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¿Impone la realidad social dominicana el “barrilito”?
El “Fondo de gestión provincial senatorial” solo está vigente en el Senado; fue eliminado en la Cámara de Diputados durante la gestión que encabezó Abel Martínez
Después de 14 años de su creación, los recursos para asistencialismo social de los legisladores siguen generando cuestionamientos y ahora la discusión se centra en si se eliminan o transfieren al Poder Ejecutivo para que ejecute las acciones que los congresistas se autodesignaron como funciones extraordinarias.
El origen y la polémica
A raíz del debate sobre el polémico tema del “Fondo de gestión provincial senatorial”, mejor conocido como “barrilito”, recursos económicos que se destinan cada mes a los senadores para ayudas sociales, es propicia la ocasión para ver algunos aspectos sobre la iniciativa.
Aunque algunos medios atribuyen la creación en el 2006 del barrilito a Reinaldo Pared Pérez, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) rechazó en abril del 2010 que fuera el creador de esa iniciativa, al asegurar que lo que hizo fue transparentarla.
En datos periodísticos fechados el 21 de abril del 2010, Pared Pérez, al participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, sostuvo que quien implementó el “barrilito” fue el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y que estaba a la discrecionalidad del presidente de turno, quien lo distribuía de manera selectiva, porque los más favorecidos eran sus legisladores, por lo que, bajo su presidencia en el Senado buscaron mecanismos para otorgar esos fondos de manera más equitativa.
Manifestó en ese entonces, que todos los senadores, sin importar la organización política a la que pertenezcan, tienen acceso a esos recursos a través de sus oficinas senatoriales, pero afirmó en dicha entrevista, que “estos tienen que justificar el uso que dan a esos recursos porque son auditados y si no lo hacen no los podrán retirar el mes siguiente”.
¿Hay que eliminar el barrilito?
Cabe preguntarse ante el debate: ¿impone la realidad social dominicana el “barrilito”? o habría que buscar una vía para que través del Estado estos fondos se destinen a causas similares sin depositarlos en las manos de los congresistas. Han pasado 14 años y el tema sigue generando reacciones encontradas.
Ciertamente, es el Senado el que ha sido tema recientemente con relación al “barrilito”. Estos más de RD$20 millones que se asignan cada mes a los senadores para ayudas sociales, que al año ascienden a poco más de RD$240 millones, suelen formar parte del debate social: unos defienden que se mantenga la asignación de estos recursos, argumentando que “la realidad social dominicana lo impone”, y otros piden sean anulados o se busque otra vía.
En la CD fue eliminado
El 1 de marzo del 2016, una resolución ponía fin al barrilito de manera definitiva en la Cámara de Diputados, y al mismo tiempo, revalidaba la decisión administrativa tomada por su titular, Abel Martínez, en octubre de 2014. En la sesión de ese entonces, 108 diputados votaron a favor y cinco en contra.
“Valoramos la intención y el espíritu de la resolución de la JCE de garantizar procesos transparentes y equilibrados en nuestras demarcaciones electorales y en todo el país”, fueron las palabras de Martínez en ese momento.
En el 2014 cuando Martínez anunció que el “barrilito”, que cada año contemplaba la entrega de 665 millones de pesos a los diputados para ayudas sociales (RD$ 50,000 mensuales auditados), informó que se dispuso que esos fondos fueran entregados a los hospitales de las provincias.
Los que dijeron no al “barrilito” y los que lo defienden
El presidente Luis Abinader se sumó al rechazo de que se asignen recursos mediante el “barrilito” a los legisladores, resaltando durante una entrevista que ofreciera a Alicia Ortega, que rechaza todas esas prácticas. En esa misma línea se expresaron el expresidente Hipólito Mejía y el presidente del PRM, José Ignacio Paliza.
Eduardo Estrella y Antonio Taveras, senadores por Santiago y Santo Domingo, renunciaron a los beneficios del “barrilito”. En el caso de la senadora por el Distrito Nacional, Faride Raful, la presión ante las críticas por haber cambiado de postura, la llevó a anunciar que esos fondos serían redirigidos para asesorías y capacitación a los congresistas.
Los senadores que se han pronunciado en favor de que se mantenga la asignación de estos fondos son: Dionis Sánchez (Peravia), Rogelio Genao (La vega), Iván Silva (La Romana), Alexis Victoria Yeb (María Trinidad Sánchez), José del Castillo Saviñón (Barahona), Yván Lorenzo (Elías Piña), Antonio Marte (Santiago Rodríguez), Ginette Bournigal (Puerto Plata), Héctor Acosta (Monseñor Nouel), David Sosa (Dajabón) y Ricardo de los Santos (Sánchez Ramírez).
Otros beneficios que reciben los congresistas
El Congreso tiene 222 legisladores (190 diputados y 32 senadores). Tienen beneficios comunes de inmunidad parlamentaria, dos exoneraciones de vehículos por período (aprobado en el 1996 por los presidentes de la Cámara de Diputados, Héctor Rafael Peguero Méndez y del Senado, Amable Aristy).
En el caso de los diputados, tienen un sueldo fijo de RD175 mil, la posibilidad de acceder a un programa de ayuda de hasta RD$90,000, RD$35,000 en gastos de representación y RD$20,000 para combustible.
En el caso de los senadores, estos ganan 320 mil pesos al mes, adicional reciben RD$ 50,000 de gastos de representación, RD$25,000 de viáticos, RD$25,000 de dietas y recursos para su combustible cada mes.
Ambos representantes tienen oficinas en la sede y su territorio cubiertas por el Congreso. Les cubren hospedaje en la capital, celulares, chofer y seguridad. Se les paga RD$3,500 por cada sesión a la que asistan y RD$2,000 por ir a reuniones de comisiones. Tienen pasaporte diplomático y derecho al porte de armas de fuego. Poseen seguro médico internacional, comedor cubierto por el Congreso y recursos adicionales a su salario en fechas especiales (Día de las Madres, Navidad, Día de Reyes, etc.).
Asignaciones por provincia
Según un listado de los fondos entregados a los senadores en septiembre que se hizo viral, los recursos asignados son: para el Distrito Nacional, RD$1,059,000.00; San Cristóbal RD$1,059,000.00; La Vega, RD$944,000; Puerto Plata, RD$869,000; San Pedro de Macorís, 859,000.00; Duarte, RD$849,000.00; Azua, RD$ 769,000.00; Barahona, RD$739,000.00; La Romana, RD$779,000.00; La Altagracia, RD$739,000.00; Espaillat, RD$784,000.00; Peravia, RD$ 729,000.00; Sánchez Ramírez, RD$709,000.00; San Juan, RD$799,000.00; Valverde, RD$719,000.00; Bahoruco, RD$ 49,000.00; Dajabón, RD$ 619,000.00; Independencia, RD$ 609,000.00; Hermanas Mirabal, RD$ 654,000.00; Hato Mayor, RD$649,000.00; María Trinidad Sánchez, RD$694,000.00; Monte Plata, RD$ 739,000.00; Pedernales, RD$ 629,000.00; Santiago Rodríguez, 619,000.00 y San José de Ocoa, RD$619,000.00.
Las funciones de los congresistas
“Representar, legislar, fiscalizar”, son las funciones de los congresistas una vez asumen el puesto, y es la frase con la que de entrada te recibe el portal web del Senado, página que integra la pestaña denominada “Transparencia”, donde se puede solicitar la información que se desee como ciudadano.
En el caso de los senadores, sus atribuciones, conforme a la Constitución, se centran en: conocer las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados contra los funcionarios señalado en el artículo 83 numeral 1; aprobar o desaprobar los nombramientos de embajadores y jefes de misiones permanentes acreditados en el exterior que le someta el presidente de la República; elegir los miembros de la Cámara de Cuentas de las ternas presentadas por la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes; elegir los miembros de la Junta Central Electoral y sus suplentes con el voto de las dos terceras partes presentes; elegir el defensor del pueblo, sus suplentes y sus adjuntos, a partir de las ternas que presente la CD; Autorizar previa solicitud del presidente de la República, en ausencia de convenio que lo permita, la presencia de tropas extranjeras en ejercicios militares y determinar tiempo de estadía y condiciones.
Mientras que los diputados tienen las siguientes atribuciones constitucionalmente establecidas: Acusar ante el Senado a los funcionarios por faltas graves; someter al Senado las ternas del Defensor del Pueblo; someter al Senado las ternas para elegir los miembros de la Cámara de Cuentas, entre otras.
elcaribe.com.do
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.