Nacionales
Huracanes Irma y María sacaron de sus hogares a más de 80 mil personas
Se reportaron 9,529 viviendas inundadas y 71 comunidades aisladas
SANTO DOMINGO. La furia con que los huracanes Irma y María se acercaron a la República Dominicana obligó a que más de 80 mil personas tuvieran que salir de sus hogares.
El Centro de Operaciones de Emergencia (COE), registró un total de 9,529 viviendas anegadas, 188 destruidas totalmente, y 861 cuya destrucción fue parcial, tanto por los vientos como por las lluvias que provocó el huracán María.
El total de desplazados por el fenómeno atmosférico superó la cifra de 58 mil, de los que 47,645 se trasladaron a casas de familiares o amigos, y otros 10,929 fueron a alguno de los más de 3,262 albergues habilitados por las autoridades a nivel nacional. Al día de hoy continúan todavía fuera de sus hogares unas 8 mil personas. Por los efectos de María, que llevó a colocar en alerta roja a 28 provincias, se 71 comunidades quedaron incomunicadas, de las que 23 todavía se mantienen en esa condición por los efectos de las lluvias que, según la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), tuvo acumulados en algunas provincias por encima de los 500 milímetros.
Unos 128 acueductos salieron de servicio afectando la disponibilidad de agua potable a unos 1,752,415 dominicanos, y unos 350 mil clientes del Sistema Energético Nacional quedaron sin electricidad en algún momento.
Con Irma, la cifra de desplazados llegó a las 24,076 personas, pero el COE estima que 2 millones de personas se vieron afectadas directa o indirectamente. Unas 38 comunidades quedaron incomunicadas. Los acueductos que salieron de servicio fueron 62, afectando a una población de 1.4 millones de habitantes.
Con Irma fueron derribadas 108 viviendas, siendo la comunidad de Boba, en Nagua, la más impactada, con un total de 42, algunas por efecto de los vientos, que azotaron a una velocidad de 150 kilómetros por hora, y otras por las olas que alcanzaron altura de unos 18 pies.
De acuerdo con el último reporte ofrecido por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) están bajo alerta verde las provincias Montecristi y Duarte, en especial sus comunidades Castañuelas y Guayubín.
El COE indica que unas 7,746 personas permanecen desplazadas en casas de familiares, 274 están en seis albergues oficiales que permanecen habilitados. En tanto que 17 comunidades permanecen incomunicadas, 6,057 viviendas anegadas y 861 parcialmente afectadas. En cuanto a los acueductos, 26 se encuentran afectados, 14 puentes y cinco carreteras.
María causó daños por más de RD$3,000 millones“Hemos tenido un año con situaciones adversas, a principio de año las lluvias en la región Norte, en abril y marzo, y los huracanes Irma y María, pero estamos avanzando y trabajando en todo el país”, sostuvo Castillo.
Adelantó que el MOPC ha iniciado los trabajos de reparación del tramo dañado en la carretera El Seibo-Miches, que por efectos de las lluvias provocó la interrupción del tránsito entre ambos municipios.
El ministro de Obras Públicas agregó que tiene en carpeta la culminación de distintas obras que revisten una importancia estratégica en las regiones donde se erigen, entre estas la prolongación de la Circunvalación Norte de Santiago, la Circunvalación de Azua y la Carretera Navarrete-Puerto Plata. Indicó que han avanzado los trabajos de construcción de la Circunvalación de Azua, así como el asfaltado de la carretera Padre Las Casas–Bohechío.
Varias localidades del Este, Norte y Noroeste del país quedaron inundadas por las fuertes lluvias, específicamente las de María que se prolongaron desde el miércoles 20 hasta el domingo 24, conforme los informes de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet). Entras las provincias más afectadas están Puerto Plata, Samaná, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Montecristi y Duarte, El Seibo y Hato Mayor. A la fecha todavía se mantienen inundadas localidades de El Seibo, Hato Mayor, Palo Verde y Castañuelas, en Montecristi, entre otras.
diariolibre.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.