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Rechaza artículo de Vatican News el Instituto Duartiano.
Santo Domingo, R.D.-El Instituto Duartiano rechazo un articulo publicada en el periódico Vatican News que parte de la tensión que hay en la frontera entre República Dominicana y Haití.
Según el presidente de la institución, Wilson Gómez, el reportaje es parte de una campaña internacional para desacreditar a República Dominicana, país que históricamente ha sido uno de los principales aliados de Haití en momentos críticos.
El artículo de Vatican News, firmado por la periodista Greta Giglio, describe a más de un millón de migrantes haitianos en territorio dominicano como “refugiados”, denunciando condiciones de “extrema vulnerabilidad” tanto en Haití como en suelo dominicano. Sin embargo, Gómez asegura que estas afirmaciones carecen de fundamento y buscan manipular la realidad de las relaciones bilaterales.
Según el medio oficial del Vaticano, muchos haitianos enfrentan graves riesgos en República Dominicana debido a la violación sistemática de sus derechos básicos. Un testimonio central proviene de la hermana María Eugenia Vázquez, misionera scalabriniana en Santo Domingo, quien relata cómo mujeres embarazadas evitan hospitales por temor a ser deportadas.
El texto también critica las políticas migratorias dominicanas, señalando que no ofrecen soluciones adecuadas para los migrantes. Para Vatican News, la situación refleja una crisis humanitaria ignorada que requiere atención urgente.
El Instituto Duartiano rechaza estas acusaciones y las califica de “absolutamente injustas”. Según Wilson Gómez, la República Dominicana ha extendido numerosas ayudas a Haití durante décadas, desde apoyo económico hasta asistencia médica y alimentaria. Además, subraya que otorgar documentos a migrantes irregulares violaría principios constitucionales clave, como el de no intervención en asuntos internos de otros países.
Gómez insiste en que el país debe mantener su política de repatriaciones y exigir al empresariado asumir su responsabilidad frente a la contratación de mano de obra extranjera. Enfatiza que la solución pasa por incentivar mejores salarios y condiciones laborales para los dominicanos, reduciendo así la dependencia de trabajadores haitianos.
La relación entre República Dominicana y Haití se conoce como compleja desde la independencia de ambos países en el siglo XIX. A lo largo de los años, tensiones migratorias, económicas y culturales han marcado la convivencia. En la actualidad, la inestabilidad política y social en Haití ha intensificado la migración hacia territorio dominicano, generando debates sobre cómo abordar este fenómeno sin comprometer la seguridad nacional.
El gobierno de Luis Abinader ha implementado medidas más estrictas en la frontera, mientras sectores empresariales abogan por la regularización de trabajadores haitianos. Este choque de intereses refleja la profundidad del dilema que enfrenta el país.
Diplomacia y Diálogo
El Instituto Duartiano insta al Estado a lanzar una ofensiva diplomática internacional para contrarrestar lo que considera una narrativa falsa sobre la situación migratoria. Al mismo tiempo, organizaciones como la Iglesia Católica y agencias de derechos humanos continúan presionando por políticas más inclusivas.
El simposio organizado por el Instituto, titulado “Situación de crisis de Haití y su implicación para la República Dominicana”, buscó generar un espacio de diálogo entre expertos. Entre los temas discutidos destacaron la defensa de la frontera, la soberanía territorial y la necesidad de un enfoque trinitario basado en unidad, trabajo y progreso.
Santo Domingo,.– Diez allanamientos simultáneos en los que fueron arrestadas 21 personas y se ocuparon más de 10,300 gramos de drogas, los cuales fueron llevados a cabo por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en el sector Capotillo del Distrito Nacional, a los fines de combatir el microtráfico de estupefacientes.
Según un comunicado de la PGR, durante la madrugada diez fiscales y más de 70 agentes de la DNCD participaron en estas acciones, en la que fueron ocupados 5,551 gramos de una sustancia que se presume es cocaína, 3,059 gramos de marihuana, 1,704 gramos de un material rocoso parece ser crack, 61 gramos supuestamente de molly y 57 pastillas de éxtasis, para un total de 10, 375 gramos de sustancias prohibidas.
También fueron confiscadas 18 balanzas, 11 celulares, 4 máquinas tragamonedas, varias cajas de cigarrillos, 2 computadoras laptop y 34,170 pesos dominicanos, entre otras evidencias.
Los detenidos, agregó la nota, serán procesados por el Ministerio Público a fin de que se le conozcan medidas de coerción en las próximas horas por violacion a la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas.
Además, en el operativo, que representa la tercera intervención en Capotillo, se arrestó a siete haitianos, quienes fueron entregados a la Dirección General de Migración para los fines correspondientes. EFE
acm
Santo Domingo, R.D.-El Tren Metropolitano de Santo Domingo han sido un sueño no realizado del presidente Abinader desde que asumió la Presidencia de la República en agosto del 2020, ya que el mismo podría ser una solución a los grandes taponamientos que se producen en la capital dominicana y para mejorar el transporte publico.
Sin embargo, tras ser anunciada en varias ocasiones, múltiples licitaciones aperturadas y un conjunto de declaraciones de interés de inversión en el proyecto, el sistema de transporte aún no logra materializarse, mientras Abinader se encamina a cumplir su quinto año a cargo del Poder Ejecutivo.
La primera mención de la creación de un “Tren Metropolitano de Santo Domingo” ocurrió semanas antes de que el mandatario cumpliera su primer año en el poder, en agosto del 2021, cuando luego de que quedara instituida la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana, varias semanas después, se abriera el proceso de consulta del pliego de condiciones para la «fabricación, suministro, instalación, puesta en marcha, operación, mantenimiento y financiamiento del componente electromecánico de los sistemas de transporte ferroviario de las ciudades de Santo Domingo y Santiago».
En esa oportunidad, se convocó a todos los fabricantes y desarrolladores de sistema de transporte ferroviario a manifestar interés de participar en el proyecto.
Esa convocatoria cerró a mediados del septiembre subsiguiente, con la participación de 36 personas de manera presencial y 125 de manera virtual, de las distintas empresas en diferentes países que manifestaron interés. De acuerdo al comunicado de prensa enviado en esa oportunidad por el Ministerio de la Presidencia, el siguiente paso sería presentar el proyecto a las distintas embajadas instaladas en el país.
Tras varios meses en silencio, el entonces ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, y el ministro francés de Comercio Exterior, Franck Riester, firmaron en diciembre de ese año un convenio bilateral que permitirá la cooperación técnica y financiera de las empresas francesas en el desarrollo los sistemas de transporte masivo en República Dominicana, incluyendo el Tren Metropolitano.
Justo un año después, diciembre del 2022, el director del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram), Jhael Isa, comunicaría que la fase de ingeniería básica y los modelos estructurales habían culminado y que en 2023, la licitación sería lanzada.
En junio del 2023, Abinader anunció que el proyecto se realizaría mediante una alianza público-privada y que el costo sería de unos US$2,000 millones, de los cuales el Gobierno dominicano aportaría US$800 millones y US$1,200 provendrían del sector privado.
En agosto de ese año, el Fitram depositó en la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), la iniciativa pública del Tren Metropolitano de Santo Domingo para que de esa manera iniciara el proceso de adjudicación.
De acuerdo con lo establecido a la Ley 47-20, la propuesta debía ser conocida por el Consejo Nacional de Alianza Público Privada (CNAPP), para que se emita la declaración de interés público y luego proceder con la estructuración de la iniciativa y el proceso competitivo para la adjudicación de carácter internacional, donde podían participar empresas calificadas con las credenciales técnicas y financieras, en una licitación abierta y transparente.
Sin embargo, esa declaración de interés público nunca se produjo y con los funcionarios de Gobierno y demás actores políticos preparándose para el año electoral, el proyecto fue engavetado hasta luego de los comicios.
A pesar de que el proyecto había quedado a manos de la DGAPP, el Gobierno lanzaría el pasado 10 de julio de 2024 una licitación para la construcción del Tren Metropolitano de Santo Domingo; mediante una comunicación oficial, se manifestó que se convocaba a las empresas que estaban “debidamente domiciliadas en la República Dominicana”, colocándose la fecha de 16 de septiembre de ese año para que las empresas interesadas presenten sus ofertas finales.
En medio de ese proceso, durante la toma de posesión de su segundo mandato, el mandatario manifestó que con su propuesta de reforma tributaria se garantizaría “la movilización de los recursos que se requieren para la transformación del país y materializar proyectos tan importantes como el Tren Metropolitano”.
El proyecto de reforma fiscal fue ampliamente criticado y eso motivó que la propuesta legislativa fuera retirada del Congreso Nacional, antes de su aprobación, a finales del pasado mes de octubre. En la primera semana de noviembre, el Gobierno anunciaría la cancelación oficial de la licitación del tren para señalar, otra vez, que la construcción se realizaría mediante la alianza público privada.
Las autoridades gubernamentales explicarían que tomaron esa decisión debido a que durante el proceso de licitaciones, múltiples interesados de distintos países se acercaron al Fitram para manifestar su capacidad e interés de invertir en el referido proyecto, permitiendo así optimizar la disponibilidad de recursos a través los mecanismos de alianzas público privadas que promueve la ley.
Ese anuncio del Poder Ejecutivo trajo consigo más ofertas de financiamiento, ya que justamente al día siguiente, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) comunicó su disposición de apoyar los diseños, estructuración y financiación de la obra.
Mientras que en abril de este año, el embajador del Japón en República Dominicana, Osamu Hayakawa, le dijo a medios de comunicación que su país tiene interés en participar en el proyecto y que estarían pendientes de la apertura de una nueva convocatoria.
Francia otra vez
Tras varios meses de menciones en “posibles proyectos” y “planes futuros”, el Tren Metropolitano volvería al escaparate público cuando en una reunión entre Abinader y su homólogo francés, Emmanuel Macron, se revelaría el interés del Gobierno de Francia en financiar el 85 % del Tren Metropolitano de Santo Domingo y el plan integral del transporte del Gran Santo Domingo.
Detalles
De acuerdo con el Gobierno, el Tren Metropolitano, que transitaría a través de los puentes Duarte y Juan Bosch, tiene previsto impactar a una población de cerca de un millón de habitantes.
La estructura ferroviaria estará compuesto por 20 estaciones, cuatro de ellas en el Distrito Nacional y el resto en Santo Domingo Este, teniendo como destino final el Aeropuerto Internacional de Las Américas.
Santo Domingo, R.D.-Fue aprobado en el Senado de la República en segunda lectura el proyecto que busca crear el Ministerio de Justicia.
La pieza, depositada por los senadores Félix Bautista y Cristóbal Castillo, propone entregar a lo que sería una nueva entidad del Poder Ejecutivo las atribuciones de la coordinación y dirección del Sistema Nacional de Derechos Humanos, junto al Sistema Penitenciario y Correccional.
Este proyecto de ley pasa al estudio y conocimiento de la Cámara de Diputados, donde debe ser favorecida en dos discusiones, antes de ser promulgado por la consultoría jurídica de la Presidencia.
La figura del Ministerio de Justicia formó parte de la estructura estatal durante los primeros 120 años de la República, desde la proclamación de la primera Constitución el 6 noviembre de 1844. Sin embargo, el 10 de noviembre de 1964 fue suprimido, en ese momento identificado como Secretaría de Justicia, transfiriendo sus funciones a la Procuraduría General de la República (PGR).
Por lo que, con esta propuesta, el Ministerio de Justicia podría asumir la gestión del esquema penitenciario nacional, el auxilio científico forense a los tribunales y órganos de investigación, el registro y la certificación de documentos oficiales y notariales.
Así como también la prestación de ciertos servicios a la ciudadanía y asociaciones sin fines de lucro, funciones “todas que deberían concernir más bien a un órgano creado para tales fines, dentro de la estructura de la Administración Público Central”.
Esto dejaría en manos del titular de Justicia la gestión de las cárceles y centros correccionales situados en el territorio nacional, a través de una dirección general dependiente.
Viceministerios y direcciones
El Ministerio de Justicia sería agregado a la lista de órganos constitucionales, legales y procesales que conforman el Poder Judicial del país. Dentro de los que se encuentran el Concejo Nacional de la Magistratura (CNM), el Concejo del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Tribunal Constitucional (TC), Tribunal Superior Electoral (TSE), entre otras jurisdicciones.
Los senadores visualizaron la integración de cinco viceministros para garantizar el funcionamiento institucional. Estos son el Viceministerio de Atención y Colaboración al Sistema de Justicia, de Representación Judicial y Extrajudicial, de Políticas Penitenciarias y Correccionales, al igual que de Asuntos Registrales y Servicios a la Ciudadanía.
Por otro lado, establece que el incumbente de este ministerio tendría que cumplir con los siguientes requisitos: Ser dominicano, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, haber cumplido 25 años de edad, ser licenciado o doctor en derecho y demostrar un alto nivel de conocimiento sobre las ciencias jurídicas.
“El ministro de Justicia no (podría) desempeñar ninguna otra función pública o privada, salvo la actividad docente y la investigación académica”, indica el segundo párrafo del artículo 11.
Debate
Aunque el proyecto de ley es una fusión de dos redacciones diferentes realizadas por los representantes Cristóbal Castillo y Félix Bautista, la cámara alta decidió acoger diversas modificaciones sugeridas por el senador Rogelio Genao, quien consideró necesario readecuar algunos artículos, sin afectar la base del texto.
No obstante, el presidente de la comisión de Justicia, senador Antonio Taveras, le solicito al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, enviar nuevamente la pieza legislativa a la mesa de trabajo para estudiar las variaciones propuestas.
Pero esta petición no fue acogida, resultando la iniciativa con el voto favorable de los 22 senadores presentes, exceptuando Taveras.