Nacionales
Huracanes Irma y María sacaron de sus hogares a más de 80 mil personas
Se reportaron 9,529 viviendas inundadas y 71 comunidades aisladas
SANTO DOMINGO. La furia con que los huracanes Irma y María se acercaron a la República Dominicana obligó a que más de 80 mil personas tuvieran que salir de sus hogares.
El Centro de Operaciones de Emergencia (COE), registró un total de 9,529 viviendas anegadas, 188 destruidas totalmente, y 861 cuya destrucción fue parcial, tanto por los vientos como por las lluvias que provocó el huracán María.
El total de desplazados por el fenómeno atmosférico superó la cifra de 58 mil, de los que 47,645 se trasladaron a casas de familiares o amigos, y otros 10,929 fueron a alguno de los más de 3,262 albergues habilitados por las autoridades a nivel nacional. Al día de hoy continúan todavía fuera de sus hogares unas 8 mil personas. Por los efectos de María, que llevó a colocar en alerta roja a 28 provincias, se 71 comunidades quedaron incomunicadas, de las que 23 todavía se mantienen en esa condición por los efectos de las lluvias que, según la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), tuvo acumulados en algunas provincias por encima de los 500 milímetros.
Unos 128 acueductos salieron de servicio afectando la disponibilidad de agua potable a unos 1,752,415 dominicanos, y unos 350 mil clientes del Sistema Energético Nacional quedaron sin electricidad en algún momento.
Con Irma, la cifra de desplazados llegó a las 24,076 personas, pero el COE estima que 2 millones de personas se vieron afectadas directa o indirectamente. Unas 38 comunidades quedaron incomunicadas. Los acueductos que salieron de servicio fueron 62, afectando a una población de 1.4 millones de habitantes.
Con Irma fueron derribadas 108 viviendas, siendo la comunidad de Boba, en Nagua, la más impactada, con un total de 42, algunas por efecto de los vientos, que azotaron a una velocidad de 150 kilómetros por hora, y otras por las olas que alcanzaron altura de unos 18 pies.
De acuerdo con el último reporte ofrecido por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) están bajo alerta verde las provincias Montecristi y Duarte, en especial sus comunidades Castañuelas y Guayubín.
El COE indica que unas 7,746 personas permanecen desplazadas en casas de familiares, 274 están en seis albergues oficiales que permanecen habilitados. En tanto que 17 comunidades permanecen incomunicadas, 6,057 viviendas anegadas y 861 parcialmente afectadas. En cuanto a los acueductos, 26 se encuentran afectados, 14 puentes y cinco carreteras.
María causó daños por más de RD$3,000 millones“Hemos tenido un año con situaciones adversas, a principio de año las lluvias en la región Norte, en abril y marzo, y los huracanes Irma y María, pero estamos avanzando y trabajando en todo el país”, sostuvo Castillo.
Adelantó que el MOPC ha iniciado los trabajos de reparación del tramo dañado en la carretera El Seibo-Miches, que por efectos de las lluvias provocó la interrupción del tránsito entre ambos municipios.
El ministro de Obras Públicas agregó que tiene en carpeta la culminación de distintas obras que revisten una importancia estratégica en las regiones donde se erigen, entre estas la prolongación de la Circunvalación Norte de Santiago, la Circunvalación de Azua y la Carretera Navarrete-Puerto Plata. Indicó que han avanzado los trabajos de construcción de la Circunvalación de Azua, así como el asfaltado de la carretera Padre Las Casas–Bohechío.
Varias localidades del Este, Norte y Noroeste del país quedaron inundadas por las fuertes lluvias, específicamente las de María que se prolongaron desde el miércoles 20 hasta el domingo 24, conforme los informes de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet). Entras las provincias más afectadas están Puerto Plata, Samaná, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Montecristi y Duarte, El Seibo y Hato Mayor. A la fecha todavía se mantienen inundadas localidades de El Seibo, Hato Mayor, Palo Verde y Castañuelas, en Montecristi, entre otras.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.