Opinión
Impacto nacional y continental del desarme de las FARC-EP
Por Narciso Isa Conde
Se firmó el “Acuerdo del Cese al Fuego y de Hostilidades. Bilateral y Definitivo”, en el que la dirección de las FARC-EP aceptaron convertir el no uso de las armas (“dejación de armas”) en desarme total a cumplirse en un plazo de 180 días después de iniciada su desmovilización militar unilateral y en el que expresamente se le concede al Estado y a los Gobiernos colombianos el “monopolio de las armas” a nombre de una legitimidad histórica y actualmente inexistente. Los términos concertados en esa vertiente fueron expresados en estos términos:
“Asegurar el monopolio legitimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio: en el marco del fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, las medidas que se adopten deben garantizar el monopolio legitimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, con el fin de garantizar el respeto y los derechos fundamentales de toda la ciudadanía. La legitimidad deviene del cumplimiento de la obligación de asegurar plenamente el disfrute de los derechos fundamentales de todos los colombianos/as, bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”. (Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales, párrafo 4)
* ANHELO DE PAZ Y PAZ DURADERA.
La paz, como anhelo abrumadoramente mayoritario en Colombia, no podía ser obviada por la insurgencia armada. Pero tampoco el curso pacifico del ejercicio político de la oposición revolucionaria debería ser condicionado al interés de las nefastas fuerzas enemigas que controlan el Estado de reservarse para sí en las actuales condiciones –y solo con la garantía de una serie de promesas y decisiones propias- el poder de las armas; fuerzas hegemónicas que por demás han estructurado un país con unas fuerzas armada hipertrofiadas y curtidas en el crimen y la corruptela, sin soberanía, neoliberal, con siete bases militares y un sistema de intervención y control estadounidense, pactado con el Pentágono y la OTAN y convertido en una especie de Israel de América y en plataforma para la conquista militar de la Amazonía y las agresiones militares y paramilitares a Venezuela, Ecuador, Bolivia. Algo que ni trata en los acuerdos publicados ni se aborda soluciones.
El camino de la paz verdadera requiere a mí entender valorar esos factores y detener las concesiones unilaterales en aspectos tan delicados y tan decisivos.
Por eso -llegado este momento previo al ACUERDO FINAL- debería pensarse en abordar esos temas cruciales y en convertir en hechos palpables una gran parte de lo acordado en otros puntos de la agenda (todavía simplemente en el papel); antes de aceptar un desarme unilateral que afectaría gravemente la correlación de fuerzas a nivel nacional e internacional, que deja muchas cosas vitales en simples promesas gubernamentales, que deja el poder de decisión a instituciones estatales existentes no confiables o a nuevos mecanismos bajo su control (solo con representaciones minoritarias de la parte contraria).
Esto resulta a mi entender imprescindible para un buen acuerdo en el que lo pactado, por demás, deberá ser fiscalizado o por instancias internacionales que esencialmente responden a interés ajenos a la paz y a los derechos de los pueblos (como la ONU y la UE), o por entidades que como CELAC se ve afectada por los cambios a favor de las derechas y de EEUU que ahora tienen lugar en nuestro continente. Incluso pienso que la fiscalización y el control exigen garantías más confiables que las establecidas.
Me refiero a la necesidad construir –antes de cualquier desmovilización guerrillera- bases sólidas para una paz en un país que amerita ser democratizado previamente, con claros compromisos hacia la justicia social y hacia el rescate de soberanía en medio de un cese al fuego bilateral y de una progresiva desmilitarización bilateral; colocando además a Colombia fuera del tablero guerrerista y de la estrategia militar de EEUU y del imperialismo occidental en Nuestra América; identificando y ejecutando medidas y plazos para la salida de las bases militares estadounidenses de sus territorio, el cese de los convenios con el Pentágono e Israel y la anulación de la presencia directa de tropas y equipos bajo su control.
Los temas fundamentales de las conversaciones de paz -aquellos que implican desmonte del Estado terrorista, transformación de la policía y la fuerzas armadas regulares, democracia, justicia, equidad social y soberanía reales- al tiempo de acordarse con precisión en cuanto a sus impactos sobre todas las partes, deberían convertirse en hechos consistentes; sin optar anticipadamente por desmantelar solos los ejércitos populares creados por FARC, ELN y EPL durante medio siglo de heroísmo. Más bien procede reorientar sus roles en medio del cese al fuego bilateral, de la detención de la confrontación armada y del nuevo periodo de restauración de la democracia y refundación progresiva del Estado vía Constituyente Popular y Soberana.
En ese orden el descarte de la Constituyente sería un serio revés para esos trascendentes propósitos.
* IMPACTO NACIONAL DE LA PAZ INMEDIATA CON MONOPOLIO OFICIAL DE LAS ARMAS.
Si el comandante Chávez argumentó con razón el valor defensivo que tenía para el proceso bolivariano su condición de “proceso pacífico, pero no desarmado”, ese criterio tiene mayor validez para el caso de la democratización de Colombia, en el que la posesión de las armas por los ejércitos populares, aun sin usarse, constituye una de las garantías fundamentales para su cumplimiento y para evitar un grave desequilibrio subregional.
En Venezuela lamentablemente el poder de las armas en manos de una parte de las fuerzas armadas regulares de filiación chavista finalmente no ha sido aprovechado para pasar de las reformas a los cambios revolucionarios de corte socialista, lo que explica en parte el estancamiento y la regresión de ese proceso.
En Colombia el ejército popular de las FARC está renunciando a las armas para iniciar un accidentado y difícil camino de reformas democráticas bajo una dominación históricamente conservadora, corrupta, represiva y tramposa; lo que la pone más difícil todavía.
La integridad y preservación de los factores político-militares revolucionarios, junto a la movilización popular y a la ofensiva político-social de las fuerzas transformadoras, son a mí entender irrenunciables si se trata de garantizar cumplimientos y relaciones equilibradas en el despliegue de los compromisos entre ambas partes.
Y esto asume carácter de exigencia imperiosa en un país donde no se puede descartar que este gobierno maniobrero, sensiblemente debilitado, pueda cambiar para peor o darle paso a otro de pésima calaña; y en un Continente donde el proceso a nivel de gobiernos y de Estados temporalmente evoluciona a favor de las derechas y las retaliaciones del bloque político y social ultra-reaccionario.
Esos factores, incluido el de las armas insurgentes, son absolutamente necesarios para asegurar la no reversibilidad de los acuerdos y contrarrestar el empleo sistemático del
militarizado Estado Colombiano y de los enclaves y las tutelas estadounidenses como factores de contra-revolución y contra-reformas internas y externas.
En otro orden, lo acontecido en otros procesos de paz negociada -tanto en Colombia como en Centro-América -incluido el caso de El Salvador, donde tuvo lugar un acuerdo de mesa bastante avanzado (pero con desarme y desmovilización unilateral del FMLN), que posteriormente sufrió graves distorsiones, deformaciones e incumplimientos- deben servir de lecciones para no caer en la trampa esencial que se sintetiza en desarmarse y desmovilizarse militarmente sin cambios sustanciales en las esencias del régimen, en la fuerzas que lo hegemonizan y en el peso de lo militar y sus aberraciones en todo lo estatal y en los mecanismos interventores.
En las actuales condiciones de Colombia, el desarme y la desmovilización guerrillera de la principal fuerza insurgente podría ser mucho más perjudicial que en esos otros países, tanto por el contexto interno como por el internacional. Y ese paso unilateral desde las FARC-EP, por demás, colocaría en condiciones mucho más complejas al ELN y al ELP; fuerzas que debieron coordinarse y bloquificarse frente al régimen, para tratar de lograr una alternativa unificada con los mejores resultados posibles.
* IMPACTO CONTINENTAL.
Reitero que ese cauto y firme proceder es sumamente importante en medio de la crisis venezolana y de los planes desestabilizadores de ese y otros procesos regionales como el ecuatoriano y el boliviano; precedidos todos de desgarradoras imposiciones ultra-reaccionarias en Honduras y Paraguay, del dramático cuadro mexicano, de los retrocesos en Argentina y Brasil, de los virajes hacia la derecha en Perú y Chile, del reforzamiento de la intervención gringa en Haití y de la dictadura institucional en Dominicana.
Esa tendencia regresiva se tornaría más grave, si el viraje en la conducción de Brasil logra influir para que sus fuerzas armadas relativamente independientes en materia de competencia entre las grandes potencias, puedan ser manipuladas por EEUU y esta súper-potencia pueda por fin delegar funciones de gendarmería en ellas. Algo que está sobre el tapete en el marco de la crisis que estremece a esa potencia emergente.
Además, en cuanto a la actualidad mundial, es preciso valorar con atención y especial cuidado el curso de la crisis capitalista mundial y las consecuencias de la estrategia del caos controlado y del dominio destructivo puesta en práctica por un lumpen imperialismo pentagonizado y decadente.
En el contexto de esa estrategia, las maniobras “diversionistas” de “normalización” de relaciones con Cuba y pro-Paz en Colombia, realmente no suplantan los planes de expansión militar del Pentágono y la OTAN.
Tampoco la apuesta de EEUU a lo paramilitar, a los ejércitos mercenarios, a los procesos de fascistización de una parte de las derechas sociales y políticas a su servicio, a la sedición empresarial, a las imposiciones electorales fraudulentas, a las guerra locales y globales y a la desestabilización económica… para imponer su dominio contra-insurgente y despótico; concentrando esfuerzos y ataques especiales en Nuestra América rebelde, haciendo provecho de la declinación de los denominados gobiernos reformadores o progresistas.
Nunca olvidar que a su vez esa crisis de decadencia, que no cesa de agudizarse y extenderse a escala mundial, está generando grandes descontentos que posibilitan sublevaciones y revoluciones desde abajo; siempre que logren conformarse las nuevas vanguardias que ayuden a convertir a los pueblos en poder alternativo y transformador. Y esto nos plantea retos que van más allá de la lucha a través de la instituciones y la legalidad imperantes.
A su vez las negaciones bruscas de innumerables conquistas democráticas obtenidas en nuestra América mediante las victorias populares que ahora procuran aplastar, provocan indignaciones adicionales que emplazan a las fuerzas revolucionarias a radicalizar posiciones.
En medio del despliegue de esta crisis sistémica, con esos y otros ingredientes que exigen nuevos desafíos, se configuran situaciones y tiempos como éstos en los que no procede desistir para siempre de las insurgencias locales, nacionales y global; dado que los retrocesos o estancamientos reformistas e institucionalistas en el seno de las fuerzas transformadoras solo sirven para abrirle cancha a todas las derechas y a la contrarrevolución monda y lironda; como aconteció de manera relevante en Brasil y Argentina, y podría ocurrir con tintes mucho más dramáticos en Venezuela.
Mientras que en el curso de los procesos de paz negociada, la involución de las vanguardias revolucionarias hacia el reformismo casi siempre tiende a concluir en lamentables frustraciones.
* LUCHAS EMANCIPADORAS Y LUCHAS POR LA PAZ.
Es claro que todas las luchas emancipadoras deben asumir la paz como bandera y meta esencial, pero éstas no están solas en los escenarios de combate. La paz es un derecho, pero conquistarla implica también múltiples y variadas confrontaciones extra-institucionales.
En el presente mundial, regional y nacional esas luchas enfrentan enemigos muy poderosos que están muy lejos de renunciar a la violencia, al uso y amenaza del uso de la fuerza policial y militar a la opresión, a las guerras de agresión y a las más variadas y
crueles formas de dominación; por lo que es preciso mantener una línea de combate que no admite “reconciliaciones”.
Al parecer en la Mesa de los Diálogos de Paz de Colombia todo iba más o menos bien antes de ser firmados y publicitados, con todas sus implicaciones, los documentos de los “acuerdos de cese al fuego, dejación y entregas de armas”, refrendados por el texto presentado por el Secretariado de las FARC-EP, leído por el comandante Timochenko, en el que se afirma:
“También se ha llegado al acuerdo sobre Dejación de Armas, que pone en evidencia la suma de invenciones con las que se pretende engañar a la gente de nuestro país, cuando se asevera que tras los acuerdos, las FARC pretendemos seguir armadas y haciendo política. El país podrá conocerlo a partir de hoy. Claro que las FARC haremos política, si esa es nuestra razón de ser, pero por medios legales y pacíficos, con los mismos derechos y garantías de los demás partidos.”
“El Estado colombiano tendrá que hacer efectivo que a ningún colombiano se lo perseguirá por razón de sus ideas o prácticas políticas, que la perversa costumbre de incluir en los órdenes de batalla de las fuerzas armadas los nombres de los dirigentes de movimientos sociales y políticos de oposición, tendrá que desaparecer definitivamente del suelo patrio. Que una vez firmado el acuerdo final desaparecerán el dispositivo militar de guerra y su anticuada doctrina de seguridad.”
“Las fuerzas armadas colombianas, agigantadas en el transcurso de la guerra, diestras en contrainsurgencia y acciones especiales, están llamadas en adelante a jugar un importante papel en aras de la paz, la reconciliación y el desarrollo del país. Fueron nuestras adversarias, pero en adelante tenemos que ser fuerzas aliadas por el bien de Colombia. Su infraestructura y recursos pueden ponerse al servicio de las comunidades y sus necesidades, sin desmedro de sus capacidades para cumplir la función constitucional de guarnecer las fronteras.” (pag. 3, párrafo 4)
Me temo que en esos planteamientos hay muy buenos deseos y lindas ilusiones, pero pocos hechos, escasas realidades… si nos atenemos a una historia demasiado reciente y a una actualidad sumamente dura del régimen colombiano, de sus centros de poder local y transnacional; ayer encabezados por el Gobierno de Álvaro Uribe, hoy por el Juan Manuel Santos, los dos tutelados por EEUU y al servicio de sus tácticas ocasionales dentro de su pérfida estrategia de dominación.
Percibo que el giro que implican esos últimos acuerdos le está facilitando a la clase dominante-gobernante colombiana y al imperialismo estadounidense la continuidad de su dominio, combinando viejos y nuevos métodos, que a su vez generan o atizan nuevas contradicciones a su interior y al interior de quienes se le oponen.
Así pienso y no debo autocensurarse. Precisamente por todo lo que han representado para mí los vínculos de solidaridad con las FARC-EP y por respeto y el cariño que le profeso a sus integrantes, he decidido debatir este tema crucial para las luchas continentales, sin renunciar a acompañar a esa fuerza política en las nuevas controversias que se vislumbran, como lo hice con el FMLN de EL SALVADOR.
Por Rommel Santos Diaz
El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo en cuenta las siguientes circunstancias:
- a)La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional;
- b)La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma;
- c)Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia.
El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigación y la determinación se basará únicamente en lo señalado anteriormente, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.
Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento ya que:
- a)No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia de conformidad con el artículo 58 del Estatuto de Roma;
- b)La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma ; o
- c)El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen, notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 del Estatuto o al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el artículo 13 del Estatuto de Roma.
Por otro lado, a petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al artículo 14 del Estatuto de Roma o del Consejo de Seguridad de conformidad con el artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión del Fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con este mismo artículo y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión.
Además la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se basará únicamente en el párrafo 1 c) o 2 c) del artículo 13 del Estatuto de Roma. En este caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.
Finalmente, el Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas informaciones.
Por Isaías Ramos
Mil doscientos millones de pesos para señalización turística. A la vez, se denuncian escuelas de jornada extendida con carencias de agua, baños, aulas, comedores y espacios adecuados.
No son partidas presupuestarias jurídicamente intercambiables. Pero sí revelan algo más profundo: qué problemas reciben recursos y urgencia del Estado, y cuáles continúan esperando.
La pregunta es inevitable:
¿Para quién está funcionando nuestro crecimiento?
La República Dominicana ha crecido. Negarlo sería absurdo. Han aumentado el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones y el PIB. Pero durante más de tres décadas hemos confundido crecimiento con desarrollo, como si una cifra macroeconómica pudiera sustituir el bienestar de una familia.
Nuestra Constitución establece otra jerarquía. El artículo 8 dispone que la función esencial del Estado es proteger los derechos de la persona, respetar su dignidad y procurar su desarrollo dentro de un marco de justicia social y bienestar general. El artículo 217 ordena orientar el régimen económico hacia el desarrollo humano.
La Constitución no coloca al ciudadano al servicio de la economía. Coloca la economía al servicio del ciudadano.
El crecimiento es un medio, no el fin de la República. Podemos exhibir excelentes indicadores mientras demasiados dominicanos compran agua, pagan de su bolsillo educación y salud y viven en comunidades donde el progreso parece pasar de largo.
El modelo ha consolidado rasgos de rentismo, extractivismo y exclusión. Extraemos minerales, pero también obtenemos rentas del agua, las costas, el suelo y el paisaje. Facilitamos inversiones, concedemos incentivos y construimos infraestructura pública. Eso puede ser legítimo y necesario. La pregunta es qué recibe la nación a cambio.
Las playas muestran esa contradicción con claridad. El artículo 15 de la Constitución las reconoce como bienes de dominio público y de libre acceso. Sin embargo, en distintos lugares el ciudadano encuentra dificultades para acceder a costas rodeadas por proyectos que monetizan aquello que pertenece a todos.
La empresa construyó el hotel.
Pero no construyó el mar.
No creó la playa.
No produjo el paisaje.
Cuando un bien natural colectivo se convierte de hecho en atributo de exclusividad comercial, debemos preguntar quién captura la renta, quién asume los costos y qué pierde la nación.
El turismo no es enemigo del país. La empresa privada tampoco. Necesitamos inversión que genere empleos dignos, fortalezca proveedores nacionales, contribuya fiscalmente, transfiera conocimientos, respete el medioambiente y deje comunidades más prósperas.
No queremos menos crecimiento. Queremos crecimiento que produzca desarrollo.
No queremos menos inversión. Queremos inversión que fortalezca a la nación que la hace posible.
No todo incremento del PIB equivale a mayor bienestar ni necesariamente a mayor riqueza nacional neta. Si al crecer agotamos acuíferos, degradamos costas, acumulamos pasivos ambientales o convertimos privilegios temporales en derechos permanentes, podemos contabilizar como progreso la pérdida de nuestro patrimonio. Ninguna nación puede llamar desarrollo a aquello que mejora las cuentas de esta generación a costa de la siguiente.
El Estado no está ausente. Está selectivamente presente.
Construye carreteras, facilita inversiones, protege propiedades, concede incentivos y promueve destinos. Y debe hacerlo. El problema es que demasiadas veces no muestra la misma eficacia y urgencia para garantizar agua potable, educación, salud, seguridad, saneamiento y servicios públicos dignos.
Ese desequilibrio erosiona la esencia del Estado social y democrático de derecho.
No necesitamos escoger entre empresa y pueblo, ni entre inversión y justicia social. Esa es una falsa disyuntiva. Debemos medir el éxito nacional no solo por cuánto crece la economía, sino por cómo crece, quién recibe sus beneficios, quién asume sus costos y qué deja en el país.
Eso exige proteger el acceso público a los bienes comunes; condicionar los incentivos fiscales a resultados verificables; incorporar los costos ambientales; promover empleo formal, encadenamientos productivos y contribución fiscal; y someter las grandes decisiones al interés general.
Pero la transformación no corresponde únicamente al Estado. Requiere ciudadanos dispuestos a vigilar, participar, exigir cuentas y defender aquello que pertenece a todos.
La República Dominicana necesita más que corregir políticas aisladas. Necesita un proyecto de nación capaz de unificar esfuerzos, ordenar prioridades y fijar metas para saldar una deuda social acumulada durante décadas: un proyecto que convierta crecimiento en desarrollo, desarrollo en derechos y derechos en oportunidades reales.
Ese proyecto no supone renunciar al turismo, al capital ni a empresas prósperas. Supone ponerlos al servicio de algo superior: una economía al servicio de una nación.
Debemos reconocer una verdad incómoda: hemos sido mucho más persistentes construyendo crecimiento que construyendo desarrollo.
Es tiempo de recuperar la jerarquía constitucional:
Primero la persona.
Primero su dignidad.
Primero el bien común.
Y entonces el mercado, la inversión y el crecimiento como instrumentos para alcanzarlos.
Al final, la historia no nos preguntará cuánto creció la economía. Nos preguntará qué país dejamos.
Entonces tendremos que responder:
¿De qué sirvió crecer si, mientras crecíamos, fuimos perdiendo aquello que pertenecía a todos?
Ante esa pregunta, la indiferencia no debe ser una opción.
Por Oscar López Reyes
En 1976, en Barahona yo ganaba 100 pesos mensuales en dos trabajos –en el gobierno y en un medio de comunicación- cubría holgadamente los gastos de mi recién formada familia de cuatro miembros, y me sobraba dinero. Caminaba las calles del pueblo como un privilegiado, sin deudas ni estrés. Dormía como un lirón por el estilo de vida sobrio y albergaba una gran esperanza en el futuro.
Como en la mayoría de las casas, en la mía no había televisión, teléfono, nevera, aire acondicionado y mucho menos un vehículo de motor. Tampoco estufa, licuadora, inversor ni botellones de agua, porque por una tubería llegaba sin pagar un solo centavo, igual que la basura, y se pagaban chelitos por el consumo de luz. En el liceo no se cobraba.
En los patios de las dos casas alquiladas donde vivía, en las céntricas calles Colón casi esquina Duvergé y Jaime Mota casi esquina José María Cabral, había frondosos árboles de mangos y limoncillos (quenepas), y en la última anafres (hornillos para cocinar con carbón) y una letrina surtida con periódicos y fundas de papel –provenientes de colmados- para el aseo defecatorio.
Esos pliegos sanitarios representaban una muestra de progreso, porque en las afueras de la ciudad y en las lomas, como Chene, en Enriquillo, para la limpieza tras las necesidades fisiológicas se acudía, en los montes, a piedras, hojas verdes, tusas de maíz y troncos leñosos -en forma giratoria- que se ramificaban desde el suelo.
Entre 1973-1976 en colmados y almacenes –no existían supermercados- se compraban menos de 20 productos hogareños, con precios establecidos por la Dirección General de Control de Precios. Una libra de arroz costaba 8 centavos, una libra de habichuelas 7 centavos, una libra de azúcar 4 cheles, una libra de carne 10 cheles y una botella de aceite comestible valía 30 centavos.
A primera hora de la mañana y en la tardecita se vendía a 8 y 10 cheles una botella o litro de leche de vaca, bien pura, acabada de llegar en bidones desde fincas ganaderas de Amador Pons, Sarita Báez, Buchinche Pérez Espinosa, los hermanos Milongo y Napó (Napoleón) Pérez, los hermanos Dámaso y Zulema López (mis tíos) y otros.
Los gastos eran restringidos, y los regalos escasos, porque muy pocos celebraban cumpleaños o visitaban restaurantes. Predominaba el consumo de helados, principalmente los domingos, antes y después de las retretas del Parque Central.
Esos precios son recordados por mercaderes y amas de casa de la época, debido a que no existían estadísticas de la canasta básica de consumo en pesos dominicanos, en virtud de que, justamente en 1976, el Banco Central fue cuando inició la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH).
A la postre, la compra alimenticia mensual para ocho personas –porque había que separar manjares para los vecinos más cercanos y los padres de los esposos- ascendía a menos de 20 pesos mensuales. Otros gastos: Un par de zapatos de la fábrica gubernamental Fac Doc costaba 4 pesos, y cuando al prestamista “Viste Encuero”, muy conocido en el mercado público y los predios judiciales de Barahona, los días 25 –fecha de pago en el gobierno- le avanzaban 50 centavos de un crédito de 7 pesos, los aceptaba gustosamente.
En esos años, el peso dominicano tenía una paridad con el dólar estadounidense, o sea, uno por uno. Para las transacciones cotidianas, junto a las monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, la de un centavo circuló hasta 1987, con la efigie de Caonabo, cuyo poder adquisitivo fue anulado por la inflación, aunque no se conoce la emisión de una resolución definitiva del Banco Central que la despoje de su poder liberatorio.
Aquellos conmemorados, bien recordados y limpiecitos 100 pesos mensuales: 60 de la Corte de Apelación (no se registraba ninguna deducción de impuestos sobre la renta ni de seguridad social) y 40 pesos de Radio Barahona equivalen, a junio de 2026, a 125 mil 898 pesos con 56 centavos nominales, calculando el Índice de Precios al Consumidor, año por año, el valor del capital y el efecto inflacionario. A este último salario, la Dirección General de Impuestos Internos le reduce a 98 mil 400 pesos con 44 centavos, porque se le aplica un descuento de 27 mil 498 pesos con 12 por aportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).
¡Ah, consumismo y lujos!
¡Uy, prima del dólar!
¡Guau, globalización!
Entre 1973 y 1976 yo andaba despacio, a pie, relax y divertido, de un sitio a otro por las calles de Barahona como un afortunado, porque en la Corte de Apelación (juicios penales y civiles) me desempeñaba como mecanógrafo y mensajero ocasional, ya que estaba responsabilizado de buscar, el 25 de cada mes en las oficinas de Correo, los cheques de los jueces Federico Neftalio Cuello López (Nene), Doro Buenaventura Vásquez, Máximo Deñó, Rafael Dotel Recio y David Vicente Vidal Matos, y el procurador general de ese tribunal, Secundino Gómez Pérez (Jumito), máximas autoridades judiciales de la provincia.
El día 25, los magistrados arribaban a la Corte más temprano que nunca, caminando desde sus casas, sin parafernalias. Recuerdo cuando los secretarios de la Corte, Rafael Alfredo Pérez Rocha (Fellito Tinina), y la Procuraduría, Alejandro Rocha Peña (Mingolito), les entregaban a los jueces los emolumentos que devengaban: unos 250 pesos. Fungían como alguaciles Rafael Matos (Alito), Ignacio Mota y Luis Marino Arias. De unos 20 empleados de ese tribunal, solo sobreviven este último, hoy notario público; el extogado David Vidal, la entonces escribiente Teresa Peña y este servidor.
Yo era el menor de edad y el de más bajo salario: 60 pesos mensuales, el mínimo estatal, y cumplía el horario de 7:30 a.m. a 1:30 p. m. En la segunda jornada laboraba, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, como secretario auxiliar de Rodolfo Z. Lama Jaar, propietario de Radio Barahona, Radio Pedernales, Radio Jimaní y Radio Neyba. Redactaba cartas, anuncios y notas luctuosas, nutrido por mis primeras prácticas escriturales en los clubes culturales y en los murales de la Juventud Comunista (Pacoredo) del liceo secundario Federico Henríquez y Carvajal.
El 11 de febrero de 2026 -justo 50 años después, porque ingresé en el citado mes- volví a las oficinas de la Corte de Apelación de Barahona y la nostalgia me envolvió con los cambios experimentados: existía uno que otro escritorio de caoba, pero ni en sombra las máquinas mecánicas Olympia, Olivetti y Remington, y prácticamente todos los jueces y empleados de 1973-1976 viajaron a un espacio inhóspito. El salario mínimo es de 20 mil 500 pesos y los titulares de Corte de Apelación ganan desde 260 mil 859 hasta más de 362 mil 304 pesos.
Albricias: Aparecieron los datos de mi ingreso al Poder Judicial, y me expidieron la certificación pertinente. El juez presidente de la Cámara Penal de la Corte y juez coordinador del Departamento Judicial (Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia), Joselín Moreta Carrasco, me dispensó la más esplendorosa atención. Lo que no dijo el texto fue que fui cancelado -el más próspero premio de mi vida, porque tuve que emigrar forzosamente a Santo Domingo- por negarme a ingresar al Partido Reformista del gobernante presidente Joaquín Balaguer. ¡Qué vida Balaguer!
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.