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Sentencia del TSA fue un resultado de la Inejecución sucesiva de la Ley 266-04 sobre terrenos parque Jaragua
Santo Domingo, R.D.-La no ejecucion de la Ley 266-04 por parte de la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales (DNMC), fue el elemento que sirvió de base a la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) para acoger un recurso de amparo interpuesto por una empresa que reclama terrenos al Estado en la zona del Parque Nacional Jaragua.
Según la sentencia, esa omisión en ejecutar las disposiciones derivadas de dicha normativa afectaba derechos patrimoniales de la recurrente, al impedirle disponer de los inmuebles bajo el régimen previsto para el Polo Turístico de la Región Suroeste.
La Quinta Sala del TSA se basó en la Ley 266-04, sobre demarcación turística prioritaria en las provincias Barahona, Independencia y Pedernales para acoger un recurso de amparo de una empresa que reclama más de 12 millones de metros cuadrados de terrenos al Estado, debido a que, según esa decisión, las áreas protegidas «quedaron modificadas» con esa normativa de hace más de 20 años.
Los jueces de la Quinta Sala del TSA sostienen que «existía una inejecución sucesiva a cargo de la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales en el reconocimiento de las entonces áreas protegidas que quedaron modificadas por la Ley 266-04, y que esta inejecución afectaba a los derechos patrimoniales (art. 51 y siguientes de la Carta Magna) de la exponente por no poder disponer de los inmuebles bajo los beneficios de la Ley 266-04«.
La sentencia de la Quinta Sala del TSA de noviembre del 2025, menciona otra emitida por la Cuarta Sala de ese Tribunal Superior Administrativo a final del 2024, la cual ordenó a la DNMC «dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 5 de la Ley 266-2004, el cual establece que: ‘La Dirección General de Mensuras Catastrales queda encargada de establecer los puntos y límites del polígono que se forma con las áreas declaradas por la presente ley como Polo Turístico de la Región Suroeste’«.
La Quinta Sala establece que, del estudio de las pruebas aportadas por parte del recurrente, esta «posee el derecho de propiedad sobre las parcelas identificadas reclamadas, algunas dentro de los límites del área denominada «Polo Turístico de la Región Suroeste«.
El informe del agrimensorLa Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo toma en cuenta, dentro de las pruebas valoradas, el informe catastral de un agrimensor que favorece a Inversiones del Sur, S.R, un profesional cuestionado durante años e investigado por el Ministerio Público.
El agrimensor es Orlando Lorenzo Gómez Gómez, por cuyo «informe técnico, cartográfico y catastral», presentado en septiembre del 2025, la Dirección General de Mensuras Catastrales «cumplió con el mandato de la sentencia emitida por la Cuarta Sala del TSA.
«Determinando que las parcelas a) 294575093454, con una superficie de 3,143,122.69 metros cuadrados, ubicado en Oviedo, Pedernales, matrícula núm. 0600004901; b) 294564071862, con una superficie de 3,143,121.87 metros cuadrados, ubicado en Oviedo, Pedernales, matrícula núm. 0600004902; ?) 294553332606, con una superficie de 3,144,381.38 metros cuadrados, ubicado en Oviedo, Pedernales, matrícula núm. 0600004903, y, d) 294541589603, con una superficie de 3,146,565.88 metros cuadrados, ubicado en Oviedo, Pedernales, matrícula núm. 0600004904, no se encuentran dentro del Parque Nacional Jaragua, ni de otra área protegida reconocida por la ley 202-04», sostiene el fallo de la Quinta Sala del TSA.
Añade que «el referido informe técnico, también señaló que conforme a los artículos 26, 27 y 28» de la Ley 202-04 el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena) «tiene la obligación legal de actualizar el Catastro Nacional de Áreas protegidas o Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)», con las modificaciones que ordena la Ley 266-04.
«Asimismo, dicho informe confirma que el único paso pendiente para garantizar la plena seguridad jurídica de los inmuebles es la actualización del Catastro Nacional de Áreas Protegidas por parte del MIMARENA, reflejando la exclusión establecida en la Ley núm. 266-04», según los jueces Mildred Inmaculada Hernández Grullón, jueza presidente en funciones; Ramona Gutiérrez Batista e Ismael Ramírez Santana, de la Quinta Sala del TSA.
Rechazan que ley ordene reducir áreas protegidas
El ambientalista Luis Carvajal y el viceministro de Áreas Protegidas y Diversidad, Carlos Batista, rechazan que la Ley 266-04 ordene reducir límites de las áreas protegidas para crear polos turísticos porque, de ser así, sería inconstitucional.
Sostuvo que un momento dado el Tribunal Administrativo admitió una sentencia parecida a la que beneficia a Inversiones del Sur «y tuvieron que echarla para atrás».
Batista explicó que la Ley 266-04 es una ordinaria y que para modificar los límites de las áreas de conservación de la biodiversidad se requiere que el Congreso la apruebe «con las tres cuartas partes» de los legisladores. «Es un blindaje» que poseen las áreas protegidas parecido al que tiene la Constitución, dijo el funcionario.
Carvajal sostiene que el agrimensor Orlando Lorenzo Gómez Gómez es de una parte interesada que «tiene reclamo de área en la misma zona y ha estado metido en todo este conflicto todo el tiempo». Mientras que Batista dice que el profesional tiene «de tres a cuatro títulos en Pedernales y que es investigado por el Ministerio Público.
En el 2018, el Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original de Barahona ordenó anular deslindes realizado por Gómez considerados «fraudulentos».
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Procuradora ordena investigar actuación de Violencia de Género tras feminicidio en Alma Rosa
Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República lamentó el asesinato de Esmeralda Moronta de los Santos, de 33 años, quien fue ultimada a tiros por su expareja tras haber acudido a denunciarlo el mismo día del crimen.
Reynoso informó que ha dispuesto una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del hecho y, de manera crítica, verificar si la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género de Santo Domingo Este agotó los protocolos de protección correspondientes tras recibir la denuncia de la víctima.
Según el informe preliminar, el trágico suceso ocurrió la tarde del miércoles en el sector Alma Rosa. Moronta de los Santos había acudido esa misma mañana, acompañada de una amiga a la unidad del Ministerio Público ubicada en la calle Puerto Rico para buscar auxilio ante las amenazas de su agresor.
La investigación interna tiene el objetivo de determinar si hubo fallas en el sistema de protección que debió garantizar la integridad de Moronta, quien deja en la orfandad a dos menores de 10 y 3 años.
«El caso será investigado con el rigor que exige la gravedad del hecho», afirmó la procuradora, quien además manifestó su solidaridad con el dolor de los familiares ante la pérdida.
Santo Domingo, R.D.-Un anteproyecto para modificar el articulo 1 del Codigo Civil trabaja la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo con el objetivo de que las leyes entren en vigencia al mismo tiempo en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.
La iniciativa procura eliminar la diferencia existente en la actualidad sobre el momento en que las normas se consideran obligatorias en ambos territorios. Actualmente, el Código Civil establece que las leyes se reputan conocidas al día siguiente de su publicación en el Distrito Nacional, mientras que en el resto de las provincias ocurre el segundo día.
Con la reforma, el Poder Ejecutivo busca adecuar esa disposición a la realidad territorial e institucional surgida tras la creación de la provincia Santo Domingo mediante la Ley 163-01, ya que dicho territorio anteriormente formaba parte del Distrito Nacional, indica un documento.
- La Consultoría Jurídica considera que mantener plazos distintos carece de sentido jurídico, tomando en cuenta que hoy ambos territorios conforman el Gran Santo Domingo y mantienen una estrecha integración administrativa, económica y social.
El anteproyecto también persigue fortalecer la seguridad jurídica y garantizar mayor coherencia normativa en la aplicación de las leyes, evitando diferencias en el inicio de su obligatoriedad entre territorios que históricamente estuvieron unificados.
La propuesta forma parte del proceso de actualización del ordenamiento jurídico nacional impulsado por el Poder Ejecutivo, en respuesta a los cambios institucionales y territoriales experimentados por el país en las últimas décadas.
Santo Domingo, R.D.-Yirbety Polanco, jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, ordenó la libertad de diez personas acusadas de integrar una presunta red vinculada a posesión ilegal de armas y sustancias controladas, tras ser arrestadas durante un operativo realizado en una villa de San José de las Matas, provincia Santiago.
Como parte de la decisión judicial, la magistrada impuso medidas de coerción consistentes en el pago de una garantía económica de 500 mil pesos mediante una compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país para los imputados.
Entre los señalados en el expediente figuran Yapur Ramian Díaz, alias “Shampoo”, y Leury Damián Mata Castillo, ambos identificados por las autoridades como presuntos prófugos de la justicia. Asimismo, fue detenido Carlos José Troche, conocido como “Nino Dólar”, quien supuestamente estaría vinculado a la alegada estructura criminal, según informaciones oficiales.