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Treinta días da INDOTEL a telefónicas para depurar líneas prepago y combatir el crimen
Santo Domingo. – Un plazo de 30 días dio el Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), mediante la Resolución núm. 064-2025, a las prestadoras de servicios móviles para validar y depurar la identidad de los usuarios con líneas activas bajo modalidad prepago, a fin de facilitar que las autoridades puedan rastrear al titular de llamadas o mensajes vinculados a crímenes.
La disposición fue anunciada durante una rueda de prensa en el Centro Cultural INDOTEL, y responde a la creciente preocupación por la activación de líneas sin el debido registro, una práctica que vulnera los derechos de los usuarios y dificulta el trabajo de los organismos de seguridad del Estado en la persecución de los delitos.
La resolución establece que las prestadoras deberán identificar a cada usuario con un documento oficial, como cédula, pasaporte o carnet de residencia, y registrar estos datos de forma segura. También se les ordena notificar a sus clientes mediante mensajes de texto (SMS) u otros medios de procedimientos y plazo para validar sus líneas. Si este proceso no se realiza, las líneas serán suspendidas por hasta dos meses y luego serán canceladas.
El presidente del Consejo Directivo del INDOTEL, Guido Gómez Mazara, explicó que esta resolución surge a raíz de una carta enviada por la Procuraduría al órgano regulador de las telecomunicaciones que establece que , durante los últimos 18 meses, se han reportado 54,378 celulares robados o extraviados, lo que equivale a un promedio de 3,021 casos mensuales y 100 por día, cuyas cifras no reflejan la totalidad del problema, ya que no incluyen los reportes directos a la Policía Nacional, ni los robos no denunciados.
“Se estima que cada mes ingresan al país 4,000 celulares robados desde el extranjero, en un mercado donde se contratan cerca de 400,000 líneas móviles prepago mensualmente, de las cuales el 85 % son vendidas de manera informal en la calle, dificultando así su trazabilidad y control, por lo que estamos trabajando en coordinación con la Procuraduría para contrarrestar el robo de los dispositivos móviles en el país”, dijo.
“Como órgano regulador, tenemos la obligación de garantizar que cada línea esté correctamente identificada. Esta es una acción correctiva, pero también preventiva, que apoya a las autoridades, protege a los ciudadanos y fortalece la confianza en el sistema”, enfatizó el funcionario de las telecomunicaciones.
La medida se basa en los artículos 11 y 31 del Reglamento General del Servicio Telefónico, así como en el artículo 10 de la Norma que Regula la Contratación de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, que exigen a las prestadoras verificar que toda línea esté asociada a una identidad válida antes de ser activada.
Además de garantizar la seguridad de los usuarios, esta disposición fortalece el sistema de emergencias 911, que depende de información veraz para atender con efectividad, y apoya la labor de los organismos de inteligencia y el Ministerio Público en la persecución de delitos asociados a dispositivos móviles.
A Gómez Mazara le acompañaron los miembros del Consejo Directivo del INDOTEL, Alexis Cruz, Juan Taveras Hernández, junto a gerentes y directores de las diferentes áreas de la institución.
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Fiscal acusado de sobornar testigo del caso Senasa recibe rechazo de solicitud de variación de prisión preventiva.
Santo Domingo, R.D.-La solicitud del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, a quien el Ministerio Público señala de exigir y recibir soborno a un testigo del fraude en el Seguro Nacional de Senasa, de variar la prisión que se le impuso por una medida de coerción menos grave, fue rechazada este miércoles por una jueza de la corte del Distrito Nacional.
La magistrada Nancy Joaquín Guzmán, de la Tercera Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional, ratificó los tres meses de cárcel en Najayo Hombres que se le impuso al miembro del Ministerio Público en mayo y que luego le confirmó en junio la Suprema Corte de Justicia.
- El Ministerio Público, representado por el titular de Persecución, Wilson Camacho, junto al procurador de corte Eduardo Velázquez Muñoz y Andrés Mena, logró que el tribunal acogiera su petición de mantener la prisión al imputado.
- Según Velázquez Muñoz, los presupuestos presentados por la defensa del imputado fueron insuficientes en base al peligro de fuga y la gravedad de los hechos que se le atribuyen.
A Valdez Alcántara se le señala por exigir y recibir un soborno de 10,000 dólares por parte de Roberto Canaán Acta, exgerente de Atención al Usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Por el caso de corrupción en el Senasa, este jueves el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción, revisará también la prisión preventiva que se le impuso al exdirector de la ARS, Santiago Hazim y los otros cinco imputados que permanecen en la cárcel de Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra.
Asimismo, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
Ada Ledesma Ubiera, está última quien estaba recluida en Najayo Mujeres, fue favorecida recientemente con una garantía económica y arresto domiciliario.
Los otros tres procesados por el presunto fraude son el empresario Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidy Mariela Medina, quienes tienen arresto domiciliario desde el pasado mes de diciembre.
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Fiscales piden a tribunal rechazar solicitud de extinción de la acción penal a Jean Alain
Santo Domingo, R.D.-Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recibió el pedido del Ministerio Público solicitó a las juezas del Segundo Tribunal para que rechace la petición de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal acusado en un expediente por presunta corrupción administrativa.
Durante la audiencia, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, sostuvo que la extinción procesal constituye una sanción ante la inactividad o la conducta defectuosa de las partes. En ese sentido, argumentó que la dilatación en el tiempo del presente caso no es atribuible a faltas del órgano acusador, sino a la propia naturaleza y complejidad del expediente.
Ortiz afirmó que el artículo 146 del Código Procesal Penal, reformado por la Ley 97-25, establece los parámetros objetivos para determinar la razonabilidad de los plazos procesales, y destacó que el proceso maneja una cantidad de elementos probatorios sustancialmente superior a los 4,000 analizados en otros expedientes de corrupción.
«La extinción es una sanción procesal. ¿A quién se castiga? A la parte que ha actuado de manera contraria a las normas. El Ministerio Público no ha incurrido en negligencia ni en inactividad defectuosa que amerite la ‘muerte procesal’ de esta causa», aseveró la magistrada.
Para sustentar la postura del órgano persecutor, Ortiz citó la resolución jurisprudencial dictada por el mismo tribunal el 17 de marzo de 2025 en el expediente seguido contra Juan Alexis Medina Sánchez, a quien también se le rechazó una solicitud de extinción de la acción penal.
Por su parte, el fiscal Emmanuel Ramírez, de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, sostuvo que el alegado retardo del juicio responde a una deliberada estrategia dilatoria implementada por las defensas de los procesados a lo largo de la investigación y del proceso judicial.
Para fundamentar su postura, Ramírez detalló que solo una de las defensas presentó cinco recusaciones consecutivas contra los fiscales del caso con el objetivo de paralizar las investigaciones. El representante del Ministerio Público señaló que todas y cada una de esas recusaciones fueron rechazadas por los tribunales por carecer de fundamento jurídico, demostrando que su único propósito fue ralentizar el curso normal de la justicia.
El magistrado también abordó la magnitud del expediente para contextualizar la administración de los tiempos procesales, recordando que se trata de uno de los casos de corrupción administrativa más voluminosos en la historia judicial dominicana:
El Ministerio Público depositó en estrados las pruebas físicas relativas a las recusaciones rechazadas para que consten en el récord del tribunal al momento de decidir sobre la petición de la defensa.
Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, afirmó que crear o publicar una caricatura, un meme, una parodia, una sátira, un video o una imagen con fines periodísticos, artísticos, humorísticos o como vehículo de crítica social no constituye un delito, debido a que ni el Código Penal aprobado ni su reforma lo tipifican o sancionan con penas de prisión o multa.
La procuradora sostuvo que el artículo 169 de la Constitución dominicana establece que el Ministerio Público es el órgano encargado de formular e implementar la política de persecución penal contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.
En ese sentido, la procuradora consideró pertinente esclarecer el tema que, según señaló, ha recibido una interpretación errónea por parte de algunos sectores que inciden en la opinión pública.
Asimismo, recordó que el derecho penal solo sanciona acciones u omisiones dolosas o culposas, y que el principio de legalidad penal exige que toda conducta sancionable esté descrita de manera expresa, precisa e inequívoca en la ley.
La titular del Ministerio Público advirtió además que es un error realizar interpretaciones extensivas o recurrir a la analogía en contra de una persona, ya que el derecho penal lo prohíbe de forma estricta, salvo que dicha interpretación favorezca al procesado.
Precisó que la alteración de videos o audios con fines ilícitos para perjudicar a un tercero no extiende sus efectos a la elaboración de memes, caricaturas o parodias desarrolladas dentro del ejercicio de la libre expresión y la creación artística, actividades que subrayó se encuentran plenamente protegidas por la Constitución.