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Iglesia Católica exige al Gobierno RD proteste por conducta Embajador
SANTO DOMINGO.- La Iglesia Católica exigió al Gobierno de la República Dominicana que utilice los mecanismos que las normas diplomáticas prevén para elevar una protesta formal a Estados Unidos por “las extralimitaciones de su embajador” aquí, James W. Brewster.
Un enérgico comunicado emitido por la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), la cual es integrada por todos los obispos del país, dice que el citado diplomático ha mostrado “poco respeto a los usos y costumbres de nuestra sociedad” violando tanto la Constitución de la República como la Convención de Viena Sobre Relaciones Diplomáticas que rige la diplomacia internacional actual y que fue ratificada por Estados Unidos y República Dominicana.
“Como pastores, exigimos de nuestras autoridades tomar este asunto con responsabilidad y ofrecer una respuesta inmediata que satisfaga los reclamos de la familia dominicana. Sabemos que estamos en tiempo de elecciones y que la tendencia es dejar para después de mayo la mayoría de las decisiones. Pero una falta contra nuestro país sin una debida reacción sería mandar el mensaje de que los extranjeros pueden venir a abusar de su posición sin consecuencias”, dice el documento, cuya copia fue remitida a ALMOMENTO.NET.
El comunicado
El texto del comunicado es el siguiente:
“ 1. Como pastores de la República Dominicana nos mueve dirigirnos al país la profunda preocupación y malestar que ha provocado en una parte importante de la sociedad, y en nosotros también, las actuaciones del Embajador de Estados Unidos, James Brewster, desde su llegada a nuestra tierra.
- Durante los últimos años hemos visto una y otra vez cómo el señor embajador se ha extralimitado en sus funciones, mostrando poco respeto a los usos y costumbres de nuestra sociedad, y violando tanto la Constitución de la República como la Convención de Viena Sobre Relaciones Diplomáticas que rige la diplomacia internacional actual y que fue ratificada por Estados Unidos y República Dominicana.
- Nos anima el mismo espíritu que señala el Papa Francisco cuando, refiriéndose a las amenazas que vive la familia, previene contra las «pseudo-soluciones desde perspectivas que no son saludables a la familia, sino que provienen claramente de “colonizaciones ideológicas”». El Señor Brewster se acerca a nuestra niñez en escuelas públicas y privadas, en torneos deportivos y otras actividades juveniles e infantiles exhibiendo al Señor Bob Satawake como su esposo. Esto ha causado un gran malestar en los padres de familia, que tienen el derecho a definir cómo educar a sus hijos, y sienten esta visita como una intromisión de valores contrarios a los que ellos quieren inculcar a sus hijos.
- El Embajador y su pareja presentan a los niños un modelo de familia que es incompatible con el que está contemplado en la Constitución que en su artículo 55, que dice: «La familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla». Ellos están tratando de confundir a nuestra juventud y niñez presentándoles un modelo distorsionado de familia, menospreciando, de esta manera, la autoridad de nuestras leyes.
- En su discurso en la Cámara Americana de Comercio respondió a los que lo critican por entrometerse en los asuntos internos que, a quien no le guste cómo está actuando el representante de los Estados Unidos en el país, que devuelva su visa. Esta respuesta sirve como amenaza a la población dominicana, y, aunque se desmintiese oficialmente, queda siempre el miedo a expresarse por temor a que se les quite la visa. Esto lesiona la libertad de expresión en nuestro país.
- No es menos preocupante la insinuación de oferta de dinero que hiciera la USAID a los candidatos políticos que apoyen a los LGBT. Este anuncio se hizo en el marco de apoyo a la Embajada de Estados Unidos durante el lanzamiento de la Cámara de Comercio LGBT. Ofrecer dinero para financiar a candidatos que estén dispuestos a promover su agenda es una violación a la soberanía nacional y a sus leyes electorales y representa un chantaje grave hacia la política nacional. Además, aunque se pretenda desmentir, ¿Quién garantiza que, de todos modos, el fondo constituido no sea erogado aún veladamente?
- Estas y muchas otras acciones más han ido creando un clima de malestar e inquietud en un sector mayoritario del país, pues estamos viendo su intromisión en la cultura y en los asuntos internos de la nación. Es cada vez más difícil aceptar esta injerencia del Embajador, pues existe un reglamento para los diplomáticos en todo el mundo, y está enel artículo 41, párrafo 1 de la Convención de Viena, que dice: «Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado».
- Hacemos constar que nuestro rechazo no es a la persona del Embajador y su pareja, ni a su condición de homosexuales, pues los respetamos. Lo que rechazamos es el abuso de poder en su modo de actuar, que es contrario a sus competencias como embajador y, como hemos dicho ya, viola las leyes internas del país y las leyes internacionales de la diplomacia.
- Nuestra nación es un Estado soberano que cuenta con sus propias leyes, las cuales deben ser respetadas por los dominicanos y, con mayor razón, por las personas extranjeras. La Constitución es clara y tajante respecto a la soberanía y hacia la inaceptabilidad de una injerencia proveniente del exterior, pues el artículo 3 de la Carta Magna dice: «La soberanía de la Nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana».
- Entendemos que este no es un tema trivial, como algunos han pretendido decir, pues está en juego la soberanía de la nación y sus valores tradicionales. El Señor Brewster se presenta en la sociedad como una víctima, llamando “odio” a toda opinión contraria a la suya, pero alardea de tener el apoyo de su Gobierno para realizar las violaciones sistemáticas de las leyes nacionales e internacionales.
- Como pastores, exigimos de nuestras autoridades tomar este asunto con responsabilidad y ofrecer una respuesta inmediata que satisfaga los reclamos de la familia dominicana. Sabemos que estamos en tiempo de elecciones y que la tendencia es dejar para después de mayo la mayoría de las decisiones. Pero una falta contra nuestro país sin una debida reacción sería mandar el mensaje de que los extranjeros pueden venir a abusar de su posición sin consecuencias. Por esta razón, instamos al Gobierno a utilizar los mecanismos que las normas diplomáticas prevén para elevar una protesta formal al Gobierno de Estados Unidos acerca de las extralimitaciones de su embajador en tierra dominicana.
- Con los mejores deseos de paz y bienestar para los hombres y mujeres de esta Nación, les impartimos a todos nuestra más cordial bendición.
En Santo Domingo, a los días 15 de marzo del año 2016.
Departamento de Prensa de la Conferencia del Episcopado Dominicano CED
Tel. 809-482-2524 ext.106Portal: www.conferenciadelepiscopadodominicano.com • Email: prensaced@gmail.com”
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.