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Involucrada en caso Pandora dispuesta a colaborar con el Ministerio Público
Santo Domingo, R.D.-Una presunta involucrada en el caso Pandora, identificada como Miguelina Bello Segura, quien se encuentra detenida, comunicó al Ministerio Público que quiere colaborar con la investigación que lleva a cabo.
La acusada de haber vendido «clandestinamente a nacionales haitianos» municiones de diversos calibres, propiedad de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, igualmente dio detalle a los fiscales del lugar donde se encontraban 17 cajas de municiones.
La imputada hizo la petición en una comunicación enviada a la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, a través de su abogado Osiris Disla Ynoa.
Sostiene que está dispuesta a decir lo que conoce del caso, así como dar la información sobre la ubicación de la dirección donde se encuentran 17 cajas de tiros que le entregó una prima hermana.
«De acuerdo con las evidencias recabadas por el Ministerio Público establecen que la imputada Miguelina Bello Segura recibió para la comercialización decenas de cajas de municiones de distintos calibres para la venta de cada una al precio que oscila entre RD$5,200 y RD$6,000, destacándose que esta se dedica a venderlos clandestinamente a nacionales haitianos, quienes la utilizan comúnmente en actividades criminales«, dice la Pepca en el expediente de solicitud de medida de coerción.
Contra Bello Segura se solicita medida de coerción junto a los demás imputados por sustracción de pertrechos de la Policía Nacional dominicana, hurtos que se hacían de «manera masiva, organizada y sistemática», según el órgano persecutor.
Detalla que el exesposo de Bello Segura era un «conocido comercializador de municiones en el mercado binacional de Pedernales, actividad comercial ilícita que ella, en coordinación con miembros de la organización criminal objeto de la presente investigación, ha continuado».
En el caso donde el Ministerio Público solicita prisión preventiva y declaratoria de caso complejo, se encuentran además como imputados el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien era el encargado de la custodia de las armas y municiones; el subintendente Juan Miguel Pérez Soler y el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos. También figuran el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, acusado de alterar resultados de una auditoría para encubrir la sustracción de las municiones, y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, quien fungía como armero en la Dirección Regional Cibao Central.
Además, el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, señalados como piezas operativas clave dentro de la organización criminal.
Santo Domingo.– Con el apoyo de la mayoría de los oficialistas la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el Presupuesto General del Estado para el año 2026, que asciende a RD$1 billón 744 mil millones, equivalente al 20.1 % del Producto Interno Bruto (PIB), cuya pieza ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Pese a que el Código Tributario establece desde 1992 la indexación salarial, el ajuste por inflación no fue incluido en la propuesta aprobada, lo que generó la protesta de la oposición. Durante la sesión, diputados del Partido Fuerza del Pueblo exhibieron carteles y reiteraron que el presupuesto debía contemplar este ajuste, que consideran necesario para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores ante el aumento del costo de la vida.
El oficialismo defendió la aprobación del presupuesto, argumentando que prioriza educación, salud, infraestructura y protección social, y que busca garantizar la estabilidad financiera del país durante el 2026.
Con esta decisión, el Congreso concluye uno de los procesos legislativos más relevantes del año, dejando formalmente definido el marco financiero con el que operará el Gobierno durante el próximo año.
Santo Domingo. –Nuevas coberturas exclusivas para sus afiliados han sido incorporadas en el Regimen Contributivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), que ya había dispuesto una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS).
La resolución establece un incremento en los honorarios médicos ambulatorios, que abarca consultas médicas especializadas, consultas odontológicas y consultas psiquiátricas y de psicología, con el objetivo de garantizar una atención más accesible y de calidad para todos los beneficiarios.
En el renglón de medicamentos ambulatorios, la resolución integra 40 nuevos fármacos, entre ellos 20 nuevos principios activos de primer, segundo y tercer nivel.
También se incorporan medicamentos pertenecientes a Programas Especiales de Salud Pública, así como tratamientos actualizados para el VIH, la Hepatitis B y la Tuberculosis.
Asimismo, se incluyen nuevos procedimientos para el diagnóstico y control de la tuberculosis, fortaleciendo la capacidad de respuesta frente a esta enfermedad y contribuyendo a una atención más oportuna y efectiva.
Las inclusiones son en cumplimiento con la Resolución 624-02 aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), la cual actualiza el catálogo del Plan de Servicios de Salud (PDSS).
Estas medidas fortalecen el acceso a servicios esenciales, medicamentos y procedimientos de alto impacto para la salud de la población afiliada.
Igualmente, se incorpora un cápita diferenciado por grupo etario y factores de riesgo dentro del Régimen Contributivo, lo que permitirá una gestión más equitativa y eficiente de los recursos, ajustándose a las necesidades reales de cada segmento poblacional.
Santo Domingo. Un nuevo consejo consultivo en el Seguro Nacional de Salud conformará el presidente Luis Abinader, cuyo órgano tendrá la función principal de aprobar toda operación o erogación que supere un monto determinado, con el objetivo de fortalecer los mecanismos internos de control y reducir los riesgos de irregularidades administrativas.
Así lo informó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, al explicar que el cual operará de manera adicional al consejo ya existente en la institución.
El consultor jurídico también indicó que, aunque la ley ya contempla estructuras de regulación, la intención del Gobierno es reforzar los filtros de supervisión incorporando una instancia que será designada por el presidente y que operará por encima de la actual estructura administrativa de SeNaSa.
Peralta agregó que la actual gestión ha implementado medidas de control incluso antes de que se aprueben formalmente los cambios legales, lo que, según dijo, ha generado quejas de algunos sectores debido a la reorganización de asignaciones, incluidos casos de personal policial.
La iniciativa forma parte de los esfuerzos del Ejecutivo por aumentar los niveles de transparencia y control institucional en medio del escandalo de corrupción investigado por la justicia a través de la Operación Cobra.
La columna principal de los gastos millonarios cuestionados por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, SISALRIL, y ahora bajo la lupa del Ministerio Público, está configurada por compra de nutrientes y antioxidantes, servicios privados de atención primaria y adquisición de vacunas, Los valores millonarios fueron cuestionados en múltiples ocasiones por personal técnico de la SISALRIL que llegó a advertir que los gastos en nutrientes, por ejemplo, ponían en riesgo la sostenibilidad económica de la ARS pública.
En el periodo comprendido entre 2020 a 2025, la ARS estatal erogó valores para esos fines que ascienden a poco más de cinco mil millones de pesos (RD$5,083,164.602). De este monto, la principal partida se la llevó la empresa “Khersun”, propiedad del investigado empresario Eduardo Read, que facturó casi cuatro mil millones de pesos (RD$3,897,064.602).
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, calificó de indignante lo cometido por los imputados en el caso de fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa), conocido como “Caso Cobra”, quienes presuntamente realizaron procedimientos médicos innecesarios poniendo en riesgo la vida de los asegurados únicamente para cobrar recursos del Estado.
Además de Hazim Albainy, exdirector del Senasa, también están imputados:
Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero de la institución, quien luego renunció y desempeñó funciones durante la gestión de Hazim (2020–2024).
Germán Rafael Robles Quiñones, exgerente jurídico del Senasa durante toda la gestión de Hazim.
Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Salud de la institución.
Rafael Luis Martínez Hazim, sobrino del exdirector y fundador del centro de telemedicina MyCare.
Como proveedores del Estado están imputados: Eduardo Read Estrella, odontólogo; Cinty Acosta Sención; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.