El Ejecutivo canadiense ha impuesto sanciones contra cerca de una treintena de ciudadanos haitianos en los últimos diez meses

Haití.-El Gobierno de Canadá ha incluido este jueves en su lista de sanciones a tres empresarios haitianos, a los que acusa de «alimentar la violencia y la inestabilidad» en la nación caribeña a través de «la corrupción y otros actos criminales» que facilitan la actividad de bandas armadas.

Así, el Ministerio de Exteriores de Canadá ha anunciado sanciones contra Marc Antoine Acra, Carl Braun y Jean Marie Vorbe, «tres miembros de la élite económica haitiana» que, a partir de ahora, tendrán prohibida la entrada a territorio canadiense y estarán sujetos a «una amplia prohibición de realizar transacciones».

La diplomacia canadiense ha recalcado que seguirá apoyando «todos los esfuerzos para abordar la actual crisis política, de seguridad y humanitaria en Haití«, y responder así a las «necesidades urgentes» de la población, según reza el escrito.

La ministra de Exteriores, Mélanie Joly, ha remarcado que las autoridades canadienses consideran que este tipo de sanciones «son una herramienta importante» para abordar la situación en la nación caribeña, y ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para «ejercer presión» sobre quienes alimentan la violencia.

En los últimos diez meses, el Ejecutivo canadiense ha impuesto sanciones contra cerca de una treintena de ciudadanos haitianos en virtud de la Ley de Medidas Económicas Especiales.

Lima, Perú.- Los poderes judiciales de República Dominicana y de la República de Perú firmaron un Memorándum de Entendimiento para desarrollar acciones estratégicas coordinadas, según lo permitan la normativa y legislación interna de los dos países, en áreas como la lucha contra los crímenes transnacionales, la ciberdelincuencia, delitos en contra de personas vulnerables, trámites electrónicos y juzgados especializados en delitos de flagrancia.

El convenio firmado en el marco de la celebración de la XXI Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI) que se realiza en Perú, fue rubricado por el magistrado Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo el Poder Judicial de República Dominicana y Javier Arévalo Vela, presidente del Poder Judicial del Perú.

También se comprometen a realizar congresos, seminarios, coloquios, simposios y conferencias, así como visitas mutuas y pasantías de alto nivel del sector judicial de ambos países, así como entre los distintos tribunales, con el fin de intercambiar experiencias de gestión para el fortalecimiento de la función jurisdiccional.

Además, se difundirán las actividades y programas de capacitación que de forma independiente organicen ambas partes para la participación de los jueces y funcionarios de ambas instituciones.

Asimismo, se comprometen a compartir las publicaciones editadas por ambas instituciones para enriquecer el acervo bibliográfico de ambas partes y estimular la participación de los jueces y funcionarios de ambas partes como investigadores, autores y revisores en las revistas editadas por ambos poderes judiciales.

En la firma del acuerdo acompañaron a Molina, el embajador dominicano en Perú, Alejandro Arias, los magistrados Justiniano Montero Montero, juez de la Primer Sala de la SCJ y Modesto Martínez, miembro del Consejo del Poder Judicial, la doctora Gervasia Valenzuela Sosa, secretaria general del CPJ y la directora de Planificación del PJ, Isnelda Guzmán.

La XXI versión de la Cumbre Judicial Iberoamericana se realiza en Perú, en virtud de que el Poder Judicial de esa nación ostenta la Secretaría pro tempore para el período 2021-2023. El eje temático de la Asamblea Plenaria es “Por una Carrera Judicial Independiente y Eficaz”, con este se busca fortalecer la carrera judicial y su función pacificadora.

AGENCIA AP

Los comicios dieron como presidente electo a Bernardo Arévalo, cuyo partido, el Movimiento Semilla también es investigado.

Ciudad de Guatemala.-La fiscalía de Guatemala intensificó su arremetida contra la autoridad electoral y el proceso de elecciones presidenciales celebrado recientemente con el allanamiento ayer martes a dos sedes de Tribunal Supremo Electoral y la revisión de cajas con votos de la primera vuelta del 25 de junio, como parte de una serie de investigaciones que el ente rector electoral considera una injerencia sin precedentes.

“Esto es algo sin precedentes, la ley no establece procedimiento para esto. El escrutinio es exclusivo de las Juntas Receptoras de votos el día que se realizan las elecciones”, dijo a periodistas la directora electoral del Tribunal, Gloria López, e indicó que una de esas cajas fue embalada presuntamente para ser decomisada.

Las elecciones dieron como presidente electo a Bernardo Arévalo, cuyo partido, el Movimiento Semilla es investigado también por la fiscalía y enfrenta un intento de ser suspendido por presuntas irregularidades en las firmas presentadas para constituirse.

La directora electoral del TSE explicó también que lo que contiene cada caja no está digitalizado. “En este momento, al ser secuestradas, si es que se da el caso que se las lleve el Ministerio Público… el TSE (Tribunal Supremo Electoral) pierde la custodia de las cajas electorales y prácticamente ya no tendríamos responsabilidad de las mismas”, dijo la funcionaria.

Agregó que «nosotros ya no podríamos asegurar qué exactamente son los votos que están en las cajas electorales y qué es exactamente la cantidad de firmas y huellas que están en los padrones electorales de mesa que van en esas cajas”.

Ovidio Orellana, expresidente del Colegio de Abogados, dijo a The Associated Press que no existe una base legal que le dé el poder a un juez o fiscales para tocar las cajas electorales o los votos.

“Están abriendo bolsas y haciendo cotejos entre votos y actas en el lugar y eso no tiene ningún soporte legal… es un acto arbitrario”, indicó Orellana.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, y la fiscal Cinthia Monterroso estaban a cargo de los operativos ordenados por el juez Fredy Orellana. Ambos fueron sancionados por el gobierno estadounidense por socavar las instituciones democráticas y obstruir la lucha contra la corrupción.

CENTRO DE OPERACIONES

Los lugares donde se realizaban los allanamientos son el Registro de Ciudadanos y el Parque de la Industria, donde funciona el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE). El primero resguarda el registro de los partidos políticos y el segundo las boletas usadas en la última elección general.

En el COPE los fiscales abrieron las cajas electorales que contienen los votos emitidos para elegir presidente, vicepresidente, diputados al Congreso, alcaldes locales y diputados al Parlamento Centroamericano —además de los nulos y los no usados— así como el padrón electoral, los fotografiaron y volvieron a cerrar las cajas.

Luis Gerardo Ramírez, vocero del Tribunal, dijo a periodistas que el ente no dio su permiso para abrir las cajas. «Se está llevando la apertura de cajas bajo estricta responsabilidad del Ministerio Público y del juez que ha dado la orden”, dijo. La fiscalía ha pedido revisar por lo menos 160 cajas que contienen los votos de varios departamentos del país, confirmó Ramírez.

SECUESTRO DE EVIDENCIA

El juez Orellana, también sancionado por Estados Unidos por emitir resoluciones judiciales con fines políticos, autorizó los allanamientos con el fin de secuestrar evidencia, extraer información digital y analizar los datos de computadoras portátiles y de escritorio, memorias, tabletas y teléfonos.

Arévalo ha denunciado que la Fiscal General Consuelo Porras, también sancionada por el gobierno estadounidense por los mismo cargos que Curruchiche y a quien le retiraron la visa de entrada a ese país, está detrás de un “golpe de Estado” encaminado a evitar que tome posesión del cargo el próximo 14 de enero.

La víspera el presidente saliente Alejandro Giammattei le dijo a Arévalo que asumirá la presidencia como está previsto “y si es necesario mi vida, allí la tiene, pero usted va a ser el próximo presidente de Guatemala, me guste o no me guste”.

Giammattei aclaró que “una cosa son las elecciones y otra son los procesos de orden judicial… no pueden impedir que nadie asuma”.

El proceso electoral que se ha desarrollado desde enero de 2023 ha sido uno de los más accidentados del país centroamericano de los últimos años y estuvo judicializado casi desde el inicio. Las acciones de la fiscalía recrudecieron luego del 25 de junio cuando, en la primera vuelta electoral, Arévalo logró pasar al balotaje para enfrentarse a la ex primera dama Sandra Torres, a quién venció con poco menos del doble de los votos emitidos y quien no ha aceptado la derrota.

Varios organismos nacionales e internacionales han expresado su preocupación por las acciones de la fiscalía por considerar que busca amedrentar al ente electoral.