Análisis Noticiosos
Incertidumbre electoral: toda la oposición se une para enfrentar al PLD y su gobierno
Por Juan Bolívar Díaz
Es relevante y demostrativo de incertidumbres que la campaña electoral para las elecciones municipales de mañana concluyera el jueves con un compromiso público de los 13 partidos de oposición de defender “con todas nuestras energías” la limpieza y equidad democrática ante el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y su gobierno.
Mientras en la sociedad civil se incrementaron los reclamos por un proceso electoral justo, transparente y libre de manipulaciones y de compras y ventas de votos, que arroje legitimidad en las autoridades municipales a ser electas y fortalezca la institucionalidad democrática para la cita mayor de las elecciones presidenciales y congresuales de mayo.
Expresiva unidad de acción
La sorpresa al final de la campaña municipal fue el acuerdo de los 13 partidos de oposición “para garantizar el respeto a la expresión espontánea, libre, de la voluntad popular a través del sufragio; defender los derechos de los candidatos de la oposición, así como los votos que depositen los ciudadanos a su favor.” También para “combatir de manera enérgica y unificada cualquier acción arbitraria, ilegal y fraudulenta que se intente poner en marcha a favor de candidatos oficialistas y en complicidad con autoridades del gobierno”.
La oposición atribuye a los gobernantes “inaceptable ambición y falta de escrúpulos para intentar nuevamente todo tipo de maniobras fraudulentas” y plantea denunciar “con energía redoblada el uso y abuso de los recursos del Estado y toda acción que tienda a distorsionar la voluntad popular que se expresará en estos comicios y en los de mayo próximo”.
Las incertidumbres generaron una unidad de acción sin precedente en la política dominicana, de13 partidos, desde la derecha a la izquierda, de dos bloques electorales de oposición, los encabezados por el Partido Revolucionario Moderno, que postula a Luis Abinader a la presidencia, y por la Fuerza del Pueblo que lleva a Leonel Fernández. Es significativo que la convocatoria fue del Partido Alianza País, con Guillermo Moreno de candidato presidencial, y su dirigente Minou Tavárez Mirabal fue vocera.
Plantean “defender con energía unas elecciones libres, limpitas y competitivas”, tanto en los comicios municipales de mañana, como en los presidenciales y congresuales de mayo, con un protocolo de coordinación, e intercambio de informaciones entre sus centros de cómputos, difusión nacional e internacional, combate a las acciones delictivas como compras de votos, y operaciones jurídicas, antes, durante y después de los comicios.
Fuentes de incertidumbres
Son múltiples las fuentes de confrontación e incertidumbres políticas, resaltando la irrupción del gobierno en la campaña electoral, con la distribución multimillonaria de electrodomésticos, alimentos y materiales de construcción que han provocado escándalo, al igual que las amenazas proferidas por dirigentes y funcionarios a empleados públicos que no hagan campaña por los candidatos oficialistas; Así mismo cancelación de funcionarios, servidores diplomáticos y consulares vinculados a la oposición, y empleo temporero de miles de activistas en los ministerios de Educación, Obras Públicas y la OISOE.
Ya el experto fiscal José Rijo mostró un disparo del gasto gubernamental en renglones de utilización y reparto en campañas electorales anteriores, En enero pasado, en relación al mismo mes del 2019, el gasto en combustibles y lubricantes creció 209%, en pasaje y transporte 537%, en artículos de vestir 402%. En servicios de alimentación el gasto promedio de los últimos 6 años era en enero de 361 millones de pesos, pero subió ahora a 1,752 millones; en equipos de tecnología se pasó de 120 millones promedio en el mismo mes, a 1,046 millones, casi 9 veces. En equipos de oficinas el gasto se multiplicó 48 veces, de 16 millones en enero 2019, a 766 millones el mes pasado. En edificaciones públicas se invirtió en enero último 21 veces más que en el mismo mes del año pasado. Y en el primer mes se gastó el 74% del asfalto presupuestado para todo el 2020.
Alarmaron a la oposición dos discursos públicos del presidente Danilo Medina, el 22 de octubre, tras la división de su partido, asegurando que “yo voy a ganar las elecciones”, y el 2 de febrero cuando dio instrucciones al PLD para que ponga en vigor su estructura o plataforma para que mañana salgan a buscar a quienes no hayan votado, atendiendo a informes que les llegarán cada dos o tres horas. Poco antes había prometido en público a todos los candidatos del PLD, sobre 4 mil, que les llegaría dinero para sus campañas.
Advertido declive del PLD
Hasta en su inmensa red de propagandistas se reconoce que el PLD está en declive, pero no tienen ningún rubor en afirmar públicamente que su maquinaria, ricamente aceitada con los recursos del Estado, se impondrá al final. Ese declive quedó documentado en “el Tema de HOY” del 1 de febrero, en base a tres encuestas independientes realizadas en enero, incluyendo a las dos más acreditadas la Gallup.HOY y la de Mark Penn,
La división y el surgimiento del nuevo partido de Leonel Fernández han dejado al PLD y su candidato presidencial bastante atrás del postulado por el PRM en preferencias electorales. En cuadro anexo se muestran los resultados de las elecciones municipales en las que el PLD, como partido sólo obtuvo 35.78% del voto válido, y con pasó del 52% por el aporte del 17.29% de sus aliados, logrando 107 alcaldías, dos tercios de las 158. Pero ahora las alianzas están limitadas al 20% de las candidaturas.
Todos los cálculos en las actuales perspectivas apuntan a una pérdida sensible para el PLD, aunque pudiera sacar más alcaldes que el PRM, por el peso de las prebendas, la propaganda, y el dinero de las mismas alcaldías y del gobierno central en los pequeños y medianos municipios. Una docena de alcaldías se decidieron en 2016 por menos de 300 votos. Pero al PLD le iría mal en los grandes centros urbanos, incluyendo la urbe DN-provincia S. Domingo, donde las encuestas dan mayor ventaja a los perremeístas y Leonel ganó casi con el 60% en las primarias peledeistas.
Entre los partidos que ahora respaldan a Leonel, el BIS y el PTD aportaron 2.67% aliados al PLD en el 2016, y el PRD un 7.84%, muy por debajo de lo que ahora registra en las encuestas, pero aquella vez llevó candidaturas comunes con el oficialista en casi todo el país, lo que le permitió contar con 29 de las 107 alcaldías atribuidas al peledeísmo, más una en su boleta. Las múltiples alianzas municipales locales cruzadas entre partidos, incluso de los bloques contrapuestos, y sobre todo lo que le saca el nuevo partido de Fernández, hacen más difícil las perspectivas del PLD.
Buena perspectiva del PRM
Las perspectivas del PRM parecen favorables en los grandes centros urbanos, donde la presión gubernamental surte menos efectos y predomina la influyente clase media, aparentemente tirada a la calle fatigada del prolongado control absoluto peledeísta. En 2016 el entonces incipiente partido, fruto de la visión del PRD, sólo obtuvo el 24.48% del voto municipal y 30 alcaldías. Cuatro aliados le agregaron 16.24%, incluyendo un alto 12.17% del PRSC, que se nutrió del voto del PRM en el DN, con el apoyo a la candidatura de David Collado, porque éste partido no pudo llevar candidato propio en la capital, debido a que el controlado Tribunal Superior Electoral le atribuyó su candidatura a la alcaldía a Fello Suberví, sin que fuera electo en una asamblea distrital. Ni el mismo Suberví se lo creyó, porque nunca la asumió.
Ahora el PRM con una estructura en todo el territorio nacional y recogiendo cuadros y militantes de su fuente original perredeísta, encabeza las preferencias electorales en las encuestas, y su candidato Luis Abinader aparece con alta ventaja para los comicios de mayo, y hasta con 60% en la eventual segunda vuelta. En tal perspectiva, lucen altas las posibilidades hasta de lograr más del doble de las 30 alcaldías del 2016 y obtener mayor número de votos en la totalidad de los municipios, lo que le permitiría quedar mejor posicionado para las elecciones de mayo. Si bien influyen los candidatos locales, también las preferencias presidenciales en el territorio.
Mucho más reducido en las encuestas, del 1 al 3%, el PRSC esta vez lleva candidaturas propias en la mayoría de los municipios, y alianza con el PRM y otros en el limitado 20%. Los tres polos que concentran las preferencias, dejarán más mal parados a los viejos PRSC y PRD, con dificultades para alcanzar el 5% que privilegia el subsidio estatal.
Imposibles los vaticinios
La falta de encuestas independientes por munisipios y los conflictos en que concluye la campaña electoral, con un arbitraje débil ante el hiper presidencialismo, impiden formular vaticinios sobre el resultado final de los comicios de mañana. Dependerá en parte de cómo influya la campaña nacional desarrollada por la JCE y la sociedad civil contra la compra de votos y la manipulación e irrupción del gobierno. Los recursos públicos y la presión sobre los empleados del Estado y el millón 200 mil posesionarios de tarjetas de subsidios públicos siempre genera algún beneficio al partido gobernante.
Pero ha sido extraordinaria la lucha de la sociedad civil porque estas elecciones y las de mayo sean libres, con equidad y transparencia. Han incluido una dura pastoral de los obispos católicos, la conformación de la Coalición por un gobierno de Regeneración Nacional, impulsada por grupos sociales y ciudadanos destacados, y en las últimas semanas el Manifiesto Ciudadano por unas Elecciones Transparentes, que ha reunido decenas de organizaciones sociales, obispos católicos y episcopal, los rectores de las dos mayores universidades católicas, el Observatorio de Políticas Sociales de la UASD y destacados empresarios. Este movimiento ha abogado firmemente por el respeto a las normas constitucionales y legales, llevando sus reclamos ante la JCE, el Tribunal Electoral y la Procuraduría General de la República.
El nivel de participación también podría influir en los resultados. Cuando las municipales y las congresuales fueron separadas de las presidenciales, cuatro veces del 1998 al 2010, el promedio de votación fue 50%.-
Análisis Noticiosos
El déficit comercial de E.U se disparó un 60% en febrero por los aranceles de Trump
Las importaciones crecieron con fuerza al acelerar las empresas las compras para evitar la subida de impuestos del presidente
Washington.-Los aranceles de Donald Trump están teniendo por ahora el efecto contrario al deseado por el mandatario. Las amenazas del presidente de Estados Unidos de imponer altos impuestos a las importaciones de mercancías de todo tipo han provocado una aceleración de las compras. El déficit comercial ya pulverizó récords en enero y en febrero sigue disparado, según los datos provisionales publicados este jueves por la Oficina del Censo de Estados Unidos. Ese desfase contribuye también a lastrar a la economía estadounidense, a la que no le están sentando nada bien las políticas de Trump.
El déficit comercial internacional fue de 147.914 millones de dólares en febrero, según los datos con ajuste estacional. Aunque supone una ligera reducción frente a la cifra sin precedentes de enero, es la segunda cifra más alta de la serie histórica y aumenta un 60% frente a los 92.309 millones del mismo mes del año anterior.
El tirón de las importaciones y del déficit se concentra en los suministros industriales (donde se incluye el petróleo), bienes de capital y de consumo. Los datos avanzados por el censo no desglosan la evolución de las importaciones, las exportaciones y el déficit por países, datos que se publicarán más adelante.
Los aranceles decretados por el presidente apenas habían entrado en vigor en marzo. Dentro de su errática política comercial, Trump aplazó los gravámenes a los productos mexicanos y canadienses poco antes de que entrasen en vigor, después de haberlos aprobado. En cambio, en el caso de China sí entró en vigor un impuesto del 10% a todas las importaciones antes de que el presidente rectificase y dejase exentos a la mayoría de los envíos, los de menos de 800 dólares, tras provocar el colapso aduanero con su improvisación y falta de preparativos.
Trump ha seguido dando pasos adelante y atrás en la guerra comercial que ha declarado a todo el mundo. En marzo entraron en vigor los aranceles del 25% al acero y el aluminio, se aplicó otro 10% adicional a las importaciones chinas (excluidas las de pequeño volumen) y entraron en vigor fugazmente los aranceles a México y Canadá, antes de otra rectificación que dejó exentos hasta el 2 de abril a los productos acogidos al Tratado entré México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
Esta misma semana, Trump ha autorizado imponer aranceles del 25% a los productos procedentes de todos los países que compren petróleo a Venezuela y, además, ha aprobado aranceles del 25% a la importación de automóviles y componentes a aplicar desde el 3 de abril con unas mínimas excepciones. El arancel del 25% se aplicará a los vehículos de pasajeros importados (sedanes, SUV, crossovers, minivans, furgonetas de carga) y camiones ligeros, así como a las piezas clave de automóviles (motores, transmisiones, piezas del tren motriz y componentes eléctricos). Cabe ampliar los aranceles a piezas adicionales si es necesario, según la Casa Blanca.
Los importadores de automóviles en virtud del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) tendrán la oportunidad de certificar su contenido estadounidense y se implementarán sistemas para que el arancel del 25% solo se aplique al valor de su contenido no estadounidense. Además, las piezas de automóvil que cumplan con el TMEC permanecerán libres de aranceles hasta que el secretario de Comercio establezca un proceso para aplicar aranceles a su contenido no estadounidense.
Con todo, la gran andanada de la guerra comercial llega en teoría la semana próxima (sujeta siempre a los caprichos y cambios de humor del presidente). Trump ha bautizado el 2 de abril como “Día de la Liberación”. Se espera que en esa fecha se apliquen los que la Administración estadounidense llama de forma engañosa “aranceles recíprocos”. Es una cifra arbitraria fijada por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, para las importaciones de cada país o bloque comercial.
Trump quiso este miércoles quitar hierro a las medidas a adoptar. “Vamos a ser muy indulgentes”, dijo en el Despacho Oval. “Creo que la gente se va a sorprender mucho. En muchos casos, será inferior al arancel que nos han estado cobrando durante décadas. Otros países no nos han tratado bien, pero nosotros vamos a ser amables. Así que creo que la gente se llevará una grata sorpresa”, añadió. La credibilidad del presidente en materia comercial está muy en entredicho tras sus medidas erráticas y sus declaraciones contradictorias.
Los criterios no parecen ser realmente los aranceles que los demás países imponen a Estados Unidos, sino más bien la cuantía del déficit comercial. Así, aunque los aranceles europeos son menores que los estadounidenses, Trump quiere castigar a la Unión Europea por su éxito en el intercambio comercial alegando falsamente que el impuesto sobre el valor añadido (IVA) es proteccionista o que la UE pone otras barreras no arancelarias a los productos estadounidenses.
Maroš Šefčovič, vicepresidente de la Comisión Europea encargado de la materia, se reunió el martes con Lutnick en Washington para intentar negociar, pero sin éxito. Šefčovič se volvió a Bruselas con la impresión de que Estados Unidos impondrá la semana próxima aranceles de doble dígito, quizá incluso del 20%, a los productos europeos.
“El trabajo duro continúa. La prioridad de la UE es un acuerdo justo y equilibrado en lugar de aranceles injustificados. Compartimos el objetivo de la fortaleza industrial en ambos lados”, tuiteó Šefčovič tras el encuentro con Lutnick y otros altos cargos estadounidenses.
Mientras, el discurso de Trump ha generado incertidumbre y confusión entre los agentes económicos. Las grandes empresas han alertado de los riesgos que supone una guerra comercial para sus ingresos, sus márgenes y su negocio, pero también para la evolución de la economía internacional. También hay compañías que temen una disrupción en su cadena de suministros. La confianza de los consumidores se ha hundido y las expectativas de inflación se han disparado. La economía de Estados Unidos, cuyo producto interior bruto creció un 2,8% en 2024, está perdiendo fuelle.
La Oficina de Análisis Económico ha ratificado este jueves, en su tercera lectura, esa tasa del 2,8% para el conjunto del año 2024, aunque ha revisado ligeramente al alza el ritmo de crecimiento del cuarto trimestre, que pasa del 2,3% al 2,4% anualizado por un menor peso de las importaciones.
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El presidente José Raúl Mulino asegura que el tránsito de personas se ha reducido este año en un 98%. Coincide con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca
Bogotá.-El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado este jueves el cierre de los centros migratorios que ha formado parte de la ruta del Tapón del Darién, la zona selvática que han cruzado más de un millón de inmigrantes desde 2016. Mulino asegura que el tránsito de personas que se dirigían a Estados Unidos ha disminuido un 98%. Las deportaciones masivas ordenadas por Donald Trump han disuadido a muchos inmigrantes, que incluso realizan el camino de vuelta a sus países por este mismo paso fronterizo, solo que en sentido contrario.
“No permitiremos más migrantes en esa zona del Darién y cerramos una operación que comenzó en el año 2016. Me da mucha complacencia haber cumplido y haber cerrado el Darién, con lo que eso significa para la seguridad regional y panameña”, ha dicho en rueda de prensa. Mulino hace este anuncio el mismo día que la NBC ha revelado que Trump le ha pedido al Pentágono varios planes para tomar el control del Canal de Panamá, la joya sobre la que gira la economía de este país.
El Darién lo cruzaban sobre todo venezolanos que huían de la catastrófica situación económica de su país, pero también colombianos, ecuatorianos y hasta gente llegada desde lugares remotos, como Vietnam, Afganistán o Congo. El paso desde la zona colombiana lo controlaban grupos paramilitares que han ganado cientos de millones de dólares con este negocio. Cada migrante debía desembolsar unos 350 dólares si quería tener derecho a pasar. Un número indeterminado de personas ha muerto en estos años víctima de los peligros de la selva, crecidas de ríos y atracos y violaciones de bandas de delincuentes.
El lado panameño lo controlaba el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que vigilaba el cruce de los viajeros. Antes de abandonar la selva, tenían que parar en Bajo Chiquito y Canaan Membrillo, donde las autoridades panameñas hacían control de pasaportes y atendía médicamente a los inmigrantes. Una veintena de oenegés y entidades de Naciones Unidas se ocupaban también de darles asistencia, cuidar de los menores y proveerles de agua potable, duchas y alimentos.
El paso migratorio también le cambió la vida a los pueblos indígenas que viven a orillas del río que cruza la selva, mayormente de origen embera. Los habitantes de estas pequeñas poblaciones llevaban en barca a los migrantes y les daban techo y les vendían comida. De repente tuvieron unos ingresos económicos extraordinarios. El cierre supone un golpe económico muy grande para sus comunidades. La caída del flujo de inmigrantes, de acuerdo al presidente de Panamá, ha sido estrepitosa: “Hace un año teníamos 36.841 migrantes cruzando por Darién, hoy marzo llegamos a 112. Una disminución importantísima, que representa de entre el 97-98 % de éxito por parte de las autoridades de Migración y el Senafront”.
El Darién como paso importante empezó a ser relevante cuando en 2016 empezaron a cruzarlo ciudadanos de nacionalidad cubana. Abierta esa vía que parecía más factible que la marítima, las cifras se elevaron en 2021 con 133.726 migrantes, 248.284 en 2022 y 520.000 en 2023. Se convirtió en el cruce fronterizo más importante del mundo. Después llegaban a Costa Rica, donde continuaban hasta México. Desde el norte de ese país entraban en Estados Unidos. La llegada de Trump a la Casa Blanca lo ha cambiado todo. Por ahora, el cruce del Darién queda clausurado.
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El último lance entre las dos instituciones pone en evidencia cómo se ha menoscabado la autoridad del Poder Judicial en México
México.-Una de las enseñanzas inesperadas de la reforma judicial en México es que las autoridades pueden desobedecer las sentencias de los jueces, o acatarlas a conveniencia, cuando una mayoría democráticamente electa controla todas las palancas del poder en el Ejecutivo y el Legislativo. El último episodio de la crisis institucional lo ejemplifica el intento del Tribunal Electoral (TEPJF), dominado por una mayoría oficialista, de disputar las facultades de la Suprema Corte de Justicia para revisar los juicios de amparo. Detrás del conflicto está la lluvia de suspensiones dictadas por jueces para frenar las elecciones del 1 de junio, en las que los mexicanos votarán a miles de cargos de la Judicatura. El Supremo echó abajo esas suspensiones y dejó a salvo la elección judicial —pues no procede el amparo en materia electoral y menos contra una reforma constitucional—, no sin antes observar que los magistrados del TEPJF se arrogaron facultades inexistentes para invalidar las resoluciones de los jueces en su intento de desatorar el proceso.
El lance puso en evidencia la ruptura institucional en la que se ha sumido el país ante la voluntad de Morena de implementar su reforma sin cortapisas. Ya hace unos días, en el festejo republicano de la Constitución de 1917, la presidenta, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar al evento oficial a Norma Piña, titular de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Así, solo estuvieron representados dos de los tres Poderes de la Unión: el Ejecutivo y el Legislativo, controlados por Morena. Como represalia a los jueces que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal —el órgano encargado de vigilar la conducta de los juzgadores, también de mayoría oficialista— acordó denunciarlos penalmente ante la Fiscalía General de la República.
Con esas consideraciones, el TEPJF —siempre gracias a la mayoría de tres magistrados alineada a Morena— estableció que las suspensiones dictadas por los jueces no tenían efectos sobre la elección judicial, y dieron vía libre a las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo para ignorar esas resoluciones y continuar con los preparativos de los comicios. El último ejemplo vino luego de que un juez ordenó a los Comités de Evaluación que integraban las listas de candidatos frenar el proceso. Solo el Comité del Poder Judicial acató la instrucción. Los Comités del Ejecutivo y el Legislativo desobedecieron al juez sin ninguna consecuencia.
El ministro del Supremo Alfredo Gutiérrez preparó un proyecto para resolver el conflicto competencial entre los jueces de distrito y el TEPJF. En su proyecto, el togado ya se lamentaba por “la simplicidad con la que diversos actores institucionales decidieron ignorar los cauces legales cuando estos no convenían a sus intereses”. Antes de la votación del asunto, el pasado jueves, los magistrados del Tribunal Electoral exigieron al propio Gutiérrez, así como a los ministros Norma Piña, Javier Laynez y Jorge Pardo, no participar en la discusión del proyecto por haber hecho anteriormente pronunciamientos contra la reforma judicial, lo que, supuestamente, demostraba que no votarían de manera imparcial. El TEPJF, sin embargo, no consideró necesario pedir también la excusa de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, claramente militantes de Morena y quienes, desde su posición en el Supremo, están en campaña buscando ser “ratificadas” en la elección judicial.
Nunca antes los magistrados del Tribunal Electoral habían intentado dar órdenes a los ministros de la Suprema Corte. Si bien el TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, el Supremo es un tribunal constitucional y su presidenta, Piña, es la cabeza de todo el Poder Judicial, por lo que, jerárquicamente, está por encima de cualquier juzgado. Ninguno de los ministros se excusó de la votación del proyecto de Gutiérrez. Hacerlo hubiera dejado a la Suprema Corte solo con seis integrantes, cuando el mínimo para que exista quorum es de siete.
Al final, el Supremo resolvió, como era de esperarse, que no se puede suspender un proceso electoral ni tampoco una reforma constitucional —como la judicial—, y ordenó a los juzgadores dar marcha atrás en sus resoluciones. Los togados también indicaron que el TEPJF no tenía facultades para revisar juicios de amparo y señalaron que sus fallos al respecto debían leerse como una mera opinión de sus integrantes. “Las sentencias [del Tribunal] no pueden tener la capacidad de incidir de manera alguna en las determinaciones de jueces de amparo; no funciona como instancia de revisión y su pretensión de anular los efectos de las suspensiones simplemente carece de cualquier efecto dentro de nuestro orden jurídico”, dice la resolución del Supremo. El ministro Alberto Pérez Dayán fustigó a los magistrados electorales que han actuado a tono con Morena —Mónica Soto, presidenta del TEPJF; Felipe Fuentes y Felipe de la Mata—, a los que se refirió como “la exigua mayoría de un tribunal deliberadamente incompleto, predecible, obvio, complaciente y sesgado con el poder”.
La sesión del jueves estuvo plena de referencias al quiebre institucional que ha supuesto la reforma judicial, una circunstancia que el ministro Gutiérrez calificó de “perturbadora”. “Esta Corte ha observado cómo cada transgresión al orden constitucional ha allanado el camino para la siguiente, hasta llegar al punto donde los límites institucionales, que alguna vez parecieron inquebrantables, se han vuelto porosos”, dijo el togado. “Diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la intervención e invención de competencias inexistentes y la subordinación del derecho a consideraciones políticas”, ha añadido.
La presidenta Sheinbaum, que siempre defendió las facultades —no existentes— del TEPJF para interferir en las resoluciones de los jueces de amparo, celebró que se haya aprobado el proyecto de Gutiérrez en el Supremo. “La elección de las y los jueces, ministros, magistrados, ¡va! Ya no tiene ninguna barrera de ningún tipo”, ha dicho en su conferencia Mañanera del viernes. La Corte enfila a su desaparición. En septiembre será reemplazada por un nuevo órgano judicial integrado por nueve ministros electos por voto popular, que presidirá quien obtenga más sufragios en la pasarela. La mayoría de los togados actuales decidió no participar en los comicios. Juez y parte, Batres, Esquivel y Ortiz están en abierta campaña y aspiran a ser las más votadas, para entregar a Morena otra institución en la que tendrá mayoría.
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