Santo Domingo, R.D.-El proceso de compra de un edificio propio ubicado en la avenida 27 de febrero fue anunciado este miércoles por El InstitutoDominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), cuya inversion alcanza la suma de 1,777.90 millones de pesos.
De acuerdo a lo dicho y puesto en imagen en una rueda de prensa por el presidente del Consejo Directivo de la entidad, GuidoGómezMazara, ya el edificio está en obra gris y el personal de la institución podrá ocuparlo en agosto próximo.
La construcción abarca el equipamiento y obras complementarias.
GómezMazara dijo que este monto resulta significativamente inferior a los 3,317.4 millones que costaría continuar en el edificio Osiris en los próximos 10 años, considerando las condiciones actuales de arrendamiento, lo que le ahorrará al Estado dominicano 1,540 millones de pesos. Además, de que el nuevo edificio sería patrimonio público.
La institución de las telecomunicaciones resaltó que la compra eliminaría el hacinamiento que están sufriendo los empleados de la institución, «que limita la productividad laboral de los colaboradores».
El Indotel informó que paga anualmente más de 52 millones de pesos por concepto de alquiler del edificio Osiris, ubicado en la avenida Abraham Lincoln.
Además, debe pagar costos adicionales por el uso de parqueos externos, servicios como planta eléctrica y otras necesidades operativas. Estas partidas suman un costo significativo que, en los últimos cinco años, ha ascendido a 164,790,649.50 pesos, «afectando negativamente las finanzas de la institución».
«El dueño del inmueble que alberga en la actualidad el Indotel, mediante contrato, lleva 24 años recibiendo aproximadamente 100 mil dólares mensuales por concepto de alquiler, más los parqueos, que se pagan por separado», explicó Gómez Mazara.
Debido a la situación se realizó un análisis exhaustivo, liderado por su presidente del Consejo Directivo, GuidoGómezMazara, y su equipo administrativo, para evaluar opciones en mejora de la eficiencia financiera y operativa de la institución. Como resultado, se propuso la adquisición de un inmueble único que centralice las operaciones, reduzca los costos actuales de alquiler y mejore las condiciones laborales del personal.
GómezMazara manifestó que el proceso para adquirir el inmueble que alojará a unos 800 colaboradores del Indotel se hará de manera transparente y en beneficio de las finanzas públicas.
«Cualquier ciudadano de República Dominicana que tenga objeción o presuma procedimientos incorrectos, en un plazo de 30 días se puede dirigir al ingeniero Mendoza, a María Teresa y a la Consultoría Jurídica del Indotel, en el interés de que cualquier tipo de preocupación sea canalizada de la mejor forma posible para garantizar que este proceso sea transparente», enfatizó.
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En el proceso de la compra del edificio participan los miembros del Comité Seguimiento: Carlos Mendoza, presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), y las señoras Sina Cabral y María Teresa Cabrera.
Cabrera saludó ser parte del proceso de compra al señalar: «deseo expresar mi participación de veeduría en este proceso de adquisición de un bien del Estado. Yo quiero también saludar la voluntad manifiesta del equipo del Indotel, encabezado por el doctor GuidoGómezMazara, de realizar un proceso de compra transparente, abierto a la observación de personas externas a la institución», manifestó.
A partir de esta publicación, el Indotel otorgará un plazo de 30 días para que cualquier ciudadano o ciudadana interesado pueda presentar objeciones o impugnaciones relacionadas con el proceso de compras del edificio. Este mecanismo forma parte del compromiso institucional con la transparencia y la participación ciudadana, asegurando que el procedimiento cumpla con los más altos estándares de legalidad.
Especificaciones del edificio
El edificio que compraría el Indotel, ubicado en la avenida 27 de Febrero, número 323, cuenta con 10 pisos, cuatro niveles de parqueos soterrados y un nivel de parqueos en superficie (primer nivel) con una cantidad de 9 parqueos para motocicletas y 99 parqueos para automóviles, lo que representa un total de 108 parqueos para vehículos. Además, tiene un diseño inclusivo libre de barreras, con accesos adecuados para personas con movilidad reducida.
Santo Domingo, R.D.-La AsociaciónDominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa) expresó su preocupación y descontento ante la falta de respuesta a las constantes demandas de dignificación de sus labores.
«Los jueces, junto con los servidoresjudiciales, enfrentamos diariamente una realidad marcada por una sobrecarga laboral extrema,recursos limitados y la ausencia de condiciones adecuadas para ejercer nuestras funciones. Esta situación no solo afecta nuestra salud física y mental, sino que también compromete la calidad de la justicia que el pueblo dominicano merece», reza un comunicado de Adojupa.
El gremio deploró que, a pesar de los reiterados llamados al diálogo y la búsqueda de soluciones conjuntas, «no hemos sido escuchados ni considerados por las autoridades competentes».
Advirtió que esta indiferencia frente a las necesidades de jueces y servidoresjudiciales «refleja una desconexión preocupante de la realidad de quienes trabajan para garantizar el acceso a la justicia».
En tal sentido, la asociación anunció la convocatoria a la Asamblea Ordinaria de Adojupa, para que se decidan las medidas a tomar, «las cuales, en caso de no ser abierto un canal de diálogo de manera inmediata, podrían afectar el normal desarrollo de los tribunales y de todo el sistema judicial».
Adojupa aseguró que estas condiciones afectan también a todos los servidoresjudiciales administrativos, quienes, al igual que los jueces, sostienen el funcionamiento del sistema de justicia.
«Exigimos que se reconozca el valor de nuestro trabajo y se implementen medidas que garanticen condiciones laborales justas y dignas para todos», dijo la asociación de jueces de paz.
Los tribunales de paz son la puerta de entrada a la justicia.
Santo Domingo, R.D.-El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) designó este jueves funciones adicionales a sus miembros suplentes, además de las estipuladas en la Ley Electoral, 20-23.
En ese sentido, el miembro suplente Prado Antonio López Cornielle fue adscrito a los proyectos de cambio de cédula de identidad y al de la abstención electoral a nivel nacional y en el exterior del recién pasado proceso electoral del 2024 en la República Dominicana, coordinado por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel).
Cristian Perdomo Hernández fue adscrito al Instituto Especializado Superior en Formación Política Electoral y del Estado Civil (Iespec); Iván Vladimir Féliz Vargas quedó establecido como enlace entre la JCE y el Ministerio Público para dar seguimiento a los crímenes y delitos electorales y violaciones de identidad.
Además, Anibelca Rosario Rosario quedó adscrita al proyecto cambio de Cédula, y Tony Tejada fue designado en la Comisión de Juntas Electorales y Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
Los nuevos miembros de la Junta Central Electoral fueron escogidos en noviembre del 2024 por el Senado de la República. Cuatro de ellos, incluyendo a su presidente Román Andrés Jáquez Liranzo, fueron ratificados para el periodo 2024-2028.
En el caso de los suplentes, solo fueron ratificados Prado Antonio López y Anibelca Rosario.
Santo Domingo. –El Senado ha experimentado una reconfiguración con la llegada de 18 nuevos legisladores, generando expectativas sobre su desempeño. En estos primeros 150 días de gestión, varios de ellos han sobresalido por su activa participación, registrando asistencia perfecta en las sesiones y presentando un alto número de iniciativas legislativas.
En términos de asistencia, tres de nuevos senadores han estado presentes en las 24 sesiones realizadas hasta la fecha. Se trata de María Mercedes Ortiz, de Hermanas Mirabal; Guillermo Lama, de Bahoruco; y Odalis Rafael Rodríguez, de Valverde. Todos forman parte del Partido Revolucionario Moderno (PRM). A ellos se suma el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien, además de su alta participación en los debates, ha presentado 10 iniciativas legislativas.
Uno de los casos más destacados es María Mercedes Ortiz, vice vocera del PRM y la mujer más joven de la Cámara Alta, quien ha combinado asistencia perfecta con una intensa actividad legislativa, presentando 15 propuestas. Entre sus iniciativas está el proyecto de ley que declara a Hermanas Mirabal como provincia ecoturística, la normativa para la donación y trasplante de órganos, la modificación de la ley núm. 176-07 que regula la sucesión de alcaldes y vicealcaldes; así como resoluciones para la realización de los Juegos de la Mujer y la terminación de la carretera Eladio Romero Santos.
En la misma línea, el senador Eduardo Espíritu Santos, de la Fuerza del Pueblo representante de La Romana, ha impulsado 21 iniciativas, incluyendo el proyecto de ley de fomento y desarrollo de la educación artística, la creación de un sistema nacional de sangre y un proyecto que regula el etiquetado de alimentos.
En cuanto a los senadores con mayor volumen de propuestas legislativas, el liderazgo lo ostenta Félix Bautista, representante de San Juan de la Maguana, con 45 iniciativas, consolidando su experiencia y liderazgo técnico en la Cámara Alta. Le siguen Cristóbal Venerado Castillo, de Hato Mayor, con 33 propuestas; Santiago José Zorrilla, del Seibo, con 24; Alexis Victoria Yeb,de María Trinidad Sánchez, con 18; Bernardo Alemán Rodríguez, de Monte Cristi con 17; y Franklin Romero, de la provincia Duarte, junto a Gustavo Salazar, de San Cristóbal, con 15 iniciativas cada uno.
Aunque algunos legisladores han tenido una participación más discreta en cuanto a presentación de proyectos, el Senado en su conjunto ha mantenido una productividad significativa. Entre los que han registrado menor cantidad de propuestas figuran Manuel María Rodríguez, con 2; Aracelis Villanueva, con 4; Andrés Guillermo Lama y Dagoberto Rodríguez, ambos con 5.
Son altas las expectativas sobre la legislatura que inicia el próximo 27 de febrero, ya que el Senado, mayoritariamente oficialista, deberá abordar reformas prioritarias impulsadas por el gobierno del presidente Luis Abinader y otras deudas históricas.
Entre ellas, el debate y aprobación del Código Penal, la reforma laboral y la Ley de Residuos Sólidos, además de otros proyectos esenciales para el desarrollo del país. Los senadores tienen la responsabilidad de garantizar un Congreso productivo y alineado con las necesidades y exigencias de la ciudadanía.