Opinión
Infartos urbanos
Por Hamlet Hermann
Sugerir la Independencia como desahogo del Malecón es dañino
En Santo Domingo, a diario se mueven cerca de cuatro millones de personas. Esta movilización, administrada con una mentalidad de arrabal ha intoxicado la urbe hasta potenciar el caos que padecemos desde hace varios años. Pocas veces el Ayuntamiento del Distrito Nacional y sus Regidores han aportado ideas que permitan considerarlos como medianamente conocedores de los problemas de la ciudad capital.
Ahora vuelve por sus fueros esa filosofía del arrabal con una descabellada idea para, supuestamente, proteger el “Malecón turístico”: prohibirán la circulación de vehículos pesados por la avenida George Washington desde la avenida Máximo Gómez hasta el puerto de Santo Domingo. Prefieren ignorar que ninguna prohibición puede establecerse sin aportar una alternativa de circulación más eficiente que la suprimida. Eso de que los conductores de camiones “tendrán que buscar una nueva ruta para transitar por el Distrito Nacional”, no es más que una tóxica invitación a profundizar el caos reinante.
Alguien debía explicarles a los ediles que el tránsito y el transporte en las ciudades modernas deben ser manejados con criterios cuantitativos y cualitativos. Acertado sería imaginar las calles y avenidas de la ciudad como un sistema de venas y arterias por donde circula sangre humana. La misión sería evitar los coágulos que inducen infartos letales, para no tener que apelar a cirugías de corazón abierto. Así como por una arteria no se puede impulsar una cantidad de sangre más allá de su diámetro y de la resistencia de sus paredes, las calles tienen limitaciones que impiden canalizar más vehículos que los que pudieran caber entre sus contenes. Sugerir la avenida Independencia como vía de desahogo del Malecón es una medida más dañina que un coágulo. Más que facilitar la circulación, las autoridades podrían estar provocando coágulos de vehículos provocadores de infartos fulminantes que afectarían la economía del país y agravarían el estado de ánimo de conductores y pasajeros.
Es tiempo ya de que el Poder Ejecutivo disponga que la excesiva cantidad de instituciones que han dañado el sistema de transporte haga un levantamiento de cuántos vehículos y de qué tipo circulan cada calle o carretera en cada momento del día y de la noche. Si todavía no lo entienden, alguien debía aclararles que se pueden elaborar curvas de nivel de tránsito durante 24 horas de cada día de la semana y así descubrir qué realmente pasa en las calles y cuándo empiezan a generarse las crisis.
Vergüenza debía darles que los monopolistas del transporte de carga piensen más en la ciudad que el Síndico y los regidores cuando proponen que esa circulación sea permitida entre la medianoche y las seis de la mañana. Vergüenza debía darles al sugerir que los camiones se desvíen por la avenida Independencia, vía esta que de por sí ya está saturada por las tantas líneas de transporte público, urbanas e interurbanas que la colman.
Lo que más convendría a la ciudad en este momento es que el Ayuntamiento siguiera al pie de la letra las recomendaciones hechas por la Asociación de Industrias. Primero que todo, suspender la puesta en marcha de la ordenanza 11-2012 que orienta hacia otra metedura de pata en el manejo del tránsito por una importante zona. Además, fijar y controlar las rutas alternas para el tránsito de vehículos pesados con base en Santo Domingo y en otras ciudades del país. También, frenar los privilegios de circulación de los automóviles privados, permitiendo a camiones y autobuses el uso de los elevados y túneles que debían tener la prioridad en el uso de las vías públicas.
Entonces seguir sus observaciones al pie de la letra y evitar que, en el futuro, la expedición de “hojas de ruta” no vayan a convertirse en fuente de corrupción administrativa. Con los planteamientos de la AIRD no quedarían grietas sospechosas de improvisación. Ojalá la filosofía del arrabal tuviera un momento de lucidez para estudiar con detenimiento las observaciones planteadas a través de la diosa griega.
La filosofía del arrabal no debe seguir legislando para perjuicio de los ciudadanos. Alguien debía obligarlos a escuchar y respetar las opiniones ajenas. Para empezar, debían poner oídos limpios a las recomendaciones de la Asociación de Industrias y de FENATRADO.
Y después hablamos.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por el Dr. Isaías Ramos
En una época marcada por desafíos sociales y políticos sin precedentes, la necesidad de fortalecer los cimientos de una sociedad basada en la dignidad, la equidad, la libertad y la democracia es más urgente que nunca. La búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos nuestros ciudadanos requiere un compromiso renovado con estos principios fundamentales, esenciales para el bienestar y el progreso de nuestra nación.
La libertad individual permite a cada persona expresar sus ideas, creencias y opiniones sin temor a represalias. Es un derecho intrínseco y un pilar indispensable de cualquier sociedad que aspira a ser justa y equitativa. Esta libertad es la esencia misma de la dignidad humana y debe ser defendida con vigor en todos los frentes, especialmente en tiempos donde puede ser amenazada por intereses partidistas o agendas autoritarias.
Paralelamente, la democracia, entendida como el sistema político que facilita la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus vidas, es crucial para la salud de nuestro tejido social. A través de una democracia robusta y vibrante, podemos garantizar que los derechos fundamentales de cada individuo sean respetados y que las políticas públicas reflejen verdaderamente las necesidades e intereses del pueblo.
Sin embargo, debemos reconocer que la libertad y la democracia no son solo aspiraciones ideales; son principios concretos y palpables que deben guiar nuestras acciones cotidianas. La defensa constante y la promoción de estos valores son cruciales para mantener una sociedad justa, libre de opresión y capaz de adaptarse a los cambios de nuestro mundo globalizado.
Es esencial fortalecer las instituciones democráticas existentes para garantizar su transparencia, eficiencia e integridad. El respeto irrestricto al Estado de Derecho y el cumplimiento riguroso de las leyes son fundamentales en la protección de los derechos individuales y colectivos. Estos principios no solo preservan el orden, sino que también promueven un clima de confianza y seguridad que es vital para la estabilidad social y el desarrollo económico.
La educación desempeña un rol crucial en este panorama, actuando como el medio por el cual se inculcan los valores cívicos necesarios para fomentar una cultura basada en el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo constructivo. A través del acceso universal a una educación inclusiva y equitativa, podemos formar a ciudadanos informados y críticos, capacitados para participar de manera activa y consciente en la vida política y social del país.
En el Frente Cívico y Social entendemos que en estos tiempos donde las amenazas contra la libertad individual y los principios democráticos son evidentes y crecientes, es responsabilidad de todos nosotros defender estos derechos inalienables con valentía y determinación. No podemos ser complacientes ni pasivos; el compromiso con la libertad y la democracia debe ser activo y constante.
Es por esa razón que en el FCS creemos que un llamado a la acción no es solo un imperativo moral, sino también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un futuro donde cada persona pueda vivir con dignidad y equidad bajo un sistema robusto basado en principios sólidos e incluyentes. Juntos debemos trabajar incansablemente por fortalecer nuestra democracia, preservar nuestra libertad individual e impulsar una sociedad donde reine la justicia social para todos sus habitantes.
No dejemos pasar la oportunidad de ser parte de la construcción de un país que no solo aspire a la grandeza económica, sino que también fomente un ambiente de respeto mutuo y oportunidades equitativas. ¡Juntos, podemos construir el país digno, libre e igualitario que todos anhelamos!
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Según el artículo 1 del Estatuto de Roma la CPI tendrá la potestad de ejercer su competencia sobre las personas responsables ¨de los crímenes más graves de trascendencia internacional¨. El artículo 1 también estipula ̈La competencia y funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatutillo que significa que la CPI sólo tiene competencia sobre las personas mayores de 18 años en el momento en que se cometió el crimen.
El artículo 11 del Estatuto de Roma estipula que la CPI tiene competencia sólo respecto a los delitos cometidos posteriormente a la entrada en vigor del Estatuto de Roma .Si un Estado deviene Estado Parte luego de la entrada en vigor , entonces la CPI podrá ejercer su competencia sólo respecto a los crímenes cometidos luego de la entrada en vigor del Estatuto en ese Estado, excepto cuando se haga la declaración estipulada en el artículo 12, en que se acepte la competencia de la Corte como un Estado no Parte.
Si un Estado Parte desea enjuiciar a alguien por un crimen de la CPI deberá contar, como mínimo, con una legislación que le permita ejercer competencia territorial sobre tales delitos y competencia extraterritorial sobre sus nacionales que cometen los delitos en el extranjero.
Los Estados que deseen enjuiciar a una persona por un delito de la CPI deberán asegurarse de contar con la legislación nacional que les permita ejercer su competencia sobre aquellas personas que cometan estos delitos dentro de su territorio, y los nacionales que los cometan en el exterior. Esto podría requerir simplemente de una enmienda al código penal nacional.
Adicionalmente, el Estado podría tomar en cuenta para ejercer su competencia sería la ̈competencia universal ̈, tal y como se estipula en las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977, relacionados a las ¨faltas graves Cabe resaltar los distintos conceptos de ̈competencia universal¨ que existen: algunos interpretan este término en cuanto a que un Estado puede ejercer su competencia sobre cualquier persona que se encuentre en su territorio, mientras que otros lo interpretan de tal manera que significa que un Estado puede arrestar a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin tomar en cuenta cualquier relación que tenga con el Estado en cuestión. Además otros Estados podrían considerar incluir la competencia basada en el estatus de víctima.
Por Nelson Encarnación
Entre las preocupaciones que suelen perturbar el sueño de los gobernantes, la seguridad de los ciudadanos es una, si tomamos en cuenta que el Estado está obligado a garantizar la tranquilidad y el desplazamiento seguro de los gobernados.
Es por ello que asumir esta como una prioridad refiere el interés de que el territorio desenvuelva su cotidianidad dentro de un ambiente de paz y sosiego.
Sobre todo, un país como el nuestro, cuya economía está atada a dos renglones muy espantadizos: el turismo y la inversión extranjera directa.
Cuando el presidente Luis Abinader asume el combate a la delincuencia como una de sus preocupaciones—y también ocupaciones—es precisamente por el impacto negativo que esta tiene en el clima de negocios, pero igual por el interés de propiciar la tranquilidad nacional.
Con frecuencia escuchamos sobre el entendible temor que genera la delincuencia, lo que deja la impresión de que vivimos en el país más inseguro del continente, lo cual no es cierto.
Y no lo digo yo, sino el informe de InSight Crime de 2023, que recoge las cifras de homicidios en América Latina y el Caribe, en el cual aparecemos entre los más seguros de la región.
Según este informe, la tasa de homicidios se ubicó en 11.5 por cada 100,000 habitantes, una reducción del 7% respecto de 2022, lo que nos sitúa por debajo de países competidores en turismo como Jamaica (60.9), y Puerto Rico (14.4), para solo citar dos ejemplos caribeños.
El Ecuador revienta la balanza en países de más de 10 millones de habitantes, con la astronómica tasa de 44.5 homicidios por cada 100,000, (más que Haití, 40.9), con la agravante de que ha registrado un aumento del 74.5% en los últimos cinco años.
Una verdadera catástrofe sin fin, en contraste con su vecino Perú, que apenas registra 3.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Sobre nuestro país, el informe resalta que, a pesar de ser territorio de tránsito de cocaína, no experimentó un aumento en la violencia en 2023, sino una reducción del 7%.
“El crimen organizado no parece ser un detonante determinante de la violencia en la República Dominicana, ya que la mayor parte de los casos (45,4%) están relacionados con conflictos sociales, y solo el 24,3% parecen estar vinculados a la delincuencia”. Un dato importantísimo.