Opinión
Impacto nacional y continental del desarme de las FARC-EP
Por Narciso Isa Conde
Se firmó el “Acuerdo del Cese al Fuego y de Hostilidades. Bilateral y Definitivo”, en el que la dirección de las FARC-EP aceptaron convertir el no uso de las armas (“dejación de armas”) en desarme total a cumplirse en un plazo de 180 días después de iniciada su desmovilización militar unilateral y en el que expresamente se le concede al Estado y a los Gobiernos colombianos el “monopolio de las armas” a nombre de una legitimidad histórica y actualmente inexistente. Los términos concertados en esa vertiente fueron expresados en estos términos:
“Asegurar el monopolio legitimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio: en el marco del fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, las medidas que se adopten deben garantizar el monopolio legitimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, con el fin de garantizar el respeto y los derechos fundamentales de toda la ciudadanía. La legitimidad deviene del cumplimiento de la obligación de asegurar plenamente el disfrute de los derechos fundamentales de todos los colombianos/as, bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”. (Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales, párrafo 4)
* ANHELO DE PAZ Y PAZ DURADERA.
La paz, como anhelo abrumadoramente mayoritario en Colombia, no podía ser obviada por la insurgencia armada. Pero tampoco el curso pacifico del ejercicio político de la oposición revolucionaria debería ser condicionado al interés de las nefastas fuerzas enemigas que controlan el Estado de reservarse para sí en las actuales condiciones –y solo con la garantía de una serie de promesas y decisiones propias- el poder de las armas; fuerzas hegemónicas que por demás han estructurado un país con unas fuerzas armada hipertrofiadas y curtidas en el crimen y la corruptela, sin soberanía, neoliberal, con siete bases militares y un sistema de intervención y control estadounidense, pactado con el Pentágono y la OTAN y convertido en una especie de Israel de América y en plataforma para la conquista militar de la Amazonía y las agresiones militares y paramilitares a Venezuela, Ecuador, Bolivia. Algo que ni trata en los acuerdos publicados ni se aborda soluciones.
El camino de la paz verdadera requiere a mí entender valorar esos factores y detener las concesiones unilaterales en aspectos tan delicados y tan decisivos.
Por eso -llegado este momento previo al ACUERDO FINAL- debería pensarse en abordar esos temas cruciales y en convertir en hechos palpables una gran parte de lo acordado en otros puntos de la agenda (todavía simplemente en el papel); antes de aceptar un desarme unilateral que afectaría gravemente la correlación de fuerzas a nivel nacional e internacional, que deja muchas cosas vitales en simples promesas gubernamentales, que deja el poder de decisión a instituciones estatales existentes no confiables o a nuevos mecanismos bajo su control (solo con representaciones minoritarias de la parte contraria).
Esto resulta a mi entender imprescindible para un buen acuerdo en el que lo pactado, por demás, deberá ser fiscalizado o por instancias internacionales que esencialmente responden a interés ajenos a la paz y a los derechos de los pueblos (como la ONU y la UE), o por entidades que como CELAC se ve afectada por los cambios a favor de las derechas y de EEUU que ahora tienen lugar en nuestro continente. Incluso pienso que la fiscalización y el control exigen garantías más confiables que las establecidas.
Me refiero a la necesidad construir –antes de cualquier desmovilización guerrillera- bases sólidas para una paz en un país que amerita ser democratizado previamente, con claros compromisos hacia la justicia social y hacia el rescate de soberanía en medio de un cese al fuego bilateral y de una progresiva desmilitarización bilateral; colocando además a Colombia fuera del tablero guerrerista y de la estrategia militar de EEUU y del imperialismo occidental en Nuestra América; identificando y ejecutando medidas y plazos para la salida de las bases militares estadounidenses de sus territorio, el cese de los convenios con el Pentágono e Israel y la anulación de la presencia directa de tropas y equipos bajo su control.
Los temas fundamentales de las conversaciones de paz -aquellos que implican desmonte del Estado terrorista, transformación de la policía y la fuerzas armadas regulares, democracia, justicia, equidad social y soberanía reales- al tiempo de acordarse con precisión en cuanto a sus impactos sobre todas las partes, deberían convertirse en hechos consistentes; sin optar anticipadamente por desmantelar solos los ejércitos populares creados por FARC, ELN y EPL durante medio siglo de heroísmo. Más bien procede reorientar sus roles en medio del cese al fuego bilateral, de la detención de la confrontación armada y del nuevo periodo de restauración de la democracia y refundación progresiva del Estado vía Constituyente Popular y Soberana.
En ese orden el descarte de la Constituyente sería un serio revés para esos trascendentes propósitos.
* IMPACTO NACIONAL DE LA PAZ INMEDIATA CON MONOPOLIO OFICIAL DE LAS ARMAS.
Si el comandante Chávez argumentó con razón el valor defensivo que tenía para el proceso bolivariano su condición de “proceso pacífico, pero no desarmado”, ese criterio tiene mayor validez para el caso de la democratización de Colombia, en el que la posesión de las armas por los ejércitos populares, aun sin usarse, constituye una de las garantías fundamentales para su cumplimiento y para evitar un grave desequilibrio subregional.
En Venezuela lamentablemente el poder de las armas en manos de una parte de las fuerzas armadas regulares de filiación chavista finalmente no ha sido aprovechado para pasar de las reformas a los cambios revolucionarios de corte socialista, lo que explica en parte el estancamiento y la regresión de ese proceso.
En Colombia el ejército popular de las FARC está renunciando a las armas para iniciar un accidentado y difícil camino de reformas democráticas bajo una dominación históricamente conservadora, corrupta, represiva y tramposa; lo que la pone más difícil todavía.
La integridad y preservación de los factores político-militares revolucionarios, junto a la movilización popular y a la ofensiva político-social de las fuerzas transformadoras, son a mí entender irrenunciables si se trata de garantizar cumplimientos y relaciones equilibradas en el despliegue de los compromisos entre ambas partes.
Y esto asume carácter de exigencia imperiosa en un país donde no se puede descartar que este gobierno maniobrero, sensiblemente debilitado, pueda cambiar para peor o darle paso a otro de pésima calaña; y en un Continente donde el proceso a nivel de gobiernos y de Estados temporalmente evoluciona a favor de las derechas y las retaliaciones del bloque político y social ultra-reaccionario.
Esos factores, incluido el de las armas insurgentes, son absolutamente necesarios para asegurar la no reversibilidad de los acuerdos y contrarrestar el empleo sistemático del
militarizado Estado Colombiano y de los enclaves y las tutelas estadounidenses como factores de contra-revolución y contra-reformas internas y externas.
En otro orden, lo acontecido en otros procesos de paz negociada -tanto en Colombia como en Centro-América -incluido el caso de El Salvador, donde tuvo lugar un acuerdo de mesa bastante avanzado (pero con desarme y desmovilización unilateral del FMLN), que posteriormente sufrió graves distorsiones, deformaciones e incumplimientos- deben servir de lecciones para no caer en la trampa esencial que se sintetiza en desarmarse y desmovilizarse militarmente sin cambios sustanciales en las esencias del régimen, en la fuerzas que lo hegemonizan y en el peso de lo militar y sus aberraciones en todo lo estatal y en los mecanismos interventores.
En las actuales condiciones de Colombia, el desarme y la desmovilización guerrillera de la principal fuerza insurgente podría ser mucho más perjudicial que en esos otros países, tanto por el contexto interno como por el internacional. Y ese paso unilateral desde las FARC-EP, por demás, colocaría en condiciones mucho más complejas al ELN y al ELP; fuerzas que debieron coordinarse y bloquificarse frente al régimen, para tratar de lograr una alternativa unificada con los mejores resultados posibles.
* IMPACTO CONTINENTAL.
Reitero que ese cauto y firme proceder es sumamente importante en medio de la crisis venezolana y de los planes desestabilizadores de ese y otros procesos regionales como el ecuatoriano y el boliviano; precedidos todos de desgarradoras imposiciones ultra-reaccionarias en Honduras y Paraguay, del dramático cuadro mexicano, de los retrocesos en Argentina y Brasil, de los virajes hacia la derecha en Perú y Chile, del reforzamiento de la intervención gringa en Haití y de la dictadura institucional en Dominicana.
Esa tendencia regresiva se tornaría más grave, si el viraje en la conducción de Brasil logra influir para que sus fuerzas armadas relativamente independientes en materia de competencia entre las grandes potencias, puedan ser manipuladas por EEUU y esta súper-potencia pueda por fin delegar funciones de gendarmería en ellas. Algo que está sobre el tapete en el marco de la crisis que estremece a esa potencia emergente.
Además, en cuanto a la actualidad mundial, es preciso valorar con atención y especial cuidado el curso de la crisis capitalista mundial y las consecuencias de la estrategia del caos controlado y del dominio destructivo puesta en práctica por un lumpen imperialismo pentagonizado y decadente.
En el contexto de esa estrategia, las maniobras “diversionistas” de “normalización” de relaciones con Cuba y pro-Paz en Colombia, realmente no suplantan los planes de expansión militar del Pentágono y la OTAN.
Tampoco la apuesta de EEUU a lo paramilitar, a los ejércitos mercenarios, a los procesos de fascistización de una parte de las derechas sociales y políticas a su servicio, a la sedición empresarial, a las imposiciones electorales fraudulentas, a las guerra locales y globales y a la desestabilización económica… para imponer su dominio contra-insurgente y despótico; concentrando esfuerzos y ataques especiales en Nuestra América rebelde, haciendo provecho de la declinación de los denominados gobiernos reformadores o progresistas.
Nunca olvidar que a su vez esa crisis de decadencia, que no cesa de agudizarse y extenderse a escala mundial, está generando grandes descontentos que posibilitan sublevaciones y revoluciones desde abajo; siempre que logren conformarse las nuevas vanguardias que ayuden a convertir a los pueblos en poder alternativo y transformador. Y esto nos plantea retos que van más allá de la lucha a través de la instituciones y la legalidad imperantes.
A su vez las negaciones bruscas de innumerables conquistas democráticas obtenidas en nuestra América mediante las victorias populares que ahora procuran aplastar, provocan indignaciones adicionales que emplazan a las fuerzas revolucionarias a radicalizar posiciones.
En medio del despliegue de esta crisis sistémica, con esos y otros ingredientes que exigen nuevos desafíos, se configuran situaciones y tiempos como éstos en los que no procede desistir para siempre de las insurgencias locales, nacionales y global; dado que los retrocesos o estancamientos reformistas e institucionalistas en el seno de las fuerzas transformadoras solo sirven para abrirle cancha a todas las derechas y a la contrarrevolución monda y lironda; como aconteció de manera relevante en Brasil y Argentina, y podría ocurrir con tintes mucho más dramáticos en Venezuela.
Mientras que en el curso de los procesos de paz negociada, la involución de las vanguardias revolucionarias hacia el reformismo casi siempre tiende a concluir en lamentables frustraciones.
* LUCHAS EMANCIPADORAS Y LUCHAS POR LA PAZ.
Es claro que todas las luchas emancipadoras deben asumir la paz como bandera y meta esencial, pero éstas no están solas en los escenarios de combate. La paz es un derecho, pero conquistarla implica también múltiples y variadas confrontaciones extra-institucionales.
En el presente mundial, regional y nacional esas luchas enfrentan enemigos muy poderosos que están muy lejos de renunciar a la violencia, al uso y amenaza del uso de la fuerza policial y militar a la opresión, a las guerras de agresión y a las más variadas y
crueles formas de dominación; por lo que es preciso mantener una línea de combate que no admite “reconciliaciones”.
Al parecer en la Mesa de los Diálogos de Paz de Colombia todo iba más o menos bien antes de ser firmados y publicitados, con todas sus implicaciones, los documentos de los “acuerdos de cese al fuego, dejación y entregas de armas”, refrendados por el texto presentado por el Secretariado de las FARC-EP, leído por el comandante Timochenko, en el que se afirma:
“También se ha llegado al acuerdo sobre Dejación de Armas, que pone en evidencia la suma de invenciones con las que se pretende engañar a la gente de nuestro país, cuando se asevera que tras los acuerdos, las FARC pretendemos seguir armadas y haciendo política. El país podrá conocerlo a partir de hoy. Claro que las FARC haremos política, si esa es nuestra razón de ser, pero por medios legales y pacíficos, con los mismos derechos y garantías de los demás partidos.”
“El Estado colombiano tendrá que hacer efectivo que a ningún colombiano se lo perseguirá por razón de sus ideas o prácticas políticas, que la perversa costumbre de incluir en los órdenes de batalla de las fuerzas armadas los nombres de los dirigentes de movimientos sociales y políticos de oposición, tendrá que desaparecer definitivamente del suelo patrio. Que una vez firmado el acuerdo final desaparecerán el dispositivo militar de guerra y su anticuada doctrina de seguridad.”
“Las fuerzas armadas colombianas, agigantadas en el transcurso de la guerra, diestras en contrainsurgencia y acciones especiales, están llamadas en adelante a jugar un importante papel en aras de la paz, la reconciliación y el desarrollo del país. Fueron nuestras adversarias, pero en adelante tenemos que ser fuerzas aliadas por el bien de Colombia. Su infraestructura y recursos pueden ponerse al servicio de las comunidades y sus necesidades, sin desmedro de sus capacidades para cumplir la función constitucional de guarnecer las fronteras.” (pag. 3, párrafo 4)
Me temo que en esos planteamientos hay muy buenos deseos y lindas ilusiones, pero pocos hechos, escasas realidades… si nos atenemos a una historia demasiado reciente y a una actualidad sumamente dura del régimen colombiano, de sus centros de poder local y transnacional; ayer encabezados por el Gobierno de Álvaro Uribe, hoy por el Juan Manuel Santos, los dos tutelados por EEUU y al servicio de sus tácticas ocasionales dentro de su pérfida estrategia de dominación.
Percibo que el giro que implican esos últimos acuerdos le está facilitando a la clase dominante-gobernante colombiana y al imperialismo estadounidense la continuidad de su dominio, combinando viejos y nuevos métodos, que a su vez generan o atizan nuevas contradicciones a su interior y al interior de quienes se le oponen.
Así pienso y no debo autocensurarse. Precisamente por todo lo que han representado para mí los vínculos de solidaridad con las FARC-EP y por respeto y el cariño que le profeso a sus integrantes, he decidido debatir este tema crucial para las luchas continentales, sin renunciar a acompañar a esa fuerza política en las nuevas controversias que se vislumbran, como lo hice con el FMLN de EL SALVADOR.
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?