Santo Domingo, RD.-Sesenta y tres personas y empresas están involucradas en el caso del fraude en la Lotería Nacional y el caso Medusa, cuyos juicios preliminares están en manos del juez Amauri Martínez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.Nacionales
Casos de la Lotería y de Medusa en espera de juicios.
Santo Domingo, RD.-Sesenta y tres personas y empresas están involucradas en el caso del fraude en la Lotería Nacional y el caso Medusa, cuyos juicios preliminares están en manos del juez Amauri Martínez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.El magistrado Martínez fue apoderado del expediente por la jueza Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, mediante el sorteo aleatorio computarizado para conocer el juicio preliminar en contra del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y los demás encartados.
El tribunal tan pronto tenga el expediente hará un inventario de las piezas y pruebas depositadas y luego mediante auto fijara la fecha de la audiencia preliminar y notificará a las partes la pieza acusatoria.
Al juez le corresponderá juzgar todas las pruebas de un voluminoso expediente que cuenta con 12,274 páginas, y dentro de esas, más de 3,500 pruebas documentales y 400 testigos a cargo de la acusación y determinar si envía a juicio o no los imputados.
Los primeros implicados en el caso por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) fueron además de Alain Rodríguez, el exdirector de Tecnología de la Información, Javier Forteza; el exdirector administrativo, Jonathan Rodríguez, y Alfredo Solano, ex subdirector administrativo. Estos guardan prisión preventiva en la cárcel de Najayo.
También Jenny Marte, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la ex subdirectora Altagracia Guillén y Rafael Mercedes, exdirector de Contabilidad. También está imputado el ex asesor Miguel José Moya, quien tiene presentación periódica.
Canó Sacco, fuera de lista
En la lista de los acusados no figura Rafael Stefano Canó Sacco, exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez, quien fue implicado al principio en el caso, pero no fue incluido en la acusación final. Según se informa está colaborando con el ministerio público.
Fue arrestado en España el pasado año, luego de haberse fugado del país. Las autoridades de la República Dominicana llegaron a solicitar su extradición.
En la acusación, el ministerio público agregó a Rolando Sebelén Torres, cuñado del exprocurador Rodríguez. Sebelén Torres estaría vinculado a supuestas contrataciones millonarias ilícitas a empresas relacionadas entre sí para el suministro de alimentos de los internos en los centros de reclusión del país.
Empresas y alimentos
En estos ilícitos también habrían estado relacionados José Estrada y César Nicolás Rizik, quienes, de acuerdo a informaciones, figuran de forma directa e indirecta en varias de las empresas que resultaron ganadoras para proveer los alimentos a los recintos penitenciarios.
A estas irregularidades también fueron vinculados Hilda Cristina Jackson y José Alberto Abbot, madre y suegro de José Estrada; como también Juan Asael Martínez, Vianela Pimentel y Giselle del Carmen Molano, hermano, madre y esposa de César Nicolás Rizik, respectivamente.
Nuevos encartados
Por igual, en la lista de los nuevos acusados figura Ramón Burgos Acosta, quien fue director del Sistema Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (Sinarec) y podría estar implicado en una mafia para distraer fondos del programa para construcción y equipamiento de los centros penitenciarios.
Alejandro Martín Rosa, quien fue director de la Unidad de Custodia y Administración de Bienes Incautados del Ministerio Público, también está acusado por la Pepca, y estaría implicado en pagos ilícitos.
Además de los antes citados, son nuevos imputados Félix Antonio Rosario, exdirector de la Oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio Público; Sara Fernández de José, Braulio Michael Batista, Jonathan Medina Reyes, Ysis Tapia, Mercedes Salcedo Disla, Carolina Pimentel Bonifacio y Francis Ramírez Moreno.
Asimismo, Lisandro José Macarrulla Martínez, Reynaldo Santos de la Cruz, Daniel Enrique Feliz, Francisco Arturo Santos, Fausto Cáceres Salterio, Francisco Alberto Vásquez, Carlos Augusto Guzmán Oliver, Rafael Salvador Rasuk, Sean Hudson Dwiggins, Ricardo Antonio Carrasquero, José Antonio Santana Julián, Felipe Fernández de Castro e Ismael Elías de Jesús.
Sociedades
Entre las empresas imputadas están Mac Construcciones, Morel Grullón, Constructora Integral SAS, Abatesa, Constructora Carrasco SRL, Smart Logistc, Distribuidora Ropi, Inversiones Swaziland EIRl.
También, Inversiones Carivieri, Ropalma SRL, Getran del Caribe, Dimamor Group, Herrage Rachel SRL, F y F Ezel Import, Rogama, Comercial Viarios, la Parasata Mercantil y Fire Control System Magm.
Fraude
Caso Medusa
El 30 de junio de 2021, las autoridades dominicanas arrestaron al exprocurador Jean Alain Rodríguez por acusaciones de desviar fondos públicos hacia grupos que apoyaban al PLD y destruir registros relacionados con extradiciones, incautación de activos y actividad delictiva durante su mandato. Se le acusa de defraudar al Estado con más de 6,000 millones de pesos, como parte de una red criminal cuyas actividades incluían conspiración, fraude, soborno, falsificación de documentos públicos, robo de identidad y ciberdelito.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.