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Una gerente bancaria como imputada en Operación Coral 5G
Santo Domingo.- El Ministerio Publico ha identificado a dos militares más y una gerente bancaria y quienes son los nuevos imputados como parte de la red de corrupción en entidades castrenses y contra los cuales también se presentó solicitud de medida de coerción la noche de este sábado.
Se trata del teniente coronel Kelman Santana Martínez, asistente personal del jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep); el coronel Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara exencargado de recursos humanos del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cesrur), entre el 2014 y el 2020.
Además, fue identificada Esmeralda Ortega Polanco, quien de acuerdo a las pesquisas es la gerente de una sucursal del Banco de Reservas en Santo Domingo Este, donde supuestamente con su ayuda se realizaron más del 90 % de las operaciones financieras de la red de presunta corrupción.
La Pepca ha dicho que debido a los conocimientos en finanzas de esta ejecutiva, se evadían los controles del sistema financiero.
Asegura que esto se evidencia porque a pesar de haberse manejado cientos de millones de pesos por personas que supuestamente no contaban con el perfil financiero para esto, nunca se hicieron reportes de transacciones sospechosas (como mandan las reglas) y se hicieron escasos reportes de transacciones en efectivo.
Anoche, fiscales de la Pepca solicitaron contra estos imputados, el general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cestur, y los otros nueve imputados la imposición de 18 meses de prisión preventiva y que, además, se declare el caso complejo.
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional fijó para mañana el conocimiento de la audiencia de medida de coerción.
Además de los generales Torres Robiou (FARD), Julio Camilo De los Santos Viola (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ERD), en el caso son imputados el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También, el mayor José Manuel Rosario Pirón, el primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y César Félix Ramos Ovalle.
Los imputados serán presentados este domingo ante juez por primera vez tras ser apresados el pasado miércoles durante la denominada Operación Coral 5G.
El Ministerio Público ha dicho que cuentan con más de 700 elementos de pruebas contra 13 imputados.
“Esta medida de coerción cuenta con más de 600 páginas y 700 medios de pruebas documentales que han sido depositados en el tribunal y una vez más ratificamos y confirmamos que tenemos un caso blindado, un caso fuerte, cuya única medida de coerción que será posible imponer, será la prisión preventiva”, dijo la fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Ortiz dijo que las evidencias depositadas incluyen documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de elementos probatorios que, como en todos los casos que ha presentado el Ministerio Público, conducirán a la prisión preventiva de los imputados.
Sostuvo que el Ministerio Público sigue ampliando la investigación. “Coral 5G apenas comienza, las investigaciones continúan ”, sostuvo, mientras respondía a los comunicadores.
Los imputados de la Operación Coral 5G son custodiados por el sistema penitenciario en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
La Operación Coral 5G se ejecutó en el marco de 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
Estas nuevas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que también cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.
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La calidad de los aprendizajes es la principal preocupación de los dominicanos sobre la educación
La calidad de los aprendizajes desplazó a la infraestructura escolar como la principal preocupación de los dominicanos sobre el sistema educativo, según los resultados de la Consulta Nacional sobre el Futuro de la Educación, un proceso convocado por el Gobierno cuyos consensos servirán de base para elaborar una nueva legislación con la que busca transformar el sector educativo en una política de Estado.
La iniciativa fue puesta en marcha después de que la propuesta del Poder Ejecutivo de reorganizar el sistema educativo mediante la integración de los ministerios de Educación (Minerd) y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) generara rechazo en distintos sectores.
Tras ese debate, el Gobierno optó por abrir un proceso de consulta nacional para construir una propuesta de reforma con la participación de actores de todo el sistema educativo. Los resultados mostraron un cambio de prioridades.
El bajo nivel de aprendizaje fue señalado como el principal desafío de la educación dominicana, con un 59 % de las respuestas, por encima de los problemas de disciplina y violencia en los centros educativos (44 %), la desactualización del currículo (40 %), la calidad de la enseñanza y la docencia (36 %) y otras dificultades relacionadas con el aprendizaje (35 %).
El informe refleja que el debate educativo dejó de concentrarse en ampliar la infraestructura para enfocarse en la calidad de los resultados. La preocupación ya no gira principalmente alrededor de construir más escuelas o ampliar la cobertura, sino de garantizar que los estudiantes aprendan más y que la inversión realizada durante los últimos años produzca un impacto tangible en las aulas.
El mandatario afirmó además que la reforma pretende mirar más allá del presente y construir un marco legal capaz de responder a las necesidades educativas de las próximas décadas.
Educación útil para la vida
La consulta también revela que la ciudadanía espera una educación con mayor utilidad para la vida y el empleo. Durante la presentación de los resultados, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, destacó que el 73 % de los participantes manifestó que desea tener la certeza de que lo que se enseña en las aulas permitirá a las personas desenvolverse durante toda la vida y acceder a empleos de calidad.
Ese objetivo está estrechamente ligado a otra de las prioridades identificadas en el proceso: fortalecer la formación docente. Aunque el 47 % de los participantes la reconoce como uno de los mayores avances alcanzados por el sistema educativo, el 39.9 % la señala también como la principal prioridad para profundizar la transformación, reflejando que los esfuerzos realizados todavía no son percibidos como suficientes para elevar la calidad de la enseñanza.
El respaldo a una transformación de mayor alcance también fue amplio. El 71.9 % de los participantes consideró que República Dominicana necesita una reforma profunda de su sistema educativo, un consenso que el Gobierno busca traducir en una legislación que trascienda los períodos presidenciales y garantice continuidad a las políticas públicas.
El desafío de la inteligencia artificial
Los participantes de la consulta también coincidieron en que la inteligencia artificial es el fenómeno que tendrá mayor impacto sobre la educación en los próximos años, al ser mencionada por el 28 % de los consultados.
Le siguieron las tecnologías emergentes y la digitalización (27 %), los conflictos sociales y la violencia (21 %), los cambios en la productividad y la economía (17 %), el cambio climático (16 %), la atención a estudiantes con necesidades específicas (15 %) y la migración (13 %).
Frente a ese panorama, el 56 % de los participantes consideró prioritario fortalecer las competencias digitales, la inteligencia artificial, la innovación, la investigación y las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). También planteó reforzar la formación en valores éticos y cívicos, ciudadanía e identidad (40 %), así como el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad para resolver problemas (38 %).
La actualización del currículo aparece como la principal respuesta a esos desafíos. De hecho, fue la propuesta que obtuvo mayor respaldo durante la consulta, con un apoyo del 61 % en los foros regionales y del 66 % en los espacios sectoriales, por encima de cualquier otra medida analizada.
Durante la presentación del informe, Abinader sostuvo que esa transformación implica cambiar la forma en que la escuela prepara a los estudiantes para el futuro.
«La escuela no puede seguir preparando a nuestros jóvenes para un mundo que ya no existe. Debe prepararlos para el mundo que viene. Y necesitamos una educación que enseñe a pensar, a crear, a resolver problemas, a trabajar en equipo y a seguir aprendiendo durante toda la vida», reflexionó el mandatario.
La ley y los ministerios
La necesidad de que la reforma trascienda los cambios de gobierno fue uno de los mensajes más reiterados durante el acto celebrado el miércoles en el Teatro Nacional.
El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, defendió que las transformaciones educativas requieren continuidad institucional y acuerdos nacionales que puedan mantenerse más allá de un período presidencial.
En la misma línea, el titular del Ministerio de Administración Pública, Sigmund Freund, insistió en que convertir los consensos en una ley ofrece mayores garantías de permanencia que un plan sujeto a la voluntad de cada administración.
Al referirse a la propuesta de reorganización del sistema educativo que motivó la consulta, el ministro de Educación Superior, Rafael Santos Badía, afirmó que el proceso permitió construir una visión integral de la educación como un conjunto articulado por cuatro subsistemas: inicial, preuniversitario, técnico superior y superior.
«Un nuevo modelo educativo con cuatro subsistemas es lo que ha salido en la consulta, que los dominicanos y dominicanas quieren que se tenga conciencia de que un sistema educativo es un todo integrado», detalló.
Agregó que la propuesta que finalmente se presente preservará la autonomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y aclaró que el propósito no es fusionar instituciones, sino fortalecer la articulación entre los distintos niveles del sistema educativo.
El informe servirá ahora como base para redactar el proyecto de ley con el que el Gobierno pretende redefinir el sistema educativo dominicano y que sustituirá las leyes de 139-01, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; 66-97, Orgánica de Educación, y 116-80, que crea el Infotep.
Una vez concluida la redacción del proyecto, este deberá agotar el trámite correspondiente en el Poder Ejecutivo antes de ser remitido al Congreso Nacional, donde será debatido por los legisladores. El objetivo del Gobierno es que la reforma quede aprobada como una política de Estado y no dependa de la administración de turno.
16 sectores
La propuesta de reforma se sustenta en una consulta que reunió a representantes de 16 sectores de la sociedad, las 32 provincias y dominicanos residentes en el exterior. En total se realizaron 120 espacios de diálogo en 19 modalidades de participación.
Del total de participantes, el 62.3 % fueron mujeres y el 37.7 % hombres. A los encuentros asistieron familias, docentes, estudiantes, universidades, empresarios, organizaciones gremiales y sindicales, especialistas dominicanos residentes en el exterior y representantes del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, entre otros actores convocados para construir una visión compartida sobre el sistema educativo.
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Dictan tres meses de prisión contra dos hermanos acusados de matar a delivery en Santiago
Santiago, R.D.-Un tribunal de Santiago impuso este martes tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra dos de los tres hermanos que son acusados de causar la muerte a un repartidor de un negocio de comida rápida.
La decisión fue adoptada por la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago, Estefany Santiago, quien envió a prisión a Eudis Martínez Henríquez, alias «el Pana», de 21 años, y a Anneudy Rafael Cabrera Henríquez, alias «Cocote», de 19.
Por el mismo caso también es procesado un adolescente de 16 años, cuyo expediente es conocido por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes.
La víctima mortal es Joel Heredia, de 24 años de edad.
El delivery falleció a consecuencia de una herida de arma blanca en el cuello durante un incidente registrado el sábado 11 de julio en un establecimiento de comida donde laboraba como repartidor.
El negocio está ubicado en el sector Hato Mayor, en la parte este del municipio de Santiago de los Caballeros.
El tribunal dispuso que los dos imputados cumplan la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres.
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La propuesta de reducir a la mitad el presupuesto de los partidos políticos quedó olvidada
Santo Domingo, R.D.-«Esperemos que se presente el presupuesto reformulado y ahí ustedes encontraran las respuestas que buscan», fue la respuesta otorgada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, al ser cuestionado el pasado lunes seis de julio, sobre si la propuesta de modificación al Presupuesto General del 2026 contendría la reducción de un 50% el dinero que les entrega el Estado a los partidos políticos.
Al hablar ante los medios de comunicación, luego de la reunión de un Consejo de Ministros, Paliza ni confirmó o negó si dentro de ese proyecto de modificación al presupuesto de 2026 se incluirá la propuesta que fue planteada por el Poder Ejecutivo a inicios de mayo como una de las medidas para mitigar el impacto de la crisis producida por el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos.
En la propuesta de modificación al presupuesto del año en curso, aprobada de urgencia por los senadores durante la sesión ordinaria del miércoles, no se contenía la disposición que se había llevado el rechazo de la gran mayoría de los partidos políticos, al igual que la propia Junta Central Electoral (JCE).
Desacuerdos
La idea fue presentada como una de las medidas que tomaría el Poder Ejecutivo para mitigar el impacto de la crisis producida por el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos, con la intención de ahorrar hasta RD$40,000 millones de pesos.
Desde el momento de su planteamiento, la pieza comenzó a ser el tema de la discordia del escenario político de inicios de mato de este año; de un lado el discurso oficialista se centró que la propuesta se hizo en virtud del propio reclamo de la oposición de que “el sacrificio debe ser de todos”; mientras que los opositores señalaron, colocándolo incluso en manifiesto firmado por ocho partidos, que la iniciativa gubernamental no constituye “una política de austeridad, sino una ‘reconfiguración selectiva del gasto con fines políticos’”, orientada a debilitar a la oposición y alterar las condiciones de competencia democrática.
El órgano electoral mostró disconformidad con la propuesta indicando que de aplicarse la propuesta se afectaría la planificación, organización financiera, operativa, educativa y logística de los partidos.
Nunca se sometió
A pesar de los constantes debates, el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, había indicado que la propuesta legislativa sería presentada ante el Congreso Nacional alrededor del primero de julio. Sin embargo, el sometimiento nunca se realizaría, sin que se especificara una razón.
Justo luego de esas declaraciones, el Gobierno promulgaría una reforma tributaria amparada en la Ley 30-26 de Medidas pro-crecimiento Económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional.
La contribución económica a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos asciende a la suma de RD$1,620,000,000.00; lo que equivale a la entrega de unos 135 millones mensuales. Con la reducción, el Gobierno buscaba reducir a RD$67 millones, 500 mil la entrega mensual y ahorrarse esa misma cantidad, lo que equivale que entre agosto y diciembre, el Estado hubiera recaudado unos RD$337,500,000.