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Iniquidad en las pensiones públicas

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Por: Juan Bolívar Díaz

Tan pronto sea aprobada y puesta en vigor la Ley de Regulación Salarial del Sector Público que se discute en el Congreso, habrá que dar otro paso trascendental para revisar el ordenamiento legal de las pensiones de los funcionarios y trabajadores del Estado, donde las inequidades e iniquidades pueden resultar todavía mayor que en el régimen de sueldos.

Y no es que falte una regulación legal, pues el 11 de diciembre de 1981 el presidente Antonio Guzmán promulgó la Ley 379 que establece “un nuevo régimen de Jubilaciones y Pensiones del Estado Dominicano para los funcionarios y Empleados Públicos”, sino que la misma es violada sistemáticamente hasta por el presidente de la República e ignorada por una gran parte de los organismos autónomos y descentralizados del Estado que se han dado sus propios regímenes de pensiones y jubilaciones, disponiendo abusivamente de los dineros de los contribuyentes y creando una situación de irritante privilegio.

La inequidad fue puesta de manifiesto el jueves por el director general de Impuestos Internos, el ilustre Juan Hernández, quien señaló que con más de 20 años de servicio público, si le tocara pensionarse de acuerdo a la ley, quedaría con una asignación de 40 mil pesos mensuales.

Ello así porque el párrafo del artículo 2 de la ley establece que “En ningún caso el monto de la Pensión será menor al sueldo mínimo nacional vigente, ni mayor a la cantidad que resulte de la suma de ocho de estos sueldos ni será gravado por ningún tipo de impuesto”. Como el salario mínimo del Estado es 5 mil pesos, el máximo a recibir, no importa los años de servicio, méritos acumulados ni el nivel salarial, sería 40 mil pesos mensuales.

Eso cuando el empleado público logra que el Poder Ejecutivo otorgue la pensión solicitada, porque muchos han muerto sin conseguirla tras cumplir el mínimo de 20 años de servicio, en cuyo caso le corresponde sólo el 60 por ciento del promedio devengado en los últimos tres años. Sube hasta el 80 por ciento en tres escalones con mínimo de 25, 30 y 35 años de servicio. Por ejemplo entre los maestros siempre hay miles mendigando las pensiones a que tienen derecho y que por sus niveles salariales cuando las consiguen no alcanzan los 20 mil pesos.

Pero resulta que funcionarios del mismo Estado, por el privilegio de la autonomía o la descentralización, se pensionan hasta con cientos de miles de pesos. Hace unos años hizo escándalo público que Leonardo Matos Berrido se hizo aprobar una pensión de 450 mil pesos mensuales cuando acababa de ser designado administrador del Banco Nacional de la Vivienda. Un consejo de directores subordinado le aprobó la pensión, heredable hasta 2 años después de su muerte. En otros organismos estatales se dan pensiones superiores a ese monto, mientras la mayoría de los pensionados del Estado no alcanzan a 20 mil pesos mensuales.

Por otro lado la inequidad es mucho mayor cuando se observa que sólo el presidente Leonel Fernández ha otorgado cientos de pensiones, con montos oscilantes entre 25 y 50 mil pesos a artistas, deportistas  y comunicadores, que en su mayoría no han trabajado para el Estado. En muchos casos se trata de personas ricas, en plena edad productiva. Es parte del reparto político del Estado que este país tiene que superar.

Y mientras tanto, miles de antiguos trabajadores de otro órgano autónomo, el Consejo Estatal del Azúcar, dan pena clamando en las calles por una pensión de 5 mil pesos para la cual cotizaron, y se mueren de pena y pobreza frente a la burla de haber visto que en el reparto de la última campaña electoral el presidente Fernández dispuso pensionar a 1057 “cañeros”  muchos de ellos propietarios de tierras y asociados políticos.

¡Ay, cuánto mérito acumularía Danilo Medina si le entrara como a la conga a tantos privilegios, inequidades e iniquidades. Sería ciertamente lo que nunca se ha hecho en esta tierra de María Santísima!

Artículo publicado originalmente en el periódico Hoy

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Organizaciones de derechos humanos demandan a Biden por la orden ejecutiva que blinda la frontera

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Comienza la batalla judicial contra la polémica orden ejecutiva de Joe Biden. La Unión de Libertades Civiles, la ACLU, ha informado este miércoles de que ha demandado la medida del presidente demócrata que cierra la frontera con México cuando se superan las 2.500 detenciones diarias a lo largo de una semana. El litigio no es una sorpresa. La organización defensora de los derechos humanos había anunciado su intención de llevar la acción ejecutiva a los tribunales. “Estas acciones frenarán de forma casi definitiva el acceso a las protecciones que brinda el asilo para la vasta mayoría de los que llegan a la frontera”, aseguró el grupo en un comunicado.

“No nos han dejado otra alternativa más que demandar”, ha señalado Lee Gelernt, el subdirector de ACLU. “La Administración no tiene autoridad unilateral para pasar sobre el Congreso y prohibir el asilo basándose en cómo entra alguien al país”, añadió Gelernt en un comunicado. Estas eran algunas de las críticas que el presidente recibió incluso dentro del partido demócrata.

El senador Chris Murphy dijo la semana pasada que veía con buenos ojos la intención del Gobierno de reforzar la vigilancia en la frontera. Ponía en duda, no obstante, que el Ejecutivo tuviera el poder para frenar el proceso de asilo en su totalidad por sí solo.

Los obstáculos de Biden al asilo, producto de su viraje a la derecha en la campaña electoral, han sido severamente criticados por los grupos defensores de derechos humanos. “Es una vergüenza que el Gobierno de Estados Unidos responda así a la gente que huye de la tortura y la persecución política, quienes llegan a nuestra frontera en busca de ayuda”, señala Keren Zwick, una de las abogadas que llevará el proceso en los tribunales de Washington D.C.

La demanda, de 29 páginas, ha sido interpuesta en la capital por cinco organizaciones legales que representan a dos oenegés, Las Américas y Raíces (Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services). Javier Hidalgo, el director de la estrategia legal de Raíces, asegura que la orden de Biden da marcha atrás al espíritu de las varias normas aprobadas desde 1965 con el objetivo de proteger a quienes arribaban a la tierra de las libertades.

El texto de la querella deja claro algunas de las barreras de entrada que Biden pone a quienes buscan solicitar el asilo. “Incluso cuando un no ciudadano manifiesta su temor y pasa el primer filtro para obtener cierta protección, las nuevas guías reducen drásticamente el tiempo que tienen para buscar y encontrar un abogado antes de su entrevista de Miedo creíble”, indica la demanda.

Los inmigrantes tenían 24 horas para encontrar consejo legal. Hace un año, el tiempo era 48 horas. La orden de Biden les da ahora solo cuatro horas. “En la práctica, esto elimina cualquier posibilidad de recibir ayuda legal y mucho menos representación para la inmensa mayoría de los detenidos en custodia”, señala el texto.

“Es escandaloso, aunque no sorprendente, que las mismas personas que llegaron al poder prometiendo restablecer nuestro compromiso con protecciones humanitarias estén dispuestos a sacrificar las vidas de las personas negras y cafés para obtener algunos puntos políticos”, aseguró Hidalgo.

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Análisis Noticiosos

Cambio climático asciende al primer nivel de agenda sanitaria mundial

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Los 194 estados miembros de la OMS aprueban por unanimidad una resolución con la que se comprometen a integrar el calentamiento del planeta en sus políticas nacionales de salud

Ginebra.-El vínculo entre el cambio climático y la salud ha ascendido al primer nivel de las prioridades políticas mundiales. Así lo demuestran las dos decisiones adoptadas la semana pasada durante la 77ª Asamblea Mundial de la Organización de la Salud (OMS): una resolución respaldada por unanimidad por los 194 Estados miembros de este organismo de la ONU, que han acordado integrar el calentamiento global en su planificación sanitaria nacional, y la aprobación de la 14ª estrategia global del organismo, que sitúa el cambio climático como uno de sus seis objetivos clave. Ambas decisiones recogen el guante que lanzó el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la inauguración de la asamblea el pasado lunes, cuando afirmó que “quizás la mayor amenaza contra la salud de nuestro tiempo viene del cambio climático”.

Aunque la resolución reconoce que “el limitado acceso a la financiación es uno de los mayores obstáculos para desarrollar sistemas sanitarios sostenibles y resilientes a los embates del clima”, se comprometen, en la medida de las posibilidades de cada país, a aumentar las inversiones para lograrlo. Por ejemplo, aluden directamente a la necesidad de reconvertir los actuales sistemas de salud “que contribuyen a la contaminación medioambiental en un 5%”. Para ello, consideran que es fundamentar seguir realizando esfuerzos para “elevar la atención sobre el clima y la salud”.

“El impacto severo en la salud del cambio climático es claro y real”, afirma Ailan Li, subdirectora general de Cobertura Sanitaria Universal de la OMS. En países como Perú, “las epidemias mortales de dengue son cada vez más intensas, magnificadas por el aumento de las temperaturas y las lluvias exacerbadas por el cambio climático”, explicó la portavoz de este país como ejemplo de la relación entre el aumento de las temperaturas y la explosión de enfermedades.

Además de la expansión de dolencias que se propagan a través de las picaduras de los mosquitos, un fenómeno que certifican los datos de la OMS, otros países como Barbados, también impulsor de la iniciativa, aludieron a la “especial vulnerabilidad” de los “pequeños Estados insulares en desarrollo”. “Sufrimos” de forma más intensa “el aumento del calor, la escasez de agua y las amenazas de fenómenos como los huracanes”, lamentó el representante de la delegación barbadense, que afirmó que su país está ya “desarrollando sistemas para adaptarse al cambio climático” y ha elaborado leyes sobre “el uso del agua”.

Los progresos de la salud, en riesgo

“Es muy alentador ver que muchos planes nacionales de acción ya se han elaborado y que hay búsqueda de soluciones locales que ya se han empezado a aplicar”, considera Li. La doctora advierte que “los progresos en la mejora de la salud están en riesgo por el cambio climático”, pero que no se puede olvidar que, aunque la crisis climática afecta a todo el mundo, lo hace de “forma desproporcionada con los más vulnerables” que son, a su vez, los que menos gases de efecto invernadero emiten. Según Li, tanto con la aprobación de la 14ª estrategia global del organismo como con la “ronda de inversiones” que se celebrará próximamente, la OMS “podrá respaldar a los países para que creen sistemas de salud resilientes”.

“La adopción de la resolución de cambio climático y salud” durante la Asamblea Mundial de la OMS “demuestra un claro compromiso político” por parte de los gobiernos y de este organismo de la ONU “para ampliar la acción climática como una prioridad de salud pública”, afirma un portavoz de la Alianza Global del Clima y la Salud.

Sin embargo, Médicos Sin Fronteras hace hincapié en que la crisis climática “requiere acabar con la dependencia de los combustibles fósiles”. Coincide con este argumento Rosie Tasker, de la Alianza Global del Clima y la Salud, que, aunque aplaude la resolución, critica que “carezca de cualquier mención de cómo los combustibles fósiles están conduciendo a la crisis climática” o de la necesidad de transitar hacia energías renovables como “imperativo de salud pública”.

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Análisis Noticiosos

Ante Cambio Climático Escuchan en Brasil responsabilidad de Estados.

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El tribunal hará una serie de audiencias para responder a la opinión consultiva que le hicieron Chile y Colombia. Se trata del proceso más participativo de su historia

Bogotá.-El sur de Brasil vive actualmente una de sus peores crisis. El 80% del territorio del Estado de Rio Grande do Sul está bajo el agua y hay cerca de 1,5 millones de damnificados. Más al norte, en las ciudades de Brasilia y Manaos, desde este viernes 24 de mayo y hasta el miércoles 29, estará ocurriendo algo que está profundamente relacionado: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), estará realizando consultas públicas sobre las obligaciones que tienen los estados frente a los derechos humanos relacionados a la emergencia climática.

Durante estos días, la Corte aterrizará en Brasil para escuchar lo que tienen que decir 116 delegaciones, unos testimonios que servirán como insumo para la respuesta que dará el tribunal a Chile y Colombia, países que, a principios de enero de 2023, le pidieron una inédita opinión consultiva a la Corte sobre este tema. “Una opinión consultiva es un manual, una hoja de ruta muy comprensiva que les dirá a los estados de la región [no solo a Chile y a Colombia] qué tener en cuenta a la hora de proteger el conjunto de los derechos humanos en el contexto de la crisis climática”, explica a América Futura Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), y una de las expertas que expondrá sus ideas ante la Corte esta semana.

El documento que, se espera que sea presentado a final de este año, no solo orientará a los estados sobre cómo actuar frente a la emergencia climática, sino que guiará a la sociedad civil, a la academia y generará una suerte de precedente para litigios climáticos que se den a nivel nacional y local. “La opinión consultiva que salga de este proceso también orientará al poder judicial, porque tendrán una herramienta esencial para los litigios que se planteen en los países”, agrega Soledad García Muñoz, quien ejerció hasta hace poco como la primera Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). García fue invitada a dar sus aportes por la misma Corte IDH en unas primeras audiencias sobre cambio climático y derechos humanos que se hicieron en Barbados en abril de este año y en la que participaron 63 delegaciones.

Aunque la expectativa está puesta sobre la opinión consultiva final, ambas expertas creen que lo que sucedió en Barbados y está por repetirse ahora en Brasil, las mismas audiencias públicas, son enriquecedoras de por sí. “Se está dando un debate plural, airado y profundo no solo sobre el impacto que la crisis climática tiene en los derechos humanos, sino cómo estos pueden apalancar la acción climática”, cuenta Krsticevic, recordando que líderes indígenas, científicos, campesinos, los mismos estados y ONGs están siendo escuchados por la Corte. De hecho, según el alto tribunal, este ha sido el proceso más participativo de la Corte Interamericana, ya que, además de las 179 delegaciones que serán escuchadas, se han recibido 262 observaciones escritas que provienen de más de 600 personas.

Una revolución jurídica climática

La crisis climática es también una de derechos humanos. La emergencia afecta el derecho a la vida digna, a un medio ambiente sano, a la salud, al agua, al trabajo y, con un enorme énfasis, vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por esto, las recomendaciones que se le están dando a la Corte tienen varios frentes. Krsticevic, por ejemplo, cuenta que Cejil hace parte de varios grupos que presentarán durante estos días cuatro informes: uno sobre niñas, niños y nuevas generaciones, otro sobre defensores de derechos humanos, uno más sobre acceso a la justicia y, finalmente, un último sobre acceso a la información y producción climática.

“Le estamos remendando a la Corte que genere unas pautas especificas sobre la protección de personas que defienden el ambiente y de indígenas”, comenta. “Buscamos que se desarrolle en cierta medida lo planteado con el Acuerdo de Escazú, que se entienda que los estados tienen la obligación de defender a los defensores de la naturaleza”. Pero hay también otros temas que, cree, son urgentes y en los que se puede avanzar más en la práctica. “Esperamos una opinión consultiva en la que la Corte guíe a los estados a que generen sistemas de información que permitan una respuesta más adecuada a la emergencia climática, información que es clave para la prevención y para las medidas de adaptación”.

García lanza un aporte en la misma línea. “Hay algo que no se ha explorado tanto y es el derecho humano a la ciencia, a beneficiarse del mejor conocimiento científico”, explica. En su intervención ante la Corte que hizo en Barbados, la experta también planteó que el enfoque que se tome sobre derechos humanos en la emergencia climática debe ser “indivisible, interdependiente y digno”. En pocas palabras, lo que propone es que se aplique esa interrelación entre los derechos humanos, en la que se entienda que, cuando se vulnera un solo derecho, se que están vulnerando varios a la vez. “Por ejemplo, cuando fui a La Guajira (Colombia), se hablaba principalmente de la afectación al derecho al agua o del hambre, pero en el contexto de la emergencia climática también se están vulnerando derechos civiles y políticos”, comenta.

Además, dice que espera que la Corte, en su documento final, hable de una perspectiva interseccional de los derechos. “Se debe reconocer que ha existido una discriminación histórica y de situaciones de vulnerabilidad contra ciertos grupos de personas que son, también, las más expuestas ante el cambio climático”. Las mujeres, los indígenas, los campesinos, y “los niños y niñas, así como las generaciones futuras, los que no han nacido, pero a los que les hemos dejado esta casa así”.

Desde su punto de vista, lo que está pasando con estas consultas y con lo que diga la Corte será una “revolución jurídica donde, por fin, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales dejan de ser derechos de segunda categoría”. Y no solo por lo que se está viviendo en el sistema interamericano, sino a nivel mundial. En 2022, la República de Vanuatu, un estado insular y altamente afectado por la crisis, también le pidió una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia sobre el cambio climático. Hace pocos días, también, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, una corte de Naciones Unidas, dictaminó que los gases de efecto invernadero generados por el humano y que causan el cambio climático pueden considerarse un contaminante marino.

El cambio climático lo está cambiando todo. Y los sistemas de justicia y de litigio tendrán también que adaptarse a esto para tomar decisiones más urgentes, quizá más radicales. No es casualidad que la Corte IDH haya llegado a estos lugares tan clave en la discusión climática. Barbados es una isla del Caribe amenazada por la erosión costera y el aumento del nivel del mar, pero muy local sobre la reparación y las pérdidas y daños que trae el cambio climático. “En todos lados ves señales de qué hacer ante un tsunami”, recuerda García. Brasil, por su parte, es el país que más selva Amazónica tiene, esa sobre la que se habla en casi cualquier discurso climático. Pero como lo vemos hoy, Brasil no solo acaba de salir de una alerta por sequías, sino que acaba de sumergirse en una inundación histórica. La crisis climática es palpable.

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