Nacionales
Inicia traslado de internos de La Victoria al CCR Las Parras
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles se inició formalmente por parte de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) el histórico traslado de los internos de la Penitenciaría Nacional de La Victoria hacia el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra.
El titular de la DGSPC, Roberto Santana Sánchez, estuvo supervisando la aplicación de los protocolos y la logística del proceso, cuyo objetivo es reducir el hacinamiento crónico y abrir una nueva etapa de mejoras profundas en el tratamiento a los privados de libertad.
Santana Sánchez recordó que La Victoria, construida en 1952, fue diseñada originalmente para albergar a 1,700 internos, pero llegó a alojar hasta 9,300 personas en un ambiente que impacta gravemente la dignidad humana.
Santana Sánchez afirmó que este miércoles deberá quedar asentado en la historia dominicana como “el Día en que se inició el traslado de los privados de libertad de la Penitenciaría Nacional de La Victoria y eso debe ser un motivo de celebración, primero por la dignidad de las personas… y segundo porque este hecho no deja de ser un acto de reafirmación de la vida democrática, porque todos sabemos del triste pasado de ese recinto”.
“Con este paso se inicia el cierre definitivo de la cárcel de La Victoria, que a través de los años se ha constituido en una vergüenza de la sociedad dominicana y del sistema democrático”, sentenció.
La primera etapa del CCR Las Parras, concluida por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), permitirá alojar a unos 2,400 internos en dos cuadrantes habilitados.
“Luego de este grupo de 300 vendrán 300 más hasta que completemos en muy poco tiempo los 2,400 correspondientes a la primera fase que nos está entregando el Ministerio de Viviendas y que se corresponde con los cuadrantes uno de alojamiento y cinco del área administrativa”, detalló Santana Sánchez.
Los privados de libertad que están ingresando a Las Parras fueron seleccionados por un equipo multidisciplinario que evaluó sus condiciones legales, conducta, habilidades y destrezas.
Este equipo mantiene comunicación constante con el Primer Catastro Penitenciario que desarrolla la Procuraduría General de la República con el apoyo de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), para identificar la condición legal y el estatus educativo y laboral de cada recluso.
Santana Sánchez agradeció el respaldo del Poder Ejecutivo, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, y personalidades como Jorge Subero Isa (presidente de la Comisión para el Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria) y los equipos técnicos del MIVED por su colaboración en este proceso.
Nacionales
Reunion bilateral se produce entre Abinader y la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral en el Museo de Arte Costarricense con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.
Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron muestras de afecto y reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica; además, abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.
La presidenta electa expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.
De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.
De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica. Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.
Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaina y marihuana fueron confiscados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.
En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.
El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.
Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.
Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.
Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).
Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.
El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.
Santo Domingo, R.D.-Por sospecha legitima el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda en declinatoria por causa interpuesta por Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Frontera.
Este hombre, que cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, buscaba que su proceso judicial fuera transferido fuera de la jurisdicción de San Cristóbal.
Santana Cuevas, quien se encuentra en libertad tras un permiso laboral, presentó el recurso contra la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
El Pleno de la Suprema Corte, encabezado por su presidente Luis Henry Molina Peña, determinó que la defensa de Santana no logró probar hechos graves o concordantes que permitieran inferir una falta de imparcialidad u objetividad por parte de los magistrados de San Cristóbal.
En su resolución, la Suprema fue enfática al aclarar que “la simple discrepancia con decisiones judiciales desfavorables no constituye un fundamento válido para alegar sospecha de parcialidad”.
Asimismo, la Suprema ratificó como correcta la actuación de la Corte de Apelación al fallar sobre recusaciones previas con sus propios integrantes, siempre que se cumpla con el cuórum legal requerido.
La solicitud de declinatoria, depositada el pasado 9 de diciembre de 2025, argumentaba que existía un «ambiente hostil» debido a la presión mediática y un supuesto comportamiento prejuiciado de los jueces.
Pese a la decisión mayoritaria, el fallo contó con el voto disidente de los magistrados Fran Soto, María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico y Yorlin Vásquez Castro.
Los jueces disidentes argumentaron que la figura de la «declinatoria por sospecha legítima» no está contemplada de forma expresa en la normativa procesal penal vigente, lo cual ha provocado decisiones contradictorias dentro del mismo órgano judicial en ocasiones anteriores.
Sostienen que el ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción; por tanto, el examen de la cuestión planteada por ante esta Alzada lesiona el principio de legalidad, como se ha indicado precedentemente.
En ese orden, alegan que su posición radica en establecer que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias y se ha expuesto en el cuerpo del presente voto.
Con esta resolución, el expediente de Donni Santana permanecerá en San Cristóbal, donde se decidirá finalmente la validez de los beneficios carcelarios que reclama el condenado.