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Anuncian adquisición de edificio para Indotel por más de RD$1,770 millones

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Santo Domingo, R.D.-El proceso de compra de un edificio propio ubicado en la avenida  27 de febrero fue anunciado este miércoles por El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), cuya inversion alcanza la suma de  1,777.90 millones de pesos.

De acuerdo a lo dicho y puesto en imagen en una rueda de prensa por el presidente del Consejo Directivo de la entidad, Guido Gómez Mazara, ya el edificio está en obra gris y el personal de la institución podrá ocuparlo en agosto próximo.

La construcción abarca el equipamiento y obras complementarias.

Gómez Mazara dijo que este monto resulta significativamente inferior a los 3,317.4 millones que costaría continuar en el edificio Osiris en los próximos 10 años, considerando las condiciones actuales de arrendamiento, lo que le ahorrará al Estado dominicano 1,540 millones de pesos. Además, de que el nuevo edificio sería patrimonio público.

El Indotel informó que paga anualmente más de 52 millones de pesos por concepto de alquiler del edificio Osiris, ubicado en la avenida Abraham Lincoln.

Además, debe pagar costos adicionales por el uso de parqueos externos, servicios como planta eléctrica y otras necesidades operativas. Estas partidas suman un costo significativo que, en los últimos cinco años, ha ascendido a 164,790,649.50 pesos, «afectando negativamente las finanzas de la institución».Expandir imagen

«El dueño del inmueble que alberga en la actualidad el Indotel, mediante contrato, lleva 24 años recibiendo aproximadamente 100 mil dólares mensuales por concepto de alquiler, más los parqueos, que se pagan por separado», explicó Gómez Mazara.

  • Debido a la situación se realizó un análisis exhaustivo, liderado por su presidente del Consejo Directivo, Guido Gómez Mazara, y su equipo administrativo, para evaluar opciones en mejora de la eficiencia financiera y operativa de la institución. Como resultado, se propuso la adquisición de un inmueble único que centralice las operaciones, reduzca los costos actuales de alquiler y mejore las condiciones laborales del personal.

Gómez Mazara manifestó que el proceso para adquirir el inmueble que alojará a unos 800 colaboradores del Indotel se hará de manera transparente y en beneficio de las finanzas públicas.

«Cualquier ciudadano de República Dominicana que tenga objeción o presuma procedimientos incorrectos, en un plazo de 30 días se puede dirigir al ingeniero Mendoza, a María Teresa y a la Consultoría Jurídica del Indotel, en el interés de que cualquier tipo de preocupación sea canalizada de la mejor forma posible para garantizar que este proceso sea transparente», enfatizó.

En el proceso de la compra del edificio participan los miembros del Comité Seguimiento: Carlos Mendoza, presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), y las señoras Sina Cabral y María Teresa Cabrera.

Cabrera saludó ser parte del proceso de compra al señalar: «deseo expresar mi participación de veeduría en este proceso de adquisición de un bien del Estado. Yo quiero también saludar la voluntad manifiesta del equipo del Indotel, encabezado por el doctor Guido Gómez Mazara, de realizar un proceso de compra transparente, abierto a la observación de personas externas a la institución», manifestó.

A partir de esta publicación, el Indotel otorgará un plazo de 30 días para que cualquier ciudadano o ciudadana interesado pueda presentar objeciones o impugnaciones relacionadas con el proceso de compras del edificio. Este mecanismo forma parte del compromiso institucional con la transparencia y la participación ciudadana, asegurando que el procedimiento cumpla con los más altos estándares de legalidad.

Especificaciones del edificio

El edificio que compraría el Indotel, ubicado en la avenida 27 de Febrero, número 323, cuenta con 10 pisos, cuatro niveles de parqueos soterrados y un nivel de parqueos en superficie (primer nivel) con una cantidad de 9 parqueos para motocicletas y 99 parqueos para automóviles, lo que representa un total de 108 parqueos para vehículos. Además, tiene un diseño inclusivo libre de barreras, con accesos adecuados para personas con movilidad reducida.

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Hazin y EL Gordo supuestamente extorsionaron Eduardo Read, dice éste al Ministerio Público.

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Santo Domingo, R.D.-La defensa de Eduardo Read Estrella, quien a través de su empresa Grupo Read presuntamente recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS a través del supuesto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) dónde se desfalcó al Estado por miles millones de pesos, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y «El Gordo», quien es señalado como la «mano derecha» del exfuncionario.

Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».

El Ministerio Público se refiere como «El Gordo» a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la «mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.

Entre los documentos entregados por la defensa figuran pruebas de la prestación real y continua de servicios a Senasa, así como los informes mensuales auditados por la Sisalril.

También se presentaron evidencias de la estructura operativa de más de 718 empleados y colaboradores vinculados a las empresas Khersun, Deleste y Farmacard, además de comprobaciones notariales que certifican la calidad del servicio brindado a los afiliados de Senasa a través de 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos.

El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, recesó la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa.

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Caso contra Hazim se centraliza en sus inmuebles, según su Declaración Jurada de Patrimonio

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Santo Domingo, R.D.-La disputa en torno a la justificación de los inmuebles del principal imputado en el caso SENASA, Santiago Hazim, acusado de presuntos actos de corrupción lleva al Ministerio Público a evaluar su Declaración Jurada de Patrimonio, la cual toma relevancia luego de las recientes declaraciones de su abogado Miguel Valerio y la disputa sobre la justificación de los mismos.

Al Ministerio Público señalar “serias incongruencias” en la solicitud de medida de coerción en contra de Hazim, Valerio refiere que la supuesta falta de justificación de bienes, específicamente una villa en Casa de Campo y un apartamento, se encuentran “debidamente documentados” y justificados con un préstamo.

Dos de las residencias y el solar mantienen un valor de RD$7,550,000 cada una, mientras que el otro domicilio ubicado en España exhibe un valor de RD$24,000,000.

A su nombre, el médico sostiene una finca en el Líbano, adquirida en 1985, con un valor de RD$3,031,577; dos locales comerciales con data en los años 1994 y 2001, correspondiente a RD$5,850,000 cada uno, y un edificio con registro en el 2004 y un monto de RD$1,700,000.

En cuanto a vehículos de motor, Santiago Hazim figura como propietario de dos jeepetas Lincoln adquiridas en el 2013 y 2020 valoradas en RD$2,066,616.15 y RD$6,724,575; un automóvil Fiat en el año 2010 de RD$487,727.24 y una jeep Toyota con un costo de RD$813,373.44.

De armas de fuego solo figura una pistola automática marca Walther, Carl GMBH, con un valor de RD$120,00; sin especificar la cantidad de electrodomésticos, el documento muestra un total de RD$9,067,500 agregados a su valor, además de las prendas, relojes, joyas y otros con un monto de RD$40,950,000.

Al mantener un régimen matrimonial de comunidad de bienes con su pareja, el informe muestra nueve cuentas bancarias donde solo figura en tres como propietario con montos de hasta RD$1,189.657.17.

Desde el año 1993 hasta el 1999 muestra un perfil de accionista en empresas nacionales con valores iniciados de RD$150,000 hasta llegar a RD$186,500,000, mientras que sus ingresos en el Senasa, posición ocupada desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, rondaban en un neto de RD$310,976.10.

Hazim también recibió honorarios profesionales de RD$285,000 en el Centro Médico UCE.

Señalado lo anterior, la declaración refleja que el exfuncionario manejaba gastos equivalentes a RD$384,515 y acumulaba deudas de RD$1,039,377.

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Siete años de prisión por narcotráfico a general retirado.

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Santo Domingo, R.D.-William Durán Jerez, general retirado de la Policía Nacional, fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por una corte del Distrito Sur de Florida por su vínculo con el caso de narcotráfico del exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre.

La condena de 87 meses, que fue dictada por la jueza Beth Bloom, será cumplida en una penitenciaría de Florida, tras una petición de Durán Jerez y que fue eventualmente concedida.

En la audiencia, que duró exactamente 40 minutos y en la que estuvo también el fiscal Kevin Gerarde, al general retirado se le informó que podía apelar en caso de que así lo quisiera. Esto, a pesar de que Durán Jerez había firmado un acuerdo de culpabilidad el pasado 24 de septiembre donde admitía ser parte de la red de narcotráfico del exregidor.

¿Cómo operaban?

De acuerdo al expediente, la red criminal conspiró desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022 para enviar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia el sur de Florida.

Durante ese período, el regidor Herrera Silvestre permaneció en República Dominicana y coordinó el plan Herrera Silvestre adquirió un buque llamado «The Ghost» o «El Fantasma», embarcación que le costó unos 200 mil dólares del tráfico junto a al menos dos co-conspiradores.

Este hotel funcionó como el lugar de almacenamiento provisional y despacho. La ruta de los narcóticos incluía el traslado de cocaína desde las costas dominicanas en un bote pequeño hasta el buque en alta mar, que después era responsable de llevar la carga directamente a suelo estadounidense.

La cocaína era adquirida en Suramérica y traída a República Dominicana.

Además de traficar su propia mercancía, Herrera Silvestre cobraba a otros narcotraficantes la suma de 5,000 dólares por cada kilogramo que transportaba. Así, la red había montado un negocio considerable dentro del narcotráfico internacional.

Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.

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