Santo Domingo, RD.-Sesenta y tres personas y empresas están involucradas en el caso del fraude en la Lotería Nacional y el caso Medusa, cuyos juicios preliminares están en manos del juez Amauri Martínez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.Nacionales
Casos de la Lotería y de Medusa en espera de juicios.
Santo Domingo, RD.-Sesenta y tres personas y empresas están involucradas en el caso del fraude en la Lotería Nacional y el caso Medusa, cuyos juicios preliminares están en manos del juez Amauri Martínez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.El magistrado Martínez fue apoderado del expediente por la jueza Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, mediante el sorteo aleatorio computarizado para conocer el juicio preliminar en contra del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y los demás encartados.
El tribunal tan pronto tenga el expediente hará un inventario de las piezas y pruebas depositadas y luego mediante auto fijara la fecha de la audiencia preliminar y notificará a las partes la pieza acusatoria.
Al juez le corresponderá juzgar todas las pruebas de un voluminoso expediente que cuenta con 12,274 páginas, y dentro de esas, más de 3,500 pruebas documentales y 400 testigos a cargo de la acusación y determinar si envía a juicio o no los imputados.
Los primeros implicados en el caso por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) fueron además de Alain Rodríguez, el exdirector de Tecnología de la Información, Javier Forteza; el exdirector administrativo, Jonathan Rodríguez, y Alfredo Solano, ex subdirector administrativo. Estos guardan prisión preventiva en la cárcel de Najayo.
También Jenny Marte, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la ex subdirectora Altagracia Guillén y Rafael Mercedes, exdirector de Contabilidad. También está imputado el ex asesor Miguel José Moya, quien tiene presentación periódica.
Canó Sacco, fuera de lista
En la lista de los acusados no figura Rafael Stefano Canó Sacco, exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez, quien fue implicado al principio en el caso, pero no fue incluido en la acusación final. Según se informa está colaborando con el ministerio público.
Fue arrestado en España el pasado año, luego de haberse fugado del país. Las autoridades de la República Dominicana llegaron a solicitar su extradición.
En la acusación, el ministerio público agregó a Rolando Sebelén Torres, cuñado del exprocurador Rodríguez. Sebelén Torres estaría vinculado a supuestas contrataciones millonarias ilícitas a empresas relacionadas entre sí para el suministro de alimentos de los internos en los centros de reclusión del país.
Empresas y alimentos
En estos ilícitos también habrían estado relacionados José Estrada y César Nicolás Rizik, quienes, de acuerdo a informaciones, figuran de forma directa e indirecta en varias de las empresas que resultaron ganadoras para proveer los alimentos a los recintos penitenciarios.
A estas irregularidades también fueron vinculados Hilda Cristina Jackson y José Alberto Abbot, madre y suegro de José Estrada; como también Juan Asael Martínez, Vianela Pimentel y Giselle del Carmen Molano, hermano, madre y esposa de César Nicolás Rizik, respectivamente.
Nuevos encartados
Por igual, en la lista de los nuevos acusados figura Ramón Burgos Acosta, quien fue director del Sistema Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (Sinarec) y podría estar implicado en una mafia para distraer fondos del programa para construcción y equipamiento de los centros penitenciarios.
Alejandro Martín Rosa, quien fue director de la Unidad de Custodia y Administración de Bienes Incautados del Ministerio Público, también está acusado por la Pepca, y estaría implicado en pagos ilícitos.
Además de los antes citados, son nuevos imputados Félix Antonio Rosario, exdirector de la Oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio Público; Sara Fernández de José, Braulio Michael Batista, Jonathan Medina Reyes, Ysis Tapia, Mercedes Salcedo Disla, Carolina Pimentel Bonifacio y Francis Ramírez Moreno.
Asimismo, Lisandro José Macarrulla Martínez, Reynaldo Santos de la Cruz, Daniel Enrique Feliz, Francisco Arturo Santos, Fausto Cáceres Salterio, Francisco Alberto Vásquez, Carlos Augusto Guzmán Oliver, Rafael Salvador Rasuk, Sean Hudson Dwiggins, Ricardo Antonio Carrasquero, José Antonio Santana Julián, Felipe Fernández de Castro e Ismael Elías de Jesús.
Sociedades
Entre las empresas imputadas están Mac Construcciones, Morel Grullón, Constructora Integral SAS, Abatesa, Constructora Carrasco SRL, Smart Logistc, Distribuidora Ropi, Inversiones Swaziland EIRl.
También, Inversiones Carivieri, Ropalma SRL, Getran del Caribe, Dimamor Group, Herrage Rachel SRL, F y F Ezel Import, Rogama, Comercial Viarios, la Parasata Mercantil y Fire Control System Magm.
Fraude
Caso Medusa
El 30 de junio de 2021, las autoridades dominicanas arrestaron al exprocurador Jean Alain Rodríguez por acusaciones de desviar fondos públicos hacia grupos que apoyaban al PLD y destruir registros relacionados con extradiciones, incautación de activos y actividad delictiva durante su mandato. Se le acusa de defraudar al Estado con más de 6,000 millones de pesos, como parte de una red criminal cuyas actividades incluían conspiración, fraude, soborno, falsificación de documentos públicos, robo de identidad y ciberdelito.
Santo Domingo, R.D.-El Quinto Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo envió a juicio de fondo a un profesor acusado de agredir sexualmente a una menor, de 13 años de edad, en el sector Brisa del Este en Santo Domingo Este.
La decisión fue adoptada durante una audiencia celebrada este martes contra Eliezer Vargas Villamar, de aproximadamente 35 años, luego de que el tribunal determinara que las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la parte querellante son suficientes para que el proceso sea ventilado en un juicio de fondo.
Según explicó el abogado de la madre de la menor, Danilo Santo Méndez, el imputado habría aprovechado su condición de docente para manipular a la adolescente desde la Escuela Básica República de Japón, ubicada en el sector Brisas del Este.
Alerta
La situación fue descubierta en diciembre por la progenitora luego de que otra hija de cuatro años alertara sobre un presunto vínculo que el profesor mantenía con su hermana.
«La niña me dijo que su hermana tenía un novio, y por favor no se lo dijera para que no se molestara con ella», expresó.
La mujer cuyo nombre se hace reserva por temas legales, dijo que ante lo dicho procedió a revisar la tablet y vio «que tenía una conversación con el profesor y le dijo nos vemos esta noche con un signo de interrogación«.
El litigante indicó que el imputado también acudía con frecuencia a las inmediaciones de la vivienda de la familia y en ocasiones trasladaba a la menor en su vehículo.
Méndez afirmó que los delitos sexuales contra menores no tienen cabida en la sociedad, y mucho menos en los centros educativos donde los estudiantes deben contar con garantías de protección.
Añadió que existen otras víctimas de nacionalidad haitiana que no hablan por miedo a represalias ante sus estatus migratorios.
Asimismo, criticó que algunas personas vinculadas al ámbito escolar acudieran al tribunal para respaldar al imputado durante el proceso.
El hombre guardaba prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, medida que posteriormente le fue variada por garantía económica y presentación periódica.
SANTO DOMINGO.- La República Dominicana se colocó en el primer lugar del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa 2025, con una puntuación de 82.17 sobre 100, convirtiéndose en el único país del continente ubicado en la categoría “Con Libertad de Expresión” dentro de la medición que evalúa la situación de estos derechos en 23 naciones de las Américas.
El informe, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en alianza con investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello, analiza el período comprendido entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025 y concluye que el país mejoró su desempeño respecto al año anterior, al incrementar su puntuación en 4.92 puntos y avanzar una posición en el ranking regional.
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De acuerdo con el documento, la República Dominicana obtuvo 26.40 puntos de 30 en la dimensión “Ciudadanía informada y libre de expresarse”, 27.57 de 40 en la actuación del Estado frente a la violencia e impunidad contra periodistas, y 28.20 de 30 en el indicador sobre control de medios y periodismo.
Estabilidad del ecosistema mediático dominicano sigue siendo frágil
Aunque el país encabeza el índice, el informe advierte que la estabilidad del ecosistema mediático dominicano sigue siendo frágil y enfrenta amenazas estructurales. Entre los principales desafíos señalados están la debilidad económica de los medios de comunicación, el uso discrecional de la publicidad estatal y el impacto de nuevas propuestas legislativas, como el proyecto para crear el Instituto Nacional de Comunicación (INACOM).
Los evaluadores indican que estos factores pueden generar presiones indirectas sobre la independencia editorial, en un contexto donde la inversión publicitaria migra cada vez más hacia plataformas digitales globales, reduciendo la sostenibilidad financiera de los medios tradicionales.
El documento también menciona que durante el período analizado se registraron protestas de periodistas por mayores barreras informativas, y destaca como evento relevante la celebración en Punta Cana de la 81ª Asamblea General de la SIP, donde se firmó la Declaración de Salta II, un documento que reafirma los principios de la libertad de prensa en el continente.
Panorama regional
A pesar de la posición destacada de República Dominicana, el informe presenta un panorama preocupante para el periodismo en las Américas. El promedio regional del índice descendió a 47.10 puntos, el nivel más bajo desde que comenzó la medición hace seis años.
El estudio advierte que ocho países se encuentran en la franja de “Alta Restricción” a la libertad de expresión citando entre ellos Ecuador, Bolivia, Honduras, Perú, México, Haití, Cuba y El Salvador, mientras que Nicaragua y Venezuela aparecen en la categoría de “Sin libertad de expresión”.
Entre los países con mejor desempeño después de República Dominicana figuran Chile, Canadá, Brasil, Uruguay y Jamaica, todos ubicados en la categoría de “Baja restricción”, aunque con retrocesos o tensiones relacionadas con presiones económicas, judicialización del periodismo o concentración de la propiedad de los medios.
El informe concluye que el continente atraviesa uno de los momentos más difíciles para el ejercicio del periodismo, marcado por asesinatos, agresiones, exilio de periodistas, presiones económicas y restricciones legales en distintos países.
Nacionales
Defensa de maestra acusada de maltrato a niña en un colegio alega: «No era vómito, era brócoli»
Santo Domingo, R.D.-La defensa de la profesora Yamelsy Matos Beltré, acusada de agredir a una menor en el preescolar Mi Segundo Hogar/Little Steps, afirmó este martes que no se trató de ingesta de vómito, sino trozos de brócoli, los alimentos que la niña consumía al momento de los hechos.
Al salir de la Oficina de Atención Permanente de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, el abogado Billy Gerónimo sostuvo que varias de las versiones que han circulado tras la difusión del video viral no se corresponden con lo ocurrido.
Según explicó, los fragmentos visibles en las imágenes corresponden a restos de brócoli que la menor habría expulsado mientras comía y que cayeron sobre su propio cuerpo.
En ese contexto, indicó que cuando la docente se inclina en el video, lo que recoge son esos mismos trozos de comida, descartando que se tratara de alimentos tomados del suelo o de un desagüe, como se ha interpretado en redes sociales.
Totalmente arrepentida
El jurista también afirmó que la profesora se encuentra «completamente arrepentida y muy avergonzada» por la situación que enfrenta, e insistió que muchas de las afirmaciones difundidas públicamente sobre el caso no se corresponden con la realidad.
El conocimiento de la medida de coerción para el 12 de marzo a las 9:00 de la mañana, a solicitud de la propia defensa debido a que l instancia del Ministerio Público fue entregada hoy y relataron se encontraba incompleta.
Gerónimo detalló que el documento carecía de algunas páginas, entre ellas que medida buscaban lo que impedía conocer de manera íntegra el contenido del documento.
«El aplazamiento fue a requerimiento de nosotros porque la instancia del Ministerio Público nos la entregaron hoy. No tenemos tiempo para preparar los presupuestos y además estaba incompleta, le faltaban páginas«, indicó.
Agregó que, incluso, una de las partes faltantes correspondería al apartado donde el órgano acusador especifica qué medida de coerción está solicitando, aunque presume que se trata de prisión preventiva.