Opinión
Indicios apuntan gestión de Rodríguez sirvió de “caja chica” de Danilo Medina
Por Nelson Encarnación
La formalización de la acusación a los encartados en el denominado caso “Medusa” sobre los cuales el Ministerio Público asegura haber hallado indicios de diferentes infracciones penales, indudablemente marca una pauta de conducta que debe establecerse como un referente para el futuro.
Encartar en un expediente tan vergonzosamente grueso a personalidades y empresas como lo ha hecho la Procuraduría General de la República, solo ha podido ser posible a partir de una decisión política que marca un antes y un después en materia de persecución de la delincuencia que se ejerce desde funciones públicas y sus conexidades.
Con este expediente estamos asistiendo a una realidad que no era previsible antes de que el actual presidente de la República decidiera, de manera real y efectiva, despojarse de la prerrogativa política de trazar pautas de hasta dónde podía avanzar el Ministerio Público en la lucha contra la corrupción.
Décadas atrás eso no era previsible, pues muchas veces el Ministerio Público fue utilizado para el andamiaje persecutorio selectivamente establecido, siempre cuidando no tocarse a las cercanías del poder político de turno.
De eso se tienen referencias para acopiar varios volúmenes de las ignominias judiciales de que fueron víctimas propiciatorias, no sólo personas, sino incluso generaciones.
Es decir, que entonces era impensable suponer que, por ejemplo, un hijo de un ministro o una empresa ligada a éste fueran incluidos en un expediente del calibre de Medusa, lo que significa que a partir de los acontecimientos actuales se asume que la institucionalidad se fortalece.
Podemos afirmar que las pocas ocasiones en que funcionarios, ex funcionarios o allegados fueron procesados, obedecieron al interés muy marcado, no con fines de pautar una conducta tendente a adecentar la administración pública, sino por otros designios menos plausibles.
En realidad, la mira siempre estuvo enfocada casi exclusivamente a sofocar a opositores en acciones muy alejadas del verdadero interés nacional de que la corrupción fuera sancionada sin detenerse en relaciones ni afinidades políticas.
Sin embargo, y más allá del hecho trascendental de dejar que el Ministerio Público haga su trabajo, hay datos que probablemente saldrán a la luz durante los debates en las etapas cruciales del proceso.
Uno de ellos—a menos que el exprocurador Jean Alain Rodríguez quiera cargar con toda la responsabilidad—es que una parte importante del dinero que se afirma derivó de sobornos, fue usado por el imputado para costear gastos de campaña del Partido de la Liberación Dominicana.
Lo que refiero no busca excusar a Rodríguez del peso de su responsabilidad frente a las anomalías que le atribuyen, sino para que los funcionarios entiendan, de una buena vez, que todas las órdenes no se cumplen.
Y son muchos los indicios que apuntan a que, en algunos aspectos, la gestión de Rodríguez sirvió de “caja chica” de Danilo Medina para cuestiones políticas y electorales que al ex jefe del Estado le interesaban, sobre lo cual el ahora imputado no supo decir que no.
Es la clásica “obediencias debida” que muchos admiten y que posteriormente terminan pagando los platos rotos por no saber decir que no se puede.
Por Rommel Santos Díaz
Los crímenes de la competencia del Estatuto de Roma son normalmente aquellas ofensas cometidas contra un número de personas. Los crímenes de lesa humanidad y el genocidio son delitos que generalmente son cometidos por muchos individuos que operan como parte de una extensa organización criminal.
Aquellos que poseen el grado más alto de responsabilidad penal por estos crímenes normalmente son aquellos individuos con posiciones de autoridad que no tienen contacto directo con las víctimas. Ya sea que emitieron las órdenes, incitaron a otros a cometer los crímenes, o crearon los medios con los cuales se cometen estos crímenes.
Es por esta razón que el Estatuto de Roma no restringe la responsabilidad penal por estos delitos a los individuos que estuvieron directamente involucrados con su comisión, pero la entiende a aquellos que estuvieron también indirectamente involucrados.
Según el artículo 25 del Estatuto de Roma, la persona será penalmente responsable si:
- a)Cometio el crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, sea este o no penalmente responsable;
- b)Ordeno, propuso o indujo la comisión de ese crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa;
- c)Fue cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso suministro los medios para su comisión;
- d)Contribuyo de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común. La contribución fue intencional y se hizo con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del grupo, o a sabiendas de que el grupo tenía la intención de cometer el crimen;
- e)Respecto al crimen de genocio, hizo una instigación directa y pública a que se cometiera;
- f)Intente cometer ese crimen.
Sin embargo, la persona que desiste de la comisión del crimen o impida de otra forma que se consume no podrá ser penado de conformidad con el Estatuto de Roma por la tentativa si renunciare íntegra y voluntariamente al propósito delictivo.
Los Estados partes del Estatuto de Roma que deseen enjuiciar a los acusados en sus tribunales nacionales, según el principio de complementariedad, deberán garantizar que su legislación de implementación incluya todas las formas de responsabilidad penal individual y ofensas incoadas dispuestas por el Estatuto.
De lo contrario, no podrían enjuiciar en sus tribunales nacionales la mayor parte de los individuos responsables por la omisión de los delitos contenidos en el Estatuto de Roma.
Finalmente, la mayoría de la legislación penal nacional ya describe la responsabilidad penal individual de la misma manera, y por lo tanto no sería necesario realizar enmiendas legislativas. Los Estados Partes deberán sin embargo asegurarse de que esta responsabilidad se aplique a todos los delitos de la competencia de la Corte Penal Internacional.
Por Elba García Hernández
En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.
Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.
Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.
En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.
Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.
Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.
Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.
Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.
Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.
En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia deja mucho que desear.
Por José Cabral
El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.
Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.
El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.
En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.
En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.
El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.
Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.
En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.
Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.
Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.