Opinión
IDAC vs Asociación de Pilotos: corrupción, pugna y manipulaciones
Por Narciso Isa Conde
La corrupción, incluso la narco-corrupción, tiene un amplio y diverso capítulo aeroportuario que ha sido develado en diferentes ediciones del periódico Tiro al Blanco.
En ese capítulo el Instituto de Aeronáutica Civil-IDAC no solo sale bien parado, ni antes ni ahora; mientras siempre las pugnas entre facciones del PLD y la indignación de gente independiente de valor se han encargado de airear muchas de las irregularidades y muchas expresiones de corrupción, así como la manipulación de las Asociaciones de Pilotos y Controladores Aéreos con fines de taponar males que se han ido acumulando.
Días atrás se habló del pago a patrocinadores de la campaña a favor de la actual gestión, de compras millonarias de equipos al mismo suplidor sin licitación y de planes de privatizar en beneficios de particulares de los servicios de navegación aérea; aunque se le reconoce al nuevo incúmbete del IDAC, Alejandro Herrera, alto dirigente del PLD, haber reducido significativamente la nomina abultada de ese organismo.
Entre hechos graves se mencionan la compra de dos centros de control de radares, adjudicado sin licitación durante el pasado periodo de transición gubernamental por un monto de 600 millones de pesos a la misma empresa.
Una dura critica a las administraciones anteriores y a la actual es la relacionada con el bloqueo a la reactivación de Dominicana de Aviación, postrada a lo largo de unos 25 años, durante los cuales se ha recurrido a arrendar a líneas aéreas extranjeras sus valiosas franquicias a cambio de jugosos sobornos a políticos peledeístas enquistados en la Junta de Aeronáutica Civil de IDAC.
Se destaca la complicidad con monopolios como American Airlines, Delta, Jet Blue, Continental y otros; mientras se dejan a un lado los esfuerzos para rehabilitar la línea bandera nacional, lo cual -según entendidos en la materia- sería posible con una inversión inferior a mitad de lo gastado en la compra de los aviones Súper-Tucanos (unos de los grandes negocios del ex-presidente Fernández y de ciertos jefes de la Fuerza Aérea Dominicana).
En las áreas técnicas de IDAC siguen con mucho poder funcionarios cuestionados por los usuarios, mientras se sub-utilizaban los mejores expertos ajenos al clan dominante.
Los privilegios vuelven a asomar como medios de compra de conciencia y así el comedor que se construye en el Edificio Norge Botello en Punta Caucedo, sobrevaluado en 58.4 millones de pesos, será destinado exclusivamente a controladores aéreos en detrimento de empleados de menores ingresos.
Se argumenta, con razón, que la aviación civil dominicana va por mal rumbo cuando la política del IDAC afecta a pilotos, técnicos y empresarios que no tiene el privilegio de ser empleados o de estar “enllavados” con los círculos del poder peledeísta que dominan el IDAC.
Nuevo intento de control de la ANP
La práctica de controlar, para manipular, las asociaciones de pilotos y controladores de aéreos, es consuetudinaria y persigue quitarles independencia, anular su espíritu critico y convertirlas en cómplices de las irregularidades y males manejos.
Un nuevo intento en esa dirección se ha puesto en marcha en ocasión de las próximas elecciones de la Asociación Nacional de Pilotos-ANP, fijadas para el 31 de enero.
El instrumento para esos fines es la plancha peledeísta “Dignidad, Unidad y Progreso” y la figura clave es Tirso Borromé, quien al tiempo de trabajar en uno de los aeropuertos del Este del país, labora en la Terminal del Higuero; en franca violación de la ley 491-o6 art.8, violando el Código de Trabajo que prohíbe dos empleos con el mismo horario y violando la ley 930 sobre descanso de controladores y pilotos; poniendo, por demás, en riesgo pasajeros y pilotos de esas aeropuertos.
Pero además, Tirso Borromé es unos de los violadores de los Estatutos de la Asociación Nacional de Pilotos (ANP) que prohíbe la postulación a su directiva de funcionarios del IDAD; en su caso se trata de un funcionario privilegiado. Acompañándolo en esa misma violación otros dos funcionarios del IDAC: el Inspector Rodolfo Victoria y el Director de Normas de Vuelo Gabriel Medina (este último también pilotea en la Embajada de EU); ambos, como Borromé, actuando como instrumentos de Alejandro Herrera en el propósito de controlar la ANP.
Fatiga aérea
Se estima como muy grave que el IDAC no le ponga la debida atención al tema de la fatiga aérea de los pilotos y controladores, principal causas de accidentes en el mundo; y que en lugar de convertirse en factor vigente sobre las líneas aéreas abusadoras, haga las veces de cómplice de éstas.
Por eso y por todas las reivindicaciones postergadas, no se debe permitir que la ANP sea un instrumento del IDAC y de los peledeístas que controlan esa institución.
La postulación de Tirso Borromé, Gabriel Medina y Rodolfo Victoria es ilegal y anti-estatutaria, y tratar de imponerlos como dirigentes de la ANP atenta contra la democracia y contra la libertad de asociación.
Urge que los pilotos le salgan al frente a esos negativos designios.
Los gobiernos de ultraderecha podrán expulsar inmigrantes, quitar derechos y mandar las mujeres a cocinar y fregar, pero no ofrecerán solución a lo que realmente está causando malestar a muchas personas: la discrepancia entre el bienestar prometido y deseado, y las precariedades económicas existentes.
Por Rosario Espinal
A pesar del triunfo de Lula en Brasil, es evidente el avance de la ultraderecha en el mundo. Las causas son diversas, pero hay elementos en común: el hartazgo de muchas personas con lo existente y la búsqueda de chivos expiatorios para distraer la atención de los problemas de fondo.
Los chivos expiatorios permiten culpar a alguien (usualmente a un grupo vulnerable) de los males sentidos; males que muchos no comprenden y que unos pocos explican a su conveniencia para consumo masivo. De ahí que la ultraderecha se sustente en culpar a los inmigrantes, los gais, los trans, las mujeres, los ambientalistas, etc.
Ellos, según la agitación constante de la ultraderecha, son culpables del desempleo, del gasto en servicios públicos, de la delincuencia, de la pérdida de valores, del colapso de la familia tradicional, etc.
¿Qué hay realmente en el trasfondo? Sociedades que no han podido ofrecer el bienestar prometido a amplios segmentos de la ciudadanía.
En regímenes autoritarios no hay que inventar muchos cuentos porque las fuerzas represivas impiden o sofocan los brotes de insatisfacción. En sociedades con ciertas libertades públicas hay que identificar culpables para el desquite. De ahí que el auge de la ultraderecha se exprese actualmente en democracias longevas.
En el caso específico de las sociedades capitalistas hay un mal de fondo: la promesa de prosperidad que cundió por el mundo desde la década de 1980, bajo las premisas del neoliberalismo y la globalización, desencadenaron expectativas de bienestar para una gran parte de la población mundial que no se han concretado.
Tres factores claves lo han impedido:
Primero, el neoliberalismo con sus políticas de bajos impuestos al capital y la desregulación empresarial ha producido una gran desigualdad en la distribución de la riqueza: los que más tienen, tienen muchísimo más que los demás.
Segundo, la dificultad para desmontar servicios públicos establecidos después de la Gran Depresión. Si eliminan servicios hay más desigualdad y descontento. Si los mantienen, los gobiernos enfrentan mayores déficits fiscales porque han bajado los impuestos a los ricos o les perdonan la evasión.
Tercero, la inflación pospandémica, agravada por la guerra contra Ucrania y contra Irán aumenta los costos de la energía, devastador en el mundo.
Las protestas que proliferan actualmente, sea por la vivienda, el deterioro de la educación, el costo de la vida, o la corrupción reflejan el descontento. Ahí prolifera la ultraderecha con su recetario de chivos expiatorios (simples y claros) que mucha gente asume como explicación de sus males. El sistema en su último cuplé.
Los gobiernos de ultraderecha podrán expulsar inmigrantes, quitar derechos y mandar las mujeres a cocinar y fregar, pero no ofrecerán solución a lo que realmente está causando malestar a muchas personas: la discrepancia entre el bienestar prometido y deseado, y las precariedades económicas existentes. Esta discrepancia se presenta a través del mundo.
Cuando los gobiernos de ultraderecha arrasen con muchas de las conquistas de los últimos 70 años, dejarán detrás sociedades más desiguales y convulsas, sobre las que habrá que forjar valores de solidaridad y justicia, si es que la humanidad no ha sido vencida por los humanoides de la inteligencia artificial.
Por Miguel Guerrero
El problema eléctrico sólo se resuelve tomando al toro por los cuernos. Lo primero es reconocer que la presencia del Estado en el negocio es el principal escollo en la búsqueda de una solución a la crisis energética y su grave impacto en la economía nacional, el sosiego familiar, la estabilidad de los negocios, grandes, medianos y pequeños, y todo cuanto anhelamos con proyección al futuro.
Sin ánimo de enjuiciar la labor del actual gobierno, lo cierto es que la CDEEE es parte del problema. Para esta fecha se suponía que su papel habría dejado de ser determinante y que el Gobierno aceptaría su rol de regulador, fortaleciendo las instituciones públicas llamadas por ley a pautar las reglas del negocio. En lugar de afianzar esta irrenunciable y fundamental responsabilidad, la corporación estatal ha continuado asumiendo funciones propias de una rectoría del sector que no le corresponde.
En la medida en que ese papel se incrementa desciende el de la superintendencia y de la Comisión de Energía, supuesta esta última a pautar las políticas del sector. En un sistema bien estructurado, la CDEEE sería apenas otro agente del sector, no el ostentador de un liderazgo que no es suyo. Por esa distorsión, el sistema no funciona adecuadamente y la mejor demostración de ello son los apagones y el alza de las tarifas, que tienen al garete a la población y estrangulado a los sectores productivos.
Los gobiernos han evidenciado, además, su incapacidad para liderar el sector, se vieron obligados a recurrir a organismos internacionales en la búsqueda de una salida, después de interminables promesas de solución con plantas que nadie ha visto. Admito que es una decisión difícil para un Gobierno, pero a menos que no se delimiten claramente los roles, el sector eléctrico seguirá dando tumbos.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma establece que la Secretaría de la Corte Penal Internacional , sin perjuicio de las funciones y atribuciones del Fiscal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del estatuto de referencia, estará encargada de los aspectos no judiciales de la administración de la Corte Penal Internacional y de prestarle servicios.
De conformidad con el Estatuto de la Corte Penal Internacional la Secretaría será dirigida por el Secretario, que será el principal funcionario administrativo de la Corte. El Secretario ejercerá sus funciones bajo la autoridad del Presidente de la CPI.
El Estatuto de la Corte Penal Internacional señala, además, que el Secretario y el Secretario Adjunto deberán ser personas que gocen de consideración moral y tener un alto nivel de competencia y un excelente conocimiento y dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte.
El Estatuto de Roma también establece que los magistrados elegirán al Secretario de la Corte Penal Internacional en votación secreta por mayoría absoluta y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Asamblea de los Estados Partes. De ser necesario elegirán por recomendación del Secretario y con arreglo al mismo procedimiento, un Secretario Adjunto.
En cuanto al procedimiento de elección del Secretario de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma establece que el mismo será elegido por un periodo de cinco años en régimen de de dejación exclusiva y podrá ser reelegido una sola vez. El Secretario Adjunto será elegido por un periodo de cinco años, o por uno más breve, si así lo deciden los magistrados por mayoría absoluta en el entendimiento de que prestara sus servicios según será necesario.
Finalmente, el Secretario establecerá una Dependencia de Víctimas y Testigos dentro de la Secretaria. Esta Dependencia, en consulta con la Fiscalía, adoptará medidas de protección y dispositivos de seguridad y prestará asesoramiento y otro tipo de asistencia a testigos y víctimas que comparezcan ante la CPI, y a otras personas que estén peligro en razón del testimonio prestado . La Dependencia contara con personal especializado para atender a las víctimas de traumas, incluidos los relacionados con delitos de violencia sexual.
Rommelsantosdiaz@gmailcom