunidad, que finalmente recoja las reformas y transformaciones institucionales, políticas, económicas y sociales indispensables para alcanzar el fin de la impunidad y la corrupción; incluidas las consideraciones que se tenga sobre la democracia necesaria, el rol de poder constituyente y de asamblea constituyente, y otras opciones de cambios o reformas.” (plan de lucha para el próximo periodo pag 7 /santo domingo 3-09-2017)
Pero hay más.
El ii encuentro nacional verde ratificó la propuesta del juicio político a danilo con el propósito de convertirlo en un juicio de toda la sociedad a su inaceptable condición de actual jefe de la mafia gubernamental y del régimen de impunidad.
y hay más aún.
El programa para el fin de la impunidad no está concluido, pero ya los 6 foros verdes realizados hasta la fecha sugirieron incluir lo relativo al cierre de las corrompidas vías institucionales asumiendo mayoritariamente la propuesta de la constituyente popular y soberana o constituyente por elección popular.
Así también incluyó cambios estructurales y coyunturales de carácter político, económico, social y cultural que atacan raíces del modelo neoliberal y, sobre todo, los graves y diversos males agravados por la corrupción y la impunidad (daños ambientales, minería destructiva, violencia de género impune, transporte caótico, carencia de seguridad ciudadana, mafia de los combustible, mafia importadora, mafia eléctrica, deterioro de la salud y la educación, marginación y empobrecimiento de la juventud, carteles de la construcción, sistema de justicia, sistema electoral…)
Esto, sin desistir de reclamos inmediatos, exigencias de reformas específicas y demandas que presionen contra esta dictadura institucional mientras esté vigente; todo esto en estrecha relación con los cambios estructurales de mayor profundidad y la constituyente como norte.
Igual la reciente coordinación nacional de marcha verde aprobó esa visión y esas propuestas, incluida la constituyente popular y soberana (con ese nombre que la diferencia del actual congreso actuando como la asamblea revisora de la constitución); enfatizando que del poder constituido jamás podría surgir un poder constituyente, como el que se necesita para ponerle fin a la corrupción y a la impunidad de carácter estructural que padece la sociedad dominicana y degrada al sistema establecido en forma alarmante.
Por Isaías Ramos
San Juan habló.
El Presidente entendió.
Ahora el Estado debe actuar.
El proyecto minero Romero ya no es un simple expediente ambiental: es una prueba de soberanía, autoridad institucional y respeto a la Constitución.
San Juan no se levantó contra la inversión ni contra el progreso. San Juan se levantó por el agua. Y cuando un pueblo se levanta por el agua, defiende la vida.
En un Estado Social y Democrático de Derecho, la inversión es bienvenida, pero subordinada a la dignidad humana, al interés general, al agua, al ambiente sano y a la soberanía popular.
El presidente Luis Abinader acertó al paralizar las actividades vinculadas al proyecto. Respondió a una realidad inocultable: una provincia agrícola, hídrica y movilizada rechazó un proyecto extractivo que percibe como amenaza a sus ríos y agricultura.
Las declaraciones de la empresa, afirmando que no se da por vencida y que buscará diálogo, pueden sonar diplomáticas; pero después de una decisión presidencial, pueden leerse como desafío elegante, presión calculada y gesto improcedente ante una comunidad que ya habló.
La empresa tiene derecho al debido proceso y a una respuesta formal. Pero no tiene derecho a desconocer la voluntad social ni a tratar el rechazo popular como obstáculo vencible con comunicación estratégica.
En República Dominicana la inversión no está por encima de la Constitución. Una concesión no es soberanía. Un permiso no es carta blanca. Una exploración no es derecho adquirido a explotar. Y un estudio de impacto ambiental no puede convertirse en antesala inevitable de una mina rechazada por el territorio.
El artículo 8 ordena al Estado proteger los derechos de las personas y crear condiciones para el desarrollo humano. La Constitución reconoce el agua como patrimonio nacional estratégico, esencial para la vida, y ordena proteger el ambiente sano para presentes y futuras generaciones.
Si una permisología de exploración o evaluación ambiental avanza ignorando la vocación agrícola, la fragilidad hídrica, la ausencia de licencia social y el rechazo masivo, contradice la Ley General de Medio Ambiente y el mandato superior de la Constitución.
La Ley Ambiental nació para prevenir, informar, consultar, restaurar y aplicar el principio de precaución. Cuando existe riesgo grave para el agua, la salud y la vida comunitaria, la falta de certeza absoluta no puede usarse como excusa para avanzar.
San Juan ya respondió la pregunta de fondo: agua sí, oro no.
A quienes defienden con ligereza la explotación industrial de oro habría que pedirles algo más que entusiasmo económico y frases sobre “minería responsable”: que citen, en cualquier lugar del mundo, con nombre, país, fecha y evidencia independiente, un caso de explotación aurífera industrial que no haya provocado daño ambiental significativo o irreversible, afectación hídrica comprobada, relaves peligrosos no remediados, deterioro neto de ecosistemas o pasivos pagados por comunidades; y que además haya dejado a su pueblo mejor, más seguro y más próspero, descontados los costos ambientales, sociales, hídricos y de remediación.
En República Dominicana la prudencia debe ser mayor: somos parte de una isla, con ríos cortos, acuíferos frágiles y montañas interconectadas. Aquí un error ambiental no queda aislado: baja al valle, afecta la agricultura y compromete agua sin sustituto. El oro se exporta y se agota; el agua y los suelos fértiles no se recuperan con discursos.
Si existe en el mundo un ejemplo incuestionable de explotación industrial de oro sin daño ambiental significativo, afectación hídrica, relaves peligrosos, deterioro neto del territorio ni pasivos comunitarios, que lo presenten. Y si no existe, que no nos pidan fe donde corresponde aplicar prudencia constitucional.
República Dominicana necesita una nueva Ley de Minería nacida de la Constitución, no extractivista: una ley que ponga el agua por encima del oro, la cuenca por encima del polígono minero y la comunidad por encima del contrato. Debe declarar zonas incompatibles con minería metálica y exigir garantías reales, cierre, post-cierre, monitoreo independiente, transparencia y participación ciudadana efectiva.
Que nadie confunda la paralización anunciada con victoria definitiva. El pueblo debe mantenerse vigilante hasta que las aguas se aclaren; hasta que la decisión sea formalizada y blindada; hasta que se legisle una Ley de Minería armónica con la Constitución; y hasta que ninguna empresa use la permisología como escalera hacia una explotación que el territorio ya rechazó.
Desde el Foro y Frente Cívico y Social impulsaremos una ruta cívica, jurídica e institucional: solicitudes para que ningún expediente avance sin transparencia, motivación legal y control ciudadano; estudio de una acción constitucional contra normas mineras incompatibles con el Estado Social y Democrático de Derecho; y convocatoria a una vigilancia nacional por el agua. Esta no es causa de un grupo: es causa de país.
En un país donde la partidocracia tantas veces ha abandonado al pueblo, la vigilancia ciudadana no es desconfianza gratuita: es deber patriótico. Hoy resuena aquella advertencia: “Nunca me fue tan necesario como hoy tener salud, corazón y juicio; hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria”.
En el Foro y Frente Cívico y Social entendemos que la mayor riqueza de una nación no está debajo de la tierra. Está en su gente, en su agua, en sus alimentos, en su educación, en su soberanía alimentaria y energética, y en su ciudadanía despierta.
San Juan habló.
El Presidente entendió.
La Constitución manda.
El pueblo debe vigilar.
Agua sí, oro no.
Ya basta de improvisar. Es tiempo de gobernar.
(Segunda entrega)
Por Oscar López Reyes
La publicidad digital (información procesada) ha prosperado, crecidamente como flor en primavera, por su exclusiva y ventajosa preferencia en el raudal de su automatización (función autónoma) y democratización tanto de su cobertura como del bajo costo presupuestario. Ha escalado un eslabón preeminente (por su cuantía y repetida difusión) del edificio mercadológico y sacudido la alfombra de los modelos de negocios comunicacionales. Se desplaza imparable…
En el universo hiperconectado y el cambio de mentalidades, el aforo de la digitalización experimenta un crecimiento de doble dígito, y lidera el gasto publicitario de República Dominicana, por ser más económica, por su precisa segmentación de audiencias, formato multimedia (texto, imagen y video), alcance global y por ser medible en tiempo real.
Reforcemos las palabras con cifras verificables: En 2025, la inversión publicitaria general de República Dominicana fue de 38 mil 645 millones de pesos, y la insertada en 583 medios oneline (redes sociales, buscadores y sitio web) fue 4 mil 600 pesos, que representó el 12%.
Los nuevos portales, blogs y nativos emergentes han logrado un gran alcance, y en el 2026 el 70% de la población dominicana incursiona en redes sociales, que la corona como el canal tecnológico dominante de interacción diaria, con una elevada inversión de tiempo.
Ese auge en apenas tres décadas se ha afianzado porque el consumo de noticias ha emigrado preponderantemente a redes sociales y portales digitales. Cerca del 90% de la población dominicana tiene acceso al servicio de internet, especialmente a través de la conexión celular, y más del 50% de los jóvenes entre 18 y 25 años la usa como su dieta alimenticia.
Empero, esa expansión se coloca muy por debajo del mercado planetario, que en el 2025 acumuló entre el 69% y el 73% de la inversión publicitaria global, lo que significa que los offlines o tradicionales (prensa escrita, radio, televisión y vallas/carteles) cuentan con un 30% de audiencia.
La publicidad en la red gira en el espinazo de algoritmos cambiantes, subastas y un ecosistema sofisticado y engorroso, en torno a por lo menos diez núcleos centrales:
1.- Contenido temático estratégico
La publicidad de contenido digital crea, edita y difunde narrativas emocionantes y motivantes sobre una marca, para posibilitar la acción de compra y fidelizar a audiencias preseleccionadas.
2.- Segmentación personalizada
Separar a clientes conquistados en grupos más pequeños y homogéneos (remarketing) para interactuar sobre el producto en plataformas definidas, a fin de lograr empatía, aumentar las visitas y detener a esos usuarios.
3.- Diversidad de espectro/plataformas
Las plataformas se fragmentan en cinco facetas: 1) Redes sociales, como Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, TikTok, Telegram, LinkedIn, X (Twitter) y WeChat, Comunicación en tiempo real; 2) Streaming: Netflix, Disney, HBO Max, Prime Video y Apple TV+; 3) Comercio Electrónico (E-commerce) Amazon, Shopify, Mercado Libre, Tiendanube yHotmart; 4) Educación Virtual y E-learning (LMS), y 5) Trabajo y Almacenamiento en la Nube.
4.- Interacción dinámica conversacional
Interlocutores emplean el diálogo explicativo personalizado —por redes sociales, WhatsApp o chatbots— para despejar dudas, explicar procesos y generar confianza en la línea para guiar hacia el acto de compra.
5.- Tipos de publicidad de mensajes
Los textos persuasivos son diseñados para convencer a los usuarios sobre los plus de los bienes y servicios, en las esferas informativa/educativa, afectiva/sentimental, narrativa/memorable, racional e inspiracional. Abarca Marketing en Buscadores (SEM), Social Ads, Display (banners), Nativa, Video, Email Marketing, Programática, Retargeting/Remarketing, Marketing de Influencer y Marketing de Afiliación.
6.- Clases de formatos innovadores
Los formatos de documento, imagen, video y audio en dispositivos electrónicos almacenar y optimizan bases de datos, editan y mejoran la calidad de fotografías, gráficos y web, la animación y la impresión.
7.- Flexibilidad con cambios inmediatos
La publicidad digital facilita cambios inmediatos, el perfeccionamiento del mensaje, el movimiento de presupuestos de un canal a otro y la maximización automatizada para rehuir al cansancio de la audiencia.
8.- Alto alcance/cobertura de la campaña
El anuncio o campaña sobre una marca o servicio es oído o visto por una inmensidad de receptores (alto alcance), en extensos territorios geográficos o segmentos de un mercado (alta cobertura), para su mejor posicionamiento.
9.- Menor costo de producción y difusión
Son reducidos y eficientes los costos tanto de producción como de divulgación de los mensajes, por plataformas de nichos con creativos visuales de alta calidad, sin necesidad de contratar costosas agencias publicitarias.
10.- Facilidad para medir resultados
Las auditorías, que por métricas miden en tiempo real la tasa de clics de usuarios que han visitado la web y la efectividad del mensaje, factor básico para reajustar la campaña y cuantificar la rentabilidad de la inversión.
Como perciben sus ojos, la comunicación social en tanto disciplina científica ha parido un área, la publicidad digital (vinculada también con el marketing), que se sustenta en la investigación, el conocimiento sistemáticamente estructurado, los diseños, los cálculos y estadísticas, las ciencias de datos, los modelos predictivos y la inteligencia artificial.
Al ritmo apresurado en que la publicidad digital evoluciona, conceptual y tecnológicamente, los sitios web, blogs, redes sociales y otros nativos digitales, desplazan a los periódicos impresos, que están siendo instalados en las páginas web; el podcast a la radio tradicional y el streaming y YouTube a la televisión por cable y abierta.
Excluyendo los clics falsos y fraudes publicitarios, la propagación de datos privados, los ruidos por la sobrecarga de información/anuncios y las continuas modificaciones en los algoritmos de las plataformas –susceptibles de disminuir las metas propuestas- la publicidad digital seguirá agrandando su panza. En la multimedia interactiva descansa el futuro y los anunciantes preferirán, en la lógica rentable empresarial, a las altas audiencias.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.
Opinión
El medio ambiente y los crímenes en el Estatuto de Roma (2 de 2)
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3 días agoon
mayo 13, 2026Por Rommel Santos Diaz
Además, para ser admisible, cada uno deberá ser ¨ de gravedad suficiente para justificar la adopción de otras medidas por la Corte Penal Internacional¨. Quedan excluidos los casos fuera de lo habitual en los que la gravedad de los hechos específicos no deja de ser secundaria.
Al evaluar la admisibilidad de un caso, la Fiscalía estudiará el daño ambiental causado por el crimen. Aunque la determinación de la gravedad de los crímenes ambientales se centra a menudo en los daños sufridos por humanos como consecuencia de un daño ambiental, también podrán considerarse los daños sufridos por el medio ambiente en sí, tal como ocurre cuando un crimen ocasiona un daño a gran escala en un ecosistema no utilizado por humanos con fines de subsistencia.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional también tendrá en cuenta factores de orden estrictamente ambiental al determinar la gravedad, entre ellos factores de escala, naturaleza e impacto:
Escala: el número de víctimas humanas y no humanas directa e indirectas o el alcance geográfico o temporal del daño ambiental.
Naturaleza: si se cometieron daños ambientales contra víctimas marginadas o en situación de vulnerabilidad, entre ellas, mujeres, menores, personas mayores, personas con discapacidad, Pueblos Indígenas, afrodescendientes y campesinos, o si estas víctimas se vieron especialmente afectadas.
Impacto: magnitud del daño, desde el punto de vista integral y con inclusión de los daños irreversibles y a largo plazo, v vista de manera acumulativa cuando se ha cometido una serie de actos de daño ambiental causado al entorno natural , con independencia de su efecto antropocéntrico ; el efecto intergeneracional del daño ambiental en la vida humana; y el daño social, cultural, psicológico, religioso, espiritual o socioeconómico especifico infligido por los crímenes ambientales, en particular a grupos o personas con vulnerabilidades interseccionales.
