Opinión
Impacto nacional y continental del desarme de las FARC-EP
Por Narciso Isa Conde
Se firmó el “Acuerdo del Cese al Fuego y de Hostilidades. Bilateral y Definitivo”, en el que la dirección de las FARC-EP aceptaron convertir el no uso de las armas (“dejación de armas”) en desarme total a cumplirse en un plazo de 180 días después de iniciada su desmovilización militar unilateral y en el que expresamente se le concede al Estado y a los Gobiernos colombianos el “monopolio de las armas” a nombre de una legitimidad histórica y actualmente inexistente. Los términos concertados en esa vertiente fueron expresados en estos términos:
“Asegurar el monopolio legitimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio: en el marco del fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, las medidas que se adopten deben garantizar el monopolio legitimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, con el fin de garantizar el respeto y los derechos fundamentales de toda la ciudadanía. La legitimidad deviene del cumplimiento de la obligación de asegurar plenamente el disfrute de los derechos fundamentales de todos los colombianos/as, bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”. (Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales, párrafo 4)
* ANHELO DE PAZ Y PAZ DURADERA.
La paz, como anhelo abrumadoramente mayoritario en Colombia, no podía ser obviada por la insurgencia armada. Pero tampoco el curso pacifico del ejercicio político de la oposición revolucionaria debería ser condicionado al interés de las nefastas fuerzas enemigas que controlan el Estado de reservarse para sí en las actuales condiciones –y solo con la garantía de una serie de promesas y decisiones propias- el poder de las armas; fuerzas hegemónicas que por demás han estructurado un país con unas fuerzas armada hipertrofiadas y curtidas en el crimen y la corruptela, sin soberanía, neoliberal, con siete bases militares y un sistema de intervención y control estadounidense, pactado con el Pentágono y la OTAN y convertido en una especie de Israel de América y en plataforma para la conquista militar de la Amazonía y las agresiones militares y paramilitares a Venezuela, Ecuador, Bolivia. Algo que ni trata en los acuerdos publicados ni se aborda soluciones.
El camino de la paz verdadera requiere a mí entender valorar esos factores y detener las concesiones unilaterales en aspectos tan delicados y tan decisivos.
Por eso -llegado este momento previo al ACUERDO FINAL- debería pensarse en abordar esos temas cruciales y en convertir en hechos palpables una gran parte de lo acordado en otros puntos de la agenda (todavía simplemente en el papel); antes de aceptar un desarme unilateral que afectaría gravemente la correlación de fuerzas a nivel nacional e internacional, que deja muchas cosas vitales en simples promesas gubernamentales, que deja el poder de decisión a instituciones estatales existentes no confiables o a nuevos mecanismos bajo su control (solo con representaciones minoritarias de la parte contraria).
Esto resulta a mi entender imprescindible para un buen acuerdo en el que lo pactado, por demás, deberá ser fiscalizado o por instancias internacionales que esencialmente responden a interés ajenos a la paz y a los derechos de los pueblos (como la ONU y la UE), o por entidades que como CELAC se ve afectada por los cambios a favor de las derechas y de EEUU que ahora tienen lugar en nuestro continente. Incluso pienso que la fiscalización y el control exigen garantías más confiables que las establecidas.
Me refiero a la necesidad construir –antes de cualquier desmovilización guerrillera- bases sólidas para una paz en un país que amerita ser democratizado previamente, con claros compromisos hacia la justicia social y hacia el rescate de soberanía en medio de un cese al fuego bilateral y de una progresiva desmilitarización bilateral; colocando además a Colombia fuera del tablero guerrerista y de la estrategia militar de EEUU y del imperialismo occidental en Nuestra América; identificando y ejecutando medidas y plazos para la salida de las bases militares estadounidenses de sus territorio, el cese de los convenios con el Pentágono e Israel y la anulación de la presencia directa de tropas y equipos bajo su control.
Los temas fundamentales de las conversaciones de paz -aquellos que implican desmonte del Estado terrorista, transformación de la policía y la fuerzas armadas regulares, democracia, justicia, equidad social y soberanía reales- al tiempo de acordarse con precisión en cuanto a sus impactos sobre todas las partes, deberían convertirse en hechos consistentes; sin optar anticipadamente por desmantelar solos los ejércitos populares creados por FARC, ELN y EPL durante medio siglo de heroísmo. Más bien procede reorientar sus roles en medio del cese al fuego bilateral, de la detención de la confrontación armada y del nuevo periodo de restauración de la democracia y refundación progresiva del Estado vía Constituyente Popular y Soberana.
En ese orden el descarte de la Constituyente sería un serio revés para esos trascendentes propósitos.
* IMPACTO NACIONAL DE LA PAZ INMEDIATA CON MONOPOLIO OFICIAL DE LAS ARMAS.
Si el comandante Chávez argumentó con razón el valor defensivo que tenía para el proceso bolivariano su condición de “proceso pacífico, pero no desarmado”, ese criterio tiene mayor validez para el caso de la democratización de Colombia, en el que la posesión de las armas por los ejércitos populares, aun sin usarse, constituye una de las garantías fundamentales para su cumplimiento y para evitar un grave desequilibrio subregional.
En Venezuela lamentablemente el poder de las armas en manos de una parte de las fuerzas armadas regulares de filiación chavista finalmente no ha sido aprovechado para pasar de las reformas a los cambios revolucionarios de corte socialista, lo que explica en parte el estancamiento y la regresión de ese proceso.
En Colombia el ejército popular de las FARC está renunciando a las armas para iniciar un accidentado y difícil camino de reformas democráticas bajo una dominación históricamente conservadora, corrupta, represiva y tramposa; lo que la pone más difícil todavía.
La integridad y preservación de los factores político-militares revolucionarios, junto a la movilización popular y a la ofensiva político-social de las fuerzas transformadoras, son a mí entender irrenunciables si se trata de garantizar cumplimientos y relaciones equilibradas en el despliegue de los compromisos entre ambas partes.
Y esto asume carácter de exigencia imperiosa en un país donde no se puede descartar que este gobierno maniobrero, sensiblemente debilitado, pueda cambiar para peor o darle paso a otro de pésima calaña; y en un Continente donde el proceso a nivel de gobiernos y de Estados temporalmente evoluciona a favor de las derechas y las retaliaciones del bloque político y social ultra-reaccionario.
Esos factores, incluido el de las armas insurgentes, son absolutamente necesarios para asegurar la no reversibilidad de los acuerdos y contrarrestar el empleo sistemático del
militarizado Estado Colombiano y de los enclaves y las tutelas estadounidenses como factores de contra-revolución y contra-reformas internas y externas.
En otro orden, lo acontecido en otros procesos de paz negociada -tanto en Colombia como en Centro-América -incluido el caso de El Salvador, donde tuvo lugar un acuerdo de mesa bastante avanzado (pero con desarme y desmovilización unilateral del FMLN), que posteriormente sufrió graves distorsiones, deformaciones e incumplimientos- deben servir de lecciones para no caer en la trampa esencial que se sintetiza en desarmarse y desmovilizarse militarmente sin cambios sustanciales en las esencias del régimen, en la fuerzas que lo hegemonizan y en el peso de lo militar y sus aberraciones en todo lo estatal y en los mecanismos interventores.
En las actuales condiciones de Colombia, el desarme y la desmovilización guerrillera de la principal fuerza insurgente podría ser mucho más perjudicial que en esos otros países, tanto por el contexto interno como por el internacional. Y ese paso unilateral desde las FARC-EP, por demás, colocaría en condiciones mucho más complejas al ELN y al ELP; fuerzas que debieron coordinarse y bloquificarse frente al régimen, para tratar de lograr una alternativa unificada con los mejores resultados posibles.
* IMPACTO CONTINENTAL.
Reitero que ese cauto y firme proceder es sumamente importante en medio de la crisis venezolana y de los planes desestabilizadores de ese y otros procesos regionales como el ecuatoriano y el boliviano; precedidos todos de desgarradoras imposiciones ultra-reaccionarias en Honduras y Paraguay, del dramático cuadro mexicano, de los retrocesos en Argentina y Brasil, de los virajes hacia la derecha en Perú y Chile, del reforzamiento de la intervención gringa en Haití y de la dictadura institucional en Dominicana.
Esa tendencia regresiva se tornaría más grave, si el viraje en la conducción de Brasil logra influir para que sus fuerzas armadas relativamente independientes en materia de competencia entre las grandes potencias, puedan ser manipuladas por EEUU y esta súper-potencia pueda por fin delegar funciones de gendarmería en ellas. Algo que está sobre el tapete en el marco de la crisis que estremece a esa potencia emergente.
Además, en cuanto a la actualidad mundial, es preciso valorar con atención y especial cuidado el curso de la crisis capitalista mundial y las consecuencias de la estrategia del caos controlado y del dominio destructivo puesta en práctica por un lumpen imperialismo pentagonizado y decadente.
En el contexto de esa estrategia, las maniobras “diversionistas” de “normalización” de relaciones con Cuba y pro-Paz en Colombia, realmente no suplantan los planes de expansión militar del Pentágono y la OTAN.
Tampoco la apuesta de EEUU a lo paramilitar, a los ejércitos mercenarios, a los procesos de fascistización de una parte de las derechas sociales y políticas a su servicio, a la sedición empresarial, a las imposiciones electorales fraudulentas, a las guerra locales y globales y a la desestabilización económica… para imponer su dominio contra-insurgente y despótico; concentrando esfuerzos y ataques especiales en Nuestra América rebelde, haciendo provecho de la declinación de los denominados gobiernos reformadores o progresistas.
Nunca olvidar que a su vez esa crisis de decadencia, que no cesa de agudizarse y extenderse a escala mundial, está generando grandes descontentos que posibilitan sublevaciones y revoluciones desde abajo; siempre que logren conformarse las nuevas vanguardias que ayuden a convertir a los pueblos en poder alternativo y transformador. Y esto nos plantea retos que van más allá de la lucha a través de la instituciones y la legalidad imperantes.
A su vez las negaciones bruscas de innumerables conquistas democráticas obtenidas en nuestra América mediante las victorias populares que ahora procuran aplastar, provocan indignaciones adicionales que emplazan a las fuerzas revolucionarias a radicalizar posiciones.
En medio del despliegue de esta crisis sistémica, con esos y otros ingredientes que exigen nuevos desafíos, se configuran situaciones y tiempos como éstos en los que no procede desistir para siempre de las insurgencias locales, nacionales y global; dado que los retrocesos o estancamientos reformistas e institucionalistas en el seno de las fuerzas transformadoras solo sirven para abrirle cancha a todas las derechas y a la contrarrevolución monda y lironda; como aconteció de manera relevante en Brasil y Argentina, y podría ocurrir con tintes mucho más dramáticos en Venezuela.
Mientras que en el curso de los procesos de paz negociada, la involución de las vanguardias revolucionarias hacia el reformismo casi siempre tiende a concluir en lamentables frustraciones.
* LUCHAS EMANCIPADORAS Y LUCHAS POR LA PAZ.
Es claro que todas las luchas emancipadoras deben asumir la paz como bandera y meta esencial, pero éstas no están solas en los escenarios de combate. La paz es un derecho, pero conquistarla implica también múltiples y variadas confrontaciones extra-institucionales.
En el presente mundial, regional y nacional esas luchas enfrentan enemigos muy poderosos que están muy lejos de renunciar a la violencia, al uso y amenaza del uso de la fuerza policial y militar a la opresión, a las guerras de agresión y a las más variadas y
crueles formas de dominación; por lo que es preciso mantener una línea de combate que no admite “reconciliaciones”.
Al parecer en la Mesa de los Diálogos de Paz de Colombia todo iba más o menos bien antes de ser firmados y publicitados, con todas sus implicaciones, los documentos de los “acuerdos de cese al fuego, dejación y entregas de armas”, refrendados por el texto presentado por el Secretariado de las FARC-EP, leído por el comandante Timochenko, en el que se afirma:
“También se ha llegado al acuerdo sobre Dejación de Armas, que pone en evidencia la suma de invenciones con las que se pretende engañar a la gente de nuestro país, cuando se asevera que tras los acuerdos, las FARC pretendemos seguir armadas y haciendo política. El país podrá conocerlo a partir de hoy. Claro que las FARC haremos política, si esa es nuestra razón de ser, pero por medios legales y pacíficos, con los mismos derechos y garantías de los demás partidos.”
“El Estado colombiano tendrá que hacer efectivo que a ningún colombiano se lo perseguirá por razón de sus ideas o prácticas políticas, que la perversa costumbre de incluir en los órdenes de batalla de las fuerzas armadas los nombres de los dirigentes de movimientos sociales y políticos de oposición, tendrá que desaparecer definitivamente del suelo patrio. Que una vez firmado el acuerdo final desaparecerán el dispositivo militar de guerra y su anticuada doctrina de seguridad.”
“Las fuerzas armadas colombianas, agigantadas en el transcurso de la guerra, diestras en contrainsurgencia y acciones especiales, están llamadas en adelante a jugar un importante papel en aras de la paz, la reconciliación y el desarrollo del país. Fueron nuestras adversarias, pero en adelante tenemos que ser fuerzas aliadas por el bien de Colombia. Su infraestructura y recursos pueden ponerse al servicio de las comunidades y sus necesidades, sin desmedro de sus capacidades para cumplir la función constitucional de guarnecer las fronteras.” (pag. 3, párrafo 4)
Me temo que en esos planteamientos hay muy buenos deseos y lindas ilusiones, pero pocos hechos, escasas realidades… si nos atenemos a una historia demasiado reciente y a una actualidad sumamente dura del régimen colombiano, de sus centros de poder local y transnacional; ayer encabezados por el Gobierno de Álvaro Uribe, hoy por el Juan Manuel Santos, los dos tutelados por EEUU y al servicio de sus tácticas ocasionales dentro de su pérfida estrategia de dominación.
Percibo que el giro que implican esos últimos acuerdos le está facilitando a la clase dominante-gobernante colombiana y al imperialismo estadounidense la continuidad de su dominio, combinando viejos y nuevos métodos, que a su vez generan o atizan nuevas contradicciones a su interior y al interior de quienes se le oponen.
Así pienso y no debo autocensurarse. Precisamente por todo lo que han representado para mí los vínculos de solidaridad con las FARC-EP y por respeto y el cariño que le profeso a sus integrantes, he decidido debatir este tema crucial para las luchas continentales, sin renunciar a acompañar a esa fuerza política en las nuevas controversias que se vislumbran, como lo hice con el FMLN de EL SALVADOR.
Por Narciso Isa Conde
«Como pueblo estamos sufriendo un aumento vertiginoso de precios del petróleo y derivados…combustibles refinados, gas, agroquímicos.»
La guerra desatada por EEUU e Israel contra Irán tiende a agravar en grande la crisis energética hasta convertirla en crisis económica y social mundial con tendencia a una gran depresión
Abinader, lacayo al fin, se comprometió con la agresión a Venezuela y apostó a EEUU y a Israel contra Irán, pelándose el billete vasallo.
Igual aconteció con toda la partidocracia y la plutocracia dominante en este país, colocada al servicio de EEUU y del facineroso trumpismo dominante; al margen de los cambios mundiales en gestación: BRICS, Sur Global, China, Rusia y nuevo orden mundial multipolar.
Como pueblo estamos sufriendo un aumento vertiginoso de precios del petróleo y derivados…combustibles refinados, gas, agroquímicos…
Estamos ante una cadena inflacionaria en la producción, servicios y distribución: alzas de alimentos, bebidas, agua, ropa, viviendas, transporte, salud, educación…
La guerra global infinita, como respuesta imperialista a su decadencia, ha encontrado en Irán el pantano mayor y el revés que precipita la tendencia a su caída.
Los hay beneficiarios de las guerras, aunque las pierdan: el Complejo militar industrial, el sistema financiero, las industrias armamentistas, los consorcios petroleros, mineros y micro-electrónicos, y las elites capitalistas dominantes.
Los cruelmente castigados por las guerras, la destrucción, las muertes y la carestía, están a la vista: pueblos y países oprimidos no
La propuesta del pacto nacional del lacayo Abinader incluye a culpables y no culpables; a responsables y no responsables de genocidios, destrucciones, penurias, carestía, inflación generalizada e incremento brutal de las desigualdades sociales.
· ¿CUÁL TRANSFORMACIÓN FISCAL?
De nuevo se habla de reforma fiscal para imponer una contra-reforma o una reforma tributaria regresiva en el marco de un pacto en que gobierno, estado y elites capitalistas ejercen el poder contra el pueblo trabajador.
Nos quieren cargar la inflación de las guerras que ellos han respaldado, plegándose a EEUU e Israel, renunciando a una política de paz o guardando silencio cómplice frente a la prepotencia criminal del neofascismo imperialista.
Se proponen aumentar impuestos al consumo, mantener los impuestos a los combustibles, prolongar los privilegios, evasiones y exenciones; y obligar al pueblo a pagar combustibles, medicamentos, alimentos, servicios de salud y educación y transporte. muchos más caros, apenas pellizcando a los tutumpotes.
Esto es inaceptable.
Los movimientos sociales y las izquierdas transformadoras no tienen que pactar nada con este gobierno, este Estado y la clase que los usurpa, sino arrancarle a las elites capitalistas y a la partidocracia lo que se roban todos los días.
Una transformación fiscal progresiva obliga a modificar y ampliar las fuentes de ingresos del Estado para cubrir gastos y financiar inversiones públicas, planes sociales, políticas de bienestar colectivo, servicios públicos, mejorar la producción nacional, recuperar soberanía, adquirir insumos y equipos vinculados a la investigación y realizar inversiones relacionadas con las ciencias, tecnologías de punta y humanidades.
En consecuencia, implica aumentar los ingresos del estado, revisar y reformar el gasto público, redefinir prioridades, eliminar y/o recortar exenciones y exoneraciones, erradicar dispendios y detener derroches; suprimir prebendas, privilegios, gastos suntuarios y corruptelas…
En ese tipo de transformación es fundamental, por tanto, definir y precisar el propósito general de la misma.
Con esos fines, en estas condiciones de desigualdades y abismos sociales dramáticos, de empobrecimiento material y espiritual creciente, en una sociedad con volúmenes enormes de personas en la miseria y elites burguesas opulentas, es imprescindible adoptar medidas que garanticen mejorías significativas en las condiciones y calidad de vida del pueblo de a pie; así como igualdad salarial y de ingresos por trabajos similares de hombres y mujeres, y en todas las edades de la fuerza humana laboral disponible.
En caso contrario, no será una reforma progresiva, sino regresiva o más bien, contra-reforma.
Pero, además, a esto emplaza:
1.-La enorme degradación ambiental, las carencias y déficits brutales en educación, en alimentación y bajos salarios,
2.-El alto desempleo, el enorme subempleo, la dramática marginalidad económica-social, y los graves problemas de salud, seguridad social y seguridad ciudadana…
3.- El altísimo déficit de viviendas, agua y electricidad, con un estado delincuente, la dependencia galopante y significativos déficits en la producción nacional y la balanza comercial.
La REFORMA FISCAL para ser una transformación del sistema fiscal que beneficie a los pobres, debe centrarse en mejorar las condiciones de vida del pueblo empobrecido, con un plan preciso que toque todos esos capítulos interrelacionados.
Con esas grandes metas pendientes, las verdaderas reformas no pueden ser «equitativas» o «equilibradas» en cuanto a su impacto sobre ricos y pobres, como mañosamente se pregona.
No debe serlo, ni en el orden de los ingresos ni de los gastos.
Las transformaciones deben parcializarse; esto es, destinarse a favorecer a los pobres y a enfrentar los males acumulados.
Alejarse de ser instrumentos de los ricos y muy ricos.
Necesitan ser inclinadas a revertir un orden tributario basado en impuestos al consumo, que penaliza sobre todo y en gran medida a la pobrecía y a sectores de las capas medias.
Requieren reducir gastos corrientes no prioritarios y aumentar las inversiones productivas.
Deben, al menos, quitarle algo significativo a los que poseen riquezas escandalosas y a la vez reciben ganancias insultantes, para redistribuir esos bienes y esos dineros a beneficio de los que menos tienen,
Eso requiere aumentar escalonadamente, a niveles muy superiores a los actuales, los impuestos a la renta; gravar las grandes fortunas, ponerles fuertes impuestos a propiedades mega-millonarias, al consumo lujoso, y a la usura (bancos); y, además, recuperar sumariamente las enormes riquezas robadas al estado y al patrimonio público y natural del país.
Los cambios deben dirigirse a captar los recursos y reducir gastos asignados, o indebida e injustamente apropiados, actualmente destinados a beneficiar unilateralmente a la clase dominante, sectores opulentos, parasitarios y corruptos…para entonces destinarlos a satisfacer necesidades imperiosas de PUEBLO TRABAJADOR.
Ingresos y gastos mal orientados, guardan ahora una fuerte relación con un presupuesto actualmente insuficiente, deficitario, con una ridícula asignación en gasto de capital y un abultado gasto corriente, sensiblemente menguado, en más de un 30 %, por el pago de los servicios de la deuda pública. Algo que es preciso reformar y superar.
Entiendo inaceptable que, en nombre de una reforma fiscal y de la necesidad de aumentar los ingresos y racionalizar el gasto, sean afectados los/as de abajo y los/as del medio.
El sentido de justicia debe primar ante a un cuadro de crecimiento económico brutalmente desigual y bárbaramente injusto en su distribución, en la apropiación y disfrute de las riquezas producidas, y las penurias impuestas a las mayorías populares despojadas de toda fortuna.
La ley del embudo debe comenzarse a desmontar sin vacilaciones
Por Isaías Ramos
Mientras el Gobierno y el ministro de Turismo celebran nuevos récords de visitantes y presentan el turismo como prueba del éxito nacional, el país real sigue haciéndose una pregunta más dura: si todo va tan bien, ¿por qué tanta gente vive cada vez peor? Solo en el primer trimestre de 2026, el Gobierno informó la llegada de 3.71 millones de visitantes. Pero el costo promedio de la canasta básica familiar a febrero de 2026 fue de RD$48,476.88, mientras el salario mínimo más alto del sector privado no sectorizado rondaba los RD$30,000 y el de una microempresa apenas RD$16,993.20. Ese contraste no es una anécdota estadística. Es la radiografía de un modelo que produce vitrinas de éxito mientras deja a una gran parte del pueblo atrapada en la lógica de la sobrevivencia.
No se discute que turismo y zonas francas generen actividad. Lo que se discute es otra cosa: que, pese a sus récords de visitantes, exportaciones y divisas, el país no logra convertir suficientemente ese dinamismo en prosperidad amplia, salarios dignos y movilidad social real. En el turismo hotelero, el salario mínimo subió a RD$19,320 desde junio de 2025 y alcanzó RD$21,840 en junio de 2026. En zonas francas, el aumento aprobado fue de 25% en dos tramos. Pero aun con esos ajustes, esos ingresos siguen muy lejos del costo promedio de la canasta básica familiar. El problema, entonces, no es solo cuánto crecen esos sectores, sino cuán poco de ese crecimiento se traduce en dignidad material para quienes los sostienen con su trabajo.
El propio informe internacional reseñado por Diario Libre admite que la República Dominicana tiene crecimiento, sí, pero concentrado. Advierte que, sin reformas en profundidad financiera, formalización de nuevas empresas, capacidad de innovación y reducción de exclusiones sociales, el país puede quedar atrapado en un nivel medio de prosperidad. Es decir, el problema no es la ausencia de crecimiento; el problema es que ese crecimiento no baja con suficiente fuerza al cuerpo social. Lo que hoy se vende como éxito muchas veces no pasa de ser una fotografía parcial del país.
Y esa parcialidad se hace todavía más evidente cuando se mira a las micro, pequeñas y medianas empresas. Mientras se sostienen sectores privilegiados, las mipymes —la base más extensa de la economía real— siguen cargando con financiamiento caro, presión fiscal, baja protección y servicios públicos precarios, a pesar de que generan alrededor de 61.6% del empleo nacional. En un país serio, esa realidad bastaría para reordenar prioridades. Aquí, en cambio, se siguen privilegiando sectores ya favorecidos mientras a la base productiva se le exige resistencia.
El problema no es que el turismo o las zonas francas no aporten. El problema es que el modelo ha tolerado que el territorio nacional, la infraestructura pública, la mano de obra y los privilegios fiscales sirvan para generar riqueza sin que una porción suficiente de ese valor se quede transformando la vida material de la mayoría. Aunque parte del consumo hotelero se suple desde el agro dominicano, el régimen de incentivos no está estructurado alrededor de un compromiso suficientemente exigente, transparente y verificable de compras locales, proveedores nacionales y valor agregado interno. Y, sin embargo, el Estado deja de recaudar miles de millones de pesos cada año en gasto tributario para sostener esos sectores. La pregunta ya no es si generan actividad. La pregunta es si generan, en proporción a los privilegios que reciben, bienestar amplio, encadenamientos productivos y movilidad social.
La contradicción se vuelve todavía más dura cuando se observan las prioridades del poder. El presidente ha sometido un préstamo de US$400 millones para agua potable y saneamiento en Punta Cana-Bávaro, uno de los polos más favorecidos por el modelo turístico. Nadie discute la importancia de proteger acuíferos ni de ampliar el saneamiento. Lo que sí debe discutirse es por qué un Estado que sigue pidiendo sacrificios fiscales a la nación concentra un esfuerzo de esa magnitud en una de las zonas más rentables del país, mientras amplias franjas de la población continúan padeciendo servicios hídricos inseguros o poco confiables. Eso no es solo una decisión técnica. Es una definición de prioridad nacional.
Lo más delicado de este modelo no es solo su concentración económica, sino su efecto moral. Se le pide paciencia al pueblo mientras se celebran récords. Se le pide sacrificio a la mayoría mientras una parte del país convierte el crecimiento en blindaje. Se le pide fe en el futuro a quien todavía no puede resolver el presente. Y así se consolida una economía donde los beneficios se concentran arriba mientras la sobrevivencia cotidiana se normaliza abajo. Cuando la mesa de la familia dominicana sigue siendo el lugar donde se siente el encarecimiento de todo, los titulares de éxito pierden legitimidad moral ante la vida real del pueblo.
En el Foro y Frente Cívico y Social consideramos inaceptable seguir enrostrándole al pueblo tanto “éxito” mientras una parte tan amplia de la población continúa viviendo en penurias. La República Dominicana no necesita más propaganda del éxito. Necesita una revisión profunda del modelo. Necesita salarios que se acerquen a la vida real, un compromiso medible de encadenamiento de turismo y zonas francas con la producción nacional, una revisión severa de los privilegios fiscales que no acrediten retorno social suficiente, más apoyo efectivo a las mipymes y al agro, y una política económica que deje de confundir récords sectoriales con prosperidad nacional.
Porque cuando un país crece y el pueblo no respira, el problema ya no es de comunicación. Es de dirección nacional.
(segunda entrega)
Por Oscar López Reyes
Antes que Donald Trump, dos presidentes de Estados Unidos confrontaron ásperamente a la prensa, John F. Kennedy (1961-1963) y Richard Nixon (1969-1974): El primero sufrió un atentado fatídico y el segundo se vio compelido a renunciar como jefe de Estado. El tercero, Trump, más contestatario en el contrapunteo, si prosigue con su megalomanía e irreflexivo comportamiento, seguirá desencadenando más percances/heridas a los habitantes del globo terráqueo y por la turbulencia no fondeará la barca presidencial en buen puerto.
Trump, osado hasta el extremo, triunfó en las elecciones del 8 de noviembre de 2016 por la manipulación oculta del presidente ruso Vladimir Putin, y el 30 de octubre de 2025 escuchó con torcimiento la retórica de paz del presidente de China, Xi Jinping, en Corea del Sur: En son de concordia, este ha invitado a Trump a visitar próximamente a Zhongguo -la tierra de la muchacha o sirvienta- y luego Jinping estará en Estados Unidos. Contemplando las siete asombrosas maravillas contemporáneas de China, ¿cederá el presidente norteamericano en su beligerancia?
Desde su campaña electoral de 2016, Trump ha desbordado todos los límites frente a los medios de comunicación: Ha impedido el acceso de reporteros a actos y a la Casa Blanca, suspendió la estatal La Voz de América y la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales; ha demandado judicialmente a más de 30 periodistas y medios, y amenazado con suspender licencias de transmisión.
Y se solaza –con gesto teatral- endilgándolos como “enemigos del pueblo, que se inventan fuentes anónimas” y actúan ilegalmente, y a los periodistas los ha calificados como “Cerdita, silencio”, “izquierdistas”, “corruptos” difusores de “noticias falsas”, “imprudentes y maliciosos”, “deshonestos”, “desagradables”, “reporteros de baja calaña” y “escorias humanas”.
“¿Saben por qué lo hago?”, se preguntó. Y contestó: “Lo hago para desacreditarlos y menospreciarlos a todos, para que cuando escriban historias negativas sobre mí, nadie les crea”.
Aparte de las eventuales recomendaciones de Jinping y Putin, un trío de amigos de confianza o familiares de Trump tendrá que pedirle un encuentro íntimo, que comience con una sesión de meditación yoga para la relajación -repitiendo con los ojos cerrados por media hora- un mantra que le tranquilice la mente. ¿Aceptará?
Esos tres atrevidos deberán fungir como consejeros y razonarle -que interprete diáfanamente que se trata de un mensaje de ayuda- que sus disposiciones están impactando perjudicial/dañinamente a los mercados y la economía política global, y en particular a Estados Unidos, que conducían a un holocausto nuclear; que está perdiendo la batalla en la opinión pública y que su desafiante postura de no tener miedo, el establishment y el primer ministro de Israel, el genocida de Gaza Benjamín Netanyahu, lo han colocado peligrosamente en el filo de la navaja.
Además de los medios de comunicación, Trump no deja pasar el tren para pactar marchs, encarar a los superpoderes globales, como China y Rusia; amenazar a distintos países y arreciar la crueldad contra el sufrido, digno y solidario pueblo de Cuba. Pero no se percata que respalda a numerosos presidentes absolutistas, por coincidencias estratégicas, y que se ha convertido en el presidente más anti-democrático en la historia estadounidense.
En su segundo mandato iniciado el 20 de enero de 2025, Trump ha realimentado la Doctrina Monroe de 1823, reetiquetada como la «Doctrina Donroe», en su visión de «la Gran América del Norte» y con una política exterior de «Escudo de las Américas», guarecida en la meta de supremacía universal de Estados Unidos.
No obstante haber proclamado que pondría fin a la participación de Estados Unidos en costosas y destructivas guerras extranjeras, ha llevado a cabo una ofensiva a gran escala contra jefes de Estado, detrás de concesiones para reforzar la presencia de su nación imperialista y limitar influencias externas en el hemisferio Occidental.
Resumamos en 10 puntos las más de 30 controversias y traspiés de Trump:
1.- Imposición unilateral de aranceles globales a importaciones, entre un 10 y un 100%.
2.- Enfrentamiento con Cuba, Canadá, Panamá y su canal, Venezuela y su petróleo, Colombia, Brasil, China, la Unión Europea/OTAN, Rusia, Corea del Norte, México y su Golfo, Dinamarca y su Groenlandia, y Harvard y la primera universidad norteamericana.
3.- Apoyo al exterminador de la Franja de Gaza – Benjamín Netanyahu- y las guerras en Ucrania, Irán, El Líbano y otros territorios de Asia y África.
4.- Destrucción extrajudicial de embarcaciones sospechosas de transportar drogas en aguas del Caribe y el Pacífico, con un balance de 175 muertos.
5.- Intensa presión sobre el presidente de la independiente Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, a quien el gobernante amenazó con despedirlo si no reducía drásticamente la tasa de interés.
6.- Reveses por parte de jueces que han frenado disposiciones suyas, como la protección a periodistas y a medios de comunicación.
7.- Paralizaciones judiciales sobre repatriaciones.
8.- Purgas en jerarcas castrenses y destituciones del secretario de Seguridad Nacional, la Fiscal General, el asesor de Seguridad Nacional y otros miembros de su gabinete.
9.- Suspensión de visas a una larga lista de ciudadanos de 75 países.
10.- Insultos y choque con el papa León XIV.
Sin referencias metafóricas, estrategas políticos y militares han dado relevancia, en eventos y en textos, que cuando el líder de una instancia con facultad de mando -presidentes de la República, corporaciones privadas, organizaciones políticas, religiosas, sindicales y otras- se abren múltiples frentes simultáneamente manipulan una caja giratoria que pilotea hacia el desgaste de su liderazgo, su legitimidad y vulnerabilidad.
Psiquiatras y psicólogos puntualizan que cuando una persona está abrumada aparece el “efecto bloqueo” mental y lidiando con tantos frentes, un gobierno se vuelve reactivo y sobrevienen la desconfianza, la incertidumbre, los sometimientos judiciales, las presiones externas, los conflictos, la inestabilidad en los precios, la violencia y el colapso de la economía y la función presidencial.
Trump ha creado tensión en más de 30 rejas político/sociales y militares, que lo han colocado en la cuerda floja: inflación aupada por la guerra de Irán, conflictividad con otras organizaciones políticas y otras estructuras internas de gran influencia, con mandatarios y naciones; pierde la confianza a todos los niveles, desciende el número de turistas que viaja a Estados Unidos y baja su popularidad. La flecha apunta a que tendría su descarga (Arrow End o Arrow Pointing Left Then Down) en un impeachment o juicio político por «incapacidad moral o física» o «falta absoluta» en el Congreso, que llevaría a su vacancia presidencial o destitución.
Avizorando que su Partido Republicano perdería las elecciones de medio término programada para el martes 3 de noviembre de 2026, Trump ha advertido que pueden pasar “cosas malas”. En tanto, la Cámara de Representantes sancionó la Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (SAVE), que exigiría a las personas presentar una identificación y una prueba de ciudadanía para votar, mientras que el mandatario presiona para que acojan la legislación, que los demócratas afirman que privaría del derecho al voto a los electores elegibles.
Desconcertado (“¿Qué está pasando…?”) porque su índice de aprobación ciudadana está en el suelo, los informes indican que Trump contempla evitar la celebración de las elecciones de noviembre, en las cuales los republicanos podrían perder el control de la Cámara de Representantes y el Senado. ¿Aceptará el envalentonado los consejos de Putin, Jinping y el posible trío de amigos y familiares que acudiría en su auxilio?
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El autor: Expresidente Colegio de Periodistas y Asoc. Escuelas de Comunicación Social (AdecomRD), y presidente Asoc. Dom. Profesionales de Relaciones Públicas (Asodoprep).
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