Latinoamericanas
Impotencia, frustración, rabia: la calle se enfrió para la oposición venezolana
La decisión de ir a las regionales causó fisuras en la MUD.
CARACAS. Amé está a la expectativa, no sabe si volverá a marchar: la bandera venezolana, el escudo y los guantes con los que salía para protestar junto a la radical “resistencia” reposan ahora en su casa.
Está frustrada, se siente abandonada por los dirigentes opositores y rechazó ir a la manifestación del sábado, a la que sólo acudieron unas 1.000 personas. “Es una burla”, aseguró.
Entre indignación, rabia, impotencia y miedo, muchos opositores han abandonado las calles tras cuatro meses de masivas protestas contra el presidente Nicolás Maduro, que han dejado unos 125 muertos y miles de heridos y detenidos.
Algunos tenían la esperanza de que lograrían sacar a Maduro del poder o al menos de que impedirían la instalación de la todopoderosa Asamblea Constituyente, formada por 545 miembros, todos chavistas.
Otros expresan su inconformidad con la decisión de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de participar en las elecciones de gobernadores, previstas ahora para octubre, con un árbitro al que acusa de haber articulado un fraude a favor de la Constituyente.
Fue un error “rutinizar” la protesta, estimó la analista Colette Capriles. “La calle es una táctica que hay que saber administrar”.
“La culpa es de los dirigentes de oposición. Empezamos esto por ellos y prácticamente nos dejaron solos”, reclamó Amé, seudónimo que usa esta madre soltera de 24 años en la “resistencia”, el ala más radical en las protestas conformada por jóvenes que, con escudos y los rostros cubiertos, enfrentan a las autoridades con piedras y bombas molotov.
“¿Ahora van a decir que la salida es electoral? No tiene sentido”, manifestó.
“La calle sin retorno”
Fue un error “rutinizar” la protesta, estimó la analista Colette Capriles. “La calle es una táctica que hay que saber administrar”.
A mediados de julio, dirigentes de oposición hablaron de no permitir que se impusiera “un fraude constituyente” y llamaron a la “calle sin retorno”.
En una de esas protestas casi detienen a Amé, en medio de la anarquía de bloqueos de calles –con troncos, escombros y basura quemada–, dispersados por las fuerzas de seguridad.
Pero la Constituyente fue elegida el 30 de julio sin participación de la oposición, entre denuncias de fraude y un fuerte rechazo internacional. Muchos lo asumieron como una derrota.
La decisión de ir a las regionales causó fisuras en la MUD.
“Llamamos a los venezolanos a las calles con un propósito, que era la salida del dictador” y ahora “exigen coherencia”, dijo a la AFP María Machado, dirigente del ala más radical de la oposición.
Machado se dice fiel al “mandato” de 7,6 millones de votos que según la MUD recaudó contra la Constituyente y a favor de renovar los poderes públicos, en un plebiscito simbólico el 16 de julio. Acudir a unas elecciones de gobernadores, añadió, chocaría con ese precepto.
“Se estaría convalidando el golpe de Estado, reconociendo una Asamblea Constituyente fraudulenta y cubana y legitimando un Consejo Nacional Electoral que el mundo entero reconoce como fraudulento”, indicó Machado, cuyo partido Vente, al igual que el pequeño ABP, no participarán.
“La salida electoral”
“La única salida que tenemos es la de carácter electoral”, opinó por el contrario el diputado Henry Ramos Allup, del partido socialdemócrata Acción Democrática.
Ramos aseguró a la AFP que ganar la mayoría de las gobernaciones representaría un “golpe terrible” para Maduro, que presionaría unas presidenciales.
“Hemos demostrado que cuando tenemos los votos ganamos”, dijo en referencia a la maquinaria movilizada que los llevó a arrasar en los comicios legislativos de diciembre de 2015 y a conquistar la mayoría en el Parlamento.
No es la primera vez que la calle se enfría. La última vez fue en noviembre de 2016, cuando la oposición tuvo un fallido diálogo con el gobierno tras fracasar un referendo revocatorio contra Maduro, bloqueado por la justicia y el CNE.
Entonces la MUD perdió siete puntos de popularidad. “Toda decisión supone riesgos, costos”, subrayó Ramos, tras admitir que “algunos se cansaron, se decepcionaron”.
Las manifestaciones se reanudaron el 1 de abril, luego de que el máximo tribunal de justicia asumiera temporalmente las competencias del legislativo, y se avivaron con la convocatoria a la Constituyente.
“Aquí nadie salió a manifestar para la abstención electoral, todo lo contrario. Para pedir elecciones”, subrayó Ramos, al criticar que algunos traten “de chantajear con los muertos” señalando que los manifestantes que fallecieron no protestaban por unos comicios regionales.
Amé, que vio caer a su amigo Neomar Lander, no está convencida: “Él no murió para que otro se inscriba a gobernador”.
por Javier TOVAR
Latinoamericanas
Persiste el caos en Haití que espera el pleno establecimiento del Consejo de Transición
Latinoamericanas
ONG reporta 241 personas muertas en las cárceles de El Salvador en dos años de régimen de excepción
AP
El Salvador.-La organización Socorro Jurídico Humanitario afirmó el miércoles que 241 personas murieron en las cárceles en los dos años de vigencia del régimen de excepción en el país, luego de ser detenidos como sospechosos de ser pandilleros o colaborar con estos grupos criminales.
La directora de la organización, Ingrid Escobar, dijo que desde 2022 han recibido 500 denuncias de fallecidos bajo custodia del Estado, pero «nosotros hemos confirmado 241: 239 adultos y dos niños hijos de privadas de libertad».
Según el informe de la ONG, «el 44% murió por muerte violenta, torturas graves, el 29% por falta de atención médica, es decir, otra forma de torturar a la gente».
El gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, consiguió que el Congreso del país aprobara hace dos años un régimen de excepción, como parte de su política de mano dura contra las pandillas, que suspendió derechos fundamentales como el de tener acceso a un abogado o el de conocer los motivos de la detención.
Además, el plazo de detención administrativa —sin pasar a disposición judicial— se extiende de 72 horas a 15 días y hasta dos años para investigarlos.
La medida fue la respuesta del gobierno a los índices de violencia y de asesinatos en el país.
La situación de los detenidos en las cárceles de El Salvador ha sido recurrentemente cuestionada por organizaciones de derechos humanos por vulneración de los mismos.
Socorro Jurídico Humanitario también pidió al Estado salvadoreño que investigue conforme a la ley «todos los homicidios que han ocurrido en los centros penitenciarios, así como todas las desapariciones forzadas de detenidos».
Por su parte, la organización Cristosal registra más de 3,500 denuncias de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción.
Amnistía Internacional también sostiene que ha habido desapariciones forzadas, torturas y muertes arbitrarias bajo custodia del Estado, así como trato cruel e inhumano, hacinamiento carcelario y criminalización de personas que viven en la pobreza.
Al presentar el informe, la directora Escobar dijo que «el Estado de El Salvador tiene que estar claro que ha sido violador de tratados internacionales y que ha cometido crímenes de lesa humanidad».
Sin embargo, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, indicó que desde la entrada en vigencia del estado de excepción el 27 de marzo de 2022, han detenido a 79,184 personas, calificadas como «presuntos terroristas». Con estas cifras, el ministro refirió que han capturado al 75% de los pandilleros del país y que la mayoría del 25% faltante, ya están fuera del territorio nacional.
El mismo gobierno ha tenido que liberar a más de 7,000 personas por falta de pruebas en los últimos dos años. Alrededor del 90% de los reclusos están en la cárcel sin sentencia.
En ese sentido, la ong Socorro Jurídico Humanitario estimó que el 35% son inocentes y que el 94% de los fallecidos no tenían afiliación con pandillas.
«La mayoría eran personas trabajadoras como comerciantes informales, taxistas y/o transportistas informales, agricultores, pescadores, pastores y predicadores evangélicos, empleados municipales y un sindicalista», señala en informe.
No obstante, el ministro Villatoro reiteró en una entrevista con la televisión local la necesidad de continuar con la política de seguridad contra las pandillas, a las que las autoridades responsabilizan de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.
Según el gobierno, la violencia en El Salvador ha disminuido considerablemente desde 2015, cuando se registraron más de 6,665 homicidios y el país era considerado uno de los más peligrosos del mundo. En 2023, el año cerró con 214 asesinatos, entre ellos, 38 homicidios de presuntos pandilleros, que fallecieron en supuestos enfrentamientos con policías y fuerzas armadas.
Según cifras oficiales, en los tres primeros meses de 2024 se contabilizan 31 homicidios, un 34% menos que los 47 registrados en el mismo periodo del año pasado. En los dos primeros días del abril, se ha confirmado un homicidio.
Con al régimen de excepción, el Congreso también reformó el Código penal para aumentar las penas de cárcel para los pandilleros y sus colaboradores. Además, los fiscales pueden presentar juicios masivos por clicas —o grupos de pandillas— sin necesidad de individualizar los procesados.
Latinoamericanas
Haití extiende por un mes más el estado de emergencia en la capital debido a la violencia
Efe
Puerto Príncipe.-El Gobierno de Haití informó este miércoles que extenderá el estado de emergencia en todo el Departamento Oeste, donde se ubica la capital, desde este jueves hasta el 3 de mayo próximo.
Las autoridades también decidieron extender el período de toque de queda en toda esa demarcación desde este miércoles hasta el 10 de abril próximo.
Estas disposiciones han sido tomadas con el fin de restablecer el orden y tomar las medidas oportunas para recuperar el control de la situación, dijo el comunicado emitido por la oficina del primer ministro interino, Michel Patrick Boisvert.
El toque de queda se extenderá desde las siete de la noche hora local (24:00 GMT) hasta las seis de la mañana hora local del miércoles venidero (11:00 GMT).
Esta medida no se aplica a los agentes del orden en servicio, bomberos, conductores de ambulancias, personal sanitario y periodistas debidamente identificados.
Durante el período del estado de emergencia, todas las manifestaciones en la vía pública están prohibidas, de día o de noche, en el Departamento Oeste.
En consecuencia, se ordenó a la policía utilizar todos los medios legales a su disposición para hacer cumplir el toque de queda y detener a todos los infractores.
La orden de Boisvert no sorprende a los haitianos, ya que la situación de violencia imparable que afecta a la capital, principalmente, se mantiene a causa de los ataques por doquier de las bandas armadas que controlan o inciden en casi la totalidad de Puerto Príncipe.
Lo dispuesto por el ministro interino se produce cuando aumentan las expectativas en torno a reuniones para la conformación del Consejo Presidencial para la Transición en Haití, impulsado por la Comunidad del Caribe (Caricom) y países como Estados Unidos, Canadá, México y Brasil, con el propósito de sacar a Haití de una situación de inseguridad sin precedentes.
Mientras se llevan a cabo esas discusiones, algunas zonas de la región metropolitana de la capital presentaron este miércoles una aparente calma, y en otras áreas se escucharon intensos tiroteos durante todo el día.
La Policía Nacional de Haití (PNH) intensificó sus operaciones como única institución que queda en pie en el país desde que estalló la crisis a finales de febrero pasado, y se declara movilizada y decidida a seguir luchando contra las bandas armadas en concertación con la población.
En un comunicado hecho público este miércoles, la PNH anunció la muerte de un poderoso jefe de banda en un intercambio de disparos, así como la incautación de armas y municiones.
‘New York New York’, el jefe de la banda de Cité Doudoune, en la comuna de Croix-des-Bouquets, al norte de la capital, fue abatido, según la policía, durante una operación para acabar con el bandidaje.