Nacionales
Jean Alain tenía una preocupación exagerada por su apariencia, según imputado en el caso MEDUSA.
Santo Domingo –Miguel José Moya, consultor empresarial e imputado en el caso de la Operación Medusa, Miguel José Moya, rompió el silencio, luego de un año de iniciado el proceso de sometimiento a la justicia que ha hecho el Ministerio Público a Jean Alain Rodríguez y otros imputados.
En una entrevista exclusiva que concedió a la periodista Julissa Céspedes, Moya defendió que no tiene nada que ver con un entramado de comunicación que ha revelado el Ministerio Público que tenía el ex procurador.
Esto para perseguir y desacreditar a comunicadores, periodistas e influencers.
Asimismo, Moya aseguró que nunca asesoró políticamente a Jean Alain y su labor en el Ministerio Público fue con la institución. Que lo contrataron para manejar una crisis institucional que tenía la Procuraduría motivada por el rechazo que tenía Jean Alain en la población y por el manejo que había dado al caso Odebrecht.
También reveló cómo fueron los 16 días que estuvo preso junto a otros siete imputados en la operación Medusa.
En ese sentido, afirmó que vio llorar al ex procurador Jean Alain Rodríguez.
Dijo que como parte de la contratación que tenía con la Procuraduría, realizó un perfil personal y profesional a Jean Alain Rodríguez. Que el mismo reveló que “estaba amenazado, presionado, condicionado y atrapado. Además que era cosmético y estaba abrumado”.
“Un individuo que al estar subordinado, sentirse amenazado, porque tiene una presión muy grande, había una expectativa social muy alta sobre el órgano que dirigía se sentía atrapado. Y al no tener libertad de acción lógicamente debe sentirse amenazado”, reveló Miguel José Moya en su conversación con la periodista de CDN.
Sobre el aspecto cosmético de la figura de Jean Alain dijo que “lo cosmético es una expresión sutil, respetuosa. Pero lo que trato de decir allí es que el individuo que es objeto de este análisis muestra una tendencia exageradamente preocupada hacia sí mismo, ha como es percibido, hacia lo que proyecta y hacia lo que se interpreta entorno a él”.
A la pregunta de la periodista de sí Jean Alain era narcisista, Moya respondió que “yo no puedo decirlo, eso debe hacerlo un especialista. Pero, lo que puedo decir es que tenía una preocupación exagerada por su apariencia sí”
JEAN ALAIN TENÍA UNA AGENDA OCULTA
Además, indicó que los estudios realizados a la Procuraduría y a la figura de Jean Alain develaron que el ex funcionario tenía una agenda oculta.
Precisó que informó que el estudio habría revelado que Jean Alain tenía una agenda oculta. De la que había advertido que iba a provocar un conflicto con su trabajo.
Sostuvo que advirtió de esa situación a cinco personas de los colaboradores de la Procuraduría. Que fueron Rafael Cano, Julieta Tajeada, Faride Rodríguez, Jean Alain Rodríguez, y un profesor español ligado al tema legal.
“¿Cuál era la agenda oculta?. Yo puedo afirmar categóricamente que en ocasiones observé flujo de información que parecía propaganda y entraban en conflicto con ese proceso”, indicó.
Prosiguió que “le advertí que si ellos estaban haciendo algo al margen de los institucional iba a entrar en conflicto con mi trabajo y el diagnóstico. De que pudiera haber una expectativa política yo tenía mi sospecha”.
AFIRMA QUE JEAN ALAIN USÓ CASO ODEBRECHT PARA PROYECTAR SU FIGURA POLÍTICA
Además, Miguel José Moya, quien guarda prisión domiciliaria por el caso Medusa, reveló que Jean Alain quiso sacar provecho político con el caso Odebrecht.
“Me parece que a este señor (Jean Alain) alguien lo convenció de aprovechar ese escenario para construir un capital político. Eso es muy común en México, en Brasil, en Argentina, en Perú, exacto. Digo que alguien lo convenció, porque no creo que un dominicano y me excluyo, pueda recomendar algo así, quedándose a vivir en el país, porque un asesor internacional se va y no le importa las consecuencias. Nunca he pensado en irme del país”, narró.
Hizo la afirmación para asegurar que nunca fue asesor personal de Jean Alain Rodríguez. “Yo nunca he sido asesor de ninguna persona, mi compromiso era institucional. Mi obligación estaba enfocada en dos áreas, crisis clima laboral y una crisis externa”.
Prosiguió en que “la forma en la que intentaron convertir el caso Odebrecht en una herramienta política le salió mal. Y al salirle mal le había generado a lo interno una situación que creaba, incluso, un sentimiento de vergüenza. La gente se sentía avergonzada de quien estaba dirigiendo la institución”. Indicó que a raíz de esa situación lo contrataron para manejar esa crisis.
Además, negó que hay sido parte del proceso de grabación de los apresamientos a los implicados en el caso Odebrecht, y sugirió que eso era un estilo mexicano. Dejó establecido que fue contratado por la Procuraduría en febrero del 2018, fecha en la cual ya el proceso de Odebrecht estaba iniciado.
Nacionales
Defensa de sargento enviada a prisión por muerte de su hija llama a abordar la salud mental con empatía
Santo Domingo, R.D.-El 20 por ciento de la poblacion en la República Dominicana padece algún tipo de trastorno emocional o psiquiátrico, cuyo ejemplo al respecto es el caso de la sargento mayor de la Policía Nacional, Glenny Tellería Alberto, quien desde el año 2022 padece de depresión y otros padecimientos psiquiátricos.
Así lo manifestó el jurista Jean Carlos Martínez, abogado de la sargento mayor enviada a prisión al pabellón psiquiátrico del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
El abogado indicó que su representada se encontraba en tratamiento bajo el cuidado permanente y la supervisión de su familia. Sin embargo, desafortunadamente ocurrió la tragedia en la que resultó muerta la menor de 10 años de edad.
“En el caso de nuestra representada, estaba bajo cuidado médico y en el seno de su familia. Con este lamentable hecho que ha ocurrido, lo que queremos es que el tema se enfoque de una manera humana, sin morbo. Lo que hay es un dolor grande en una familia y en el seno de la sociedad”, afirmó el togado.
Medida de coerción a la sargento de la Policía
El hecho ocurrió en el sector Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste.
La magistrada ordenó que la imputada cumpla la medida en el pabellón de psiquiatría de Najayo Mujeres, luego de que el Ministerio Público le imputara el delito de homicidio voluntario.
La decisión se sustentó, entre otros elementos, en un examen médico que establece que la imputada padece esquizofrenia. Además, familiares de la imputada manifestaron que fue diagnosticada con esa enfermedad hace aproximadamente dos años, según consta en la solicitud de medida de coerción presentada por el órgano persecutor.
En la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, establece que el pasado 18 de julio, alrededor de la 1:30 de la tarde, la imputada, quien ostenta el rango de sargento mayor de la Policía Nacional, tomó una pulidora eléctrica de mano dentro de la habitación donde se encontraba su hija de 10 años. Posteriormente, conectó la herramienta, se colocó sobre la menor y presuntamente le ocasionó una herida cortante en el cuello.
En ese momento, el hermano de la imputada, Glenny Telleria Alberto, al escuchar los gritos de la niña, entró a la habitación y encontró a su hermana presuntamente hiriendo a la menor con la pulidora eléctrica. De inmediato, la apartó, cargó a la niña en sus brazos y le reclamó: «¡Glenny, por qué hiciste eso!».
Acto seguido, trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia, donde llegó sin signos vitales. De acuerdo con el acta de levantamiento del cadáver, la causa de la muerte fue una herida cortante en el cuello compatible con una lesión ocasionada por una pulidora eléctrica.
Tras el hecho, la imputada fue trasladada bajo custodia policial al Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas, donde permaneció ingresada hasta este martes. Luego de recibir el alta médica, fue conducida al tribunal, alrededor de las 2:27 de la tarde de este martes, para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción.
La niña falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de esa jurisdicción.
SANTO DOMINGO.– Un incremento su produjo este martes en los precios internacionales del petróleo como consecuencia de las persistentes tensiones geopolíticas en Oriente Medio y los riesgos para el suministro mundial de crudo, un escenario que mantiene bajo presión a economías altamente dependientes de las importaciones energéticas, como la República Dominicana.
En la jornada, el barril de West Texas Intermediate (WTI) se cotizó en torno a US$84.34, mientras que el Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, alcanzó US$91.01 por barril, su nivel más alto en varias semanas.
El comportamiento del mercado responde a la incertidumbre generada por la situación en el Mar Rojo y Oriente Medio, donde los riesgos para las rutas de transporte de hidrocarburos han incrementado la volatilidad de los precios. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió que una prolongación de estas tensiones podría afectar el suministro global y provocar nuevas alzas del crudo.
Para la República Dominicana, que importa la totalidad del petróleo que consume, el encarecimiento del crudo representa un desafío para la estabilidad de los precios internos de los combustibles, el costo del transporte, la generación eléctrica y la inflación.
En los últimos meses, el Gobierno ha recurrido a subsidios y ajustes focalizados para mitigar el impacto de las variaciones internacionales sobre los consumidores, una política que también incrementa la presión sobre las finanzas públicas cuando los precios del petróleo permanecen elevados.
Analistas consideran que, si el barril de petróleo continúa por encima de los 90 dólares durante un período prolongado, podrían aumentar los costos de producción y distribución de bienes y servicios, afectando el crecimiento económico y el poder adquisitivo de los hogares.
Las autoridades dominicanas mantienen un seguimiento permanente de la evolución del mercado energético internacional para evaluar su impacto sobre la economía nacional y definir las medidas necesarias para reducir los efectos de la volatilidad en los precios de los combustibles.
of-am
Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva impuso el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste contra la sargento mayor Glenny Tellería Alberto, acusada de causarle la muerte a su hija de 10 años con una pulidora eléctrica, en un hecho ocurrido el pasado sábado 18 de julio en el sector Batey Bienvenido, Manoguayabo.
La jueza Cecilia Toribio dispuso que la imputada cumpla la medida en el área de psiquiatría del Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo-Mujeres, en San Cristóbal, con el fin de que reciba atención médica especializada.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal acogiera la solicitud de los fiscales de la Unidad de Procesamiento de Casos y de Delitos contra las Personas de Santo Domingo Oeste, quienes pidieron prisión preventiva como medida de coerción.
El abogado de la defensa, Yan Carlos Martínez, informó que su representada recibía tratamiento psiquiátrico y supervisión familiar desde 2022, y que se encontraba bajo medicación al momento del hecho.
El defensor pidió comprensión ante lo que calificó como una tragedia familiar y social, y llamó a la ciudadanía a prestar mayor atención a la salud mental.
Valoró además que el tribunal haya dispuesto que la mujer permanezca en un centro con atención médica especializada durante el proceso.
El hermano de la acusada, Tony Alexander Eusebio Rodríguez Alberto, quien presenció parte de los hechos, relató que al escuchar gritos entró a la habitación y encontró a la mujer sobre la cama agrediendo a la niña, por lo que intervino y trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia de Manoguayabo, donde fue recibida sin signos vitales.
Agentes de la Policía Nacional arrestaron posteriormente a la mujer en flagrancia, mientras que el Ministerio Público calificó provisionalmente el hecho como una violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano.
Entre las pruebas recolectadas por la Policía Científica figuran la pulidora eléctrica utilizada, el acta de levantamiento de cadáver emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y testimonios de familiares y agentes actuantes.