Santo Domingo, RD.-Sesenta y tres personas y empresas están involucradas en el caso del fraude en la Lotería Nacional y el caso Medusa, cuyos juicios preliminares están en manos del juez Amauri Martínez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.Nacionales
Casos de la Lotería y de Medusa en espera de juicios.
Santo Domingo, RD.-Sesenta y tres personas y empresas están involucradas en el caso del fraude en la Lotería Nacional y el caso Medusa, cuyos juicios preliminares están en manos del juez Amauri Martínez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.El magistrado Martínez fue apoderado del expediente por la jueza Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, mediante el sorteo aleatorio computarizado para conocer el juicio preliminar en contra del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y los demás encartados.
El tribunal tan pronto tenga el expediente hará un inventario de las piezas y pruebas depositadas y luego mediante auto fijara la fecha de la audiencia preliminar y notificará a las partes la pieza acusatoria.
Al juez le corresponderá juzgar todas las pruebas de un voluminoso expediente que cuenta con 12,274 páginas, y dentro de esas, más de 3,500 pruebas documentales y 400 testigos a cargo de la acusación y determinar si envía a juicio o no los imputados.
Los primeros implicados en el caso por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) fueron además de Alain Rodríguez, el exdirector de Tecnología de la Información, Javier Forteza; el exdirector administrativo, Jonathan Rodríguez, y Alfredo Solano, ex subdirector administrativo. Estos guardan prisión preventiva en la cárcel de Najayo.
También Jenny Marte, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la ex subdirectora Altagracia Guillén y Rafael Mercedes, exdirector de Contabilidad. También está imputado el ex asesor Miguel José Moya, quien tiene presentación periódica.
Canó Sacco, fuera de lista
En la lista de los acusados no figura Rafael Stefano Canó Sacco, exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez, quien fue implicado al principio en el caso, pero no fue incluido en la acusación final. Según se informa está colaborando con el ministerio público.
Fue arrestado en España el pasado año, luego de haberse fugado del país. Las autoridades de la República Dominicana llegaron a solicitar su extradición.
En la acusación, el ministerio público agregó a Rolando Sebelén Torres, cuñado del exprocurador Rodríguez. Sebelén Torres estaría vinculado a supuestas contrataciones millonarias ilícitas a empresas relacionadas entre sí para el suministro de alimentos de los internos en los centros de reclusión del país.
Empresas y alimentos
En estos ilícitos también habrían estado relacionados José Estrada y César Nicolás Rizik, quienes, de acuerdo a informaciones, figuran de forma directa e indirecta en varias de las empresas que resultaron ganadoras para proveer los alimentos a los recintos penitenciarios.
A estas irregularidades también fueron vinculados Hilda Cristina Jackson y José Alberto Abbot, madre y suegro de José Estrada; como también Juan Asael Martínez, Vianela Pimentel y Giselle del Carmen Molano, hermano, madre y esposa de César Nicolás Rizik, respectivamente.
Nuevos encartados
Por igual, en la lista de los nuevos acusados figura Ramón Burgos Acosta, quien fue director del Sistema Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (Sinarec) y podría estar implicado en una mafia para distraer fondos del programa para construcción y equipamiento de los centros penitenciarios.
Alejandro Martín Rosa, quien fue director de la Unidad de Custodia y Administración de Bienes Incautados del Ministerio Público, también está acusado por la Pepca, y estaría implicado en pagos ilícitos.
Además de los antes citados, son nuevos imputados Félix Antonio Rosario, exdirector de la Oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio Público; Sara Fernández de José, Braulio Michael Batista, Jonathan Medina Reyes, Ysis Tapia, Mercedes Salcedo Disla, Carolina Pimentel Bonifacio y Francis Ramírez Moreno.
Asimismo, Lisandro José Macarrulla Martínez, Reynaldo Santos de la Cruz, Daniel Enrique Feliz, Francisco Arturo Santos, Fausto Cáceres Salterio, Francisco Alberto Vásquez, Carlos Augusto Guzmán Oliver, Rafael Salvador Rasuk, Sean Hudson Dwiggins, Ricardo Antonio Carrasquero, José Antonio Santana Julián, Felipe Fernández de Castro e Ismael Elías de Jesús.
Sociedades
Entre las empresas imputadas están Mac Construcciones, Morel Grullón, Constructora Integral SAS, Abatesa, Constructora Carrasco SRL, Smart Logistc, Distribuidora Ropi, Inversiones Swaziland EIRl.
También, Inversiones Carivieri, Ropalma SRL, Getran del Caribe, Dimamor Group, Herrage Rachel SRL, F y F Ezel Import, Rogama, Comercial Viarios, la Parasata Mercantil y Fire Control System Magm.
Fraude
Caso Medusa
El 30 de junio de 2021, las autoridades dominicanas arrestaron al exprocurador Jean Alain Rodríguez por acusaciones de desviar fondos públicos hacia grupos que apoyaban al PLD y destruir registros relacionados con extradiciones, incautación de activos y actividad delictiva durante su mandato. Se le acusa de defraudar al Estado con más de 6,000 millones de pesos, como parte de una red criminal cuyas actividades incluían conspiración, fraude, soborno, falsificación de documentos públicos, robo de identidad y ciberdelito.
Santo Domingo, R.D.-Fue aplazado para el 9 de mayo por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el juicio de fondo que se le sigue a casi treinta militares y policías acusados en el caso de corrupción Operación Coral que se habría gestado en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) en los pasados gobiernos.
El tribunal tomó la decisión por la asistencia de dos acusados sin representación legal, entre estos la sociedad comercial Único Real State e Inversiones, que tiene «como gerente, beneficiaria final y socia mayoritaria a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez«, la pastora.
La pastora, acusada de asociación de malhechores, lavado de activos y de testaferro, tiene como abogado un defensor público, quienes tienen prohibido defender empresas. Varias vistas han sido postergadas por esta presentarse sin un togado.
El caso de corrupción está encabezado por los exjefes del Cusep y Cestur, ahora Politur, el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre y el general Juan Carlos Torres Robiou, respectivamente.
La primera audiencia del juicio de fondo al caso de malversación, que asciende a 4,500 millones de pesos, se fijó para el 26 de octubre y a seis meses todavía el Ministerio Público no ha podido iniciar la lectura del expediente de la acusación.
Declaran en rebeldía
Las juezas Gissell Méndez, presidenta del tribunal, Jisselle Naranjo y Tania Yunes, también declararon este jueves en rebeldía a la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, cuyo representante tampoco estuvo en audiencia a pesar de estar citado.
El representante legal que tenía la entidad religiosa es José Erneso Pérez Morales, poder que le dio el pastor José Cueto, que es su presidente.
Asimismo, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional le dio un plazo de tres días al encartado Epifanio Peña Lebrón para que escoja un abogado para que lo asista, porque también estuvo sin uno.
La imputada Esmeralda Ortega Polanco anunció al togado Francisco Manzano, como su nuevo representante en el tribunal, a quien se le otorgó tiempo para preparar sus medios de defensa a su clienta.
Las juezas rechazaron una reposición de plazos solicitado por Ortega Polanco.
Santo Domingo, R.D.-Concluyó este miércoles por parte de la Junta Central Electoral (JCE) la entrega a nivel nacional de certificados a los candidatos que resultaron ganadores en las pasadas elecciones, quienes de inmediato fueron proclamados como nuevas autoridades municipales.
Los actos de entrega de certificados a las nuevas autoridades locales se realizaron en las sedes de las distintas juntas electorales en los 158 municipios. Las proclamaciones incluyeron a las autoridadese electas en los 235 distintos distritos municipales del país.
La JCE dijo que con estos actos se cumplió con el mandato de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, y del artículo 47 letra «e» que instruye a expedir certificados de elección e inmediata proclamación de los candidatos electos a cargos municipales.
En las pasadas elecciones municipales de febrero se eligieron 3,849 cargos municipales vinculados a los 157 municipios, el Distrito Nacional y los 235 distritos municipales en una relación de 316 alcaldías e igual cantidad de vicealcaldías; 2,328 regidurías, con sus respectivas suplencias; 470 direcciones y subdirecciones distritales; y 735 vocalías.
La JCE también resaltó que en el pasado proceso electoral para elegir las autoridades municipales, «el escrutinio y divulgación de resultados se alcanzó en un tiempo récord» en la historia de la institución, incluyendo la revisión de los votos nulos y observados.
Lo atribuyó al «debido al desempeño de los equipos de escaneo digitación, impresión y transmisión (EDET) y del equipo humano involucrado, elementos resaltado por los informes de los observadores electorales internacionales».
Santo Domingo, R.D.-Una serie de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos solicitaron a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, realizar una “exhaustiva investigación” en torno al asesinato de Francisco Ortiz Báez, ambientalista de Constanza.
Altagracia Paulino, quien habló a nombre de las organizaciones, dijo que en el crimen existen autores intelectuales distintos de las personas que lo perpetraron, razón por lo que pidió una investigación exhaustiva.
Las entidades demandan que el crimen sea castigado con todo el peso de la ley y que el castigo alcance a todos los autores, tanto materiales como los intelectuales.
Consideraron que la “ineficiencia de las autoridades de Medio Ambiente en proteger los recursos naturales y las áreas protegidas, obliga a que la ciudadanía asuma las responsabilidades abandonadas por estas autoridades, convirtiéndose en blanco de los depredadores y de sus sicarios”.
Expresaron el temor de que crímenes como este se repitan en el futuro próximo, dado que en el país se multiplican impunemente los desmanes contra los recursos naturales y las áreas protegidas, y la ciudadanía los enfrenta armada solo con su conciencia.
Francisco Ortiz Báez fue asesinado por oponerse a la extracción ilegal de materiales del río Tireo de Constanza y la Policía Nacional, por el hecho, arrestó a Reynaldo Cruz Castillo y Andy Joel Payano (a) El Guardia, a quienes acusa además de haber enterrado su cadáver en la Cueva de San Juan de la Maguana.
La instancia fue firmada por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, (INSAPROMA); el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC); Red Socioambiental Nacional; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-RD); Movimiento Laudato Si en RD y la Fundación Ecológica Tropical (FUNDETROP).
También participaron en la actividad la Coordinadora Popular Nacional, la Articulación Nacional Campesina, el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor, el Frente de Agricultores Unidos por el Progreso.
Igualmente, la Asociación de Ganaderos de la Cuenca Alta de Yamasá, el Frente Agropecuario Unidos (FEDAUPRO); la Red Dominicana de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente, RedAfros y la Fundación Voces del Camú.