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IA en los tribunales: expertos advierten sobre los límites de un «juez robot»
El jurista Luis Greco sostiene que la inteligencia artificial puede servir de apoyo a la justicia, pero considera jurídicamente problemático delegar en una máquina la responsabilidad de decidir sobre los derechos y la libertad de las personas.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El avance de la inteligencia artificial ha abierto nuevas posibilidades para modernizar los sistemas judiciales, pero también plantea una interrogante de gran trascendencia: ¿puede una máquina sustituir a un juez al momento de impartir justicia?
El tema fue abordado durante el VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia, organizado por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana (TC), que se celebra del 21 al 23 de septiembre en Santo Domingo y tiene como eje central el debido proceso constitucional en materia penal.
Durante la conferencia “El poder de juzgar sin la intervención de un juez: la imposibilidad jurídica del juez robot”, el jurista Luis Greco, de la Universidad Humboldt de Berlín, analizó las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial dentro de los tribunales, pero también advirtió sobre los límites que deberían imponerse a su utilización.
Greco reconoció que los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial generativa poseen capacidad técnica para intervenir en múltiples tareas relacionadas con la administración de justicia. Sin embargo, cuestionó que puedan asumir de manera autónoma una de las funciones esenciales del Estado: juzgar y decidir sobre los derechos de una persona.
El problema de la responsabilidad
Uno de los principales obstáculos señalados por el jurista es la ausencia de responsabilidad personal de una máquina frente a las consecuencias de una decisión judicial.
Mientras un juez debe fundamentar sus decisiones, responder institucionalmente por ellas y actuar dentro de un sistema de garantías constitucionales, una inteligencia artificial carece de conciencia, responsabilidad jurídica y experiencia humana.
Greco planteó que la relación entre poder y responsabilidad constituye un elemento fundamental del derecho y que esa conexión adquiere especial importancia cuando se ejerce la potestad de juzgar.
Desde esta perspectiva, la inteligencia artificial podría convertirse en una herramienta para ayudar a los jueces a procesar información, organizar expedientes, localizar precedentes o analizar grandes cantidades de documentos, pero la decisión definitiva debería permanecer bajo control y responsabilidad humana.
El jurista también alertó sobre el riesgo de que una utilización excesiva de estas tecnologías provoque una producción masiva de decisiones que termine dificultando una verdadera supervisión por parte de los jueces.
Inteligencia artificial y debido proceso
La discusión sobre el denominado “juez robot” trasciende el debate tecnológico. También involucra principios fundamentales como el derecho de defensa, la motivación de las decisiones judiciales, la tutela judicial efectiva, la transparencia y el debido proceso.
En República Dominicana, el artículo 69 de la Constitución reconoce las garantías de la tutela judicial efectiva y del debido proceso, estableciendo derechos que deben ser respetados por los órganos encargados de administrar justicia.
Precisamente sobre estas garantías se pronunció el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón R. Estévez Lavandier, durante la apertura del congreso.
El magistrado destacó que defender el debido proceso no equivale a promover la impunidad, sino a garantizar el respeto de la Constitución, la dignidad humana y los límites que deben acompañar el ejercicio del poder estatal.
Estévez Lavandier recordó además la importancia de concebir el debido proceso no como una simple formalidad, sino como un conjunto de garantías destinadas a asegurar que toda persona pueda ser escuchada, defender sus derechos y presentar legítimamente sus pretensiones ante un juzgador.
Más de 45 expertos debaten sobre justicia
El VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia reúne a más de 45 especialistas nacionales e internacionales vinculados al derecho constitucional, penal y procesal penal.
Participan juristas procedentes de Argentina, Costa Rica, España, Estados Unidos, Alemania, Perú, Puerto Rico, Colombia y República Dominicana.
La actividad se desarrolla del 21 al 23 de septiembre en el Hotel Jaragua, en Santo Domingo.
Durante la jornada inaugural también intervino el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, quien destacó la importancia de estos espacios académicos para analizar los desafíos que enfrenta el sistema judicial y el fortalecimiento de las garantías del debido proceso.
La tecnología como herramienta, no como sustituto
El debate plantea uno de los grandes desafíos que probablemente acompañará a la justicia durante los próximos años: determinar hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial dentro de un tribunal.
La tecnología puede facilitar investigaciones jurídicas, clasificación de expedientes, búsqueda de jurisprudencia y otras labores de apoyo. Sin embargo, la discusión cambia cuando se plantea entregar a un algoritmo la facultad de adoptar autónomamente decisiones capaces de afectar la libertad, el patrimonio y otros derechos fundamentales de una persona.
El desafío, por tanto, no consiste únicamente en determinar qué puede hacer técnicamente la inteligencia artificial, sino también qué debe permitírsele hacer jurídicamente.
En una administración de justicia cada vez más digitalizada, la pregunta permanece abierta: ¿hasta dónde puede llegar la tecnología sin desplazar la responsabilidad humana de juzgar?
El artista declaró a los investigadores que los agresores ya habían atacado mortalmente a su esposa; fue despojado de dinero, prendas y un teléfono celular
SANTO DOMINGO ESTE, República Dominicana.– El merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido artísticamente como Julián Oro Duro, habría sido sorprendido por varios individuos cuando llegó alrededor de la 1:00 de la madrugada de este lunes a su residencia, donde su esposa, Zeneida Socorro Castillo, ya había sido atacada mortalmente.
La información forma parte de las declaraciones ofrecidas por el propio artista a los investigadores, de acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional.
Durante el hecho, los agresores habrían despojado a Julián Oro Duro de dinero en efectivo, prendas de valor y un teléfono celular, mientras las autoridades continúan investigando para determinar el móvil y reconstruir completamente la secuencia de los acontecimientos.
Esposa habría sido atacada antes de su llegada
Las pesquisas preliminares establecen que Zeneida Socorro Castillo habría sido atacada antes de que el músico llegara a la vivienda, ubicada en la calle Penetración, sector Brisa Oriental VI, Santo Domingo Este.
Según el diagnóstico médico-legal preliminar divulgado por las autoridades, Castillo falleció como consecuencia de un trauma craneofacial y una herida cortopenetrante en la región lateral izquierda del cuello.
Las circunstancias exactas en las que se produjo su muerte continúan bajo investigación.
Artista presenta lesiones craneofaciales
Tras llegar a la residencia, Julián Oro Duro también fue agredido por los individuos.
La evaluación médica citada por la Policía establece que el artista presenta lesiones craneofaciales y hemorragia intracraneal, por lo que permanece bajo atención médica.
Horas después del hecho se informó que el músico se encontraba estable dentro de su condición y recibiendo las atenciones correspondientes.
Policía y Ministerio Público investigan
La Policía Nacional informó que varios equipos especializados fueron desplegados para esclarecer el crimen.
En las investigaciones participan agentes de la División de Investigación de Delitos contra las Personas (Homicidios), miembros de la Policía Científica y representantes del Ministerio Público.
Los investigadores trabajan en la recopilación de evidencias, entrevistas y otros elementos que permitan identificar y localizar a los responsables.
Uno de los aspectos que deberá esclarecer la investigación es cuánto tiempo permanecieron los atacantes dentro de la residencia y si esperaron deliberadamente la llegada del artista.
El abogado de Julián Oro Duro, Cándido Simón, ha planteado públicamente dudas sobre que el hecho pueda explicarse únicamente como un robo y considera que las circunstancias deben investigarse para determinar si existió una planificación previa.
Esa posición constituye, hasta el momento, una hipótesis de la representación legal de las víctimas y no una conclusión oficial de las autoridades.
Buscan establecer el móvil
Aunque durante el ataque fueron sustraídos dinero y objetos de valor, la Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen abiertas las investigaciones para determinar el verdadero móvil del hecho.
Las autoridades aseguran que mantienen desplegados equipos para identificar, localizar y poner a disposición de la justicia a los responsables de la muerte de Zeneida Socorro Castillo y de las heridas ocasionadas a Julián Oro Duro.
El caso ha generado amplia atención pública durante este lunes, mientras continúan surgiendo nuevos elementos sobre la secuencia del ataque y las autoridades avanzan en las pesquisas para esclarecer lo ocurrido.
Nacionales
Imputado en presunto fraude de RD$41 millones contra SeNaSa estaría dispuesto a negociar.
La defensa de Ángel Luis Guzmán Vásquez y su familia asegura que existe disposición de cooperar con las autoridades y explorar una salida alterna dentro del proceso
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– Ángel Luis Guzmán Vásquez, señalado por el Ministerio Público como presunto cabecilla de una estructura investigada por un supuesto fraude superior a RD$41 millones contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), estaría dispuesto, junto a miembros de su familia vinculados al expediente, a explorar una solución alterna con el órgano acusador.
Así lo informó el abogado Billy Gerónimo, representante legal de Guzmán Vásquez y de su hermano, Angeury Guzmán Vásquez, quien también figura entre las personas investigadas en el caso.
“Estamos cooperando con el Ministerio Público”, manifestó el jurista, al indicar que sus representados están dispuestos a considerar mecanismos legales que permitan una eventual salida alterna al proceso.
Ángel Luis cumple prisión preventiva
Ángel Luis Guzmán Vásquez se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra.
Su detención se produjo en abril pasado cuando, de acuerdo con las autoridades, intentaba salir del país.
Mientras tanto, su hermano Angeury Guzmán Vásquez fue detenido el pasado viernes y está a la espera del conocimiento de la solicitud de medida de coerción presentada en su contra.
La defensa adelantó que solicitará el aplazamiento de la audiencia para disponer de tiempo suficiente para preparar y presentar la documentación con la que pretende demostrar el arraigo del imputado y sostener que este no representa peligro de fuga.
Ministerio Público señala a otros familiares
La investigación también menciona a otros integrantes de la familia de Ángel Luis Guzmán Vásquez, aunque algunos de ellos no se encuentran detenidos.
Según la solicitud de medida de coerción, entre las personas señaladas se encuentra Adonay María Carrasco Heredia, esposa de Ángel Luis.
El expediente también identifica a sus padres, Ángel Guzmán Patricio y Milagros Vásquez Gálvez.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, Guzmán Patricio habría sido utilizado para la presunta triangulación de recursos, mientras que a Vásquez Gálvez se le atribuye participación en determinadas transacciones financieras cuya naturaleza y justificación forman parte de la investigación.
Estas imputaciones corresponden a la versión presentada por el órgano acusador y deberán ser debatidas y demostradas ante los tribunales.
Investigación incluye supuestas consultas no realizadas
Otro familiar mencionado en el expediente es Víctor Winerbi Aybar Vásquez, primo del principal investigado.
Según sostiene el Ministerio Público, Aybar Vásquez figura dentro del sistema de la aseguradora estatal relacionado con autorizaciones de servicios y consultas médicas que presuntamente no fueron realizadas.
La investigación busca establecer si se solicitaron y cobraron autorizaciones correspondientes a procedimientos, estudios o consultas que los afiliados de SeNaSa aseguran no haber recibido.
Un total de 25 personas imputadas
El Ministerio Público imputa en este proceso a 25 personas, entre ellas 21 médicos, por su presunta participación en un esquema mediante el cual se habrían solicitado autorizaciones de estudios y consultas especializadas a nombre de afiliados de SeNaSa sin que, según la acusación, esos servicios fueran efectivamente prestados.
El órgano persecutor sostiene que las operaciones investigadas habrían generado un perjuicio superior a RD$41 millones a la aseguradora estatal.
La eventual disposición de algunos imputados a negociar con el Ministerio Público no supone por sí sola la existencia de un acuerdo. Cualquier salida alterna deberá realizarse conforme a los mecanismos establecidos por la legislación procesal penal y, cuando corresponda, quedar sometida al control del tribunal.
Las imputaciones contenidas en el expediente constituyen hasta el momento la tesis del Ministerio Público. Corresponderá a los tribunales valorar las pruebas, los argumentos de las defensas y determinar las responsabilidades individuales respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
Afiliados aseguran no reconocer servicios médicos facturados a la aseguradora estatal; auditores y especialistas del INACIF también forman parte de la oferta probatoria
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Ministerio Público incorporó cientos de testimonios de afiliados al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), además de auditorías y peritajes financieros, documentales y digitales, como parte de la oferta probatoria presentada en el denominado caso SeNaSa 2.0-A.
De acuerdo con el expediente elaborado por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), numerosos afiliados consultados durante la investigación declararon no reconocer determinados servicios médicos que aparecen registrados como reclamados ante la aseguradora estatal.
El documento enumera testimonios desde el número 10 hasta, por lo menos, el número 300, lo que evidencia la amplitud de las declaraciones recopiladas durante la investigación.
Afiliados niegan haber recibido servicios facturados
Según sostiene el órgano acusador, varios afiliados manifestaron que no recibieron atenciones de determinados profesionales cuyos nombres aparecen asociados a reclamaciones realizadas a SeNaSa.
Entre los médicos mencionados en el expediente figuran Griselda Altagracia Basora Ramírez, Laura Altagracia Santana Evangelista, Adriano H. López, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Rafael Mauricio Cabral González, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo y Wander Manuel Díaz Encarnación, entre otros.
La inclusión de estos nombres corresponde a lo establecido por el Ministerio Público dentro de su investigación y no constituye, por sí misma, una determinación de responsabilidad penal.
En relación con Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, exsubdirector del Hospital Darío Contreras, el expediente recoge declaraciones de afiliados que, según la acusación, no reconocen haber recibido determinados servicios atribuidos al profesional.
Situaciones similares son descritas respecto de otros médicos incluidos en la investigación.
Investigación también examina movimientos financieros
La acusación incorpora análisis de operaciones financieras que el Ministerio Público considera relevantes para sustentar su teoría del caso.
Entre estas se encuentran transacciones que, conforme al expediente, habrían sido identificadas entre algunos profesionales de la salud investigados y el imputado Ángel Luis Guzmán Vásquez.
Los fiscales pretenden relacionar esos movimientos con los testimonios de afiliados y con otros elementos documentales y periciales recabados durante la investigación.
Será el tribunal competente el que deberá determinar el valor probatorio de esos elementos y su eventual vinculación con las conductas atribuidas a cada imputado.
Auditorías de SeNaSa forman parte del expediente
La oferta probatoria no se limita a los testimonios de afiliados.
El Ministerio Público también incluyó a funcionarios y especialistas que participaron en auditorías y levantamientos realizados dentro de SeNaSa.
Entre ellos se encuentran Giselle M. Herrera Segura, coordinadora de la Unidad de Investigación de SeNaSa, y Helen Navil Encarnación Alcántara, subgerente de Auditoría Médica.
Según el expediente, ambas deberán explicar ante el tribunal la metodología empleada, los antecedentes de las investigaciones y los hallazgos obtenidos durante las auditorías relacionadas con las reclamaciones examinadas.
Peritos del INACIF explicarán análisis financieros
Otra parte importante de la oferta probatoria corresponde a especialistas de la Subdirección de Auditoría Forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
Entre los peritos señalados figuran Valentina Suero de la Cruz, Wanda María Ramírez Rodríguez, Evelin José Gerez y Tomás Ery Heredia Severino.
Estos profesionales participaron, según la documentación, en la elaboración o análisis del informe pericial financiero identificado como INACIF-AF-025-2025 y deberán explicar los procedimientos empleados, así como sus hallazgos y conclusiones.
El expediente contempla igualmente pruebas documentales y digitales, incluyendo la participación de especialistas vinculados a investigaciones forenses tecnológicas.
Tribunal tendrá la última palabra
Con este conjunto de testimonios, auditorías, análisis financieros y peritajes, el Ministerio Público procura sustentar su teoría sobre las presuntas irregularidades investigadas en perjuicio del Seguro Nacional de Salud.
Sin embargo, las afirmaciones sobre fraude, irregularidades y participación penal forman parte de la tesis de la acusación y deberán ser debatidas durante el proceso judicial.
Las defensas tendrán la oportunidad de controvertir las pruebas, presentar sus propios elementos y formular los argumentos que consideren pertinentes.
Corresponderá finalmente al tribunal valorar las evidencias y determinar, conforme al debido proceso y a la presunción de inocencia, la eventual responsabilidad individual de cada una de las personas sometidas al proceso.