Análisis Noticiosos
Incentivos al desarrollo fronterizo generan disputa
Por Víctor Mateo
En los últimos días se ha generado un debate respecto a la Ley No. 28-01, mediante la cual se crea la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, que reúne las provincias de Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco. Las complicaciones surgen en el sentido de que diversos sectores empresariales requieren la revisión de la indicada ley bajo el entendido de que perjudica a miles de empresas que cumplen puntualmente con los pagos de impuestos y generan más de 400 mil empleos.
Para la presidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), se hace necesario que en el menor tiempo posible el Gobierno envíe al Congreso Nacional las modificaciones que se harían a la Ley No. 28-01, ya que la misma tiene una serie de aspectos que van en detrimento del sector empresarial. La licenciada Ligia Bonetti sostiene que la misma desvirtúa el objetivo de la Estrategia Nacional de Desarrollo en cuanto a la racionalización de los incentivos fiscales y la minimización de los efectos negativos de estos en la recaudación.
El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Manuel Diez Cabral, la vicepresidenta de la AIRD, Circe Almanzar, el presidente la Organización Nacional de Empresarios (ONE), el licenciado Antonio Ramos y Julio Virgilio Brache, ejecutivo del Grupo Rica y presidente de la Cámara Americana de Comercio, entre otros dirigentes empresariales, han expresado su apoyo a las declaraciones de la licenciada Bonetti. Consideran, igualmente, que la revisión y posterior modificación de la norma deberá realizarse a más tardar en 60 días, ya que –según expresan– la aplicación de la misma exhibe pocos logros. Califican esta ley como discriminatoria y discrecional y enfatizan que el Estado dominicano obtendría mejores resultados si invirtiera los cientos de millones de pesos que ha dejado de percibir por exenciones fiscales en el desarrollo de programas sociales en la frontera.
Por su parte, los comerciantes de la zona fronteriza se oponen a las declaraciones antes citadas, pues de acuerdo con datos arrojados por el Gobierno, entienden que los empresarios radicados en las grandes urbes reciben cada año más de 3,000 millones de dólares por concepto de exoneraciones e incentivos, mientras que ellos solo recibe unos 30 millones por el mismo concepto. Erickson Taveras, quien funge como vocero de 23 organizaciones y fundaciones fronterizas que defienden la aplicación de la ley, precisó que no se oponen a la modificación sugerida, siempre y cuando sea con fines de fortalecerla.
Asimismo, en un documento rubricado por los obispos de las diócesis de Mao-Montecristi, monseñor Diomedes Espinal; de San Juan de la Maguana, monseñor José Dolores Grullón; y de Barahona, monseñor Rafael Felipe Núñez, y dirigido a la Comisión de Fronteras de la Cámara de Diputados, los firmantes manifiestan su oposición a la reforma del referido texto legal, tal y como lo plantean quienes solicitan su revisión ya que, de llevarse a cabo, significaría la sepultura de siete provincias (Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Baoruco).
En dicho orden, Miguel Cruz, quien se desempeña como director del Consejo de Fronteras, llamó “empresarios de doble moral” a quienes buscan que el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo modifiquen la Ley No. 28-01 y declaró que “a muchos empresarios de los que están pidiendo la derogación de la pieza se les aprobaron proyectos, pero que nunca se han interesado en las provincias de la frontera, porque consideran que los costos operacionales son muy elevados”.
Legisladores opinan al respecto
Es preciso indicar que el legislador por la provincia Baoruco, diputado Rafael Méndez, expresó su desacuerdo con la pretensión de algunos empresarios, pues a su entender si se despoja a esa zona fronteriza de la Ley No. 28-01, esa parte de la nación quedará acéfala y podría ser ocupada por los haitianos.
Por otro lado, el diputado por el Distrito Nacional, Elpidio Báez, solicitó a la comisión que trata el asunto, investigar cuántas empresas se encuentran amparadas por la Ley No. 28-01, puesto que según opina existen empresas instaladas en Santiago y en el Distrito Nacional que reciben los beneficios de la citada legislación.
En ese sentido, Bernardo Alemán, diputado por la provincia de Montecristi, externó que es imposible que empresas que no están instaladas en la zona fronteriza obtengan los beneficios que plantea la norma legal, a menos que exista una mafia entre la Dirección General de Aduanas y esos empresarios.
¿Qué contempla la Ley No. 28-01?
La Ley No. 28-01 persigue dinamizar la zona fronteriza, estimulando la constitución de empresas en dicha zona, a cambio de las exenciones fiscales consignadas desde los artículos 2 hasta al 5 de la mencionada ley, los cuales rezan de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.Las empresas industriales, agroindustriales, agropecuarias, metalmecánica, de zona franca, turísticas, metalúrgicas y energéticas, así como todo tipo de empresas permitidas por las leyes dominicanas, que existen a la fecha de promulgación de la presente ley, y las que se instalen en el futuro dentro de los límites de cualquiera de las provincias señaladas en el artículo uno (1) de esta ley, disfrutarán de las facilidades y exenciones que se indican en el párrafo siguiente.
PÁRRAFO. Las empresas industriales, agroindustriales, agropecuarias, metalmecánica, de zonas francas, turísticas, metalúrgicas y energéticas, y de todo tipo de empresas permitidas por las leyes dominicanas establecidas y que se establezcan en el futuro, que operen dentro de los límites de las provincias de Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco, disfrutarán de una exención de un cien por ciento (100%) del pago de impuestos internos, de aranceles aduaneros sobre materias primas, equipos de maquinarias, así como cualquier tipo de impuesto, durante un período de veinte (20) años. Se les otorga, además, un cincuenta por ciento (50%) en el pago de libertad de tránsito y uso de puertos y aeropuertos.
ARTÍCULO 3. Se fija para las empresas instaladas y a instalarse en las provincias señaladas una reducción del cincuenta por ciento (50%) de cualquier otro impuesto, tasa o contribución vigente a la fecha o que se establezcan en el futuro, mientras estén vigentes los veinte (20) años de las exenciones contempladas en esta ley para las provincias indicadas en el párrafo del artículo dos (2).
ARTÍCULO 4.Salvo las exenciones arancelarias, que serán efectivas desde la promulgación de esta ley, los plazos de las exenciones y facilidades indicadas en el artículo dos (2) que se otorguen, comenzarán a correr desde la fecha en que haya fijado sus instalaciones e iniciado sus operaciones, cada empresa dentro del área de la provincia señalada, y se computarán los períodos completos a cada empresa en la forma que se indica en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 5.Se otorga un plazo de cinco (5) años para que toda empresa que se establezca disfrute del término completo del período de exenciones. A partir del término de cinco (5) años que se indica en este artículo, las nuevas empresas que se establezcan sólo disfrutarán de la parte de período de exención que quede vigente, contando desde el día siguiente del vencimiento de los cinco (5) años a que se refiere este artículo, hasta la fecha en que se venzan dichos plazos a contar de ese día.
El autor es catedrático de la PUCAMAIMA Y APEC
En México, la alerta de las inundaciones recientes llegó “cuando la ola ya estaba encima”, según dijo un testigo. En Haití, el huracán ‘Melissa’ no llegó, pero fue el país del Caribe donde más muertes dejó el potente ciclón. Los desastres se vuelven catástrofes por sistemas que se omiten y presupuestos que se desvían
Podemos hablar del paso de los huracanes y tormentas como si fueran una serie de números y nombres que desfilan: Erin, Gabrielle, Humberto, Imelda, Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa. El último de esta temporada 2025 en el Atlántico, Melissa, dejó al 77% de Jamaica sin electricidad, al menos 28 muertos, más de 25.000 personas en refugios de emergencia; a Haití con 40 fallecidos, decenas de desaparecidos y más de 160 viviendas inundadas; a Cuba con 735.000 personas evacuadas.
Y pensamos en esas personas —las afortunadas— que siguen con vida, pero que perdieron sus hogares y que no tienen dinero para reconstruirlas; que con el tiempo terminarán por reconstruir(se) hasta que el paso de un futuro huracán les vuelva a atravesar por la mitad.
Empezamos, entonces, a asimilar mejor el concepto de “injusticia climática” cuando desciframos estas cifras en el periódico y vemos los encabezados que compiten en grandilocuencia: “el más devastador”, “el más fuerte”, “el más destructivo”. Atravesados como rayo por la palabra cambio climático.
Es más difícil pensar en conceptos y cifras cuando estos se viven en carne propia. Es, también, más difícil tomar distancia de estas tragedias para preguntarse qué convirtió estos desastres en catástrofes humanitarias, crisis de salud pública y económicas. ¿Qué tuvo que acontecer para que esto sucediera?
Quisiera hablar de desastres en un sentido más amplio. En México, hace tan solo unas semanas, lluvias torrenciales en cinco estados provocaron la muerte de al menos 70 personas y otras 70 más siguen desaparecidas. Se estima, también, que hay más de 100.000 viviendas afectadas. Cuando nos preguntamos qué pasó, los sobrevivientes hablan: “La alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
Y entonces, empezamos a entender el tipo de cosas que tienen que acontecer para que lo inevitable suceda.
En su momento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que no se escatimaría en recursos para atender a víctimas y que este año se aprobaron 19.000 millones de pesos mexicanos (unos 1.200 millones de dólares) para la atención de desastres.
Pero la atención no es lo mismo que la prevención. Como no es lo mismo salvar vidas que resarcir daños y enterrar muertos.
Cuando vemos los masivos recortes presupuestales a los sistemas de alerta temprana en México, en beneficio al tren Maya, a PEMEX, entre otros, entendemos por qué, el sistema mexicano de protección civil, que fue único e innovador a nivel global en su momento, sea tan insuficiente hoy en día. Se explica mejor el desmoronamiento de la comunicación de riesgos, la ausencia de convenios de colaboración con las telefonías para que alerten a las poblaciones vulnerables y los fondos de Prevención de Desastres desarticulados.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En junio de este año, la ONU lanzó las alertas en Haití: el 96% de la población estaba en riesgos por desastres y, sin embargo, no existía el financiamiento necesario para activar sistemas de prevención ni material de emergencia post-desastre. Hacía tan solo unos meses, la ONU había decretado que el gobierno no tenía la capacidad de proteger a su población en su entrada a la época más difícil del año, la presente y temible temporada de huracanes. La ONU pedía 908 millones de dólares para apoyar a Haití, a mediados de junio tan solo había logrado reunir el 8%.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En México, como en muchos otros países, la memoria sobre lugares a riesgo se fue gradualmente borrando y la legislación se hizo esquiva: los territorios inundables se volvieron habitables y se convenció a las poblaciones vulnerables de que eran seguros. Se omitieron, también, las estrategias de prevención y adaptación.
Y el problema, después, fue que “la alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
En Haití, el huracán Melissa no llegó. Pero en las últimas décadas, el país fue paulatinamente acabando con sus bosques y zonas húmedas que permitían las infiltraciones al subsuelo, limitando las inundaciones; transformó sus árboles en energía para electricidad y debilitó los territorios que eran barrera a los deslizamientos de terreno. El huracán Melissa no llegó, pero Haití, que tenía ya a 230.000 haitianos en refugios improvisados, sufrió las consecuencias más mortíferas de la región tras su paso.
Las dinámicas territoriales de las últimas décadas y la degradación de los ecosistemas son ese tipo de cosas que tienen que suceder para que lo inevitable acontezca.
Y así, los desastres se vuelven catástrofes por procesos que se construyen, sistemas que se omiten, presupuestos que se desvían, personas cuyas vidas se juzgan poco importantes. Los escenarios son conocidos, las tragedias son previsibles, pero por falta de capacidad, se vuelven imposibles de evitar.
Estos desastres y tragedias ocurren a tan solo una semana de que se lleve a cabo la COP30, el evento climático más importante a nivel global, en donde se decidirá, entre otros temas, las inversiones que tienen que ser destinadas a la adaptación, la ayuda que recibirán los países más vulnerables a los riesgos climáticos y el rol de esos estados insulares que, a pesar de no ser responsables del cambio climático, terminan siendo los más afectados.
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Análisis Noticiosos
Al menos 64 muertos y decenas de detenidos en una megaoperación contra el crimen organizado en Río de Janeiro
El gobernador afirma que “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” y pide ayuda a las Fuerzas Armadas
Sao Paulo.- Río de Janeiro vive este martes una jornada de caos colosal e intensos tiroteos por una operación policial contra el crimen organizado que ya es la más letal de la historia de la ciudad brasileña. Al menos 64 personas han muerto (incluidos cuatro agentes) y 81 han sido detenidas, según datos oficiales. El despliegue de 2.500 policías en esta megaoperación, que se ha centrado inicialmente en dos grandes barriadas cariocas de favelas, pretende frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, el segundo grupo más poderoso del crimen organizado en el país sudamericano. El gobernador del Estado de Río, Claudio Castro, se ha quejado de que “Río está sola en esta guerra”, ha criticado la falta de apoyo del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y ha pedido ayuda a las Fuerzas Armadas.
Río de Janeiro, turística, antigua capital y el hogar de seis millones de vecinos, es simultáneamente una ciudad muy desigual y acostumbrada a la violencia, pero las dosis desplegadas este martes resultan extraordinarias incluso para los locales. El descomunal despliegue policial ha sido respondido con intensos tiroteos por los hombres del Comando Vermelho, que incluso han lanzado granadas desde drones sobre los agentes. Horas después, el grupo criminal ha desplegado a sus miembros, que han cortado avenidas y calles con barricadas por toda la ciudad y por la zona metropolitana.
Las autoridades han elevado el nivel de alerta en Río ciudad y los noticiarios se han llenado de imágenes de avenidas cortadas con autobuses, coches quemados y decenas de hombres sin camiseta a los que los agentes se llevan detenidos. La policía se ha incautado de al menos 75 fusiles.
El baño de sangre en Río se ha producido a las puertas de que Brasil acoja a partir de la semana que viene la cumbre mundial del cambio climático, la COP30, que se celebrará en Belém, en la Amazonia, a más de 3.000 kilómetros de distancia. El presidente Lula será el anfitrión de una cumbre los días 6 y 7.
El principal objetivo de la operación policial es el jefe del Comando Vermelho en una barriada carioca llamada Complexo da Penha, el capo Edgar Alves de Andrade, apodado Doca. Los agentes, que tenían un centenar de órdenes de arresto, también buscan a decenas de sus lugartenientes.
Ya a primera hora de la mañana, las autoridades habían anunciado que los tiroteos entre agentes y criminales obligaron a suspender las clases en 45 colegios y a desviar 12 líneas de autobús. Por la tarde, el CV había logrado cortar el tráfico en al menos una quincena de puntos de la ciudad, incluida la avenida Brasil, una de las principales arterias viarias. “Es un escenario de guerra”, le ha contado la profesora Suellen Gomes al diario Estadão desde el Complexo do Alemão. Según ella, los tiros empezaron al amanecer y nadie fue al colegio. “Ninguna escuela de esta zona abre cuando hay operación”, explica.
Para atrapar a los jefes del negocio, a los contables que les ayudan a blanquear sus ganancias y a los soldados de a pie que con los que mantienen el control absoluto sobre barriadas completas donde dictan la ley, las autoridades han movilizado un despliegue enorme. A los 2.500 agentes de la policía militar y la civil involucrados, se han sumado una treintena de vehículos blindados, dos helicópteros, drones policiales y una docena de vehículos de demolición.
El gobernador Castro, bolsonarista, se ha quejado de que las Fuerzas Armadas rechazaron tres veces sus peticiones para que le enviaran blindados de apoyo. Ha pedido ayuda a los militares con el argumento de que esta “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” sino que está alimentada “por las armas del narcotráfico internacional”.
El secretario de Seguridad Pública Victor Santos, ha destacado que toda la operación se diseñó y se realiza con apoyo del Gobierno federal. Santos ha lamentado el caos para los vecinos y los heridos, pero ha recalcado que esta acción “era necesaria, estaba planificada, se basa en inteligencia y va a continuar”.
El epicentro de la megaoperación son dos enormes conjuntos de favelas donde viven casi 300.000 personas, el Complexo da Penha y el Complexo do Alemão. El primero es, según la fiscalía de combate a las familias criminales de Río, un centro neurálgico de las actividades del Comando Vermelho. El Complexo da Penha, dice una nota del Grupo Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco), “es un punto estratégico para el flujo de drogas y armas, gracias a que está en las proximidades de varias autopistas, y se ha convertido en una de las principales bases del proyecto expansionista del grupo criminal”.
Uno de cada cuatro brasileños, es decir, 50 millones de personas, viven en barrios dominados por el crimen organizado, según un reciente estudio de la Universidad de Cambridge. El Comando Vermelho, el PCC u otros grupos armados, imponen su ley a sus vecinos y, en ocasiones, impide la acción de las autoridades. Los vecinos directamente afectados, que suelen ser pobres, negros y periféricos, se encuentran atrapados entre dos fuegos, abandonados por las autoridades, blanco fácil y presa de las balas perdidas, además de sometidos a extorsión.
En los últimos tiempos los delincuentes han descubierto las bondades del trabajo en remoto. Un fiscal del Estado amazónico de Rondonia explicaba recientemente en el diario O Globo que los jefes de las franquicias del Comando Vermelho por otros estados, sobre todo los fronterizos con otros países, se están refugiando en Río de Janeiro, que hasta este martes eran la principal guarida del grupo. “Se dieron cuenta de que el jefe ya no necesitaba estar en su estado natal. Podía estar protegido en Río y tomar decisiones por videollamada”, explicaba al diario carioca Anderson Batista de Oliveira, jefe del Gaeco en Rondonia. “El capo está en un lugar de difícil acceso para la policía, y la organización protege así a sus principales activos”, añadía.
Hasta ahora la operación más letal de Río era la de la favela de Jacarezinho, en el centro, donde en 2021 murieron 27 personas. La policía de Brasil es considerada una de las que más mata y más muere del mundo. En torno a un 10% de las muertes violentas suelen ser obra de uniformados. La de Río, tanto de la ciudad como del Estado, ha destacado durante años a nivel nacional por su alto. La creciente incorporación de cámaras en los uniformes ha contribuido a reducir las muertes en enfrentamientos a tiros con criminales.
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México.-La historia de Zhi Dong Zhang se parece más a la de un agente doble durante la Guerra Fría que a la de un capo chino del fentanilo. Acusado de mover miles de kilos de droga y de blanquear millones de dólares a través de una organización criminal con tentáculos en medio mundo, Zhi Dong fue detenido en otoño del año pasado en Ciudad de México. Es un objetivo prioritario para Estados Unidos y todo parecía listo para su inminente extradición. Pero este verano escapó y dio comienzo una peripecia por varios países en un desesperado intento por esquivar la justicia estadounidense.
La decisión del juez fue criticada incluso por la presidenta, Claudia Sheinbaum. En plena negociación de un acuerdo de seguridad con EE UU, que tiene al fentanilo como enemigo público número uno, la mandataria salió a defender los avances de su Gobierno en el combate contra el crimen y cargó contra la decisión judicial. “El juez, sin ningún argumento, porque la Fiscalía estuvo peleando y dando todos los argumentos, le da prisión domiciliaria. No debería de haber tenido esa resolución por parte de un juez”. “¿Cómo es posible?”, insistió la mandataria, quien argumentó que su Gobierno ha estado insistiendo “en la corrupción del Poder Judicial”. El mismo juez de la capital que dio la polémica orden de mandar a Zhi Dong a arresto domiciliario hizo lo mismo con el exprocurador general, Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa.
La fuga del narco chino sucedió además en un momento especialmente delicado. Seis días antes, un tribunal federal de Georgia había emitido nuevos cargos contra Zhi Dong. En concreto, le acusan de lavar, solo entre los años 2020 y 2021, al menos 20 millones de dólares en Estados Unidos, a través de una compleja trama de más de 150 empresas fantasma y 170 cuentas bancarias.
Célula mexicana, célula china
El cerco sobre Zhi Dong se estrechó tras la detención reciente de uno de sus operadores, Ruipeng Li, al que le confiscaron cientos de documentos bancarios vinculados con Zhi Dong. Según la denuncia del tribunal de Georgia, a la que ha tenido acceso este diario, Li explicó a las autoridades estadounidenses cómo estaba organizado el negocio criminal. Por un lado, una célula mexicana se encargaba de recolectar el dinero de la venta de droga a los traficantes finales. Por otro, una célula china se dedicaba a recibir ese dinero negro y lavarlo a través de la red de empresas y cuentas bancarias.
La denuncia recoge un listado exhaustivo de los pagos por goteo que se realizan en distintas cuentas y en diferentes Estados: Georgia, California, Illinois, Nueva York, Michigan. Siempre por sumas que no superaban los 100.000 dólares y siempre en entidades solventes como Bank of América, JP Morgan o Wells Fargo. Según la denuncia, porque “esos bancos están acostumbrados a recibir altas sumas de dinero sin hacer demasiadas preguntas”. La mayoría de las transacciones eran a favor de la empresa Mnemosyne International Trading Inc, una de las compañías fachada vinculadas a Zhi Dong.
La investigación de la DEA incluye la intervención de llamadas y mensajes, así como seguimientos a las casas de seguridad donde resguardaban la droga. Zhi Dong utilizaba palabras clave para comunicarse con sus cómplices. “Coffee” significaba fentanilo. “Food”, cocaína. Los cálculos sobre la cantidad total de droga que la organización transportaba de México a EE UU ascienden a más de 1000 kilos de cocaína y casi 2.000 de fentanilo.
La denuncia judicial incluye también una descripción de Zhi Dong. Nacido en Pekín en 1987. Algo más de un metro setenta de estatura y unos 80 kilos. Pelo negro y ojos marrones. Alías: Brother Wang, El Chino, Tocayo, Pancho y Nelson Mandela. El enigmático capo chino usaba diferentes identidades y pasaportes falsos para moverse sin levantar sospechas entre América, Asía y Europa. Hasta su fuga de Ciudad de México y su intento de entrada en Rusia y posterior destino en Cuba. Las andanzas de Zhi Dong parece que esta vez están más cerca de acabar en una prisión estadounidense.
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