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Sentencia del TSA fue un resultado de la Inejecución sucesiva de la Ley 266-04 sobre terrenos parque Jaragua
Santo Domingo, R.D.-La no ejecucion de la Ley 266-04 por parte de la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales (DNMC), fue el elemento que sirvió de base a la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) para acoger un recurso de amparo interpuesto por una empresa que reclama terrenos al Estado en la zona del Parque Nacional Jaragua.
Según la sentencia, esa omisión en ejecutar las disposiciones derivadas de dicha normativa afectaba derechos patrimoniales de la recurrente, al impedirle disponer de los inmuebles bajo el régimen previsto para el Polo Turístico de la Región Suroeste.
La Quinta Sala del TSA se basó en la Ley 266-04, sobre demarcación turística prioritaria en las provincias Barahona, Independencia y Pedernales para acoger un recurso de amparo de una empresa que reclama más de 12 millones de metros cuadrados de terrenos al Estado, debido a que, según esa decisión, las áreas protegidas «quedaron modificadas» con esa normativa de hace más de 20 años.
Los jueces de la Quinta Sala del TSA sostienen que «existía una inejecución sucesiva a cargo de la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales en el reconocimiento de las entonces áreas protegidas que quedaron modificadas por la Ley 266-04, y que esta inejecución afectaba a los derechos patrimoniales (art. 51 y siguientes de la Carta Magna) de la exponente por no poder disponer de los inmuebles bajo los beneficios de la Ley 266-04«.
La sentencia de la Quinta Sala del TSA de noviembre del 2025, menciona otra emitida por la Cuarta Sala de ese Tribunal Superior Administrativo a final del 2024, la cual ordenó a la DNMC «dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 5 de la Ley 266-2004, el cual establece que: ‘La Dirección General de Mensuras Catastrales queda encargada de establecer los puntos y límites del polígono que se forma con las áreas declaradas por la presente ley como Polo Turístico de la Región Suroeste’«.
La Quinta Sala establece que, del estudio de las pruebas aportadas por parte del recurrente, esta «posee el derecho de propiedad sobre las parcelas identificadas reclamadas, algunas dentro de los límites del área denominada «Polo Turístico de la Región Suroeste«.
El informe del agrimensorLa Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo toma en cuenta, dentro de las pruebas valoradas, el informe catastral de un agrimensor que favorece a Inversiones del Sur, S.R, un profesional cuestionado durante años e investigado por el Ministerio Público.
El agrimensor es Orlando Lorenzo Gómez Gómez, por cuyo «informe técnico, cartográfico y catastral», presentado en septiembre del 2025, la Dirección General de Mensuras Catastrales «cumplió con el mandato de la sentencia emitida por la Cuarta Sala del TSA.
«Determinando que las parcelas a) 294575093454, con una superficie de 3,143,122.69 metros cuadrados, ubicado en Oviedo, Pedernales, matrícula núm. 0600004901; b) 294564071862, con una superficie de 3,143,121.87 metros cuadrados, ubicado en Oviedo, Pedernales, matrícula núm. 0600004902; ?) 294553332606, con una superficie de 3,144,381.38 metros cuadrados, ubicado en Oviedo, Pedernales, matrícula núm. 0600004903, y, d) 294541589603, con una superficie de 3,146,565.88 metros cuadrados, ubicado en Oviedo, Pedernales, matrícula núm. 0600004904, no se encuentran dentro del Parque Nacional Jaragua, ni de otra área protegida reconocida por la ley 202-04», sostiene el fallo de la Quinta Sala del TSA.
Añade que «el referido informe técnico, también señaló que conforme a los artículos 26, 27 y 28» de la Ley 202-04 el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena) «tiene la obligación legal de actualizar el Catastro Nacional de Áreas protegidas o Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)», con las modificaciones que ordena la Ley 266-04.
«Asimismo, dicho informe confirma que el único paso pendiente para garantizar la plena seguridad jurídica de los inmuebles es la actualización del Catastro Nacional de Áreas Protegidas por parte del MIMARENA, reflejando la exclusión establecida en la Ley núm. 266-04», según los jueces Mildred Inmaculada Hernández Grullón, jueza presidente en funciones; Ramona Gutiérrez Batista e Ismael Ramírez Santana, de la Quinta Sala del TSA.
Rechazan que ley ordene reducir áreas protegidas
El ambientalista Luis Carvajal y el viceministro de Áreas Protegidas y Diversidad, Carlos Batista, rechazan que la Ley 266-04 ordene reducir límites de las áreas protegidas para crear polos turísticos porque, de ser así, sería inconstitucional.
Sostuvo que un momento dado el Tribunal Administrativo admitió una sentencia parecida a la que beneficia a Inversiones del Sur «y tuvieron que echarla para atrás».
Batista explicó que la Ley 266-04 es una ordinaria y que para modificar los límites de las áreas de conservación de la biodiversidad se requiere que el Congreso la apruebe «con las tres cuartas partes» de los legisladores. «Es un blindaje» que poseen las áreas protegidas parecido al que tiene la Constitución, dijo el funcionario.
Carvajal sostiene que el agrimensor Orlando Lorenzo Gómez Gómez es de una parte interesada que «tiene reclamo de área en la misma zona y ha estado metido en todo este conflicto todo el tiempo». Mientras que Batista dice que el profesional tiene «de tres a cuatro títulos en Pedernales y que es investigado por el Ministerio Público.
En el 2018, el Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original de Barahona ordenó anular deslindes realizado por Gómez considerados «fraudulentos».
Santo Domingo, R.D.-Los representantes legales de las familias Reyes y Mota formalizaron su desistimiento de la acción penal contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y el abogado Ángel Lockward, implicados en el caso Calamar.
Los representantes legales de los querellantes explicaron que, tras una revisión exhaustiva de las pruebas y la documentación del expediente, determinaron que los pagos cuestionados se realizaron conforme a la ley y que no existen fundamentos que comprometan la responsabilidad penal de los imputados.
Pagos dentro del marco de ley
Durante la fase de réplica, los abogados de ambas familias explicaron al tribunal que los compromisos financieros vinculados al expediente fueron cumplidos de manera correcta y transparente.
Según sus declaraciones, las operaciones bajo análisis no constituyeron irregularidades, lo que motivó el retiro inmediato de la querella.
Cabe destacar que este nuevo desistimiento se suma a una tendencia creciente en el proceso, donde decenas de querellantes originales han optado por retirar sus acciones tras validar la legitimidad de las transacciones.
Al respecto, la abogada María del Pilar Zuleta, parte de la defensa técnica de Donald Guerrero, señaló que estas decisiones de las familias evidencian “profundas debilidades” en la acusación presentada por el órgano persecutor.
La audiencia continuó con la participación de las demás partes procesales, mientras el tribunal sigue conociendo las réplicas y argumentos presentados por los distintos actores involucrados en esta etapa preliminar del proceso judicial.
El ministerio público le imputa en el presunto entramado de corrupción, desmantelado a través de la operación Calamar. El proceso involucra también a los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta.
SANTO DOMINGO.- El proceso judicial por la tragedia de la discoteca Jet Set continuará este lunes con la audiencia preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del establecimiento.
El caso está a cargo del juez Raymundo Mejía, titular del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien fijó esta fecha para iniciar la etapa preliminar del proceso tras aplazar la audiencia anterior para garantizar los plazos procesales y notificar a las partes involucradas.
Durante la audiencia, se evaluarán las pruebas y argumentos presentados por el Ministerio Público contra los hermanos Espaillat, quienes enfrentan acusaciones relacionadas con homicidio involuntario.
Según el Ministerio Público, el caso cuenta con 346 víctimas y querellantes.
LA TRAGEDIA
La tragedia del Jet Set fue uno de los peores desastres no naturales en la historia de la República Dominicana. Ocurrió la madrugada del 8 de abril de 2025 cuando se desplomó el techo de esta discoteca, ubicada en el barrio El Portal, de Santo Domingo, durante un concierto de merengue.
El establecimiento estaba lleno, con más de 500 personas. En ese momento se presentaba el cantante Rubby Pérez. Alrededor de las 12:44 a. m. el techo colapsó de forma repentina y cayeron concreto y estructuras metálicas sobre la pista de baile y el escenario. 236 personas murieron. y más de 180 resultaron heridas.
Entre los fallecidos estuvieron figuras conocidas como el propio Rubby Pérez y el pelotero Octavio Dotel.
POSIBLES CAUSAS
La causa exacta estuvo bajo investigación, pero se mencionaron factores como: Problemas estructurales del techo, Peso de equipos pesados instalados arriba, Reparaciones recientes y filtraciones de agua.
Después del desastre, el dueño del club Antonio Espaillat y otras personas enfrentaron investigaciones y procesos judiciales por presunta negligencia. Ha habido emandas y debates sobre seguridad de edificios y regulación de locales públicos.
El país declaró días de duelo nacional.
Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, destacó el sábado que el Ministerio Público avanza en la tecnificación de todos sus procesos, con el objetivo de estandarizar la calidad de los servicios y facilitar la respuesta oportuna a la ciudadanía y en ese sentido iniciará un Nuevo Modelo de Procesamiento de Escena de Crimen en coordinación con la Policía Nacional.
“Nosotros no queremos plan piloto; nosotros queremos entrar al cien por ciento en todos los distritos judiciales a operar. No es ni siquiera para parecer más modernos, es para facilitarles a los ciudadanos la posibilidad de obtener una decisión de manera oportuna y de calidad”, dijo.
En la capacitación, impartida a través del Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP), participan integrantes del Ministerio Público a nivel nacional. Durante su exposición, la procuradora general reiteró que del trabajo de los fiscales depende la vida y la calidad de las personas, sus derechos y sus bienes.
En la actividad educativa, realizada en la sede de la Procuraduría General de la República, participó el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, director de la Policía Nacional, y Ángel Brito, director de la Escuela Nacional de la Judicatura.
Además, la rectora del IES-ENMP, Marien Montero Beard; el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la procuradora de corte Isaura Suárez, responsable de la Dirección Carrera del Ministerio Público.
Asimismo, el director de la Policía Científica de la Policía Nacional, coronel Fulvio Emilio Grullón Penso, y la directora general del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Sonia Lebrón.
Al referirse a las acciones impulsadas para garantizar un servicio de calidad a la población, la procuradora general pidió a los miembros del Ministerio Público trabajar siempre para una mayor eficiencia. “Les pido a cada uno de ustedes que cuando se levanten le pongan toda la pasión, toda la energía, toda la dedicación a lo que ustedes hacen; porque ese trabajo, lo vale, por mucho lo vale, y piensen que de cada acción nuestra puede depender la vida y la calidad de vida de una persona”.
Valoró la disposición de la Policía Nacional a garantizar que sus actas de inspección de la escena del crimen puedan ser entregadas a los fiscales por la vía digital, así como al Poder Judicial por su plataforma para tramitar todas las órdenes e instancias que se puedan depositar.
Yeni Berenice explicó que el Ministerio Público ha establecido la necesidad de un nuevo modelo de procesamiento de la escena el crimen. En ese orden, enfatizó en que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses tiene que tecnificarse y tiene que transformarse. “Hemos dicho y reiterado que vamos a tener el Instituto de Ciencias Forenses más moderno de Iberoamérica, el más tecnificado”, reiteró.
Destacó que el Ministerio Público se encuentra desarrollando la planificación para las edificaciones de la construcción del Inacif central en Santo Domingo Este y en Santiago, en la avenida 27 de Febrero.
Recordó que a partir de abril los miembros del Ministerio Público comenzarán a utilizar los chalecos antibalas y las cámaras digitales por instrucción general.
“Las cámaras corporales que ustedes van a conocer hoy sus propiedades y que ya están en manos del Ministerio Público, son cámaras de última generación, lo mejor que hay en el mercado y que tiene que ver con la necesidad de aquellas actuaciones con inspecciones en el lugar del hecho”, detalló.
En la apertura del programa participaron miembros del Consejo Superior del Ministerio Público y del Consejo Académico del IES-ENMP, procuradores generales de Corte de Apelación, fiscales titulares, directores de las procuradurías especializadas y miembros de los cuerpos castrenses.