Latinoamericanas
Indígenas panameños denuncian que el Gobierno no cumple con acuerdos
El Gobierno de Panamá e indígenas de la comarca Nägbe Buglé acordaron, tras casi un mes de discusiones, una ley de protección de los recursos minerales, hídricos y ambientales. Los nativos denuncian que las autoridades no cumplen con la medida.
Carrera recordó que ella firmó el acuerdo con el Gobierno. (Foto: laestrella.com.pa)
La cacica de la etnia indígena panameña Nägbe Buglé, Silvia Carrera, denunció este jueves que el Gobierno de Ricardo Martinelli no ha cumplido con los acuerdos que pusieron fin a las protestas en la provincia de Chiriquí (suroeste), en rechazo a una ley minera.
En declaraciones a medios locales, la dirigente destacó que ella firmó “el acuerdo con el compromiso de que se cumpliría con lo pactado”. Agregó que la Fiscalía llamó a declarar a los detenidos durante las manifestaciones, lo que indica que los expedientes siguen abiertos.
Carrera subrayó que las autoridades de la nación centroamericana no han cumplido con el apoyo a los heridos y familiares de las víctimas de la represión por parte de la Policía Nacional y tampoco han realizado verificación del proyecto hidroeléctrico de Tabasará y Barro Blanco.
Por ello, instó al ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, a que cumpla con los informes de peritaje y los presentes a la comarca indígena Nägbe Buglé.
Dirigentes de las fuerzas vivas de las provincias de Bocas del Toro (noroeste), Colón (centro-norte) y la comarca Nägbe Buglé sostendrán un encuentro el próximo 15 de diciembre en la provincia de Chiriquí, donde coordinarán la agenda de manifestaciones que realizarán en enero de 2013.
El líder del Frente Amplio por Colón, Felipe Cabeza, indicó que el Gobierno no les ha dejado otra alternativa a los pueblos, a quienes les ha tocado unirse para exigir respuestas a los problemas sociales.
En marzo pasado comenzó a regir la Ley 11 de protección de los recursos minerales, hídricos y ambientales en la comarca indígena Ngäbe Buglé, después de casi un mes de discusiones entre nativos y el Gobierno que surgieron tras protestas pacíficas de la etnia, reprimidas por la policía.
La normativa ordena la cancelación de todas las concesiones para proyectos mineros, la alteración del cauce o cabeza de los ríos comarcales, cancela la apropiación privada de los afluentes dentro del territorio ngäbe y establece que cualquier propuesta hidroeléctrica que toque total o parcialmente los linderos de la comarca o sus áreas anexas, deberá contar con el aval del pleno del Congreso Comarcal.
Los nägbe buglé son el grupo de mayor población, más de 165 mil personas, entre las tres etnias predominantes en este país, que rechazan la construcción de proyectos hidroeléctricos dentro de sus comarcas, las regiones anexas y territorios aledaños.
Agencia Efe
La Paz.- El Gobierno de Bolivia informó este domingo que entre el 1 de enero y el 20 de abril las fuerzas antidroga del país confiscaron más de 20 toneladas de cocaína y a 119,17 toneladas de marihuana, algo que «supera» los resultados de otras gestiones.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, dijo a los medios que en este tiempo también se destruyeron 24 laboratorios de cristalización y 504 fábricas de pasta base de cocaína además que se aprehendió a 1.048 personas e incautaron 16 aeronaves.
Estas cifras son parte de las 3.236 intervenciones que realizaron los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), explicó.
Asimismo, Mamani señaló que se confiscaron más de 114 toneladas de hojas de coca «estaban siendo desviadas a actividades ilícitas del narcotráfico», que incluye la que se produce en Perú y que los narcotraficantes trasladan hasta Bolivia.
El viceministro destacó los operativos que se efectuaron entre el 10 al 18 de este mes en los que se decomisó «más de una tonelada de cocaína» compuesta por 264,9 kilos de cloridrato o de alta pureza y 787 kilos de pasta base de la droga.
Las acciones de las fuerzas antinarcóticos se efectuaron en el municipio de Villa Tunari, en el Trópico del departamento central de Cochabamba, lo que representa una «afectación al narcotráfico en más de 3.166.764 dólares», apuntó Mamani.
Asimismo, mencionó que durante un operativo esta madrugada un grupo de 100 personas con palos, petardos, machetes y armas de fuego emboscaron en la población de Puerto Villarroel a un grupo de efectivos antidrogas que se dirigían a hacer un operativo.
El viceministro reportó que como resultado hay un efectivo herido y una otra persona afectada por un disparo, además que se registraron daños de consideración en dos vehículos oficiales.
También este fin de semana se incautaron 11,5 kilos de cocaína, oculta en un tablero de ajedrez que se enviaba como encomienda a España y que fue detectada por un can antidroga en una revisión de rutina en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz.
AGENCIA EFE
Ciudad de México.-La Embajada de Estados Unidos en México emitió este sábado una alerta de viaje por la inseguridad en Chiapas, estado de la frontera sur mexicana que afronta una ola de violencia del crimen organizado y disputas de los cárteles del narcotráfico.
La advertencia se produce «debido a la creciente violencia y preocupaciones de seguridad en Chiapas», por lo que los funcionarios estadounidenses tienen restricciones para viajar a la zona, según la información disponible en el sitio oficial de la Embajada.
El Gobierno estadounidense delimitó un área de peligro que incluye la mayor parte de la frontera entre Chiapas y Guatemala desde la costa del Pacífico hasta la Reserva de la Biósfera Montes Azules.
También abarca ciudades como Netzahualcóyotl, Ocosingo, El Ocote, San Francisco Pujiltic y Mapastepec.
En cambio, permite los viajes a Tapachula, la mayor ciudad de la frontera de México con Centroamérica.
«Monitoree la prensa local para actualizaciones y, en caso de emergencia, llame al 911. Revise sus planes de seguridad personal y siga las instrucciones de las autoridades locales», concluye la alerta.
La alerta se produce mientras crece la violencia en Chiapas por las disputas de los carteles del narcotráfico para controlar la frontera de México con Centroamérica.
Más de 100.000 niños y adolescentes resultaron afectados en 2023 en el estado por las disputas de los grupos criminales, según un informe de la Red por los Derechos de la Infancias en México (Redim) y la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias).
Además, la advertencia coincide con la gira que realiza este fin de semana Claudia Sheinbuam, la candidata presidencial del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien visitará la frontera sur.
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Persiste el caos en Haití que espera el pleno establecimiento del Consejo de Transición