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Fueron ocho los proyectos inmobiliarios utilizados para la comisión de fraudes.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público ofreció detalles en su solicitud de medida de coerción sobre los fraudes cometidos por la red Operación Nido que se dedicaba a la comisión de una series de engaños inmobiliarios en contra de familias dominicanas del país y del exterior.
Los montos de los precios acordados como pagos a las víctimas oscilaban, para los locales comerciales, desde los 90,000 dólares (aproximadamente 5.2 millones de pesos); y los apartamentos desde 120,000 dólares (aproximadamente 6.9 millones de pesos), US$130,000 (aproximadamente 7.5 millones de pesos) y 175,000 dólares (aproximadamente 10 millones de pesos).
Tres proyectos fueron los que captaron más la atención de las víctimas, entre ellos Proyecto Residencial Riviera Tower, Proyecto Condo-Hotel y proyecto Residencial Riviera del Este donde más de 85 personas pagaron para adquirir los inmuebles.
Además, pagaban cuotas mensuales desde la suma de 730 y 3,000 dólares, de acuerdo con el Ministerio Publico.
Esos inmuebles reciben el nombre de Proyecto Residencial Ruth 01 o Ruth Tower, Proyecto Residencial Riviera del Este, Proyecto Condo-Hotel, Proyecto Plaza Comercial Riviera Placer Center.
Asimismo, también el Proyecto Esperilla 81, Proyecto Riviera Park Center, el Proyecto Residencial Distrito del Este, Proyecto Residencial Riviera Habitacional de Apartamentos Riviera Tower.
Así lo cita el documento con 408 páginas elaboradas por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
PROYECTO RESIDENCIAL RIVIERA DEL ESTE.
Desde 2021 más de 30 personas han pagado para adquirir un apartamento en el Proyecto Residencial Riviera del Este ubicado en el sector San Souci, Avenida España.
Uno de los que pagó fue Wilfredo Chireno González, quien en fecha 14 de diciembre de 2021 formalizó un contrato de promesa de compra y venta con la Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos (Indisarq), para adquirir el apartamento debía pagar 175,000 dólares y hasta la fecha de las investigaciones ha pagado 27,000 dólares, equivalente a más de un millón de pesos dominicanos.
Miriam Rafaela Ovalles y Hegel Espinal el 1 de enero de 2022 acordaron adquirir el apartamento para el que deberían pagar 130,000 dólares y hasta la fecha han pagado la suma de 39,000 dólares, según los recibos a los que tuvo acceso el Ministerio Público.
También fue el caso de Ruth Esther Guillermo, quien el 11 de enero de 2021 acordó un apartamento de 130,000 dólares y hasta la fecha según recibos ha pagado la suma de RD$343,500.
Este fue el proyecto ubicado en el sector San Souci, Avenida España, donde al menos 45 personas pagaron para obtener un apartamento con el monto de más de 130,000 dólares, que equivale a más de 6 millones de pesos dominicanos.
En los años 2020 y 2021 Eugenio Salvador en fecha 13 de junio, según el Ministerio Público, formalizó contratos para adquirir dos inmuebles uno con el costo de 130,000 y otro de 120,000 dólares y hasta la fecha conforme a recibos ha pagado por los dos apartamentos 62,542 dólares equivalente a la suma de más de 2 millones de pesos dominicanos.
Mientras que Stanley Joseph Austin el 15 de agosto de 2023 para adquirir un apartamento debió pagar el monto de 185,000 dólares y hasta la fecha ha pagado US$21,600.00.
PROYECTO CONDO-HOTEL, DENOMINADO RIVIERA GARDEN SUITES
En este proyecto inmobiliario ubicado en Avenida España alrededor de 25 personas han sido estafadas con la compra de apartamentos que va desde 131,000 hasta más de 175,000 dólares, que son 7 a 10 millones de pesos dominicanos.
Hasta la fecha desde el 23 de marzo del 2022, José Antonio Pérez ha pagado 50,350 dólares según recibos, faltándole menos de la mitad para completar su pago de un apartamento de 90,000 dólares.
En ese mismo mes pero de 2023, Luis Emilio Rodríguez formalizó el contrato para pagar 140,000 dólares y hasta la fecha ha pagado 19,598 dólares.
PROYECTO PLAZA COMERCIAL, DENOMINADO RIVIERA PLACE CENTER
En este proyecto ubicado en la Avenida España, Luis Alberto Ortiz formalizó contrato por US$95,000 y hasta el momento ha superando los 3 millones de pesos dominicanos.
Aldesa Mercedes Hernández para adquirir el inmueble debía pagar US$95,000.00 y hasta la fecha ha pagado RD$278,500 y 14,780 dólares.
PROYECTO RESIDENCIAL RUTH 01
En este Proyecto ubicado en el sector Isabelita, calle 6, número 23, Santo Domingo Este, más de 5 personas pagaron para obtener sus inmuebles.
El 25 de agosto del 2020, Benito Sánchez, formalizó contrato de RD$4, 200,000.00 y hasta la fecha, conforme a recibos ha pagado RD$776,000.00 para adquirir su apartamento en el proyecto Residencial Ruth 01.
PROYECTO ESPERILLA 81
En este ubicado en el Distrito Nacional, igualmente, Altagracia Lantigua, el 14 de agosto de 2023, para comprar su apartamento debió pagar 255, 000 dólares y hasta la fecha ha pagado el monto de 25,500 dólares siendo la única que ha depositado dinero en este proyecto.
PROYECTO RIVIERA PARK CENTER
José Antonio Pérez, desde el 28 de abril de 2021 y hasta la fecha ha pagado 50,350 dólares, para un apartamento ubicado en la Avenida España que cuesta 88,000 dólares.
PROYECTO DISTRITO ESTE
De igual forma, en el inmueble ubicado en Santo Domingo Este, Mónica Toribio y José Luis Martínez según el Ministerio Público el 26 de febrero del 2022 hasta la fecha han pagado 30,000 dólares para adquirir un apartamento debían pagar US$290,000.
Todo este dinero era depositado en dólares a una Cuenta Corriente del Banco Popular Dominicano a nombre de CRD Equipos Pesados SRL.
Al grupo que integra esta presunta red encabezada por el ingeniero Emmanuel Rivera Ledesma y otros seis imputados, se les acusa de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.
La audiencia se desarrolla en el Cuarto Tribunal Colegiado del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.