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Identificadas las reformas electorales fundamentales

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Por Juan Bolívar Díaz

Una vez más los actores políticos dominicanos discuten las reformas fundamentales para garantizar la democracia interna de los partidos y en los procesos electorales que fortalezcan la institucionalidad y hagan prevalecer los derechos ciudadanos por encima de los poderes y recursos del Estado y de la concentración económica.

Casi siempre los partidos que controlan el Gobierno son los más renuentes al establecimiento de normativas por ser los más beneficiarios de uno de los regímenes electorales menos regulados, a pesar de numerosos consensos y acuerdos pactados, lo que ha contribuido a la degeneración y desguañangue del sistema partidista.

Muchos intentos fallidos. Se cuentan muchos intentos fallidos de actualizar la legislación electoral dominicana, considerada entre las de menos regulaciones en América Latina, desde que en 1993 se produjo un consenso entre los partidos y organizaciones sociales, auspiciado por la Fundación Siglo 21 y el Proyecto Iniciativas Democráticas, parcialmente rescatado por la reforma político-constitucional a que obligó la crisis derivada del fraude electoral de 1994.

El Diálogo Nacional convocado por el presidente Leonel Fernández dispuso la elaboración de una Ley de Partidos, que materializó en 1999 su Comisión para Reforma y Modernización del Estado, siendo ratificada en el 2001 por el Consejo para la Reforma del Estado del presidente Hipólito Mejía. Con variantes, el proyecto ha sido introducido al Congreso por legisladores en unas cinco ocasiones y otras tres por la Junta Central Electoral (JCE). Fue objeto de un acuerdo PLD-PRD en el llamado pacto de las corbatas azules del 2009 y de un pacto firmado por los candidatos presidenciales en el 2012.

Los proyectos de Ley de Partidos y Ley del Régimen Electoral que ahora se discuten en el Congreso fueron elaborados por una misión técnica contratada por la JCE con la Organización de Estados Americanos, en el 2011, en interés de adaptar la legislación electoral al nuevo marco dispuesto por la Constitución proclamada en enero del 2010. Partieron de los múltiples consensos previos y nuevas consultas a partidos y organizaciones sociales. Pero pasaron las elecciones del 2012 y 2016 sin ser aprobados. Fueron reintroducidos en el 2013 y en febrero pasado.

Con mayores expectativas. Los proyectos están ahora en manos de una comisión bicameral, creada en abril con participación de todos los partidos representados en el Congreso, que expresan mayores expectativas de que esta vez salgan adelante. Han escuchado a la JCE, a los partidos políticos y las organizaciones sociales más interesadas en las reformas políticas y en vistas públicas abiertas.

Los tres partidos que dominaron el escenario político del último medio siglo han sido renuentes a actualizar las normativas electorales cuando han estado en el Gobierno, porque les reducirían las ventajas y abusos del poder derivadas de las limitadas regulaciones. Se complicó a partir del poder concentrado por el PLD desde su retorno al Gobierno en 2004 y las elecciones congresuales y municipales del 2006, y más aún con la reforma constitucional que generó la elección de nuevos integrantes de los órganos judiciales y electorales desde el 2010.

En abril del 2015 la Cámara de Diputados, bajo control del PLD, aprobó de urgencia un proyecto de Ley de Partidos que evadía las reformas que habían sido objeto de consenso en medio de un rechazo social y político generalizado, y con irregularidades procesales que le ganaron una declaración de inconstitucional.

Las expectativas son mayores ahora por la crisis política generada por los escándalos de corrupción, especialmente el de los sobornos y sobrevaluaciones de Odebrecht, con su consecuencia de la Marcha Verde que ha sacudido al Gobierno y la sociedad. Muchos actores políticos, aún de los gobernantes, parecen aceptar que las reformas políticas son fundamentales para reducir la corrupción y la impunidad y contener la calentada temperatura social.

Capítulos fundamentales. Con frecuencia se buscan pretextos para no actualizar la legislación electoral, como las diferencias sobre las elecciones primarias, el voto preferencial y la equidad de género, ahora se agrega si votar debe ser obligatorio o voluntario, tratando de evadir los capítulos fundamentales que son:
-Garantizar la democracia interna en los partidos, en su dirección y en la elección de candidatos y en la participación femenina.
-Transparentar y limitar las fuentes de financiamiento y las contribuciones, prohibiendo las de empresas públicas y privadas, gobiernos e instituciones internacionales.
-Restringir el gasto, las jurisdicciones de propaganda y los períodos de las campañas, electorales tanto internas como nacionales.
-Prohibir efectivamente todo abuso de los recursos y poderes del Estado, incluyendo los repartos clientelistas, barrilitos, cofrecitos, el incremento del gasto social, del déficit fiscal y los empleos públicos en los períodos de campaña, con licencia para los altos funcionarios que dirijan campañas o sean candidatos, así como suspensión de inauguraciones, las compras y alquiler de cédulas.
-Establecer un régimen de sanciones efectivas a las violaciones, que tendría que implicar suspensiones del financiamiento público y de candidaturas en los casos de graves, violaciones a las normativas, con un procurador especial para delitos electorales.
-Absoluta independencia partidaria de los integrantes de la JCE, las juntas electorales municipales, el procurador especial y el Tribunal Superior Electoral.

Síntesis Participación Ciudadana. Los principales partidos, tanto el de Gobierno como de la oposición, han presentado propuestas de actualización de la legislación electoral, lo mismo que las instituciones sociales que por su naturaleza y objetivos más se interesan en la temática como la Fundación Institucionalidad y Justicia y el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC). Este último presentó ante la comisión bicameral un análisis resumen de los dos proyectos, y sus propuestas adicionales, la mayoría concordantes con las de la Finjus.

El documento de PC, ya editado en un folleto y en su página de Internet, considera bien avanzado el proyecto de la JCE sobre Ley de Partidos, pero considera que el del Régimen Electoral se queda corto, con un extenso articulado sobre mecanismos operativos tradicionales, que no se discute, y al que propone múltiples adiciones, como se puede apreciar en los resúmenes anexos.

Para dirimir las diferencias sobre las elecciones primarias, PC plantea que puedan hacerse el mismo día o en fechas diferentes, pero dentro de un plazo y con campañas controladas limitadas a 90 días, con padrón propio, previamente registrado, o el universal de la JCE, pero siempre bajo supervisión. Defiende el principio de la igualdad de género y el voto preferencial no solo para diputados, sino también para regidores, y el derecho ciudadano a elegir por separado los diputados del senador y los regidores del alcalde. Es decir ampliar el derecho a preferir, a elegir de los ciudadanos, no restringirlo, como plantean algunos, como el Foro que agrupa a los partidos pequeños y emergentes, a quienes el voto preferencial les impide que les garanticen curules en las alianzas, contando con las cúpulas partidarias y no con los electores.

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El reconocimiento de cuerpos por videollamada: duelo a distancia venezolano

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Caracas.- Norellys Marrero dejó un ejemplar del libro Vida, de Paulo Coelho, en la mesa de noche de su hija Liz el día antes de abandonar Los Ángeles. Viajaba de vuelta a Venezuela luego de vivir tres años con ella y esperar la respuesta de una solicitud de asilo que le fue negada. “Te lo dejo aquí para que nunca te olvides de que, pase lo que pase, uno nunca puede perder la esperanza de vivir hasta el final”, le dijo. Dos meses después, Norellys murió junto a su otra hija y su nuero en La Guaira, durante el doblete sísmico del 24 de junio en Venezuela.

Pero, a diferencia de otras historias, Liz vivió la tragedia por videollamada. Estaba a punto de ir a dar clases a la academia de baile donde trabaja desde hace 11 años cuando su mejor amigo —que también es artista y vive en Turquía— la llamó para decirle que había habido un terremoto catastrófico y que llamara a su familia. “Aparecieron todos, excepto mi núcleo familiar. Y ahí, cuando yo veo que todo el mundo contesta, que todo el mundo escribe y no escucho a los míos y llamo, llamo, llamo… ahí yo, automáticamente, ya sabía”, dice Liz.

La bailarina contactó desde Los Ángeles a motorizados en La Guaira para que fueran a ver el estado del edificio; también a su canosa tía Maribel, que perdió carro y casa pero se fue a participar en las labores de rescate, e incluso le mostraron las manos del cadáver de su hermana para que las reconociera. “¿Pero para qué iba a reconocer unas manos? Quería ver el cuerpo completo de mi hermana, que apareció debajo de su esposo. Yo creo que ellos quedaron vivos y con la fuerza que les quedaba empujaron a su hijo para que pudiera salir, porque los encontraron impulsando los brazos hacia arriba y Samuel estaba encima de ellos”, describe Liz.

Sus sobrinos sobrevivieron. Sebastián, de 16 años, estaba en la playa de Macuto celebrando la fiesta de San Juan y vio cómo todo se desplomaba a su paso. Samuel, de 11, quedó atrapado junto a su familia, y un turista lo rescató 24 horas después tras ver cómo su cabeza sobresalía entre los escombros. Ahora Samuel tiene cuatro fracturas y una parálisis facial. “Está en el hospital, todavía muy delicado. No habla, no puede mover la cara, tiene que hacer terapia de lenguaje, terapia ocupacional, y lo atienden entre fisioterapeutas, neurocirujanos e intensivistas. Lo acompaña una enfermera las 24 horas, y no se le puede dar de alta porque, cuando lo intentaron, convulsionó”, explica Liz.

Fue ella quien organizó cómo decirle a su otro sobrino que sus padres habían muerto. De nuevo, por videollamada: “Contacté a un psiquiatra y fue mi sobrino con toda la familia a su consultorio. El abuelo le dio a Sebastián la noticia y ese fue el momento más difícil de mi vida: ver a Sebastián tirándose al piso y gritando, a través de la pantalla. Porque ese dolor también lo tengo yo, yo también perdí a mi mamá en el mismo momento que él”, recuerda Liz.

Desde entonces, sus sobrinos están bajo la custodia de su abuelo paterno, mientras Liz ha organizado una campaña en GoFundMe a beneficio de su futuro como beisbolistas profesionales, carrera de la que sueña ser manager. “Gracias a la danza he reunido más de 70 mil dólares en un mes. Ya tengo 13 ciudades confirmadas donde se van a hacer talleres de danza para donar a los niños. También en la ciudad hacen un festival que se llama Next Fest LA y, gracias a las redes, vieron lo que estoy haciendo y me llamaron para patrocinar un escenario a beneficio de mi familia”, explica.

Los vecinos al rescate de supervivientes

El caso de Crismar Chacín es similar. Su vida transcurre en Los Ángeles desde 2021, cuando consiguió una beca para The American Academy of Dramatic Arts. Desde entonces, no ha vuelto a La Guaira. Su papá se suicidó hace cuatro años, cuando ya Crismar vivía en el extranjero, y su hermano Cristian, de 19 años, murió atrapado en uno de los edificios que se derrumbó en Los Corales el día del terremoto.

“Hija, hubo un terremoto”, le dijo su mamá a través de una llamada mientras Crismar estaba en una biblioteca. “La primera persona que me contó fue mi mamá, que estaba en Caribe y me llamó para decirme que todo se había venido abajo. La llamada duró menos de cinco minutos y sentí que se estaba acabando el mundo. La escuché cuando logró llegar al edificio, gritar por Cristian y que no respondiera”, recuerda.

Al edificio no llegaron rescatistas hasta el día siguiente y, en ese momento, estaban priorizando el rescate solamente donde se escuchara vida: “Eran vecinos a mano limpia tratando de salvar gente. Mi tío se lanzó una travesía desde Catia La Mar hacia Los Corales porque la policía había dado la orden de que no se metieran a los edificios, y mi tío dijo que él sí iba a meterse. Así encontraron a Cristian y a otros vecinos el viernes 26 de junio”, explica.

Crismar estaba con su mamá en la llamada cuando identificaron a su hermano. “A pesar de estar en la distancia, algo me dijo que intentara llamarla a ver si entraba la señal, y fue justo en el momento en el que lo identificaron por su tatuaje”, dice. Sin embargo, ahí no lo pudieron extraer y tuvieron que echarle cal al cuerpo para preservarlo. “El piso tres quedó en planta baja y todo el peso del edificio estaba encima de nuestros familiares. Así que no fue posible sacarlos sin la ayuda correcta, que llegó cuatro días después gracias a los topos mexicanos”, explica.

Por eso Liz destaca el sentido de comunidad que ha vivido gracias a este momento: “Pasó lo peor en La Guaira, y la única razón por la que mis sobrinos están vivos es porque en ese momento había comunidad. El único que te puede salvar cuando no hay luz, no hay agua, no hay internet, es el que te quiere”, dice.

Crismar enfrenta una larga espera por la legalización de su estatus en Estados Unidos, lo que le impide salir del país para estar con su mamá, que ahora se quedó sola. “Lo peor ha sido estar pegada al teléfono hablando con mi mamá y sentirme completamente inútil porque no puedo ni ir para allá ni traérmela, porque ya los venezolanos venimos con ciertas limitaciones. No es la primera pérdida que vivo lejos después de haberme ido de Venezuela, y tampoco es la primera vez que no puedo ir y abrazar inmediatamente a mi mamá”, dice.

Liz, en cambio, está esperando una residencia permanente en Estados Unidos y el trámite no le permite salir del país. “Pero olvídate. En el momento en que se resuelva lo de mi green card, que debe ser en un par de meses, estaré volando a Venezuela a ver a mis sobrinos”, dice.

Liz Marrero y Crismar Chacín son ejemplo de los nueve millones de venezolanos que emigraron masivamente entre 2014 y 2024 debido a la crisis humanitaria compleja que vive el país. Ambas están tratando de entender cómo avanzar legalmente para estar más cerca de los suyos. “Tengo que validar ante Estados Unidos y Venezuela que soy una persona trabajadora de bien, que hace impacto en la comunidad, que siempre ha sido generosa, profesional y súper exitosa. Pero es muy difícil, porque uno tiene que lidiar con sus sentimientos y, a la vez, tienes que lidiar con trámites legales y frenar un poco el corazón”, dice Liz.

Ambas se hacen preguntas que las ayuden a aliviar la pena, pero las respuestas no llegan tan fácilmente. Crismar lo resume así: “No sé por qué a los venezolanos nos está tocando esto y es un sentimiento muy específico e indescriptible el que tú estés buscando un mejor futuro y trabajando por tu familia afuera pero no puedes estar ahí cuando estas cosas pasan”. Liz, por su parte, lo deja a la fe: “¿Por qué nos pasan estas cosas? Ya yo me molesté con Dios y lo perdoné. Ahora tengo que seguir”.

elpais.com

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Análisis Noticiosos

La aportación clave de la comunidad marroquí en España: “Las remesas son críticas para Marruecos”

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El dinero enviado desde España representa más del 1% del PIB del país magrebí, mientras que el procedente de toda la emigración alcanza el 7,5%
Madrid.-Más de un millón de personas de origen marroquí viven en España, lo que la convierte en la comunidad extranjera más numerosa, por delante de Colombia. Y también en un elemento de considerable importancia para la economía del país magrebí, muchos de cuyos ciudadanos siguen intentando emigrar a Europa como ha mostrado lo sucedido recientemente en Ceuta. Marruecos (y su tejido productivo, y sus hogares) depende en gran medida de las remesas de sus ciudadanos en el extranjero, el dinero que el emigrante envía a los familiares que se han quedado allí. Solo las procedentes de España sumaron casi 1.589 millones de euros en 2025, según datos del Banco de España, lo que equivale a algo más del 1% del PIB del país vecino.

“La comunidad marroquí en España es un actor económico de primer orden para Marruecos, comparable a una gran exportación nacional por su capacidad para generar un flujo constante de recursos”, señala Rut Bermejo, investigadora para Migraciones del Real Instituto Elcano. “Su importancia económica se explica tanto por su tamaño como por su elevado nivel de participación laboral”, añade.

España es la segunda mayor fuente de remesas hacia Marruecos y representa en torno al 15% del total de las que recibe el país, según datos coincidentes de las autoridades monetarias marroquíes y europeas. Está por detrás solo de Francia, con unos 3.400 millones de euros, que suponen más del 30% del total. La superioridad francesa se debe al hecho de contar con la mayor comunidad de expatriados marroquíes del mundo con diferencia (más de 1,5 millones). Italia completa el podio de fuentes de ingresos extranjeros a Marruecos, con unos 800 millones de euros, algo menos del 10% del total recibido por el país norteafricano.

Principales países de la UE emisores de remesas de Marruecos

Cifras en millones de euros

En su conjunto, las remesas desde el exterior representan el 7,5% del PIB de Marruecos, según los datos más actualizados del Banco Mundial. Es decir, unos 12.000 millones de euros ingresados cada año. Por ponerlo en contexto, equivale prácticamente a lo mismo que ingresa el país por turismo. Los marroquíes son uno de los mayores receptores de remesas de África, a la altura de Egipto y Nigeria, países con poblaciones tres y seis veces mayores, respectivamente.

“Las remesas son críticas para Marruecos. Sin ellas, sería totalmente insostenible mantener el nivel de importaciones actual del país”, señala Íñigo Moré, del centro de investigaciones Remesas.org, en declaraciones a este diario. Como muchos países en desarrollo, Marruecos importa más de la mitad de todo lo que consume (el 53% del PIB, según el Banco Mundial), algo difícil de costear con una divisa débil, el dirham, equivalente a menos de 10 céntimos de euro. La otra ventaja, como apunta Moré, es que se trata de un ingreso sin ninguna contrapartida, a diferencia del generado por un sector productivo como el turismo, con sus exigencias de inversión en infraestructura o pago de empleados. Este es dinero gratis e inmediato.

Las transferencias internacionales también impulsan la actividad local y favorecen al conjunto de la economía tanto a corto como a largo plazo, como precisa Bermejo: “Las remesas se destinan al sostenimiento de padres, hijos o familiares que permanecen en Marruecos, y se emplean en financiar vivienda o la educación y salud de esos hijos. También pueden servir para que familiares pongan en marcha pequeños negocios”.

En 2025 las remesas a Marruecos representaron un 7,5% de la economía del país. Cuánto representan en el PIB de Marruecos las remesas internacionales

Para alivio de la economía marroquí, la tendencia indica que sus emigrantes en España envían cada vez más dinero a la orilla sur del Mediterráneo. Estas remesas se han multiplicado por más de tres en la última década. Un ritmo muy superior al del conjunto de envíos de los hogares españoles a cualquier otro país, que apenas se duplicaron en el mismo periodo, hasta alcanzar los 12.207 millones de euros, según el Banco de España.

Moré atribuye principalmente el avance de las transferencias desde territorio español a que, desde la pandemia, los inmigrantes marroquíes dejaron de viajar tanto y empezaron a hacer los envíos por vía bancaria o de empresas remesadoras. Otro factor citado por el experto es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en España: se ha elevado más de un 60% desde 2018, hasta alcanzar los 1.221 euros mensuales.

Evolución de las remesas desde España destinadas a Marruecos sobre el total
Cifras en millones de euros

“Los marroquíes se ven más afectados por la subida del SMI, porque desempeñan trabajos peor remunerados, con mayor peso en la agricultura o la construcción, debido a la barrera lingüística. Si no hablas español, no puedes trabajar de camarero ni acceder a muchos empleos del sector servicios”, señala Moré. Le da la razón un estudio del Real Instituto Elcano basado en datos del INE a cierre de 2024. En conjunto, los inmigrantes africanos representan el 15,6% de los ocupados en la agricultura y el 14% en la construcción, en los dos casos muy por encima de cualquier otro grupo. En la hostelería, en cambio, su peso se limita al 12%, por detrás de latinoamericanos y asiáticos.

Ganen más o menos que otros inmigrantes, los marroquíes cobran mucho más en España que en su país, y eso es lo que más les importa. Quienes perciben el salario mínimo en la orilla norte del Mediterráneo disfrutan de un poder adquisitivo casi tres veces superior al que tendrían con el salario mínimo en Marruecos, según la Organización Internacional del Trabajo. El sueño de vivir en suelo español se explica también con la razón.

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El Tribunal Superior Electoral y la figura de la inadmisibilidad.

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Por José Cabral

Nadie puede negar que el Tribunal Superior Electoral (TSE) exhibe en sus audiencias a través de sus jueces una alta solemnidad, la cual sirve de poco para mejorar la administración de justicia electoral y la democracia.

El TSE se ha vuelto experto en la aplicación de la figura de la inadmisibilidad, la cual es la vía mas fácil para no tener que conocer una demanda o acción de amparo, cuya decisión no tiene otro destino que recurrir en revisión ante el TC.

Se observa en este tribunal que, así como proyecta una gran solemnidad, opera como una trinchera de los partidos políticos para que mantengan su control sobre todo el sistema, principalmente del electoral.

Podría citar docenas de casos en los que el TSE se comporta como un instrumento de defensa de lo mal hecho de los partidos políticos y de otros órganos del Estado como la Junta Central Electoral (JCE), cuya última resolución ha incurrido en la violación de una serie de derechos fundamentales electorales.

Un ejemplo de los contras sentidos del TSE está la declaratoria de incompetencia de la demanda que busca la nulidad de la resolución de la JCE, que prohíbe las encuestas políticas hasta que no lleguen los tiempos de la pre-campana.

Esa decisión que, ha creado todo un debate nacional en el que participan algunos jueces del TSA que dieron su voto salvado o disidente y que cuestionan el hecho de que el tribunal   reniegue de su responsabilidad de emitir sentencias ajustadas al estado de derecho, implica una grave distorsión  del respeto del mandato de la ley y la Constitucion.

Evidentemente que el TSE al declararse incompetente para conocer las acciones legales interpuestas en contra de la decisión del JCE representa una forma vulgar de negar justicia, pero igual ocurre con una serie de acciones de amparo y que estos juzgadores se van por la vía de la inadmisibilidad como una forma de huir a su compromiso de impartir justicia en el ámbito electoral.

La frustración que causa este comportamiento de unos jueces que en sus decisiones toman más en cuenta el cuido de sus altos salarios que propiciar una buena administración de justicia,  no es exclusivo del TSE, sino de todo el sistema de justicia del país.

Tengo la tesis que hasta que en la República Dominicana no se cambie la configuración del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) difícilmente este cuadro pueda cambiar, porque el quid del asunto consiste en que los cometen los delitos son precisamente los que tienen el control de este órgano que designa a todos los jueces del país.

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