Santo Domingo, R.D.-Un proyecto de ley sometido en el Senado de la República el pasado fin de semana modifica el nuevo Código Penal, para quitar a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas como entes exentos de responsabilidad penal.

Si ambas cámaras congresuales aprueban la legislación y esta es promulgada por el Poder Ejecutivo, los partidos, movimientos y agrupaciones políticas podrán ser procesados como personas jurídicas, con el mismo régimen que las empresas, las ONG y demás entidades.

La modificación a la Ley 74-25, orgánica que instituye el Código Penal de la República Dominicana, promulgado el 3 de agosto de 2025, hará posible que los partidos, como institución, sean acusados penalmente por delitos cometidos en su beneficio, tales como lavado de activos, financiamiento ilícito, corrupción, malversación o desvío de fondos, fraude electoral, sobornos, entre otros actos.

El proyecto de ley fue sometido en la Cámara Alta el pasado 5 de diciembre por el senador Antonio Taveras (PRM-Santo Domingo).

La norma legislativa modifica el artículo 13 del nuevo Código Penal, para establecer que el Estado dominicano, el Distrito Nacional, los municipios, las alcaldías, distritos municipales, las juntas de los distritos municipales, los órganos autónomos descentralizados provistos de personalidad jurídica y de derecho público con competencias y prerrogativas públicas y los órganos administrativos habilitados a ejercer potestades públicas, “no estarán regidos por las disposiciones que preceden relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas”. Al sacar a los partidos en dicha disposición, el senador perremeísta los incluye dentro del régimen general de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Justificación

El legislador considera que el excluir a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas del régimen general de responsabilidad penal de las personas jurídicas crearía una brecha normativa “injustificada” y contraria a los principios de igualdad, legalidad y seguridad jurídica, que permitiría que organizaciones con incidencia directa en la conducción de los asuntos públicos puedan evadir responsabilidad penal frente a delitos graves que afectan la integridad democrática y el interés general.

Con esta son dos las iniciativas que buscan modificar la Ley 74-25, la cual entrará en vigencia el 3 de agosto de 2026. La primera propuesta es del diputado Ramón Raposo, del PRD

Pueden ser utilizadas para delinquir

Antonio Taveras explica que debido a la naturaleza jurídica, estructura organizativa, capacidad de movilización social y el acceso que tienen las organizaciones políticas a recursos públicos y privados pueden ser utilizadas, de forma deliberada por falta de controles internos, “como vehículos para la comisión de delitos que trascienden la actividad electoral”, por lo que exige a esas entidades prevención, vigilancia y responsabilidad penal.

Santo Domingo.- El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, fijo para las 2:00 pm la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción que hace el Ministerio Público contra los imputados por los actos de corrupción en SeNaSa.

El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, para los imputados y que el caso sea declarado complejo.

Entre los imputados del caso figuran: Santiago Marcelo F. Hazim Albainy (exdirector de SeNaSa) Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Rafael Martínez Hazim y Heiry Mariela Pinela.

De acuerdo con el expediente, esta estructura actuaba bajo directrices del entonces director ejecutivo, Hazim, con el objetivo de favorecer intereses particulares y garantizar beneficios económicos y políticos a su círculo cercano.

Dentro de esta supuesta red, el consultor jurídico Germán Robles ocupaba una posición determinante. El documento señala que Robles habría intervenido para imponer aprobaciones irregulares de prestadores de servicios, actuando fuera del procedimiento establecido y otorgando ventajas selectivas a terceros vinculados al esquema. Su rol, según la investigación, fue clave para blindar legalmente decisiones previamente acordadas y ejecutadas al margen de la normativa institucional.

Otro señalado es Francisco Iván Minaya, gerente de Salud, quien presuntamente tenía a su cargo la homologación de acuerdos y la dirección de reuniones de un Comité de Contrataciones de Prestadores creado de manera irregular por Hazim Albainy.

La acusación indica que Minaya validaba convenios y habilitaciones pese a informes internos que advertían incumplimientos de requisitos técnicos, legales o de infraestructura por parte de algunos proveedores.

En la misma línea, el expediente menciona al gerente de Atención al Usuario, Roberto Canaán, quien habría utilizado su posición para ejercer presión interna con el propósito de habilitar o ampliar la cartera de prestadores sin la documentación requerida o condiciones reglamentarias. Este patrón, según la acusación, beneficiaba a aliados estratégicos del entramado.

Finalmente, se señala la participación de Carmen José Velázquez, gerente de Afiliación, acusada de validar y firmar de manera recurrente actas que contenían decisiones previamente definidas por la supuesta estructura. Su papel habría sido asegurar la formalización administrativa de maniobras coordinadas internamente.

Las autoridades sostienen que estos funcionarios no actuaban a favor del interés público ni conforme a la Constitución ni a la normativa vigente, incluyendo la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y la Ley 87-01 sobre Seguridad Social. Por el contrario, habrían operado como ejecutores de un esquema organizado de corrupción que utilizó recursos estatales para fines particulares y políticos, en perjuicio del patrimonio público y del sistema de salud nacional.

Santo Domingo, R.D.-El Juzgado de Atención Permanece del Distrito Nacional conocerá esta tarde la solicitud de medida de coerción contra los imputados en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), donde figura su exdirector Santiago Hazim.

El tribunal fijó la audiencia para las 2:00 de la tarde, luego de que el Ministerio Público depositara la medida, en la que solicita la imposición de 18 meses de prisión preventiva, contra diez personas arrestadas en el marco de la investigación por el presunto desfalco en Senasa. El juez Rigoberto Sena conocerá la audiencia.

Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa, encabeza el grupo de imputados que integran, además, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Mariela Pineda Perdomo.

El Ministerio Público, a través de los fiscales Rosa García, Enmanuel Ramírez, Héctor García, Yudelka Holguín, Aurelio Valdez, Alexis Piña y Ernesto Guzmán, tambien pidió que el caso sea declarado complejo.

El fiscal Héctor García adelantó que los imputados afectaron al Senasa con al menos 15 mil millones de pesos.

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), que encabezan el procurador adjunto Wilson Camacho, y la procuradora de corte Mirna Ortiz, están a cargo de las investigaciones que siguen en proceso.

Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.