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Se Confirma una vez más  Doble Moral de Los Partidos Políticos de la República Dominicana.

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Por Elba García

Los partidos políticos son  entes desde el punto de vista  jurídico del derecho privado, pero de servicio público, es decir, aunque se manejan en función de sus propios intereses impactan decisoriamente  al Estado y en consecuencia a la sociedad y a la democracia.

Los partidos políticos en sentido general son los responsables de crear las leyes  que norman la vida en sociedad, de la inversión pública de buena o mala   calidad y de la poca o mucha transparencia que pueda haber en el Estado, no importa que se trate de un país desarrollado o subdesarrollado.

Ello así porque los  partidos políticos son los que controlan el Estado a través de los Congresos Nacionales o parlamentos, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, porque los jueces y fiscales son el resultado también de la influencia de estas organizaciones en una sociedad de escaso desarrollo de la conciencia social.

En la República Dominicana la malversación de fondos  y la corrupción en la administración pública es un problema endémico y ese fenómeno hace que todo, prácticamente todo, e incluso en el sector privado, sea impactado por este flagelo.

En el país la corrupción es un tema muy manuseado durante todo el cuatrenio de gobierno de cualquier partido político que llega al poder, porque se trata de una cultura, pero está demostrado también  que las diferentes variables del fenómeno  no sólo se dan en el entorno de los funcionarios que manejan grandes presupuestos a través de los ministerios y de otros órganos que controlan   fondos públicos, sino además mediante cualquier organización que se arrope con la sombrilla del Estado.

La organización de la sociedad civil Participación Ciudadana ha publicado el manejo que dan los partidos políticos a los fondos públicos que son otorgados como financiamiento para que éstos puedan desarrollar sus actividades de educación, proselitismo, administración  y otras responsabilidades que tienen en  el marco de la ley que los controla.

De acuerdo a ese informe, los más grandes partidos tienen el mismo comportamiento frente a los recursos públicos, que es como decir los dineros del pueblo dominicano, lo cual deja claro que hay mucho de manipulación, poca transparencia y que lo que uno les exige a los demás no tiene moral para hacerlo.

Participación Çiudadana consigna que los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Moderno (PRM), Revolucionario Dominicano (PRD) y Revolucionario Social Cristiano (PRSC) recibieron del Estado alrededor de mil millones de pesos en el año 2018, los cuales fueron malgastados y derrochados.

El análisis del movimiento no partidista fueron hechos en función de los informes financieros  entregados a la Junta Central Electoral por estos partidos, ya que estas organizaciones manejaron el 80 por ciento de los recursos destinados al financiamiento de instituciones reconocidas por el órgano que se encarga de distribuir esos fondos.

En el caso del PRM y también del PRSC el informe del año 2018 no se compara con el del 2017, lo cual es de rigor en todo informe contable para ser auditado. Dice Participación Ciudadana que en el manejo se registran muchos tipos de gastos dispares, y que hay subcuentas y partidas que se repiten en varias cuentas como son por concepto de alquileres, dietas, viáticos y transporte, entre otros.

El   informe dice textualmete: “Hay varias cuentas y partidas difusas que se prestan para ocultar gastos no partidarios como ‘trabajos políticos’, ‘servicios prestados’, ‘contribuciones y ayudas’, entre otras. En el caso del PRD las ayudas llegaron a casi 6 millones de pesos y en el PLD a 5 millones”, agrega.

El trabajo de investigación cuestiona el hecho de que los partidos pidan préstamos a personas físicas, teniendo posteriormente que pagar altas sumas de dinero, y cita los casos del PRSC, que pagó unos 13 millones de pesos en intereses, y el PRD más de 14 millones, este ultimó le tomó prestado 80 millones a Nelson Cerda, sobre el cual “no hay evidencia en los informes, a través de las notas aclaratorias de que esos préstamos han sido aprobados por el máximo organismo partidario como estipula la ley”.

Otro de los puntos que llama la atención, según las observaciones, es sobre el informe financiero del PRM, donde se registraron en 2018 gastos de más de 6 millones de pesos correspondientes al 2011 y al 2012 cuando este partido no existía. “Esto debe ser explicado por los contadores y la dirigencia de ese partido”.

También se destaca los altos gastos en alimentación, refrigerios, dietas, viáticos y fiestas. Se señala  que el PLD, solo en alimentación para sus empleados (no en actividades políticas), se gastó 10.3 millones de pesos. “Asumiendo que los empleados del PLD trabajan 365 días al año, están gastando unos RD$39,000.00 diarios en comida, lo que luce exagerado aun si el PLD tuviera una plantilla de 100 empleados fijos”. En el caso del PRM se gastaron en fiestas unos 5 millones de pesos, lo cual se  considera contradictorio a sus déficits acumulados de 120.4 millones de pesos.

Se destaca los bajísimos gastos en educación política que estos partidos realizan en las actividades de su membresía y ciudadanía en general. “El PRM gastó 2.7 millones de pesos para sólo un 1.09% del gasto total. El PRD gastó 700 mil pesos, apenas un 0.27% del gasto total. El PRSC que fue el que más gastó, ya que es el único que tiene una escuela-instituto de formación política, ejecutó 4.5 millones de pesos para un 1.78%. El PLD, penosamente, sepultando su tradición fundacional, no registra un solo peso en gasto de actividades educativas”, plantea la investigación.

Recuerda que la Ley 33-18, en su artículo 62 obliga a invertir, a partir del año 2019 un 10% de los fondos recibidos para educación, por lo que estos partidos tienen un gran reto para pasar de las “ínfimas” sumas de 2018 a destinar más de 25 millones de pesos, lo cual no se evidencia que esté sucediendo en este 2019.

 En función de estos hallazgos, PC exhorta a la JCE y a todos los partidos políticos a cumplir con sus responsabilidades legales y éticas en cuanto a la instalación, funcionamiento, supervisión y evaluación de un sistema contable moderno, confiable y transparente.

 El movimiento cívico dice que se debe contribuir a disminuir la corrupción y la falta de integración ciudadana, con el fomento de  la institucionalización en la actividad política, pero este informe dice claramente lo que tanto se ha planteado de la cultura de la doble moral que afecta a la sociedad dominicana, principalmente en la clase política.

El informe, que en opinión de este periódico, en lo que respecta al tema ético abarca a todos los  que conforman el sistema de partidos, los grandes y los pequeños, porque la falta de transparencia afecta a las organizaciones de la izquierda, del centro y de la derecha.

La corrupción es un fenómeno social que tiene un impacto en los sectores públicos y privados y en el conjunto de la sociedad dominicana, lo que deja sin moral para criticar a los que malgastan los más grandes recursos del Estado, porque en realidad lo que importa no es el monto, sino la conducta de los actores de la vida política nacional.

No se entiende como los partidos de la oposición critican  la poca transparencia con que se maneja el patrimonio nacional, pese a que ellos hacen lo mismo con los recursos que les entrega el Estado para que desarrollen sus actividades.

Otra vez  hay que repetir que la lucha en la República Dominicana se circunscribe a   “quítate tú pa´ ponerme yo” y nada más, sobre todo si se parte del hecho de que el principal partido de la oposición, el Revolucionario Moderno, aparezca con un manejo confuso y que genera muchas dudas, mientras es de los principales críticos del abuso que ha hecho  el PLD en el manejo del presupuesto nacional por tratarse del que está en el poder.

 

 

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El abuso de poder, la componenda y la perversidad política en su mayor expresión en el municipio de San José de las Matas

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Hace algunos días que en el municipio de San José de las Matas se produjo un supuesto atentado a tiros en contra de la alcaldesa de allí cuando varios desconocidos en horas de la noche atacaron la residencia de ésta y un vehículo de su propiedad.

En el ataque no hubo heridos ni daños de consideración y el mismo provocó un proceso de investigación que también revela hasta dónde el Ministerio Público cada día actúa en detrimento de su propia credibilidad.

Los acusados del acto criminal en contra de la referida dama ya están bajo custodia policial, pero en el proceso han ocurrido una serie de hechos que dejan lo suficientemente claro que la República Dominicana atraviesa por una verdadera crisis ético-moral a nivel de todas las instancias del Estado.

Lo primero es que el principal sospechoso del atentado, el cual está adornado con la figura del sicariato, de nombre Gabriel Rodríguez Góris (El Chino), ha sido acusado sobre la base de que se ha establecido que fue quien prestó el vehículo en que se movilizaban los supuestos responsables de los hechos.

Este hombre ya ha ofrecido sus declaraciones en el interrogatorio hecho por el Ministerio Público, el cual resulta altamente contradictorio, porque revela una serie de detalles de los hechos que parecen ser el resultado de las alegadas fuertes torturas físicas que ha recibido por parte de la Policía Nacional para que diga lo que los funcionarios del órgano persecutor del crimen y el delito quieren escuchar y que se inscriban en el contexto de lo que el alcalde de Sajoma busca lograr.

Sin embargo, lo más grave del expediente presentado es que acusan al regidor del referido municipio, Brayan Enmanuel Collado, de ser el autor intelectual y en esa virtud aparece en el caso como prófugo de la justicia, lo que lo ha llevado a éste a presentarse en no menos de cuatro veces ante los fiscales que investigan el caso para que sea investigado al respecto, pero éstos se han negado.

El legislador municipal, quien es estudiante de ingeniería civil de la Universidad Católica Madre y Maestra (PCMM) y reconocido empresario inmobiliario y del sector de las remesas de la mano de su padre en el municipio de San José de las Matas, así como el poseedor del más alto crédito otorgado por la Cooperativa de Ahorros y Créditos San José, el cual asciende a cerca de cien millones de pesos, fue el más votado en las pasadas elecciones municipales en Sajoma.

El caso mientras pasan las horas toma un color que desmiente todo lo que ha plasmado en el expediente el Ministerio Público, el cual aparece sin la fuerza que demanda la presentación, principalmente, de una medida de coerción en contra de cualquier imputado.

El atentado parece tornarse como una auto agresión patrocinada por el alcalde de San José de las Matas, Alfredo Reyes, para sacar de circulación al regidor Brayan Collado en razón de que éste inició una ofensiva de denuncias en contra de una serie de irregularidades que ocurren en el ayuntamiento de Sajoma.

La audacia del regidor ha llegado tan lejos que en algún momento se atrevió a decir que aspiraría en el 2028 a la alcaldía de San José de las Matas, donde parece tener algún apoyo social y político.

Esas intenciones de Collado, un joven de unos unos 29 años, fue motivo de preocupación para el actual incumbente del cargo, quien en la actualidad desarrolla su segundo periodo al frente del ayuntamiento, pero que además ha creado una especie de dinastía en la zona de La Sierra, que incluye a su mujer como alcaldesa del Distrito Municipal de El Rubio y de igual modo financia a los que ocupan el mismo puesto en La Cuesta y en Las Placetas, todos pertenecientes al municipio de San José de las Matas.

Este alcalde, que de acuerdo a lo que se ha podido comprobar, paga hasta seis mil pesos por un voto para mantenerse en el cargo, controla personalmente la Sala Capitular del municipio, cuyos regidores no se atreven ni a pedir cuentas de los ingresos y egresos del cabildo.

Carta enviada por el regidor Collado a la alcaldía de Sajoma.

La confrontación entre el alcalde y el regidor Brayan Collado tomó un giro más preocupante cuando el edil le envió una carta al ejecutivo municipal en la que le anunciaba que presentaría una demanda ante el Tribunal Superior Administrativo por éste manejar en favor de sus intereses grupales las propiedades que tiene la corporación edilicia en Sajoma, algunas de las cuales fueron otorgadas sin la introducción de esos contratos de arrendamientos en la Sala Capitular, que es la tiene la facultad de aprobarlos o rechazarlos.

Continuación de la carta.

Un total de 185 bienes inmuebles propiedad del ayuntamiento fueron identificados en un levantamiento al respecto   y los mismos los controla de manera personal el alcalde, quien, además, maneja sin transparencia la compra de combustibles y el pago de las nóminas de las brigadas que trabajan al servicio de la alcaldía en el principal municipio de La Sierra.

El alcalde Reyes también recibe varios millones de pesos mensuales por concepto de renta de equipos pesados al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), del cual renunció el regidor muchos días antes de la ocurrencia de los hechos en los que se le involucra.

Respuesta del ayuntamiento de Sajoma a carta del  regidor

El  atentado, en el que el regidor aparece como supuesto autor intelectual, se ha tornado complicado para que quienes lo concibieron en virtud de que el último de los interrogados por el Ministerio Público, ha dicho que lo ocurrido obedece a un problema de falda, lo cual, de antemano, descarta la teoría de los fiscales que trabajan en el caso, ya que el último imputado del supuesto atentado también dice  desconocer al joven Collado.

Otro elemento que parece complicar más el caso es cómo se han presentado los hechos, ya que ha trascendido que la persona que entrega al principal imputado del hecho, Gabriel Rodríguez Góris (El Chino), es el alcalde Alfredo Reyes, quien incluso, según una fuente de entero crédito, le puso un abogado a éste, lo cual resulta contradictorio en razón de que ello sólo puede ocurrir si tratara de un auto atentado para inculpar al regidor.

El asunto se ha tornado sumamente preocupante porque el poder económico del alcalde ha permitido que la gente esté llena de miedo para enfrentarlo, sobre todo porque el cabildo se maneja como si San José de las Matas estuviera dirigido por un “Trujillito” o cacique que entiende que la institución pública es un patrimonio personal.

El poder acumulado en La Sierra por el referido ejecutivo municipal ha llegado al nivel que uno de los diputados de la Circunscripción 2 de la provincia de Santiago, Braulio Espinal, cuya curul fue pasada a éste por el alcalde Reyes, es un títere puesto y totalmente controlado por el cacique y por su grupo, cuyo sueldo, según lo que ha circulado, debe entregárselo a su jefe político.

El atentado en contra de la vicealcaldesa, quien tiene vínculos muy estrechos con el alcalde, ya que fue él quien la colocó en el cargo, presenta una situación que explica el corrompimiento del Ministerio Público, dado que los abogados apoderados del regidor  se han presentado en no menos de cuatro veces con el imputado para someterse al interrogatorio que disponga el órgano y los fiscales que investigan el caso se han negado a recibirlo, pese a que aparece en  el expediente como prófugo por supuestamente ser el autor intelectual del atentado.

Tanto es así, que este jueves se celebró en la sala de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción en contra del principal  inculpado del atentado y a  la misma se presentó el regidor Collado con sus abogados con la intención de accionar en contra del expediente instrumentado por el Ministerio Público, pero la jueza de ese tribunal dijo que no era posible conocer su caso por razones procesales, ya que Ministerio Público sólo había presentado expediente en contra de Gabriel Rodríguez Góris (El Chino).

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El órgano responsable de combatir el crimen y el delito convertido en promotor y violador de derechos.

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Por Elba García

Ante la inminencia de la escogencia de un nuevo procurador general de la Republica, el país no cuenta con la más mínima garantía ante el creciente deterioro moral, ético e institucional del órgano «persecutor» del crimen y el delito, el cual en vez de cumplir con su misión promueve esos flagelos y pone en peligro el Estado de Derecho.

A pesar de que se trata de un problema sistémico, pero en los actuales momentos la gente se ha creado alguna expectativa con quien sea escogido para el cargo, lo cual implica un compromiso muy serio frente al reto de recuperar el Estado de Derecho, ya que la mayoría de querellas y denuncias que se presentan en este órgano del Estado tienen como destino las gavetas de las oficinas donde opera.

Es una situación de alta peligrosidad en razón de que parece no haber muchas posibilidades de que el fenómeno pueda ser contrarrestado, ya que lo que se ve es que nadie quiere afrontar el problema con la seriedad que amerita.

Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) acaba de aprobar el reglamento para la escogencia del nuevo Procurador General de la República en sustitución de Miriam German Brito, quien no parece tener todo el control del Ministerio Público, ya que hasta para la sanción de cualquier funcionario de este órgano debe conocerse primero en el Consejo que lo gobierna.

La situación del Ministerio Público representa uno de los principales retos de la sociedad dominicana, ya que la gran mayoría de los fiscales están comprometidos con causas que no son precisamente el combate del crimen y el delito.

Se ha observado que algunos de ellos ponen mucho empeño en los casos con una gran importancia mediática como una forma de proyectar una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.

La situación se complica con el apoyo que recibe el fiscal comprometido con lo peor por parte de tribunales nacionales, sobre todo a nivel de los jueces de instrucción y administrativo, cuyos fallos al respecto dejan ver que prácticamente todo está perdido.

En realidad, la sociedad dominicana está desamparada por los órganos del Estado que tienen la responsabilidad de mejorar la seguridad pública y ciudadana, cuyo desempeño es desastroso y preocupante.

Ahora mismo el peor referente de lo mal que está el Estado dominicano es el Ministerio Público, el cual tiene un nivel de descomposición que no deja ninguna posibilidad de que la situación pueda ser corregida.

Sólo falta ver cuál es el curso de ese  órgano del Estado, el cual es un instrumento vital para recomponer lo mal que está el país, porque éste en vez de ser un persecutor de lo mal hecho, lo estimula y le sirve de soporte frente a las víctimas que claman por justicia en todo el territorio nacional.

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Torpezas del Gobierno en política exterior e interna son cada vez más comprometedoras con asuntos de otras naciones.

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Por Elba García

Como nunca antes, naturalmente después de la dominación haitiana que derivó en la declaración de independencia y la proclamación en 1844 del nacimiento de la República Dominicana y de su primera constitución, el país se había manejado con tanta torpeza y falta de razonabilidad frente a la crisis de la hermana nación.

El presidente Luis Abinader ha dado cátedras en lo que respecta al mal manejo de su relación   con los vecinos frente a la no existencia de hecho, aunque sí de derecho, del Estado haitiano, pero que ello no implica que el sentimiento nacional demostrado históricamente haya desaparecido en la nación más pobre del hemisferio.

Abinader, quien no ha entendido que el diferendo con los vecinos se debe manejar desde otra perspectiva, ha profundizado las diferencias entre haitianos y dominicanos, las cuales no necesariamente ni solamente tienen que ver con la alta emigración de los vecinos hacia la parte de la isla que ocupa la República Dominicana, sino que además trae consigo un alto nivel de corrupción de una y otra parte, incluido el otorgamiento de visados por parte del Gobierno nacional, cuyos responsables de la aprobación de las mismas cobran 500 dólares por cabeza y son personajes del entorno del presidente de la República, como Margarito de León, cónsul en Juana Méndez.

La confrontación dominico-haitiana fue llevada por Abinader como si fuera el presidente de toda la isla, hasta el punto de irse a cónclaves internacionales a solicitar que los vecinos fueran invadidos por fuerzas extranjeras para llevar a la normalidad el caos que allí prevalece, sin tomar en cuenta el sentimiento patrio de éstos.

Todo ello se produce sin Abinader detenerse a valorar que los haitianos representan el segundo socio comercial del país, que alimentan el Producto Interno Bruto con miles de millones de dólares, aunque ello no puede llevar a soslayar la carga que tiene la nación con una serie de gastos en salud y educación en favor de los vecinos, pero lo que tampoco justifica las acciones del mandatario.

Pero lo cierto es que el presidente Abinader ha creado, podría decirse, un alto nivel de radicalización de la crisis  entre haitianos y dominicanos, pese a que el problema debió manejarse mediante una eficiente y correcta política migratoria y de combate de la corrupción que se produce en la frontera por donde pasa de todo, desde drogas, mercancías de contrabando, prostitución y un peligroso tráfico humano, cuyos principales promotores son bandas de dominicanos, incluidos militares destacados en las zonas limítrofes.

El diferendo por el río Masacre fue otro factor que contribuyó con la profundización de los conflictos entre ambos pueblos que ocupan la isla la Hispaniola, al punto que se llegó a pedir la intervención de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero sin que todavía se haya producido una solución definitiva al asunto.

Sin embargo, no bien Abinader coloca en un segundo plano el problema dominico-haitiano, el cual trae consigo una intromisión del Gobierno nacional en los asuntos internos de los vecinos, abre otro capítulo en la misma dirección con Venezuela, donde ha querido trazar la regla del juego e incluso utilizar el país para darles todo el apoyo a los opositores de la nación sudamericana.

Tanto es así, que Abinader utiliza el Palacio Nacional para recibir como todo un jefe de Estado a Edmundo González Urrutia y de esa manera tomar parte en favor de la oposición de un conflicto político que debe resolver el ciudadano de allí.

La torpeza del actual gobierno llega al extremo de permitir que González Urrutia permanezca en un hotel nacional desde donde amenaza con hacer su entrada, no se sabe por qué vía, a territorio venezolano, lo cual compromete a la República Dominicana en un atentado en contra de la soberanía de ese país.

El comportamiento del Gobierno dominicano es de total ingratitud cuando se sabe que históricamente Venezuela ha tenido un alto nivel de solidaridad con el país, lo cual, por lo menos, debe conllevar que la nación no se entrometa, en favor de unos y otros, en los asuntos internos de la hermana nación sudamericana.

Lo más sensato fuera que el país se mantenga al margen de un conflicto político que sólo atañe al venezolano, independientemente del criterio que llama a la solidaridad con otros pueblos, pero que ello, de alguna manera, representa una ruptura con una de las partes que mantienen la confrontación por el control del poder, lo cual no es lo recomendable.

Porque hay que preguntarse qué quién ha dicho que la República Dominicana tiene la autoridad para declarar presidente de Venezuela a nadie, así tenga la razón para reclamar un triunfo del que nadie tiene la certeza de que realmente se produjo.

De manera, que recibir como todo un jefe de Estado a quien se ha autoproclamado como ganador de las pasadas elecciones en Venezuela, constituye una intromisión en los asuntos internos del hermano país, ya que esa facultad está reservada a las autoridades electorales de la nación sudamericana.

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