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Corte de Santiago conocerá apelación de imputada en caso Onco14
Luisa Yasiris Guzmán procura que los jueces sustituyan los 18 meses de prisión preventiva por una medida de coerción menos gravosa
SANTIAGO.– La situación procesal de Luisa Yasiris Guzmán, una de las personas imputadas en el denominado caso Onco14, volverá este miércoles a conocimiento de los tribunales, cuando la Corte de Apelación de Santiago examine el recurso presentado contra la prisión preventiva que le fue impuesta a finales de junio.
La audiencia está prevista para las 9:00 de la mañana y tendrá como objeto determinar si existen elementos jurídicos suficientes para mantener la medida de coerción vigente o sustituirla por otra menos restrictiva de la libertad.
Guzmán, esposa de Héctor Antonio Lora Cruceta y presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, permanece en prisión preventiva desde que fueron conocidas las medidas de coerción relacionadas con la investigación.
La decisión que adopte la Corte estará limitada al aspecto cautelar del proceso. Por tanto, la audiencia no constituye un juicio sobre la culpabilidad o inocencia de la imputada, sino una revisión de la medida de coerción que pesa en su contra.
Tres imputados, distintas situaciones procesales
Las medidas de coerción fueron dictadas el 29 de junio por la jueza Stefani Santiago, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago.
La magistrada impuso 18 meses de prisión preventiva a Guzmán y a Héctor Antonio Lora Cruceta, mientras que Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, fue colocada bajo arresto domiciliario.
De acuerdo con las informaciones suministradas, Lora Cruceta no habría recurrido la decisión que lo mantiene en prisión preventiva y permanece recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey, en Santiago.
Tampoco habría sido recurrida por Vargas Sánchez la medida de arresto domiciliario que le fue impuesta.
Investigación involucra recursos destinados a pacientes oncológicos
El caso Onco14 ha generado especial atención debido a la naturaleza de las imputaciones formuladas por el Ministerio Público, relacionadas con el presunto manejo irregular de recursos vinculados a servicios para pacientes con cáncer.
Según la solicitud de medida de coerción, el órgano persecutor atribuye a los investigados presuntas operaciones dirigidas a obtener beneficios económicos mediante recursos relacionados con la atención de pacientes oncológicos, incluyendo fondos procedentes del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Entre las infracciones atribuidas por el Ministerio Público se encuentran asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Estas imputaciones constituyen hasta el momento acusaciones del Ministerio Público que deberán ser demostradas durante el proceso judicial, por lo que no equivalen a una declaración de responsabilidad penal.
Facturación bajo investigación
Uno de los aspectos que ocupa parte importante de la investigación está relacionado con los procedimientos de facturación a las Administradoras de Riesgos de Salud.
Conforme al expediente referido en la información suministrada, el Ministerio Público sostiene que el manejo de esa facturación habría sido transferido a Vargas Guzmán Accounting Center, empresa atribuida a Dilcia Isabel Vargas Sánchez.
Los investigadores alegan que esa operación habría sido utilizada como parte de un mecanismo destinado presuntamente al desvío de recursos.
También se investiga la supuesta existencia de procedimientos mediante los cuales habrían sido modificadas indicaciones médicas para producir facturaciones irregulares.
Entre las prácticas señaladas por el Ministerio Público figura el presunto empleo de sellos médicos y talonarios previamente sellados para elaborar órdenes de estudios atribuidas a especialistas que, de acuerdo con la investigación, no habrían evaluado a determinados pacientes.
Medicamentos oncológicos, otro punto del expediente
La investigación alcanza igualmente el manejo y facturación de medicamentos utilizados para tratamientos contra el cáncer.
El Ministerio Público atribuye a Lora Cruceta haber dispuesto presuntamente que determinados medicamentos recibidos mediante donaciones no fueran entregados gratuitamente a pacientes, sino destinados a su comercialización.
También se investigan alegadas operaciones de doble facturación, mediante las cuales un mismo medicamento habría sido cobrado más de una vez.
Otro de los señalamientos contenidos en el expediente se refiere a la presunta administración de cantidades inferiores de determinados medicamentos mientras se facturaban dosis completas a SeNaSa.
Asimismo, la investigación sostiene que se habrían facturado medicamentos biológicos originales cuando supuestamente se suministraban alternativas genéricas de menor costo.
Todas estas circunstancias forman parte de la teoría investigativa del órgano acusador y estarán sujetas al correspondiente debate y contradicción dentro del proceso penal.
Una decisión limitada a la medida de coerción
La audiencia de este miércoles tendrá un alcance procesal específico.
La Corte deberá examinar los argumentos contenidos en el recurso de apelación presentado por la defensa de Luisa Yasiris Guzmán y determinar si procede mantener la prisión preventiva, sustituirla por una medida menos gravosa o adoptar cualquier otra decisión permitida por el ordenamiento procesal penal.
El tribunal deberá valorar los presupuestos que justifican las medidas de coerción, sin que ese análisis implique anticipar una decisión respecto del fondo de las acusaciones.
El expediente Onco14 continuará su curso independientemente del resultado de esta audiencia.
Mientras no exista una sentencia condenatoria irrevocable, Guzmán y las demás personas investigadas conservan plenamente su presunción de inocencia, principio fundamental del proceso penal.
Nacionales
Cámara de Cuentas detecta fallas administrativas, tecnológicas y fiscales en el Senado durante auditoría 2020-2024
El informe identifica expedientes incompletos en contrataciones superiores a RD$144 millones, retrasos en contratos por RD$402.6 millones y debilidades en la protección de la infraestructura tecnológica.
SANTO DOMINGO.– Una auditoría practicada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana al Senado reveló deficiencias en procesos administrativos, contrataciones, controles tecnológicos y cumplimiento de obligaciones tributarias durante el período comprendido entre 2020 y 2024.
La fiscalización abarcó las gestiones encabezadas por el expresidente del Senado Rafael Eduardo Estrella, entre 2020 y 2023, y por Ricardo de los Santos Polanco, quien asumió la presidencia de la Cámara Alta en agosto de 2023.
Auditoría observa expedientes por más de RD$144 millones
Entre los principales hallazgos figura la existencia de cinco expedientes de contratación en los que no fueron localizados documentos considerados esenciales.
Los procesos estaban relacionados con el remozamiento de baños, la construcción de un comedor para empleados, la habilitación de un salón para eventos especiales, la adquisición de ascensores y la contratación de una plataforma para la gestión financiera, administrativa, de nómina y fiscal.
En conjunto, esas contrataciones superaron los RD$144 millones, con operaciones individuales que oscilaron entre RD$11.2 millones y RD$79.6 millones.
Entre los documentos que no fueron localizados se encuentran garantías de seriedad de oferta, garantías de anticipo y fiel cumplimiento, informes periciales y certificaciones Mipyme.
La relevancia de estas observaciones trasciende el aspecto documental, debido a que la integridad de los expedientes constituye un elemento indispensable para comprobar que los procedimientos de contratación pública fueron ejecutados conforme al marco normativo correspondiente.
Contratos por RD$402.6 millones registraron retrasos
La auditoría también identificó seis contratos en los que las obras, bienes o servicios fueron recibidos después del vencimiento de los plazos establecidos.
Los retrasos oscilaron entre 33 y más de 400 días y afectaron proyectos relacionados con el remozamiento de baños, la construcción del comedor de empleados, un sistema fotovoltaico, equipos para la cocina, un parqueo soterrado y la adecuación de un salón VIP.
El valor conjunto de estos contratos ascendió a RD$402,692,376.
Uno de los mayores retrasos correspondió al contrato relacionado con el salón VIP, que acumuló 400 días fuera del plazo establecido. También se registraron 233 días en el parqueo soterrado, 161 días en equipos y electrodomésticos para el comedor y 122 días en el sistema fotovoltaico. En algunos expedientes tampoco fue localizada el acta de recepción definitiva.
Según las explicaciones institucionales recogidas en la auditoría, algunos contratistas excedieron los cronogramas debido a demoras durante la ejecución y situaciones que no habían sido contempladas inicialmente.
Senado informó adopción de nuevos controles
Frente a las observaciones relativas a los expedientes de contratación, las autoridades actuales y anteriores del Senado comunicaron que acogieron las recomendaciones formuladas por la Cámara de Cuentas y que fueron adoptadas nuevas medidas de control interno.
Entre ellas se encuentra la verificación previa de los proveedores en el Registro de Proveedores del Estado antes de formalizar contrataciones de bienes, servicios u obras.
Auditoría advierte riesgos tecnológicos
Las observaciones no se limitaron a las contrataciones.
La auditoría determinó que el Senado no disponía de una herramienta centralizada destinada a monitorear modificaciones accidentales o intencionales en los controles de red y las bases de datos. La Dirección de Tecnología reconoció la inexistencia de ese mecanismo de supervisión, según el informe.
También fueron señaladas condiciones consideradas vulnerables en el centro de procesamiento de datos.
Durante inspecciones efectuadas en julio de 2025 se observaron, entre otros aspectos, una puerta de madera con cerradura convencional, ausencia de sistema de extinción de incendios, falta de falso piso, plafones deteriorados y objetos ajenos al área.
Estas condiciones adquieren particular importancia debido al carácter sensible de la información manejada por una institución del Estado y a la necesidad de garantizar controles físicos y tecnológicos adecuados.
Detectan omisiones tributarias
Otro de los hallazgos estuvo relacionado con obligaciones fiscales correspondientes a dos obras contratadas durante la gestión comprendida entre agosto de 2020 y agosto de 2023.
La Cámara de Cuentas indicó que no encontró evidencia de la retención correspondiente del ITBIS vinculada a la dirección técnica en los trabajos de remozamiento de baños y construcción del comedor de empleados.
El monto total señalado como no retenido ascendió a RD$425,416, distribuido entre RD$96,737 correspondientes al remozamiento de baños y RD$328,679 vinculados a la construcción del comedor.
La institución reconoció posteriormente la observación y atribuyó la situación a un error involuntario, admitiendo que no se realizó la retención correspondiente conforme a la normativa citada en la auditoría.
Controles internos, el punto común de los hallazgos
Más allá de las cifras individuales, el informe coloca el énfasis sobre un problema transversal: la necesidad de fortalecer los mecanismos internos de supervisión, documentación y seguimiento en el manejo de los recursos públicos.
Expedientes incompletos, contratos ejecutados fuera de los plazos, vulnerabilidades tecnológicas y omisiones tributarias representan áreas distintas de la administración, pero convergen en la importancia de disponer de sistemas de control capaces de garantizar trazabilidad, transparencia y rendición de cuentas.
El propio Senado informó haber acogido recomendaciones y adoptado medidas correctivas, por lo que corresponderá determinar posteriormente la efectividad de esos mecanismos y su capacidad para evitar la repetición de las deficiencias detectadas.
El acuerdo permitirá intercambiar información y evidencias, coordinar investigaciones y fortalecer la persecución de organizaciones vinculadas a la explotación sexual, corrupción y otros delitos económicos.
BOGOTÁ.– Las autoridades de Colombia y República Dominicana reforzaron su cooperación contra la delincuencia organizada transnacional mediante la creación de un mecanismo conjunto de investigación dirigido especialmente a combatir la trata de personas y otros delitos relacionados.
La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y la procuradora general de la República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, suscribieron un acuerdo para establecer un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), que permitirá desarrollar actuaciones coordinadas entre los organismos responsables de la persecución penal de ambos países.
La iniciativa fue establecida con el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y se enmarca en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo.
Cooperación para investigaciones transnacionales
El nuevo mecanismo permitirá a las autoridades dominicanas y colombianas intercambiar información, evidencias físicas y elementos materiales probatorios, además de coordinar actuaciones investigativas y medidas procesales relacionadas con casos que involucren a ambas jurisdicciones.
También contempla la posibilidad de conformar equipos específicos para investigar determinados hechos, compartir experiencias y aplicar metodologías que contribuyan a identificar y llevar ante la justicia a los responsables.
Uno de los principales objetivos será fortalecer las investigaciones sobre trata de personas con fines de explotación sexual, aunque la cooperación podrá extenderse a casos de corrupción y otros delitos económicos vinculados con estructuras de criminalidad organizada.
Delitos sin fronteras requieren respuestas coordinadas
Camargo destacó la importancia de disponer de instrumentos que permitan desarrollar investigaciones simultáneas y coordinadas cuando las actividades criminales trascienden las fronteras nacionales.
La fiscal colombiana sostuvo que, frente a los delitos transnacionales, resulta necesario contar con mecanismos que hagan posible un intercambio organizado de información y permitan desarrollar programas conjuntos de investigación.
Por su parte, Reynoso señaló que el acuerdo representa el compromiso de Colombia y República Dominicana de establecer una cooperación oportuna y efectiva frente a las estructuras delictivas organizadas.
La procuradora dominicana destacó, además, que la trata de personas constituye un delito de alta prioridad para su gestión, debido a sus graves consecuencias sobre la dignidad humana y a la necesidad de ofrecer una respuesta integral desde los organismos encargados de la persecución penal.
Un frente común contra el crimen organizado
La creación del ECI permitirá que los dos países dispongan de una estructura de cooperación más directa para abordar investigaciones en las que las operaciones criminales, las víctimas, los responsables o las evidencias se encuentren distribuidos entre ambas naciones.
El acuerdo cobra especial relevancia frente a organizaciones que aprovechan las fronteras y las diferencias entre jurisdicciones para dificultar su identificación y persecución.
Con este mecanismo, República Dominicana y Colombia buscan fortalecer su capacidad investigativa y judicial frente a delitos que, por su naturaleza transnacional, requieren respuestas coordinadas entre los Estados.
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Abinader recibe al presidente de Honduras, Nasry Asfura, y fortalecen relaciones bilaterales
Los mandatarios sostuvieron reuniones junto a sus respectivas delegaciones y posteriormente participaron en un almuerzo y en la firma de instrumentos de cooperación.
SANTO DOMINGO.– El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, recibió este domingo en el Palacio Nacional al mandatario de Honduras, Nasry Asfura Zablah, en el marco de una visita orientada a fortalecer las relaciones bilaterales y los vínculos de cooperación entre ambas naciones.
La ceremonia oficial de recibimiento tuvo lugar en las escalinatas del Palacio Nacional, donde Asfura fue recibido con los honores militares correspondientes a su investidura.
Durante el acto protocolar fueron interpretados los himnos nacionales de República Dominicana y Honduras. Asimismo, se realizó el pase de revista y la presentación de las delegaciones oficiales que acompañaron a ambos jefes de Estado.
Encuentro bilateral
Concluido el recibimiento, Abinader y Asfura sostuvieron una audiencia en la sede del Poder Ejecutivo, seguida de un encuentro en el que participaron las comitivas de los dos países.
La visita se desarrolla con el propósito de estrechar las relaciones entre República Dominicana y Honduras y promover la cooperación bilateral, dentro de los vínculos diplomáticos existentes entre ambas naciones.
Posteriormente, los mandatarios participaron en un almuerzo conjunto.
Firma de instrumentos
Como parte de la agenda oficial, tras las reuniones y el almuerzo estaba prevista la firma de instrumentos, con lo que ambos gobiernos procuran avanzar en los mecanismos de cooperación bilateral.
El encuentro entre Abinader y Asfura representa un nuevo acercamiento entre los dos países y reafirma el interés de sus gobiernos por mantener espacios de diálogo y colaboración en asuntos de interés común.