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Penas de sólo dos años tendrían Imputados en estafas inmobiliarias.
Santo Domingo, R.D.-Con penas correccionales de seis meses a dos años de prisión y multa de veinte a doscientos pesos castiga el Código Penal dominicano, vigente desde hace más de 140 años, la estafa inmobiliaria que se conoce actualmente en los tribunales nacionales, las cuales son comunes en el pais.
Los encartados en los últimos importantes casos por engañar con la falsa promesa de ventas de bienes inmuebles también afrontan la acusación de lavado de activos, que para algunos expertos en Derecho es difícil de perseguir y de demostrar por el Ministerio Público, pero que, de ser probado, agravaría la pena, porque contempla hasta veinte años de cárcel.
La estafa es uno de los delitos que los fallidos proyectos de leyes de modificación al Código Penal incluyen aumentarle la pena y en los que la sociedad dominicana no ha logrado ponerse de acuerdo en más de treinta años de discusión en el Congreso Nacional. Es por eso que, en diciembre, el presidente Luis Abinader agregó en su proyecto de ley sobre persecución y judicialización de las organizaciones criminales, agravar el castigo actual a la estafa con hasta diez años de cárcel. La pieza no ha vuelto a mencionarse desde entonces.
El abogado Robinson Reyes dijo que hay que aumentar el peso de la ley al delito del timo a fin de disuadir a quienes incurren en él. De hecho, Reyes se fue más lejos y consideró pocos los diez años que propone el mandatario. Entiende que quienes estafen a menores de 18 años y a envejecientes, que muchas veces todos sus ahorros lo incluyen en la compra de una vivienda que al final no existe, deben ser severamente castigado por la ley. De la misma manera se expresó el también abogado José Alberto Ortiz, porque, «dos años es una pena que no desincentiva el delito«. Sin embargo, dice que hay que terminar con los «retazos» que se le hacen al Código Penal.
Por la deuda de un actualizado Código Penal, el país ha aprobado leyes especiales para endurecer las penas de crímenes como el homicidio y el terrorismo. Por ejemplo, la Ley 631-16 de Armas, contempla 40 años en los casos de homicidios en los que se utilizan armas ilegales; así como la Ley 267-08, de terrorismo, que igualmente establece sanciones de 40 años por ese crimen. En el Código Penal vigente, que data de 1884, la pena máxima es de 30 años. Reyes dijo que la estafa agravada con la vieja ley llega a un máximo de cinco años cuando se falsifican documentos públicos y cuando las víctimas son personas envejecientes u otras personas de cierta vulnerabilidad.
Capturada a «un paso» de Venezuela
La señalada como líder de la red que estafó con 18 millones de dólares a al menos 122 personas con la supuesta venta de lujosos proyectos inmobiliarios en la región este del país, fue arrestada en Colombia, próximo a la zona fronteriza con Venezuela.
Según informó la Procuraduría General, el arresto de Loany Lismeiry Ortiz Nova se ejecutó en la ciudad de San José de Cúcuta, Santander, en Colombia, nación a la que llegó el 13 de noviembre.
«Presuntamente retornaría al país el 19 de noviembre de 2024, sin embargo, para evadir el proceso penal en su contra, no regresó a territorio dominicano». Se solicitará su extradición.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.