Opinión
Información de Seguridad Nacional solicitada por la Corte Penal Internacional
Por Rommel Santos Diaz
El artículo 93 del Estatuto de Roma dispone que un Estado Parte podrá rechazar la solicitud de asistencia, en su totalidad o en parte, si esta solicitud es para presentar cualquier documento o difundir cualquier prueba relacionada con la seguridad nacional.
El artículo 72 del Estatuto de Roma enumera el procedimiento a seguir en aquellos casos en que se debe proteger la información de seguridad nacional que es solicitada por la CPI o por una de las partes de un proceso.
El artículo 72 del Estatuto de Roma también dispone que ¨ en cualquier caso en que la difusión de información o documentos de un Estado podrían, en la opinión de este Estado, perjudicar sus intereses de seguridad nacional¨, el Estado podrá tomar cualquier medida razonable, junto con el Fiscal, la Defensa o la Sala de Cuestiones Preliminares o la Sala de Juicio, dependiendo del caso, para tratar de resolver el asunto de manera cooperativa.
Los pasos a tomar podrían incluir modificar o esclarecer la solicitud, requerir a la CPI que determine la importancia de dicha información o de la prueba solicitada, obtener la información de otra fuente, o acordar la utilización de resúmenes o informes.
Una vez que se hayan tomado todas las medidas para resolver el caso de manera solidaria, la CPI tomará los pasos señalados en el artículo 72 del Estatuto de Roma, tales como solicitar más consultas con el Estado u ordenar la difusión.
El artículo 72 del Estatuto de Roma también se aplica a aquellas personas a las cuales se les ha solicitado dar información o prueba, cuando la persona alega que la difusión de tal información o prueba perjudica los intereses de seguridad nacional del Estado y este esta de acuerdo con este argumento.
Los Estados están bajo la obligación de cooperar con la CPI. El artículo 72 del Estatuto de Roma dispone las pautas específicas a seguir en los casos en que la difusión de cierta información que solicite la Corte o una parte, sea considerada por el Estado como perjudicial para la seguridad nacional del mismo.
Los Estados deberán trabajar solidariamente para resolver estas situaciones. El artículo 72 del Estatuto de Roma enumera algunos ejemplos de cómo se puede abarcar este problema de forma solidaria- por ejemplo, acordar en proveer resúmenes o informes u otras medidas preventivas.
Si, no obstante, el Estado y el Fiscal o la CPI no pueden llegar a un acuerdo, según el artículo 72 del Estatuto de Roma el Estado tiene la obligación de notificar al Fiscal o a la CPI, las razones específicas de su decisión- salvo que el especificar las razones fuese perjudicial para la seguridad nacional del Estado.
El artículo 72 del Estatuto de Roma no se puede utilizar para proteger información que no perjudique la seguridad nacional del Estado. Los Estados deberán actuar de buena fe, alegando la protección con base a la seguridad nacional.
Las obligaciones según el artículo 72 del Estatuto de Roma no necesariamente deben estar prescritas en la legislación. La determinación de ¨la seguridad nacional¨ será normalmente una decisión ejecutiva.
Finalmente, la elección de las medidas pertinentes para la difusión con base a la seguridad nacional normalmente será un asunto ejecutivo. Sin embargo, cada Estado deberá revisar su proceso de elección de los distintos procedimientos para determinar si la legislación debe reformarse en este caso.
Por Rommel Santos Díaz
Los crímenes de la competencia del Estatuto de Roma son normalmente aquellas ofensas cometidas contra un número de personas. Los crímenes de lesa humanidad y el genocidio son delitos que generalmente son cometidos por muchos individuos que operan como parte de una extensa organización criminal.
Aquellos que poseen el grado más alto de responsabilidad penal por estos crímenes normalmente son aquellos individuos con posiciones de autoridad que no tienen contacto directo con las víctimas. Ya sea que emitieron las órdenes, incitaron a otros a cometer los crímenes, o crearon los medios con los cuales se cometen estos crímenes.
Es por esta razón que el Estatuto de Roma no restringe la responsabilidad penal por estos delitos a los individuos que estuvieron directamente involucrados con su comisión, pero la entiende a aquellos que estuvieron también indirectamente involucrados.
Según el artículo 25 del Estatuto de Roma, la persona será penalmente responsable si:
- a)Cometio el crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, sea este o no penalmente responsable;
- b)Ordeno, propuso o indujo la comisión de ese crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa;
- c)Fue cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso suministro los medios para su comisión;
- d)Contribuyo de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común. La contribución fue intencional y se hizo con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del grupo, o a sabiendas de que el grupo tenía la intención de cometer el crimen;
- e)Respecto al crimen de genocio, hizo una instigación directa y pública a que se cometiera;
- f)Intente cometer ese crimen.
Sin embargo, la persona que desiste de la comisión del crimen o impida de otra forma que se consume no podrá ser penado de conformidad con el Estatuto de Roma por la tentativa si renunciare íntegra y voluntariamente al propósito delictivo.
Los Estados partes del Estatuto de Roma que deseen enjuiciar a los acusados en sus tribunales nacionales, según el principio de complementariedad, deberán garantizar que su legislación de implementación incluya todas las formas de responsabilidad penal individual y ofensas incoadas dispuestas por el Estatuto.
De lo contrario, no podrían enjuiciar en sus tribunales nacionales la mayor parte de los individuos responsables por la omisión de los delitos contenidos en el Estatuto de Roma.
Finalmente, la mayoría de la legislación penal nacional ya describe la responsabilidad penal individual de la misma manera, y por lo tanto no sería necesario realizar enmiendas legislativas. Los Estados Partes deberán sin embargo asegurarse de que esta responsabilidad se aplique a todos los delitos de la competencia de la Corte Penal Internacional.
Por Elba García Hernández
En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.
Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.
Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.
En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.
Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.
Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.
Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.
Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.
Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.
En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia deja mucho que desear.
Por José Cabral
El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.
Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.
El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.
En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.
En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.
El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.
Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.
En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.
Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.
Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.