Nacionales
Prisión preventiva contra imputado de red que estafó a 94 personas.
Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva como medida de coerción impuso la jueza Fátima Veloz de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional contra Juan Diego Toribio Mejía, principal imputado de una red que presuntamente estafó con más de 2 millones de dólares a 94 personas.
Toribio Mejía, según el Ministerio Público, encabezaba la red que habría estafado a las víctimas, haciéndose entregar la suma de dos millones cuatrocientos noventa y tres mil dólares con novecientos treinta y tres (US$2,493,933.00) y siete millones doscientos cincuenta mil pesos dominicanos con quinientos (RD$7,250,500.00).
La magistrada ordenó la prisión preventiva, como medida de coerción, contra el imputado y ordenó su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
El caso además fue declarado complejo debido a la pluralidad de hechos y conductas atribuidas al imputado, así como la existencia de pluralidad de víctimas.
El procesado Juan Diego Toribio Mejía habría cometido la estafa conjuntamente con los coimputados Luis Alejandro Lantigua Báez, Harold Martínez Hernández, Samil José Abad de la Rosa, Luis Napoleón Grano de Oro Sepúlveda, Bélgica Altagracia Báez de la Rosa, José Horacio Vicioso Ureña y Yoirna Guzmán Contreras (estos últimos prófugos).
Ambas entidades tenían como su objeto social servir de consultoría financiera, intercambio de valores, préstamos y marketing digital, funcionando en el Distrito Nacional.
La instancia con la solicitud de medida de coerción refiere que los miembros de dicha red conminaban a las víctimas, a los fines de que estos formaran parte de la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicio Múltiples Digital Dominicana, (Digicoop), INC., estableciéndoles, que, si no lo hacían, no podían continuar invirtiendo en la sociedad HDLS Digital Kindom Investment Group S.R.L.
Nacionales
Legisladores aprueban otro préstamo de 160 millones de dólares en el último día de la legislatura
Santo Domingo, R.D.-La agresiva política de endeudamiento del Gobierno sigue su agitado curso y La Cámara de Diputados aprobó este jueves, el último día de la legislatura ordinaria, tres convenios de préstamos propuestos por el Poder Ejecutivo que suman en total 160 millones de dólares estadounidenses.
Estos préstamos son aprobados antes de marcar el cierre de los trabajos legislativos, que serán reanudados el próximo 16 de agosto con la juramentación del presidente Luis Abinader. Ese día también asumen los legisladores electos y relectos en las pasadas elecciones del 19 de mayo.
El préstamo más costoso es de 120 millones de dólares, suscrito entre el Gobierno dominicano y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), y estará dirigido al financiamiento del mejoramiento de los sistemas de distribución energética del país.
Se tiene contemplado que esta partida sea enviada a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) para su ejecución.
Asimismo, edificar infraestructuras en condiciones sostenibles que no afecten al medioambiente y garantizar el suministro eléctrico ante el crecimiento de la demanda en el territorio nacional.
Este empréstito fue dividido en dos contratos suscritos y depositados en el órgano legislativo en el mismo día, cada uno por 60 millones de dólares. La primera cuota se pagará el 15 de diciembre de 2028 y la última cuota el 15 de junio de 2043. El plazo del préstamo es de hasta 25 años, incluyendo hasta cinco años de periodo de gracia.
40 millones de dólares
Mientras que el otro, que contempla una entrega de 40 millones de dólares, permitirá el desarrollo el Proyecto del Plan de Reforma y Modernización del Estado, correspondiente al Ministerio de Administración Pública (MAP).
La pieza busca con este dinero mejorar la eficiencia, accesibilidad y capacidad de respuesta de los servicios administrativos seleccionados para los ciudadanos y las empresas.
Santo Domingo, R.D.-Cincuenta y seis denuncias de fraudes presentó la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) ante el Ministerio Público, los cuales fueron detectados en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, en virtud de la competencia que le otorga la Ley 13-20, cuyas irregularidades ya llegan a 288.
«Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 87-01 y sus modificaciones, desde la Tesorería de la Seguridad Social hacemos un monitoreo constante de los registros realizados por los empleadores en el Sistema Único de Información y Recaudo (SUIR), para poder detectar la evasión, omisión, elusión y el fraude al seguro familiar de salud y denunciar ante las autoridades correspondientes a quienes atentan contra el equilibrio económico y financiero del Sistema a través de la comercialización ilícita del seguro familiar de salud del régimen contributivo”, puntualizó Henry Sahdalá, tesorero de la Seguridad Social.
Santo Domingo, R.D.-La Asociación Dominicana de Profesores (ADP)El fue advertida por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) que no puede proporcionarle los nombres de los docentes que fueron desvinculados y suspendidos por acoso sexual debido a que es una información confidencial, cuya divulgación podría vulnerar el derecho a la privacidad de las personas involucradas.
El Minerd indicó al colectivo que, aunque comprende su interés en conocer los nombres de los maestros afectados, la Ley General de libre Acceso a la Información Pública No. 200-04; el Decreto No. 130-05 y la Resolución No. 17-2019 consideran esa información confidencial.
En la comunicación, el Minerd enfatiza que “mantiene un firme compromiso con la lucha contra el acoso sexual en el ámbito educativo”.
“Contamos con políticas y procedimientos establecidos para prevenir, atender y sancionar este tipo de conductas, y trabajamos constantemente para crear un ambiente escolar seguro y respetuoso para todos los estudiantes y docentes, esfuerzo en el cual siempre hemos contado con la buena disposición de la ADP”, precisa la institución.
“Estas entidades tienen facultad legal para investigar y procesar casos de acoso sexual, y pueden proporcionarle la información que necesita en el marco de sus investigaciones”, indica la carta.