Análisis Noticiosos
Iniquidad en las pensiones públicas
Por: Juan Bolívar Díaz
Tan pronto sea aprobada y puesta en vigor la Ley de Regulación Salarial del Sector Público que se discute en el Congreso, habrá que dar otro paso trascendental para revisar el ordenamiento legal de las pensiones de los funcionarios y trabajadores del Estado, donde las inequidades e iniquidades pueden resultar todavía mayor que en el régimen de sueldos.
Y no es que falte una regulación legal, pues el 11 de diciembre de 1981 el presidente Antonio Guzmán promulgó la Ley 379 que establece “un nuevo régimen de Jubilaciones y Pensiones del Estado Dominicano para los funcionarios y Empleados Públicos”, sino que la misma es violada sistemáticamente hasta por el presidente de la República e ignorada por una gran parte de los organismos autónomos y descentralizados del Estado que se han dado sus propios regímenes de pensiones y jubilaciones, disponiendo abusivamente de los dineros de los contribuyentes y creando una situación de irritante privilegio.
La inequidad fue puesta de manifiesto el jueves por el director general de Impuestos Internos, el ilustre Juan Hernández, quien señaló que con más de 20 años de servicio público, si le tocara pensionarse de acuerdo a la ley, quedaría con una asignación de 40 mil pesos mensuales.
Ello así porque el párrafo del artículo 2 de la ley establece que “En ningún caso el monto de la Pensión será menor al sueldo mínimo nacional vigente, ni mayor a la cantidad que resulte de la suma de ocho de estos sueldos ni será gravado por ningún tipo de impuesto”. Como el salario mínimo del Estado es 5 mil pesos, el máximo a recibir, no importa los años de servicio, méritos acumulados ni el nivel salarial, sería 40 mil pesos mensuales.
Eso cuando el empleado público logra que el Poder Ejecutivo otorgue la pensión solicitada, porque muchos han muerto sin conseguirla tras cumplir el mínimo de 20 años de servicio, en cuyo caso le corresponde sólo el 60 por ciento del promedio devengado en los últimos tres años. Sube hasta el 80 por ciento en tres escalones con mínimo de 25, 30 y 35 años de servicio. Por ejemplo entre los maestros siempre hay miles mendigando las pensiones a que tienen derecho y que por sus niveles salariales cuando las consiguen no alcanzan los 20 mil pesos.
Pero resulta que funcionarios del mismo Estado, por el privilegio de la autonomía o la descentralización, se pensionan hasta con cientos de miles de pesos. Hace unos años hizo escándalo público que Leonardo Matos Berrido se hizo aprobar una pensión de 450 mil pesos mensuales cuando acababa de ser designado administrador del Banco Nacional de la Vivienda. Un consejo de directores subordinado le aprobó la pensión, heredable hasta 2 años después de su muerte. En otros organismos estatales se dan pensiones superiores a ese monto, mientras la mayoría de los pensionados del Estado no alcanzan a 20 mil pesos mensuales.
Por otro lado la inequidad es mucho mayor cuando se observa que sólo el presidente Leonel Fernández ha otorgado cientos de pensiones, con montos oscilantes entre 25 y 50 mil pesos a artistas, deportistas y comunicadores, que en su mayoría no han trabajado para el Estado. En muchos casos se trata de personas ricas, en plena edad productiva. Es parte del reparto político del Estado que este país tiene que superar.
Y mientras tanto, miles de antiguos trabajadores de otro órgano autónomo, el Consejo Estatal del Azúcar, dan pena clamando en las calles por una pensión de 5 mil pesos para la cual cotizaron, y se mueren de pena y pobreza frente a la burla de haber visto que en el reparto de la última campaña electoral el presidente Fernández dispuso pensionar a 1057 “cañeros” muchos de ellos propietarios de tierras y asociados políticos.
¡Ay, cuánto mérito acumularía Danilo Medina si le entrara como a la conga a tantos privilegios, inequidades e iniquidades. Sería ciertamente lo que nunca se ha hecho en esta tierra de María Santísima!
Artículo publicado originalmente en el periódico Hoy
Por Antonio Salcedo
El descredito de los partidos políticos en la República Dominicana ya deja la sensación de que en el 2028 cualquier cosa puede ocurrir.
Pero el hecho de que cualquiera se pueda encamarar en el poder es un fenómeno que ya ha ocurrido en más de una ocasión en el país y en otras naciones del hemisferio.
La República Dominicana ya ha tenido que soportar a varios presidentes que definitivamente no tienen bien puestas sus cabezas.
La cualquierización de que hablo podría representar un gran peligro para la nación, porque ello podría traer consigo una debacle nacional, tal vez el abismo total del país.
Sin embargo, a pesar de la fuerza que toma el fenómeno de que alguien venga desde fuera de la política tradicional y se encaramarse en el poder, es una posibilidad muy real, pero no luce que el país pueda fijarse en una figura vulgar y estrafalaria como Alofoque.
Aunque, repito, cualquier cosa puede ocurrir, ya que cuando una sociedad entra en crisis puede producirse lo que nadie se imagina.
No obstante, no me luce que Alofoke pueda capitalizar la crisis que impacta a los partidos políticos, porque muy difícilmente una figura de las redes sociales con las características de este personaje pueda tener éxito político.
De lo que sí hay que estar consciente es que en la República Dominicana las travesuras de los actores de la clase política no van a dejar nada bueno.
Pero me ratifico en la idea de que no será un Alofoke, un personaje de muy mala procedencia y con una pobre formación, quien capitalice la decepción del ciudadano con la partidocracia.
El tiempo hablará.
Por José Cabral
En el país se ha impuesto una cultura de que muchos individuos se apropian de las instituciones sin fines de lucro y usan sus recursos, principalmente económicos, en favor suyo, de sus familiares y de sus grupos.
Es un fenómeno generalizado que amenaza la existencia de este tipo de organizaciones, el cual es el resultado del legado dejado por los partidos políticos, que también se manejan con el mismo criterio.
Esta forma de actuar de determinadas personas, que buscan entrar a la dirección de las organizaciones sin fines de lucro para manejarlas en función de intereses contrarios a sus propósitos, lleva a que haya que “matarlas”, metafóricamente hablando, para decirlo de alguna manera, para sacarlas de las posiciones que ocupan dentro de ellas.
Este mal comportamiento, repito, tiene su base en los partidos políticos, los cuales son propiedad de unos pocos, pese a que son también instituciones sin fines de lucro, pero lo propio pasa también con otras organizaciones como las cooperativas de ahorros y préstamos.
Son innumerables las veces que me he referido a este fenómeno, ya que muchos “tígüeres” secuestran los organismos de dirección de las referidas entidades que manejan miles de millones de pesos mediante los ahorros que hacen las comunidades donde operan.
No hay una sola que no esté impactada por este problema que afronta la sociedad dominicana, porque los que se atrincheran en la dirección de una institución sin fines de lucro se crean la idea de que la misma es una herencia que les dejó sus abuelos.
Las instituciones sin fines de lucro acumulan un alto nivel de tensión como resultado del fenómeno explicado, sin que haya un régimen de consecuencia, cuya confirmación del asunto se produce con lo ocurrido en el Instituto Oncológico de Santiago, cuyos pasados directivos se apropiaron de éste y que ahora caen presos porque las travesuras cometidas se salen de su contexto, ya que se configura la asociación de malhechores con personas ajenas a las mismas.
Es una plaga no tan fácil de combatir, porque incluso el propio Ministerio Público no tiene las herramientas ni la formación para investigar y contrarrestar un cáncer que se come a la sociedad, como es la sustracción de fondos en las instituciones sin fines de lucro, como por ejemplo los condominios, cuyos recursos provenientes del mantenimiento y las reparaciones menores y mayores va a mano de un personaje que la Ley 5038 identifica como el administrador.
La razón por la que el Ministerio Público desarrolla la investigación que mete presos a los que se cogieron para ellos el Instituto Oncológico de Santiago, es porque pasados directivos, ahora imputados, están involucrados en el escándalo del Seguro Nacional de Salud (SENASA), cuyo caso, tiene una connotación profundamente política.
Si no hubiera sido así, muy difícilmente los personajes involucrados en la sustracción de fondos en el Instituto Oncológico de Santiago caen presos, lo cual se puede comprobar en las demás instituciones sin fines de lucro secuestradas por redes de delincuentes que sustraen sus fondos, pero que no son investigadas por las autoridades competentes, cuyas debilidades ponen en peligro los intereses de los que deben ser los beneficiarios naturales del trabajo que están llamadas a desarrollar.
Se comprueba que la justicia sólo se activa cuando los casos están revestidos de un componente político que les da la fuerza para movilizar al Ministerio Público y los órganos del Estado que tienen que ver con el asunto, porque de lo contrario prevalece la total impunidad.
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.