Nacionales
Incendio consume ferretería y varias habitaciones en el mercado público
JOSÉ ANTONIO PÉREZ GÓMEZ, JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD, DIJO QUE CONFRONTARON ALGUNAS DIFICULTADES
Barahona.-Una ferretería y una hilera de cuatro habitaciones, habitado por 8 familias haitianas, en el sector de La Fortaleza Vieja, del mercado público de este municipio, resultaron reducidas a cenizas al producirse un incendio a las 10: 40 minutos de la mañana de este domingo.
Informaciones obtenidas dan cuenta que el fuego se inició en una de las habitaciones ocupadas por las familias de origen haitiano, extendiéndose hasta el negocio de ferretería y los demás cuartos de habitación.
El jefe de los bomberos, José Antonio –Chaguito- Pérez Gómez, dijo que el fuego pudo ser contralado, gracias al esfuerzo de esa institución, la colaboración de los ciudadanos y de las propias familias afectadas, así como de los viven en el sector de La Fortaleza Vieja.
El propietario de la ferretería “La Nueva”, Samuel Terrero, consumida parcialmente, aunque su dueño dijo en exclusiva que los productos fueron consumidos por las llamas casi en su totalidad.
Las familias haitianas que habitaban las hileras de los barracones quemados fueron identificadas como Soni Agustín, Manú, Yadita, junior, pero no pudieron ser obtenidos los nombres de otras cuatro familias que habitaban los cuatro compartimientos, convertidas en 8 cuartos, ocupadas por igual número de familias.
Al principio se informó que una niña de nacionalidad haitiana había muerto en el incendio que se produjo, supuestamente en uno de los cuartos, pero esa información fue descartada por el jefe de los bomberos.
Pérdidas
Familias afectadas, así como el propietario del negocio de ferretería consultados por este reportero en medio de la confusión generada por el incendio, dijeron que las pérdidas producto del fuego son millonarias.
Samuel Terrero, quien afanosamente ayudaba a los bomberos a controlar el fuego, se movía de un lado a otro con una escopeta para evitar robos en su negocio, dijo que él tuvo pérdidas cuantiosas solo en mercancía, pero informó que será mañana cuando haga las evaluaciones correspondientes para determinar de cuánto son las mismas (pérdidas).
“Solo en mercancía podríamos estar hablando de entre 8 a 9 millones en pérdidas, pero será mañana cuando hagamos una estimación real de la misma”, dijo Terrero, con evidente preocupación mientras ayudaba a los bomberos y voluntarios que se ofrecieron a colaborar para controlar el siniestro.
El trabajo de los bomberos
Muchos cuestionaron el trabajo de los bomberos, los cuales se emplearon a fondo para controlar las llamas y evitar, como en efecto lograron, que las mismas se extendieran a otros negocios, así como a otras viviendas del sector de La Fortaleza Vieja.
José Antonio Pérez Gómez, jefe del cuerpo de bomberos de esta ciudad, dijo que confrontaron algunas dificultades, pero todo fue resuelto, por lo que los bomberos pudieron controlar las llamas que, agradeció no dejó pérdidas de vidas humanas.
Dijo que el alcalde que está en Punta Cana, en un congreso del Federación Dominicana de Municipios, fue llamado de inmediato para ponerlo al tanto de la situación quien, a su vez, llamó al regidor Benny Rodríguez para que asumiera la situación e hiciera lo que se requiriera.
Origen del fuego
Al lugar se presentaron decenas de personas que impedían el trabajo de los bomberos, la Cruz Roja, Defensa Civil, por lo que la Policía Nacional al mando de teniente coronel Alcántara y miembros de la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET), trataban de impedir que las personas penetraran hasta el lugar de trabajo de los organismos de rescate.
Pérez Gómez, dijo que hasta el momento se desconoce el origen del fuego, sin embargo, afirmó que la unidad responsable del Cuerpo de Bomberos responsable de evaluar cuando hay situaciones de esta índole iniciará las evaluaciones de lugar para determinar las reales causas del incendio.
Asimismo, dijo que el fuego, que duró unas dos horas y media, no fue controlado más a tiempo, debido a que se trataba de un lugar cerrado (centro ferretero), ubicado en un segundo nivel que dificultaba el trabajo de los bomberos.
Cuestionamiento
Una unidad de os bomberos presentó una dificultad, por lo que decenas de personas que observaban las llamas y se exponían al peligro comenzaron a cuestionar a los bomberos, llegando algunos a vocear para que quemarán el camión.
Se informó que la unidad que presentó dificultades no es propiamente de los bomberos, sino de un pequeño camión usado por la alcaldía para irrigar matas en la ciudad, por lo que el propietario de la empresa independiente Otto Agua, se integró a colaborar.
En medio de la confusión
En medio del fuego y del interés de los brigadistas por controlarlo, en medio de confusión un hombre salvó la vida de milagros cuando intentó robarse un objeto de la ferretería, por lo que amigos y parientes le propinaron golpes.
No hubo una desgracia por la intervención de miembros de la Policía Nacional, quienes estaban en el lugar evitando que el hombre, quien aparentemente estaba borracho, sea linchado por las personas.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.