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Fueron ocho los proyectos inmobiliarios utilizados para la comisión de fraudes.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público ofreció detalles en su solicitud de medida de coerción sobre los fraudes cometidos por la red Operación Nido que se dedicaba a la comisión de una series de engaños inmobiliarios en contra de familias dominicanas del país y del exterior.
Los montos de los precios acordados como pagos a las víctimas oscilaban, para los locales comerciales, desde los 90,000 dólares (aproximadamente 5.2 millones de pesos); y los apartamentos desde 120,000 dólares (aproximadamente 6.9 millones de pesos), US$130,000 (aproximadamente 7.5 millones de pesos) y 175,000 dólares (aproximadamente 10 millones de pesos).
Tres proyectos fueron los que captaron más la atención de las víctimas, entre ellos Proyecto Residencial Riviera Tower, Proyecto Condo-Hotel y proyecto Residencial Riviera del Este donde más de 85 personas pagaron para adquirir los inmuebles.
Además, pagaban cuotas mensuales desde la suma de 730 y 3,000 dólares, de acuerdo con el Ministerio Publico.
Esos inmuebles reciben el nombre de Proyecto Residencial Ruth 01 o Ruth Tower, Proyecto Residencial Riviera del Este, Proyecto Condo-Hotel, Proyecto Plaza Comercial Riviera Placer Center.
Asimismo, también el Proyecto Esperilla 81, Proyecto Riviera Park Center, el Proyecto Residencial Distrito del Este, Proyecto Residencial Riviera Habitacional de Apartamentos Riviera Tower.
Así lo cita el documento con 408 páginas elaboradas por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
PROYECTO RESIDENCIAL RIVIERA DEL ESTE.
Desde 2021 más de 30 personas han pagado para adquirir un apartamento en el Proyecto Residencial Riviera del Este ubicado en el sector San Souci, Avenida España.
Uno de los que pagó fue Wilfredo Chireno González, quien en fecha 14 de diciembre de 2021 formalizó un contrato de promesa de compra y venta con la Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos (Indisarq), para adquirir el apartamento debía pagar 175,000 dólares y hasta la fecha de las investigaciones ha pagado 27,000 dólares, equivalente a más de un millón de pesos dominicanos.
Miriam Rafaela Ovalles y Hegel Espinal el 1 de enero de 2022 acordaron adquirir el apartamento para el que deberían pagar 130,000 dólares y hasta la fecha han pagado la suma de 39,000 dólares, según los recibos a los que tuvo acceso el Ministerio Público.
También fue el caso de Ruth Esther Guillermo, quien el 11 de enero de 2021 acordó un apartamento de 130,000 dólares y hasta la fecha según recibos ha pagado la suma de RD$343,500.
Este fue el proyecto ubicado en el sector San Souci, Avenida España, donde al menos 45 personas pagaron para obtener un apartamento con el monto de más de 130,000 dólares, que equivale a más de 6 millones de pesos dominicanos.
En los años 2020 y 2021 Eugenio Salvador en fecha 13 de junio, según el Ministerio Público, formalizó contratos para adquirir dos inmuebles uno con el costo de 130,000 y otro de 120,000 dólares y hasta la fecha conforme a recibos ha pagado por los dos apartamentos 62,542 dólares equivalente a la suma de más de 2 millones de pesos dominicanos.
Mientras que Stanley Joseph Austin el 15 de agosto de 2023 para adquirir un apartamento debió pagar el monto de 185,000 dólares y hasta la fecha ha pagado US$21,600.00.
PROYECTO CONDO-HOTEL, DENOMINADO RIVIERA GARDEN SUITES
En este proyecto inmobiliario ubicado en Avenida España alrededor de 25 personas han sido estafadas con la compra de apartamentos que va desde 131,000 hasta más de 175,000 dólares, que son 7 a 10 millones de pesos dominicanos.
Hasta la fecha desde el 23 de marzo del 2022, José Antonio Pérez ha pagado 50,350 dólares según recibos, faltándole menos de la mitad para completar su pago de un apartamento de 90,000 dólares.
En ese mismo mes pero de 2023, Luis Emilio Rodríguez formalizó el contrato para pagar 140,000 dólares y hasta la fecha ha pagado 19,598 dólares.
PROYECTO PLAZA COMERCIAL, DENOMINADO RIVIERA PLACE CENTER
En este proyecto ubicado en la Avenida España, Luis Alberto Ortiz formalizó contrato por US$95,000 y hasta el momento ha superando los 3 millones de pesos dominicanos.
Aldesa Mercedes Hernández para adquirir el inmueble debía pagar US$95,000.00 y hasta la fecha ha pagado RD$278,500 y 14,780 dólares.
PROYECTO RESIDENCIAL RUTH 01
En este Proyecto ubicado en el sector Isabelita, calle 6, número 23, Santo Domingo Este, más de 5 personas pagaron para obtener sus inmuebles.
El 25 de agosto del 2020, Benito Sánchez, formalizó contrato de RD$4, 200,000.00 y hasta la fecha, conforme a recibos ha pagado RD$776,000.00 para adquirir su apartamento en el proyecto Residencial Ruth 01.
PROYECTO ESPERILLA 81
En este ubicado en el Distrito Nacional, igualmente, Altagracia Lantigua, el 14 de agosto de 2023, para comprar su apartamento debió pagar 255, 000 dólares y hasta la fecha ha pagado el monto de 25,500 dólares siendo la única que ha depositado dinero en este proyecto.
PROYECTO RIVIERA PARK CENTER
José Antonio Pérez, desde el 28 de abril de 2021 y hasta la fecha ha pagado 50,350 dólares, para un apartamento ubicado en la Avenida España que cuesta 88,000 dólares.
PROYECTO DISTRITO ESTE
De igual forma, en el inmueble ubicado en Santo Domingo Este, Mónica Toribio y José Luis Martínez según el Ministerio Público el 26 de febrero del 2022 hasta la fecha han pagado 30,000 dólares para adquirir un apartamento debían pagar US$290,000.
Todo este dinero era depositado en dólares a una Cuenta Corriente del Banco Popular Dominicano a nombre de CRD Equipos Pesados SRL.
Al grupo que integra esta presunta red encabezada por el ingeniero Emmanuel Rivera Ledesma y otros seis imputados, se les acusa de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.
La audiencia se desarrolla en el Cuarto Tribunal Colegiado del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
SANTO DOMINGO.- Parte de los imputados en el sonado caso SENASA han admitido ante el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional su participación en una supuesta trama para desfalcar a esa institución con miles de millones de pesos.
Durante la primera audiencia de medida de coerción, los acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo señalaron a Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de la institución, como el cabecilla del presunto entramado, lo que complica la situación legal del exfuncionario.
El abogado Martín Rubiera, representante de otra imputada, confirmó que “ellos han manifestado todos lo mismo: que entregaron valores, dinero, a favor de él en este entramado. De 3-3 tiene él en contra hasta el momento, tres imputados que han confesado parte de la acusación y han manifestado una participación en la que afecta bastantemente a Hazim”.
De su lado, Surun Hernández, abogado de Read Estrella, dijo su defendido declaró ante el tribunal haber entregado mil millones de pesos a Hazim.
Según el Ministerio Público, desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, Read Estrella recibió pagos que ascienden a más de RD$7,110 millones por contratos y adendas con SENASA.
Surun Hernández calificó el entramado como un “hecho de lesa humanidad cruel” y aseguró que el proceso cuenta con “abundancia de elementos probatorios, como pagos, transferencias y actuaciones de lavado de activos debidamente comprobadas».
ABOGADOS DE HAZIM SOLICITAN HABLAR DE ULTIMO
Tras los señalamientos directos que vinculan a Hazim con la recepción de sobornos, uno de sus abogados dijo que la defensa solicitó hablar de último ante el juez.
“La defensa del doctor Hazim pidió que fuera de último porque las imputadas dicen que a través de un señor apodado ‘el gordo’ eran que recibían sobornos,” declaró el abogado Marcos Valentín Contreras, uno de los abogados del exfuncionario.
Durante la audiencia, el Ministerio Público identificó a José Pablo Ortiz Giráldez (el Gordo) como la “mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a las empresas contratistas de SeNaSa.
HAZIM TENDRA SU TURNO ESTE VIERNES
Hazim tendrá este viernes su turno para defenderse ante el tribunal.
«Nosotros vamos a demostrar que el testigo estrella de la fiscalía es una persona dedicada a la corrupción, perdonado en otro expediente e involucrada en este caso, y eso obviamente tendremos que discutirlo», manifestó Miguel Valerio, otro de los abogados del exfuncionario.
Dijo que se demostró ante el tribunal que su cliente no guarda ninguna relación con Rafael Domínguez Hazim, otro de los implicados.
«A los empresarios los extorsionaron, pero ellos continuaron trabajando con Senasa. Esa es la extorsión más rara, porque al que extorsionan tienen que parar inmediatamente el trabajo, porque el trabajo no se paró nunca; incluso, el señor Hazim canceló ese contrato. Lo que nadie puede decir ahí es que el señor Hazim recibió ningún pago indebido», declaró.
jt-am
Santo Domingo, R.D.-La esposa del movimiento Ola, que apoyo durante la campaña electoral a Luis Abinader, Heidi Mariela Pineda Perdomo, ha sido vinculada al caso SENASA, aunque el Ministerio Público establece que la persona que controlaba la empresa Flavorheart Food Parts S.R.L era Manuel Enrique Ovalle Tapia, “conocido dentro de la organización por su activa participación y aportes económicos.
El órgano persecutor sostiene que a través de esta empresa Ovalle Tapia compró un reloj marca Rolex Daytona, valorado en USD$83,000.00, destinado al imputado Santiago Hazim.
Su esposa, Heidi Mariela Pineda Perdomo, admitió la noche del jueves su participación en los hechos que la acusa el Ministerio Público y pasó directamente a colaborar con las autoridades en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En el expediente de solicitud de medida de coerción a los implicados en este caso, se dice que su programa fue incorporado, a través del programa “Senasa Cuida de Ti”, en el que se le ofrecería complementos nutricionales para niños de 5 a 15 años y adultos en edad de 35 a 64 años.
Este programa “Nutrisalud” tenía un alcance de 55,741 afiliados del Régimen Subsidiado, con un costo por servicio al afiliado de RD$1,495.00. El mismo terminó ofreciendo servicios, supuestamente, a un total de 350,545 afiliados de diferentes regímenes.
El Ministerio Público establece que la empresa firmó el contrato con Senasa el 22 de julio de 2021. Este se firmó bajo la prestación farmacéutica para los servicios de emergencia, atención primaria. Esta empresa no contaba con licencia de servicio de consultoría de primer nivel de atención, además de que recibió del Ministerio de Salud Pública el “Certificado De Registro de Distribuidora”, un mes antes de la firma con Senasa.
De acuerdo al expediente a Falvorheart Food Parts S.R.L., se le pagó un monto aproximado de RD$1,606,924,076.95.
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), indicó en sus informes que el producto nutricional suministrado era importado desde Europa, sin evidencia completa de registro sanitario nacional y que no existen estudios o evaluaciones que midan los resultados e impacto del programa, lo que impide comprobar su efectividad sobre la salud de los afiliados.
A esta empresa también Senasa le pagó la suma de RD$3,307,577.06, “bajo el concepto de «NO DEFINIDO», lo que sugiere que dichos pagos no fueron vinculados a ningún régimen”.
Santo Domingo, R.D.-Casi diez horas no fueron suficientes para que el juez de Atención Permanente, Rigoberto Sena, pudiera concluir este jueves el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados en la presunta estructura criminal que, según el Ministerio Público, operó en el seguro estatal de salud para desviar fondos públicos, manipular procesos internos y beneficiar económicamente a funcionarios y allegados.
El magistrado recesó la audiencia y convocó para este viernes a las 2:00 de la tarde, cuando continuarán las exposiciones de las defensas y posteriormente la réplica del Ministerio Público.
La directora de Persecución, Mirna Ortiz, reveló que tres imputados (sin revelar sus nombres) admitieron su participación y han colaborado con el Ministerio Público.
Dijo que el monto de los supuestos sobornos pagados asciende a unos 2,000 millones de pesos.
Ortiz, en representación del Ministerio Público, informó que la acusación presentada este jueves incluye más de 138 pruebas documentales, más de 35 testimoniales y diversas pruebas periciales.
Aseguró que existen múltiples razones para que el caso sea declarado complejo. «Una de ellas es la pluralidad de víctimas. Estamos hablando de un seguro de salud que cubre a más de siete millones de dominicanos» señaló.
De su lado, el abogado Miguel Valerio, representante de Santiago Hazim, afirmó que en la audiencia se hicieron «pactos que no consideramos adecuados porque eran personas que, en dado caso, eran coautores o autores de soborno».
Valerio adelantó que este viernes desmontarán la credibilidad de uno de los principales testigos de la Fiscalía.
«Vamos a demostrar que el testigo estrella es una persona dedicada a la corrupción, perdonada en otro expediente, y que eso deberá discutir», dijo.
Agregó que Hazim aclaró en la audiencia que el imputado Martínez Hazim no es su familiar.
«Eso era importante porque se utilizó ese argumento para insinuar que había colocado a un sobrino en la institución, y no existe ningún vínculo familiar», indicó.
La solicitud de medida de coerción describe un supuesto entramado que combinó fraude administrativo, corrupción, falsificación documental y lavado de activos.
Según la investigación, la red fue encabezada por Santiago Hazim durante su gestión al frente del seguro estatal, junto a varios gerentes y colaboradores estratégicos.