Nacionales
Corte de Santiago conocerá apelación de imputada en caso Onco14
Luisa Yasiris Guzmán procura que los jueces sustituyan los 18 meses de prisión preventiva por una medida de coerción menos gravosa
SANTIAGO.– La situación procesal de Luisa Yasiris Guzmán, una de las personas imputadas en el denominado caso Onco14, volverá este miércoles a conocimiento de los tribunales, cuando la Corte de Apelación de Santiago examine el recurso presentado contra la prisión preventiva que le fue impuesta a finales de junio.
La audiencia está prevista para las 9:00 de la mañana y tendrá como objeto determinar si existen elementos jurídicos suficientes para mantener la medida de coerción vigente o sustituirla por otra menos restrictiva de la libertad.
Guzmán, esposa de Héctor Antonio Lora Cruceta y presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, permanece en prisión preventiva desde que fueron conocidas las medidas de coerción relacionadas con la investigación.
La decisión que adopte la Corte estará limitada al aspecto cautelar del proceso. Por tanto, la audiencia no constituye un juicio sobre la culpabilidad o inocencia de la imputada, sino una revisión de la medida de coerción que pesa en su contra.
Tres imputados, distintas situaciones procesales
Las medidas de coerción fueron dictadas el 29 de junio por la jueza Stefani Santiago, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago.
La magistrada impuso 18 meses de prisión preventiva a Guzmán y a Héctor Antonio Lora Cruceta, mientras que Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, fue colocada bajo arresto domiciliario.
De acuerdo con las informaciones suministradas, Lora Cruceta no habría recurrido la decisión que lo mantiene en prisión preventiva y permanece recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey, en Santiago.
Tampoco habría sido recurrida por Vargas Sánchez la medida de arresto domiciliario que le fue impuesta.
Investigación involucra recursos destinados a pacientes oncológicos
El caso Onco14 ha generado especial atención debido a la naturaleza de las imputaciones formuladas por el Ministerio Público, relacionadas con el presunto manejo irregular de recursos vinculados a servicios para pacientes con cáncer.
Según la solicitud de medida de coerción, el órgano persecutor atribuye a los investigados presuntas operaciones dirigidas a obtener beneficios económicos mediante recursos relacionados con la atención de pacientes oncológicos, incluyendo fondos procedentes del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Entre las infracciones atribuidas por el Ministerio Público se encuentran asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Estas imputaciones constituyen hasta el momento acusaciones del Ministerio Público que deberán ser demostradas durante el proceso judicial, por lo que no equivalen a una declaración de responsabilidad penal.
Facturación bajo investigación
Uno de los aspectos que ocupa parte importante de la investigación está relacionado con los procedimientos de facturación a las Administradoras de Riesgos de Salud.
Conforme al expediente referido en la información suministrada, el Ministerio Público sostiene que el manejo de esa facturación habría sido transferido a Vargas Guzmán Accounting Center, empresa atribuida a Dilcia Isabel Vargas Sánchez.
Los investigadores alegan que esa operación habría sido utilizada como parte de un mecanismo destinado presuntamente al desvío de recursos.
También se investiga la supuesta existencia de procedimientos mediante los cuales habrían sido modificadas indicaciones médicas para producir facturaciones irregulares.
Entre las prácticas señaladas por el Ministerio Público figura el presunto empleo de sellos médicos y talonarios previamente sellados para elaborar órdenes de estudios atribuidas a especialistas que, de acuerdo con la investigación, no habrían evaluado a determinados pacientes.
Medicamentos oncológicos, otro punto del expediente
La investigación alcanza igualmente el manejo y facturación de medicamentos utilizados para tratamientos contra el cáncer.
El Ministerio Público atribuye a Lora Cruceta haber dispuesto presuntamente que determinados medicamentos recibidos mediante donaciones no fueran entregados gratuitamente a pacientes, sino destinados a su comercialización.
También se investigan alegadas operaciones de doble facturación, mediante las cuales un mismo medicamento habría sido cobrado más de una vez.
Otro de los señalamientos contenidos en el expediente se refiere a la presunta administración de cantidades inferiores de determinados medicamentos mientras se facturaban dosis completas a SeNaSa.
Asimismo, la investigación sostiene que se habrían facturado medicamentos biológicos originales cuando supuestamente se suministraban alternativas genéricas de menor costo.
Todas estas circunstancias forman parte de la teoría investigativa del órgano acusador y estarán sujetas al correspondiente debate y contradicción dentro del proceso penal.
Una decisión limitada a la medida de coerción
La audiencia de este miércoles tendrá un alcance procesal específico.
La Corte deberá examinar los argumentos contenidos en el recurso de apelación presentado por la defensa de Luisa Yasiris Guzmán y determinar si procede mantener la prisión preventiva, sustituirla por una medida menos gravosa o adoptar cualquier otra decisión permitida por el ordenamiento procesal penal.
El tribunal deberá valorar los presupuestos que justifican las medidas de coerción, sin que ese análisis implique anticipar una decisión respecto del fondo de las acusaciones.
El expediente Onco14 continuará su curso independientemente del resultado de esta audiencia.
Mientras no exista una sentencia condenatoria irrevocable, Guzmán y las demás personas investigadas conservan plenamente su presunción de inocencia, principio fundamental del proceso penal.
Nacionales
DNCD reporta decomiso de más de 27 kilos de presuntas drogas y 61 detenidos en el Gran Santo Domingo
Autoridades realizaron 14 allanamientos y 387 intervenciones; también ocuparon equipos de comunicación, balanzas, motocicletas y dinero en efectivo
SANTO DOMINGO.– La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo de agentes de la Policía Nacional y bajo la coordinación del Ministerio Público, informó la detención de 61 personas y la ocupación de 27,836 gramos de sustancias presumiblemente narcóticas durante una serie de operativos desarrollados en el Gran Santo Domingo.
Las acciones incluyeron 14 allanamientos y 387 intervenciones realizadas en diferentes barrios y sectores señalados por las autoridades como puntos de interés dentro de las operaciones contra el microtráfico.
Más de 2,000 porciones ocupadas
Según el reporte de la DNCD, durante las intervenciones fueron confiscadas 2,203 porciones de un polvo blanco presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 25,196.7 gramos.
También fueron ocupados 640 envoltorios de un vegetal que se presume marihuana, con un peso de 1,903.3 gramos, así como 200 porciones de un material rocoso presumiblemente crack, que alcanzaron los 736 gramos.
Las sustancias fueron remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis correspondientes, que deberán establecer oficialmente su naturaleza y composición.
Ocupan equipos y otros objetos
Como parte de las operaciones, las autoridades también reportaron la incautación de 18 balanzas digitales, 20 teléfonos celulares, ocho radios de comunicación y dos motocicletas, además de dinero en efectivo en moneda dominicana y extranjera.
Asimismo, fueron ocupadas seis armas blancas, una computadora portátil, un chaleco antibalas y un fusil de hidrogel.
Las evidencias quedaron bajo custodia del Ministerio Público de las jurisdicciones correspondientes para continuar con los procedimientos legales.
Operativos contra el microtráfico
La DNCD indicó que las intervenciones forman parte de las operaciones desarrolladas por la Fuerza de Tarea Conjunta para combatir la venta y distribución de sustancias controladas en distintos sectores del Gran Santo Domingo.
Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes conforme avance el proceso de investigación.
Mientras tanto, los resultados del Inacif serán determinantes para establecer oficialmente qué tipo de sustancias fueron decomisadas durante las operaciones.
Investigación atribuye al grupo un presunto esquema de facturación de servicios médicos no realizados; perjuicio preliminar rondaría los RD$40 millones
SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra 25 personas vinculadas a la denominada Operación Senasa 2.0-A, una investigación sobre un presunto esquema mediante el cual se habrían facturado al Seguro Nacional de Salud (Senasa) consultas, cirugías y otros procedimientos médicos que supuestamente nunca fueron realizados.
Entre los imputados se encuentran exempleados de la aseguradora estatal, médicos y particulares.
La solicitud de medida de coerción está contenida en un expediente de aproximadamente 525 páginas, depositado ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional por representantes de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Además de la prisión preventiva, los fiscales solicitaron que el proceso sea declarado complejo.
Presunto esquema afectaba fondos y cobertura de afiliados
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el presunto mecanismo consistía en gestionar autorizaciones y posteriormente facturar servicios, consultas y procedimientos médicos que los afiliados aseguraban no haber recibido.
La directora de la Pepca, Mirna Ortiz, explicó que estas operaciones presuntamente no solo generaban un perjuicio económico para Senasa, sino que también podían reducir la disponibilidad de cobertura de los afiliados cuyos seguros eran utilizados para realizar las reclamaciones.
Las autoridades califican esta etapa como una nueva fase de las investigaciones y no descartan que las pesquisas puedan extenderse hacia otras personas o entidades.
Investigación comenzó tras denuncia de Senasa
Las pesquisas se remontan a una denuncia presentada por Senasa el 28 de noviembre de 2024, relacionada con supuestas irregularidades detectadas en autorizaciones de servicios médicos.
Según la tesis presentada por el órgano acusador, entre enero de 2021 y septiembre de 2024 habrían sido utilizados diferentes números telefónicos para gestionar aprobaciones de cirugías, consultas y procedimientos ambulatorios a través del centro de llamadas de la aseguradora.
Los afiliados cuyos seguros habrían sido utilizados presuntamente no reconocían esas autorizaciones ni los servicios médicos registrados a su nombre.
El Ministerio Público estima de manera preliminar en aproximadamente RD$40 millones el perjuicio económico atribuido al esquema investigado.
25 personas bajo investigación
Entre los procesados figuran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.
También aparecen los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
La solicitud incluye además a Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Los 25 imputados permanecen recluidos preventivamente en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera del conocimiento de la medida de coerción.
Los allanamientos y arrestos fueron autorizados judicialmente como parte de las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público.
La solicitud de prisión preventiva y los hechos atribuidos a los investigados corresponden a la tesis del Ministerio Público y deberán ser examinados por el tribunal. Los imputados conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva que establezca responsabilidad penal.
Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo
Santo Domingo, República Dominicana.– El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este lunes 21 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, la solicitud de medida de coerción contra 25 personas investigadas en la denominada Operación Senasa 2.0-A.
Entre los imputados figuran exempleados del Seguro Nacional de Salud (Senasa), médicos y particulares, a quienes el Ministerio Público atribuye presunta participación en una red que habría defraudado fondos públicos mediante la facturación de servicios médicos que, según la acusación, no fueron realizados.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva contra los 25 imputados y que el proceso sea declarado caso complejo.
La solicitud fue presentada por fiscales de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
De acuerdo con la información divulgada, la instancia sometida ante el tribunal consta de aproximadamente 525 páginas y contiene los elementos en los que el órgano persecutor sustenta las imputaciones.
Los imputados
En el expediente figuran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.
También aparecen los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
La solicitud de coerción incluye además a Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Los imputados permanecen recluidos preventivamente en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera del conocimiento de la medida de coerción.
Audiencia este lunes
Durante la audiencia, el tribunal deberá examinar la solicitud del Ministerio Público y los argumentos presentados por las defensas antes de decidir qué medidas de coerción corresponden.
La solicitud de 18 meses de prisión preventiva constituye la posición del Ministerio Público y no una decisión judicial. Asimismo, las imputaciones descritas forman parte de una investigación penal en curso y no equivalen a una declaración de culpabilidad.
El conocimiento de la medida de coerción está pautado para las 2:00 de la tarde de este lunes 21 de septiembre en el Distrito Nacional.