Indígenas panameños denuncian que el Gobierno no cumple con acuerdos

El Gobierno de Panamá e indígenas de la comarca Nägbe Buglé acordaron, tras casi un mes de discusiones, una ley de protección de los recursos minerales, hídricos y ambientales. Los nativos denuncian que las autoridades no cumplen con la medida.

La cacica de la etnia indígena panameña Nägbe Buglé, Silvia Carrera, denunció este jueves que el Gobierno de Ricardo Martinelli no ha cumplido con los acuerdos que pusieron fin a las protestas en la provincia de Chiriquí (suroeste), en rechazo a una ley minera.

En declaraciones a medios locales, la dirigente destacó que ella firmó “el acuerdo con el compromiso de que se cumpliría con lo pactado”. Agregó que la Fiscalía llamó a declarar a los detenidos durante las manifestaciones, lo que indica que los expedientes siguen abiertos.

Carrera subrayó que las autoridades de la nación centroamericana no han cumplido con el apoyo a los heridos y familiares de las víctimas de la represión por parte de la Policía Nacional y tampoco han realizado verificación del proyecto hidroeléctrico de Tabasará y Barro Blanco.

Por ello, instó al ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, a que cumpla con los informes de peritaje y los presentes a la comarca indígena Nägbe Buglé.

Dirigentes de las fuerzas vivas de las provincias de Bocas del Toro (noroeste), Colón (centro-norte) y la comarca Nägbe Buglé sostendrán un encuentro el próximo 15 de diciembre en la provincia de Chiriquí, donde coordinarán la agenda de manifestaciones que realizarán en enero de 2013.

El líder del Frente Amplio por Colón, Felipe Cabeza, indicó que el Gobierno no les ha dejado otra alternativa a los pueblos, a quienes les ha tocado unirse para exigir respuestas a los problemas sociales.

En marzo pasado comenzó a regir la Ley 11 de protección de los recursos minerales, hídricos y ambientales en la comarca indígena Ngäbe Buglé, después de casi un mes de discusiones entre nativos y el Gobierno que surgieron tras protestas pacíficas de la etnia, reprimidas por la policía.

La normativa ordena la cancelación de todas las concesiones para proyectos mineros, la alteración del cauce o cabeza de los ríos comarcales, cancela la apropiación privada de los afluentes dentro del territorio ngäbe y establece que cualquier propuesta hidroeléctrica que toque total o parcialmente los linderos de la comarca o sus áreas anexas, deberá contar con el aval del pleno del Congreso Comarcal.

Los nägbe buglé son el grupo de mayor población, más de 165 mil personas, entre las tres etnias predominantes en este país, que rechazan la construcción de proyectos hidroeléctricos dentro de sus comarcas, las regiones anexas y territorios aledaños.